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Año XIV, 10 de diciembre de 2022

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Caval: Nuevas revelaciones profundizan tensión en el Gobierno

El caso Caval continua golpeando al Gobierno, cuando un nuevo contrato entre la empresa de la nuera de la Presidenta y el comprador de los terrenos, por una futura venta salió a la luz y coloca nuevamente en la palestra la relación del dinero con la política. Mientras Renovación Nacional espera que se acoja la denuncia que presentó en contra de Sebastián Dávalos, la ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross, el ex director de obras Jorge Silva, y Wilfredo Valdés Ávila actual Seremi de Vivienda de la zona.

Andrés Ojeda

  Viernes 20 de marzo 2015 20:38 hrs. 
Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos

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La situación de la empresa Caval se complica aún más, es la conclusión que diferentes personalidades sacaron a colación luego que se conociera la existencia de un contrato que fijaría una tercera venta de los terrenos de Machalí, y que daban por asegurado el cambio del uso de suelo.

Los datos revelados por la revista Qué Pasa donde se habla de un posible contrato privado entre el empresario Hugo Silva y el socio de la nuera de Michelle Bachelet en la empresa Caval, Mauricio Valero, que aseguraría una venta exclusiva de los terrenos de Machalí para que Valero obtuviese una ganancia de 1.300 millones de pesos.

En este escenario, el negocio entre Natalia Compagnon (nuera de Michelle Bachelet), Mauricio Valero (socio de Natalia Compagnon en Caval) y Hugo Silva (empresario de Silca), estaría comprobando las sospechas Renovación Nacional: la configuración del delito de negociación incompatible y violación de secreto.

Esto porque los hechos relevados demostrarían que el cambio del uso de suelo era un hecho para el empresario Hugo Silva. Tan seguro sería que quería sacarle provecho, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, analizó estos antecedentes: “Lo que estamos viendo también es una pelea entre dos personas que querían hacer un gran negocio y pareciera que no resultó como ellos querían. Porque lo que demuestra el documento de hoy día es que el señor Silva parece que se sentía cómodo haciendo negocios con la gente de Caval”.

Por esta razón, Mario Desbordes cree que la denuncia presentada por su partido va a ser aceptada y agregó que una de las personas que permitió este negocio fue Wilfredo Valdés Ávila, actual Seremi de Vivienda de Machalí.

“Vamos a revisarlo, la verdad que este es un dato nuevo, nosotros creemos que hasta el minuto lo que está sobre la mesa ya configura una posible negociación incompatible, violación de secreto que son delitos cometidos por funcionarios públicos. Por qué le digo esto: Al parecer, y lo que se está investigando, una misma persona que era familiar del dueño de los terrenos, sería a su vez el arquitecto que en el municipio hacia gestiones por el cambio del plan regulador y a la vez asesoró a Caval, el arquitecto que hace la tasación de los terrenos y fija precios a un banco es el actual Seremi de Vivienda”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, el diputado Leonardo Soto, analizó el contexto de este caso, de Penta y SQM, y puntualizó que la investigación debe seguir hasta las últimas consecuencias.

“Yo creo que es un hecho grave que tiene que ser investigado, y mi postura es la postura que hemos tenido invariablemente en esto, de que se investigue la totalidad de las operaciones y se apliquen, si corresponden, sanciones caiga quien caiga. Aquí nadie puede estar exento o al margen de la justicia. Todos los que aparezcan involucrados tienen que ser debidamente sancionados”.

La visión desde La Moneda

Álvaro Elizalde, a la salida de la reunión de cerro Castillo, reiteró el mismo argumento de los últimos días: “La postura del gobierno es expresión de una convicción profunda: En Chile nadie está sobre la ley y debemos dejar que las instituciones que deben investigar para el total esclarecimiento de estos hechos, realicen su trabajo sin interferencias políticas. Es esa una convicción profunda del gobierno”, agregó.

Finalmente, Elizalde recordó que “en un estado de derecho democrático lo que corresponde es que todos cumplamos la ley y sin duda que estos hechos sean esclarecidos”.

“Por lo tanto debemos permitir que las instituciones hagan su trabajo, por eso hemos insistido en que los actores políticos se abstengan de presionar a las instituciones que están llevando adelante estas investigaciones”, concluyó.

Silencio en la alcaldía

Consultado por esta emisora, el Alcalde de Machalí José Miguel Urrutia (UDI) sostuvo que no dará declaraciones ni opiniones respecto de este tema, hasta que finalice el sumario administrativo cuyo plazo se cumpliría en 20 días.

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