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Año XIV, 27 de mayo de 2022

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Caso SQM: se endurecen críticas al manejo político del Gobierno

Siguen las diligencias en la llamada arista SQM del Caso Penta y la pugna a través de acciones judiciales entre los distintos organismos. Mientras las autoridades políticas están reunidas en Cerro Castillo y no han respondido a los últimos hechos. En tanto, al interior del directorio de la empresa SQM afinan las próximas estrategias.

Paula Correa

  Viernes 20 de marzo 2015 17:47 hrs. 
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Esta mañana el Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó a la Fiscalía la información contable de Soquimich correspondiente al periodo de 2009 a 2014.

Esta entrega ocurre un día después de que el ex gerente general de la firma, Patricio Contesse, ingresara un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la entrega de los antecedentes que la entidad había recibido en un pendrive a criterio de la misma firma.

Ante esto el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán se reunió con su equipo para analizar los antecedentes proporcionados por el Servicio, los que también incluyen las declaraciones juradas realizadas por SQM, entre las cuales se encuentran honorarios y sus retenciones, el resumen del IVA de compras y ventas, compras y otras operaciones afectas a los impuestos a las ventas, prestaciones y servicios.

Voluntad de investigar

Esto cuando los rumores de dilación, las pugnas entre los diversos servicios, estarían dejando en entredicho una red de protección a los involucrados, cuyos nombres ya ser conocerían. En esa línea apuntó el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.

“Acá no existe una voluntad clara de muchos organismos del Estado que se investigue de una manera real y útil la situación, lo que parece inexplicable en un Estado de Derecho donde hay igualdad ante la ley”, afirmó.

El abogado añadió que el SII no hace muchos cuestionamientos antes de pedirle la contabilidad o a hacer revisiones integrales de su situación tributaria a cualquier contribuyente individual o a una PYME y añadió: “Es raro que acá, tratándose de empresa controlada por Julio Ponce, quien ha sido señalado como alguien que haría aporte de campañas políticas a todos los sectores, incluido el Gobierno, no se decida avanzar de una manera concreta en esta indagación”.

El abogado también afirmó que ha sido muy rara la tramitación del recurso interpuesto por SQM ante el Tribunal Constitucional: “Se han llamado a constituir salas de forma extraordinaria, se han dictado resoluciones de forma express, como uno nunca antes lo ha observado en el Tribunal. Esto sólo acrecienta las dudas de la ciudadanía y por parte de nosotros sobre qué es lo que hay en la contabilidad de la firma que no se quiere revelar a la comunidad”.

El abogado sostuvo que el próximo miércoles asistirán al TC para revertir la paralización de los allanamientos y asegurar que se pueda investigar de forma adecuada los presuntos delitos de apropiación indebida, cohecho, contrato simulado y otros delitos.

Por otro lado los ministros estuvieron toda la mañana del viernes reunidos en Cerro Castillo, en un encuentro convocado “para analizar la agenda de Reforma Educacional 2015”.

A la salida de la cita el vocero de Gobierno se refirió a las tensiones entre los diversos organismos, y pidió poner fin a las presiones: “Aquí lo que tenemos que permitir que las instituciones realicen su trabajo y que los actores políticos se abstengan de presionar a quienes desarrollan estas instituciones, porque lo que los chilenos demandan es el total esclarecimiento en el marco del ordenamiento político”, afirmó.

Además, sostuvo que la agenda política del Gobierno no se retrasará producto del revuelo que han generado los llamados casos Penta y Caval.

Presiones al TC

Dentro de las filtraciones se ha indicado que el TC habría sido víctima de constantes presiones desde el Gobierno, tanto a través correos electrónicos pidiendo que se “ponga en tabla” con urgencia la investigación como ha sostenido la prensa, como también llamados telefónicos.

El miércoles pasado el ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, había negado tajantemente el hecho asegurando que no han tenido comunicaciones formales con el Tribunal. “Quiero ser categórico y por tanto no ha habido comunicación para tratar este tema”, afirmó.

El diputado comunista, Hugo Gutiérrez, uno de los mayores críticos a los parlamentarios que han recibido financiamiento irregular, indicó que no le sorprendería que Carlos Carmona –presidente del TC, ex militante DC y ex funcionario de los gobiernos de la Concertación-, haya recibido algún tipo de llamada o un correo desde La Moneda: “No me sorprendería, ahora si lo están desmintiendo me alegra que sea así, pero tampoco me sorprendería si existiese antecedentes de que realmente se hizo”.

Gutiérrez añadió que no le tiene ningún aprecio a este Tribunal, al que catalogó como “un engendro de la dictadura que se hizo para darle amparo y cobijo a la Constitución de Pinochet”, por lo que “es un vigilante, un gendarme que está protegiendo lo peor que tiene Chile”.

Cuestionamientos a su presidente e integrantes

Diversos abogados miran con preocupación lo que ha ocurrido con las decisiones del Tribunal y sobre todo, su presidente, Carlos Carmona, porque consideran que, si el TC sigue bloqueando los allanamientos, paradójicamente, estaría vulnerando la propia Constitución.

Fuentes judiciales sostuvieron que Carmona responde directamente a La Moneda, tildándolo de operador político.

Carmona ingresó en 1990 al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde ejerció varios cargos durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y el primer periodo de Michelle Bachelet.

Fue asesor de la División Ejecutiva (1990-1991), asesor de la División Jurídica (1991-1993), jefe de la División Ejecutiva (1994-1995) y jefe de la División Jurídica (1995-1999). Ese año dejó el cargo para desempeñarse como subsecretario General de la Presidencia por un breve periodo al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, entre agosto de 1999 y marzo de 2000.
Luego volvió a la División Jurídica para ejercer entre los años 2000 y 2009, año en que fue designado como ministro del Tribunal Constitucional.

Otras fuentes, de orden político, afirman que Carmona sería el candidato de la Presidenta para dirigir la Contraloría, posibilidad que ya se estaría sondeando en el Parlamento.

Cabe recordar también que la Fiscalía solicitó al TC que se inhabilite de su calidad de ministro a Cristián Letelier, ex diputado de la UDI quien se mantiene en el organismo. El ex parlamentario ha visto involucrado su nombre en los correos electrónicos revelados en el marco de la indagatoria por el llamado caso Penta.

También formó parte del bufete de abogados de Alberto Cardemil que representó a Paula Rojo, secretaria del parlamentario, quien se vio involucrada en la investigación por boletas ideológicamente falsas.

Si bien Letelier no quiso pronunciarse mayormente sobre el recurso, comentó a Radio Universidad de Chile que “estas cosas siempre pasan en los Tribunales”.
Se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie el martes sobre los oficios que interpuso el Ministerio Público.

SII intenta revertir las críticas

Y después de los fuertes cuestionamientos por no presentar una querella contra SQM, a diferencia de cómo lo hizo en el llamado caso Penta, desde el SII afirmaron a la prensa que ya disponen de antecedentes suficientes para “fundar” acciones penales.

Según se ha filtrado, las acciones penales caerían sobre una serie de contribuyentes, entre los que se cuentan SQM, Alsacia, CorpBanca y Ripley, entre otros, por distintos delitos tributarios.

El principal ilícito que se perseguiría es la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para reducir la renta líquida imponible, mecanismo empleado para financiar campañas políticas en el período 2009-2013. En ese sentido, el Servicio ha recalcado que no es su responsabilidad fiscalizar el cumplimiento de la Ley Electoral, pero sí apuntarán a velar por el interés fiscal.

En el Servicio siguen afinando los detalles de la presentación de los recursos, aunque sin plazos en específico.

Ante la entrega de los antecedentes del SII, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy afirmó que han establecido reiteradamente que cuando la Fiscalía opera en un caso de investigación, lo que hace el gobierno es apoyar la investigación. “Si la Fiscalía solicita recursos adicionales, nosotros vamos a apoyar a la Fiscalía”, dijo el subsecretario.

Aleuy remarcó que de acuerdo a la ley vigente, quien investiga en Chile con el apoyo de las policías y con la ayuda del Ministerio del Interior, son los fiscales y añadió: “Eso se cumplió hoy día nítidamente: La fiscalía dio una instrucción y el organismo pertinente, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos, cumplió esa instrucción”.

Consultado sobre las acusaciones de lentitud del Servicio en la entrega de presentación de querellas, dijo que “si alguien supone en Chile que hay funcionarios que quieran obstruir las investigaciones tienen que ser los suficientemente responsable y denunciarlos”.

El directorio de SQM y la “Comisión Ad-hoc”

También hay movimiento al interior de la empresa SQM. Julio Ponce respondió el oficio que le envió la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para saber cómo seguiría operando el directorio tras la salida de los representantes de Potash Corp.

La firma aseguró que el directorio puede seguir funcionando con cinco directores, ya que de los tres directores que renunciaron, ninguno conformaba el Comité de Directores de SQM.

Por otro lado, el ingeniero Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet y actual presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo, se integra al comité ad hoc de la firma y se solicitaron asesorías a expertos en Chile y Estados Unidos.

Además, la compañía está amenazada por una investigación internacional que podría descomponer el escenario para la empresa que tendrá su próxima reunión de directorio el próximo 24 de marzo a las 13.30.

Investigación internacional

La firma PotashCorp, integrante canadiense minoritario del directorio de SQM, está preocupada por la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en Estados Unidos, la que puede significarle años de cárcel a los ejecutivos y el pago de dos millones de dólares de comprobarse infracciones.

Pero la inquietud no sólo pasa por la sentencia que podrían dar los tribunales a través de la FTCA, la ley norteamericana que regula este tipo de investigaciones por casos de corrupción en el extranjero, sino que también por los efectos económicos de esa decisión.

Así lo sostuvo Joaquín Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, especialista en inversión extranjera, quien señaló que “la primera impresión que yo tengo es que efectivamente debiera haber un riesgo de impacto del valor del título de esa empresa en su mercado original, porque se está enfrentado a una contingencia y el mercado debiese internalizar algo de ese riesgo”.

De hecho, el impacto en la bolsa y la baja generalizada del valor de sus acciones es una de las principales consecuencias que tendría que enfrentar SQM, y que hoy generaría una serie de incertidumbres al interior de la firma.

Entre ellas está si la misma PotashCorp esté analizando si regresará o no al directorio, cuando, al tener el 32 por ciento de la firma, tienen derecho a participar con tres representantes. Todo esto mientras otros accionistas minoritarios de SQM acudieron a abogados para ejercer acciones legales.