La directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, Paulina Ibarra, dialogó con nuestra emisora acerca de la necesidad de redefinir la relación que existe entre los sectores público y privado luego de las repercusiones provocadas por los casos Penta, SQM y Caval.
En ese sentido la representante de Fundación Multitudes comentó que se reunieron con la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, a quien le hicieron llegar una propuesta para ampliar los alcances de la ley de transparencia.
La idea consiste en incluir, dentro de las entidades que son afectas a esta legislación, a aquellas empresas privadas que exploten o trabajen con bienes del Estado, como por ejemplo las empresas sanitarias, mineras, de energía o las AFP.
“Para nosotros es importante que la ley se expanda a empresas que gestionen o trabajen con bienes de todos los chilenos. Hay que transparentar información que sea relevante para la ciudadanía y que se pueda observar y determinar si hay un beneficio real o no de que éstas empresas administren nuestros recursos”, sostiene Paulina Ibarra.
Respecto de las relaciones de intereses, la investigadora sostuvo que “hoy se está viendo que la declaración de patrimonio incluya a los familiares de quienes trabajan en la administración pública. Existe una redefinición de lo público y lo privado, la gente necesita saber cómo se manejan esas redes. Somos parte de la ciudadanía y todos debemos ayudar a formar este círculo virtuoso”, concluyó.
Paulina Ibarra reconoce que la idea generará reticencias, sobre todo por las eventuales vulneraciones a la libertad y al derecho a la privacidad que puedan esgrimir los actores privados.
En ese sentido la ex asesora del gobierno de Barack Obama, sostiene que hay que diferenciar las cosas, “queremos abrir la puerta y en este caso, por el derecho que tenemos de saber cómo las concesiones nos benefician o nos perjudican, esa es la base fundamental. Nosotros no estamos pidiendo que las empresas absolutamente privadas transparenten, pero sí que aquellas que trabajan o reciben una concesión de parte del Estado sean fiscalizadas porque la ciudadanía debe decidir si las cosas se están haciendo bien o no”.
Para Paulina Ibarra, la sociedad civil tiene un rol fundamental en esta discusión. En ese sentido considera que deba haber un compromiso con la transparencia y en ese sentido, las propias ONG’s, partidos políticos, sindicatos o toda aquella institución que posea una personalidad jurídica y que reciba aportes debe transparentar.
“Sabemos que las organizaciones tienen una relación directa con la autoridad y que esa relación además debe ser comunicada para que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. Hoy reciben fondos y esa relación de intereses debe transparentarse”, sostiene Paulina Ibarra.
Respecto de la experiencia internacional, Paulina Ibarra se refirió al caso específico de los Estados Unidos, país en el cual residió, y la manera en la que abordan este tema. En ese sentido recordó que en ese país, las sanciones por delitos de corrupción son muy altas y señaló que la regulación es la principal herramienta para controlar estos actos.
“Cualquier cosa que no esté regularizada es corrupción. La gente está obligada a hacer declaraciones de intereses, todo está clarificado. Es necesario comprender que la autoridad tiene una responsabilidad de ser transparente, la ciudadanía de ser un actor protagónico y el sector privado de transparentar”, concluyó la Directora de Fundación Multitudes.
