Cada semana mueren asesinados dos activistas medioambientales en el mundo, situación que se agrava en América, según el informe que se titula “¿cuántos más?”, donde Honduras aparece como el país más peligroso para los defensores de la naturaleza y Brasil como el que más activistas asesinados registra.
La cifra registrada en 2014 supone un aumento de un 20 por ciento respecto al año anterior. Las 116 muertes que se registraron en 2014 por todo el mundo es “una cifra que representa casi el doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo”, subraya Global y añade que considerando las graves restricciones informativas que existen, sin duda, la cifra real es mucho mayor.
En este sentido, ha afirmado que un alarmante porcentaje de un 40 por ciento de los activistas asesinados eran indígenas y las principales causas de su muerte fueron la lucha contra “la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria”. El informe manifestó su preocupación por algunos gobiernos que han usado las legislaciones antiterroristas en contra de activistas, describiéndoles como “enemigos del Estado”.
El economista Sebastián Ainzúa, coordinador del programa de la fundación Heinrich Böll para el Cono Sur, apuntó a los motivos del choque con las comunidades y la criminalización.
“El ámbito de disputas se produce básicamente por la extinción controlada de un modelo extractivista que lo que hace, en resumidas cuentas, es caer sobre los territorios e imponer una lógica productiva que se contradice con las lógicas propias de las comunidades respecto de cómo ellos ven el mundo, su cultura, cuál es su visión de su propio modelo de desarrollo y cómo ellos intentan defender sus propios saberes y cosmovisiones”, señaló Ainzúa.
Ainzúa sostuvo que este fenómeno no es nuevo, pero hoy se vuelve patente en el marco de nuestras economías y el modelo extractivista que se extiende. Sin embargo indicó que a esto habría que agregar que se da en un contexto de Cambio Climático, ya que las luchas por el agua tienen un matiz distinto, cuando la escasez es un problema cada vez más visible.
La situación es compleja, porque además de los casos en que los luchadores sociales o ambientales se encuentran con la muerte, hay una cifra enormemente mayor donde opera otro tipo de agresiones. Hay, al respecto, tácticas que utilizan las corporaciones e incluso, los propios gobiernos. Sobre esto se refirió Cristián Flores, emblemático vocero de la comunidad de Caimanes.
“La táctica más habitual que hay es que las empresas grandes, las transnacionales ocupan otras herramientas muy letales también como es la de comprar dirigentes a través de grandes sumas de dinero”, afirmó y añadió: “En el caso mío, cuando yo no quise aceptar sobornos de Minera Los Pelambres para dejar el liderato de la comunidad de Caimanes, emprendieron acciones, a través de un montaje, para meterme preso. Pedían que pasara prácticamente el resto de mis días en la cárcel, porque estaban pidiendo 24 años”, indicó.
El dirigente afirmó que, tanto las elites como las autoridades locales actúan muchas veces influidas o corrompidas por las grandes empresas transnacionales.
En ese sentido, ambos entrevistados coincidieron en que los gobiernos de derecha e izquierda han utilizado el boom de precios de los recursos naturales que se dio a partir del 2008 para profundizar el modelo extractivista y que lo importante es saber cómo salimos de esta lógica de la dependencia, de la “vocación de perdedores” de la que habla el célebre Eduardo Galeano en “Las Venas Abiertas de Latinoamérica”.
Para buscar un modelo distinto, indicaron, se debe volver a mirar los territorios, devolverle poder a las comunidades, dejar de imponer los modelos de desarrollo desde fuera y dotarlas de autonomía. Hoy en día implica hacer frente al centralismo y analizar la institucionalidad encargada de dar las respuestas.
Cada semana mueren asesinados dos activistas medioambientales en el mundo, situación que se agrava en América, según el informe que se titula “¿cuántos más?”, donde Honduras aparece como el país más peligroso para los defensores de la naturaleza y Brasil como el que más activistas asesinados registra.
La cifra registrada en 2014 supone un aumento de un 20 por ciento respecto al año anterior. Las 116 muertes que se registraron en 2014 por todo el mundo es “una cifra que representa casi el doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo”, subraya Global y añade que considerando las graves restricciones informativas que existen, sin duda, la cifra real es mucho mayor.
En este sentido, ha afirmado que un alarmante porcentaje de un 40 por ciento de los activistas asesinados eran indígenas y las principales causas de su muerte fueron la lucha contra “la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria”. El informe manifestó su preocupación por algunos gobiernos que han usado las legislaciones antiterroristas en contra de activistas, describiéndoles como “enemigos del Estado”.
El economista Sebastián Ainzúa, coordinador del programa de la fundación Heinrich Böll para el Cono Sur, apuntó a los motivos del choque con las comunidades y la criminalización.
“El ámbito de disputas se produce básicamente por la extinción controlada de un modelo extractivista que lo que hace, en resumidas cuentas, es caer sobre los territorios e imponer una lógica productiva que se contradice con las lógicas propias de las comunidades respecto de cómo ellos ven el mundo, su cultura, cuál es su visión de su propio modelo de desarrollo y cómo ellos intentan defender sus propios saberes y cosmovisiones”, señaló Ainzúa.
Ainzúa sostuvo que este fenómeno no es nuevo, pero hoy se vuelve patente en el marco de nuestras economías y el modelo extractivista que se extiende. Sin embargo indicó que a esto habría que agregar que se da en un contexto de Cambio Climático, ya que las luchas por el agua tienen un matiz distinto, cuando la escasez es un problema cada vez más visible.
La situación es compleja, porque además de los casos en que los luchadores sociales o ambientales se encuentran con la muerte, hay una cifra enormemente mayor donde opera otro tipo de agresiones. Hay, al respecto, tácticas que utilizan las corporaciones e incluso, los propios gobiernos. Sobre esto se refirió Cristián Flores, emblemático vocero de la comunidad de Caimanes.
“La táctica más habitual que hay es que las empresas grandes, las transnacionales ocupan otras herramientas muy letales también como es la de comprar dirigentes a través de grandes sumas de dinero”, afirmó y añadió: “En el caso mío, cuando yo no quise aceptar sobornos de Minera Los Pelambres para dejar el liderato de la comunidad de Caimanes, emprendieron acciones, a través de un montaje, para meterme preso. Pedían que pasara prácticamente el resto de mis días en la cárcel, porque estaban pidiendo 24 años”, indicó.
El dirigente afirmó que, tanto las elites como las autoridades locales actúan muchas veces influidas o corrompidas por las grandes empresas transnacionales.
En ese sentido, ambos entrevistados coincidieron en que los gobiernos de derecha e izquierda han utilizado el boom de precios de los recursos naturales que se dio a partir del 2008 para profundizar el modelo extractivista y que lo importante es saber cómo salimos de esta lógica de la dependencia, de la “vocación de perdedores” de la que habla el célebre Eduardo Galeano en “Las Venas Abiertas de Latinoamérica”.
Para buscar un modelo distinto, indicaron, se debe volver a mirar los territorios, devolverle poder a las comunidades, dejar de imponer los modelos de desarrollo desde fuera y dotarlas de autonomía. Hoy en día implica hacer frente al centralismo y analizar la institucionalidad encargada de dar las respuestas.
Cada semana mueren asesinados dos activistas medioambientales en el mundo, situación que se agrava en América, según el informe que se titula “¿cuántos más?”, donde Honduras aparece como el país más peligroso para los defensores de la naturaleza y Brasil como el que más activistas asesinados registra.
La cifra registrada en 2014 supone un aumento de un 20 por ciento respecto al año anterior. Las 116 muertes que se registraron en 2014 por todo el mundo es “una cifra que representa casi el doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo”, subraya Global y añade que considerando las graves restricciones informativas que existen, sin duda, la cifra real es mucho mayor.
En este sentido, ha afirmado que un alarmante porcentaje de un 40 por ciento de los activistas asesinados eran indígenas y las principales causas de su muerte fueron la lucha contra “la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria”. El informe manifestó su preocupación por algunos gobiernos que han usado las legislaciones antiterroristas en contra de activistas, describiéndoles como “enemigos del Estado”.
El economista Sebastián Ainzúa, coordinador del programa de la fundación Heinrich Böll para el Cono Sur, apuntó a los motivos del choque con las comunidades y la criminalización.
“El ámbito de disputas se produce básicamente por la extinción controlada de un modelo extractivista que lo que hace, en resumidas cuentas, es caer sobre los territorios e imponer una lógica productiva que se contradice con las lógicas propias de las comunidades respecto de cómo ellos ven el mundo, su cultura, cuál es su visión de su propio modelo de desarrollo y cómo ellos intentan defender sus propios saberes y cosmovisiones”, señaló Ainzúa.
Ainzúa sostuvo que este fenómeno no es nuevo, pero hoy se vuelve patente en el marco de nuestras economías y el modelo extractivista que se extiende. Sin embargo indicó que a esto habría que agregar que se da en un contexto de Cambio Climático, ya que las luchas por el agua tienen un matiz distinto, cuando la escasez es un problema cada vez más visible.
La situación es compleja, porque además de los casos en que los luchadores sociales o ambientales se encuentran con la muerte, hay una cifra enormemente mayor donde opera otro tipo de agresiones. Hay, al respecto, tácticas que utilizan las corporaciones e incluso, los propios gobiernos. Sobre esto se refirió Cristián Flores, emblemático vocero de la comunidad de Caimanes.
“La táctica más habitual que hay es que las empresas grandes, las transnacionales ocupan otras herramientas muy letales también como es la de comprar dirigentes a través de grandes sumas de dinero”, afirmó y añadió: “En el caso mío, cuando yo no quise aceptar sobornos de Minera Los Pelambres para dejar el liderato de la comunidad de Caimanes, emprendieron acciones, a través de un montaje, para meterme preso. Pedían que pasara prácticamente el resto de mis días en la cárcel, porque estaban pidiendo 24 años”, indicó.
El dirigente afirmó que, tanto las elites como las autoridades locales actúan muchas veces influidas o corrompidas por las grandes empresas transnacionales.
En ese sentido, ambos entrevistados coincidieron en que los gobiernos de derecha e izquierda han utilizado el boom de precios de los recursos naturales que se dio a partir del 2008 para profundizar el modelo extractivista y que lo importante es saber cómo salimos de esta lógica de la dependencia, de la “vocación de perdedores” de la que habla el célebre Eduardo Galeano en “Las Venas Abiertas de Latinoamérica”.
Para buscar un modelo distinto, indicaron, se debe volver a mirar los territorios, devolverle poder a las comunidades, dejar de imponer los modelos de desarrollo desde fuera y dotarlas de autonomía. Hoy en día implica hacer frente al centralismo y analizar la institucionalidad encargada de dar las respuestas.
