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La Política Semanal

Se inicia carrera por un nuevo Fiscal Nacional

Durante el fin de semana, los medios tradicionales de la prensa chilena dieron cuenta de las opiniones de viejos –y también cuestionados- estandartes de la política local como Jovino Novoa y Ricardo Lagos. Es curioso que el ex subsecretario de Augusto Pinochet, y el ex presidente que a fines de los años 80 apuntó su dedo en contra del dictador, estén de acuerdo en un diagnóstico: rescatar la institucionalidad actual.

Víctor Herrero

  Lunes 30 de marzo 2015 8:59 hrs. 
ministerio publico


La elite política chilena ha aprovechado el descanso mediático que le brinda la tragedia del norte para poner en marcha un plan peligroso. Casi al unísono se ha dedicado a cuestionar a la única institución que aún goza de cierta simpatía entre los chilenos: el Ministerio Público. Y el jefe de este coro del establishment es nada menos que el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Hace unos días se estaba lamentando que en el país existía un clima de “caza de brujas”.

Durante el fin de semana, los medios tradicionales de la prensa chilena dieron cuenta de las opiniones de viejos –y también cuestionados- estandartes de la política local como Jovino Novoa y Ricardo Lagos. Es curioso que el ex subsecretario de Augusto Pinochet, y el ex presidente que a fines de los años 80 apuntó su dedo en contra del dictador, estén de acuerdo en un diagnóstico: rescatar la institucionalidad actual.

Pero los deslices freudianos de las últimas semanas –un efecto psicológico conocido también como parapraxis, que es cuando el subconsciente nos traiciona y afirmamos inconscientemente algo que conscientemente negamos- han sido elocuentes. Primero fue el co-dueño del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, quien afirmó que “para ser un defraudador profesional yo creo que he sido un empresario bastante notable”. Como si no bastara con esa traición de su subconsciente, remató: “Yo no soy ningún mafioso”.

Y Peñalillo no se ha quedado atrás. Durante su discurso en el evento de Icare, lugar que reúne a los empresarios más poderosos del país y al que suelen asistir los grandes representantes de la política y del Estado, el ministro se despachó la siguiente frase: “Chile no es un país corrupto”. ¿Otro ejemplo de parapraxis, comúnmente conocido como lapsus?

Parece ser que en las altas esferas del poder la situación actual está causando estragos con los nervios.

El problema es que el propio Gobierno ha optado por un camino extra institucional para enfrentar la actual crisis de legitimidad. La Presidenta decidió que una comisión de expertos, o sea un grupo elegido a dedo por La Moneda, se haga cargo de resolver la compleja relación entre dinero y política (léase caso Penta y Soquimich) y tráfico de influencias (léase el caso de su hijo y su nuera). Obviamente, los representantes del segundo poder, el Legislativo, montaron en cólera y están boicoteando la iniciativa. Pero ellos mismos están en el centro del huracán, pues varios de ellos son beneficiarios de las prácticas fraudulentas que hemos ido conociendo.

Y así se van auto-erosionando las instituciones. Entonces, ¿qué pasa con el tercer poder, que es el judicial?

La “confianza en las instituciones” descansa hoy en día exclusivamente sobre el Ministerio Público. Curiosamente se trata de un poder del Estado que, antes de los casos Penta y Soquimich, estaba en entredicho. Basta con recordar que el fiscal nacional Sabas Chahuán recibió en abril de 2011 en audiencia privada al poderoso empresario Eliodoro Matte, quien estaba preocupado por la suerte del sacerdote Fernando Karadima, acusado -y después condenado- por abusos sexuales. Pero hoy el fiscal Chahuán está a la cabeza de lo que podría ser un Watergate chileno. Como reza un viejo dicho, “en política un año es una eternidad”.

Una parte importante de la clase política y empresarial ha identificado, de manera correcta, que su gran enemigo actual es la fiscalía. Pero es un cálculo de corto plazo, puesto que de tener éxito en socavar al Ministerio Público, habrán contribuido a derrumbar la última institución que aún goza de cierta credibilidad en una República que tiene todos los síntomas de muerte súbita.

Así las cosas, la prueba de fuego para la “institucionalidad” chilena se dará a fines de este año, cuando los poderes públicos del país tengan que designar al fiscal nacional que estará ocho años en el cargo. La quina de candidatos tendrá que ser propuesta por la Corte Suprema, y dentro de esa lista la Presidenta Bachelet escogerá a uno que, a su vez, tendrá que ser ratificado o rechazado por el Senado.

La carrera está desatada. “Hay dos opciones, o se opta por un fiscal que sea políticamente manejable, que por ahora parece ser el camino favorito de La Moneda, o por un nombre que esté en el campo más activista pero que puede resultar ser un dolor de cabeza”, afirma una persona que está al tanto de lo que sucede tanto al interior de La Moneda como en el Ministerio Público.

Mientras la TV y la radio nos bombardean a cada minuto con las tragedias reales y dolorosas que azotan a nuestro país en el norte y también en el sur, en los subterráneos del poder se desató ya una lucha sin tregua que, para bien o para mal, puede definir el futuro político de Chile.