Si se analiza el reciente fallo del Tribunal Constitucional ante las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso Soquimich, que por unanimidad declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por Patricio Contesse, se puede observar según los expertos una cierta incongruencia, porque el argumento se sostuvo en defectos en las argumentaciones del requerimiento mismo, es decir careció de fundamentos plausibles.
Bajo estos fundamentos, cabe preguntar ¿por qué se admitió la tramitación de un requerimiento que no cumplió con los requisitos mínimos y que significó frenar los allanamientos e incautación de pruebas a la empresa minera Soquimich, en un caso donde aparecen vinculados militantes de la Nueva Mayoría?
Si este comportamiento, el de un Tribunal permeado a las críticas políticas y proclive a la Nueva Mayoría es una constante, hasta agosto las reformas impulsadas por el bloque oficialista no deberían tener impedimentos para seguir su curso normal, pese a las advertencias de la Alianza que anunciaron utilizar la Constitución como un verdadero cerrojo a las reformas, cada vez que pierdan en el Congreso.
Esto porque en la actualidad se da la paradoja de tener un empate técnico, cinco representantes son públicamente “cercanos” a la Alianza y cinco están ligados a la Nueva Mayoría, los empates son dirimidos por el presidente de la institución, que en estos momentos es el ministro Carlos Carmona, ex militante DC, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo el ministro debe entregar el cargo en agosto.
Según los analistas consultados, en ese mes comenzará la verdadera batalla por el poder y con este empate, se avecina un escenario complejo que no tiene resolución por la vía del reglamento, porque no se contempló en la normativa, así lo explicó el abogado constitucionalista Fernando Atria.
“Si las bancadas en el Tribunal Constitucional se comportan disciplinadamente, la Nueva Mayoría tiene un ligera ventaja y es por el hecho que ante el empate gana, hasta agosto, porque en agosto se acaba el periodo del presidente Carmona y en agosto el Tribunal Constitucional tendrá que elegir un nuevo presidente, y la pregunta que vamos a ver entonces es ¿qué va a pasar cuando el Tribunal Constitucional tenga que elegir su presidente? Porque si todos los ministros saben cómo se van a decidir las cuestiones más importantes depende de quién es el presidente, entonces van a ser cinco a cinco votos para la elección de presidente, y ahí no hay ninguna solución legal”.
La situación no es nueva. En agosto de 2013 ocurrió lo mismo, el empate impidió escoger al nuevo presidente y finalmente ambos grupos políticos, la Nueva Mayoría y la Alianza, sin ninguna ley que los autorice, negociaron dividir el periodo de dos años, comenzando el primer año la ministra Marisol Peña, para luego entregar el mando al actual ministro Carmona.
Ahora, en medio de un panorama político complejo donde el puesto de presidente del Tribunal Constitucional es clave tanto para la Alianza como para la Nueva Mayoría, sin un reglamento que norme el empate en la elección del presidente, y sin posibilidad de reeditar la fórmula de dividir el periodo, el panorama será, según concluyeron los analistas “poco edificante”.
Recordemos que los máximos dirigentes de la Alianza ya presentaron requerimientos ante el TC para dirimir su desacuerdo con la reforma al sistema electoral binominal, y con la reforma educacional que aprobó el fin al lucro, el copago y a la selección del sistema educacional. Sobre esta última, la institución se pronunciará el miércoles de la próxima semana. Al respecto las autoridades de gobierno sostienen su optimismo, conscientes que la correlación de fuerzas por ahora, operan a su favor.
Si se analiza el reciente fallo del Tribunal Constitucional ante las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso Soquimich, que por unanimidad declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por Patricio Contesse, se puede observar según los expertos una cierta incongruencia, porque el argumento se sostuvo en defectos en las argumentaciones del requerimiento mismo, es decir careció de fundamentos plausibles.
Bajo estos fundamentos, cabe preguntar ¿por qué se admitió la tramitación de un requerimiento que no cumplió con los requisitos mínimos y que significó frenar los allanamientos e incautación de pruebas a la empresa minera Soquimich, en un caso donde aparecen vinculados militantes de la Nueva Mayoría?
Si este comportamiento, el de un Tribunal permeado a las críticas políticas y proclive a la Nueva Mayoría es una constante, hasta agosto las reformas impulsadas por el bloque oficialista no deberían tener impedimentos para seguir su curso normal, pese a las advertencias de la Alianza que anunciaron utilizar la Constitución como un verdadero cerrojo a las reformas, cada vez que pierdan en el Congreso.
Esto porque en la actualidad se da la paradoja de tener un empate técnico, cinco representantes son públicamente “cercanos” a la Alianza y cinco están ligados a la Nueva Mayoría, los empates son dirimidos por el presidente de la institución, que en estos momentos es el ministro Carlos Carmona, ex militante DC, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo el ministro debe entregar el cargo en agosto.
Según los analistas consultados, en ese mes comenzará la verdadera batalla por el poder y con este empate, se avecina un escenario complejo que no tiene resolución por la vía del reglamento, porque no se contempló en la normativa, así lo explicó el abogado constitucionalista Fernando Atria.
“Si las bancadas en el Tribunal Constitucional se comportan disciplinadamente, la Nueva Mayoría tiene un ligera ventaja y es por el hecho que ante el empate gana, hasta agosto, porque en agosto se acaba el periodo del presidente Carmona y en agosto el Tribunal Constitucional tendrá que elegir un nuevo presidente, y la pregunta que vamos a ver entonces es ¿qué va a pasar cuando el Tribunal Constitucional tenga que elegir su presidente? Porque si todos los ministros saben cómo se van a decidir las cuestiones más importantes depende de quién es el presidente, entonces van a ser cinco a cinco votos para la elección de presidente, y ahí no hay ninguna solución legal”.
La situación no es nueva. En agosto de 2013 ocurrió lo mismo, el empate impidió escoger al nuevo presidente y finalmente ambos grupos políticos, la Nueva Mayoría y la Alianza, sin ninguna ley que los autorice, negociaron dividir el periodo de dos años, comenzando el primer año la ministra Marisol Peña, para luego entregar el mando al actual ministro Carmona.
Ahora, en medio de un panorama político complejo donde el puesto de presidente del Tribunal Constitucional es clave tanto para la Alianza como para la Nueva Mayoría, sin un reglamento que norme el empate en la elección del presidente, y sin posibilidad de reeditar la fórmula de dividir el periodo, el panorama será, según concluyeron los analistas “poco edificante”.
Recordemos que los máximos dirigentes de la Alianza ya presentaron requerimientos ante el TC para dirimir su desacuerdo con la reforma al sistema electoral binominal, y con la reforma educacional que aprobó el fin al lucro, el copago y a la selección del sistema educacional. Sobre esta última, la institución se pronunciará el miércoles de la próxima semana. Al respecto las autoridades de gobierno sostienen su optimismo, conscientes que la correlación de fuerzas por ahora, operan a su favor.
Si se analiza el reciente fallo del Tribunal Constitucional ante las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso Soquimich, que por unanimidad declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad interpuesto por Patricio Contesse, se puede observar según los expertos una cierta incongruencia, porque el argumento se sostuvo en defectos en las argumentaciones del requerimiento mismo, es decir careció de fundamentos plausibles.
Bajo estos fundamentos, cabe preguntar ¿por qué se admitió la tramitación de un requerimiento que no cumplió con los requisitos mínimos y que significó frenar los allanamientos e incautación de pruebas a la empresa minera Soquimich, en un caso donde aparecen vinculados militantes de la Nueva Mayoría?
Si este comportamiento, el de un Tribunal permeado a las críticas políticas y proclive a la Nueva Mayoría es una constante, hasta agosto las reformas impulsadas por el bloque oficialista no deberían tener impedimentos para seguir su curso normal, pese a las advertencias de la Alianza que anunciaron utilizar la Constitución como un verdadero cerrojo a las reformas, cada vez que pierdan en el Congreso.
Esto porque en la actualidad se da la paradoja de tener un empate técnico, cinco representantes son públicamente “cercanos” a la Alianza y cinco están ligados a la Nueva Mayoría, los empates son dirimidos por el presidente de la institución, que en estos momentos es el ministro Carlos Carmona, ex militante DC, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo el ministro debe entregar el cargo en agosto.
Según los analistas consultados, en ese mes comenzará la verdadera batalla por el poder y con este empate, se avecina un escenario complejo que no tiene resolución por la vía del reglamento, porque no se contempló en la normativa, así lo explicó el abogado constitucionalista Fernando Atria.
“Si las bancadas en el Tribunal Constitucional se comportan disciplinadamente, la Nueva Mayoría tiene un ligera ventaja y es por el hecho que ante el empate gana, hasta agosto, porque en agosto se acaba el periodo del presidente Carmona y en agosto el Tribunal Constitucional tendrá que elegir un nuevo presidente, y la pregunta que vamos a ver entonces es ¿qué va a pasar cuando el Tribunal Constitucional tenga que elegir su presidente? Porque si todos los ministros saben cómo se van a decidir las cuestiones más importantes depende de quién es el presidente, entonces van a ser cinco a cinco votos para la elección de presidente, y ahí no hay ninguna solución legal”.
La situación no es nueva. En agosto de 2013 ocurrió lo mismo, el empate impidió escoger al nuevo presidente y finalmente ambos grupos políticos, la Nueva Mayoría y la Alianza, sin ninguna ley que los autorice, negociaron dividir el periodo de dos años, comenzando el primer año la ministra Marisol Peña, para luego entregar el mando al actual ministro Carmona.
Ahora, en medio de un panorama político complejo donde el puesto de presidente del Tribunal Constitucional es clave tanto para la Alianza como para la Nueva Mayoría, sin un reglamento que norme el empate en la elección del presidente, y sin posibilidad de reeditar la fórmula de dividir el periodo, el panorama será, según concluyeron los analistas “poco edificante”.
Recordemos que los máximos dirigentes de la Alianza ya presentaron requerimientos ante el TC para dirimir su desacuerdo con la reforma al sistema electoral binominal, y con la reforma educacional que aprobó el fin al lucro, el copago y a la selección del sistema educacional. Sobre esta última, la institución se pronunciará el miércoles de la próxima semana. Al respecto las autoridades de gobierno sostienen su optimismo, conscientes que la correlación de fuerzas por ahora, operan a su favor.
