Radiografía a la nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro
La falta de un liderazgo fuerte, la poca claridad sobre la forma de implementación y la ausencia de medidas que apunten a reducir el precio de los libros son algunos de los cuestionamientos que distintos sectores hacen a la propuesta que se desarrollará hasta 2020. Editores, libreros autoridades y especialistas entregan sus puntos de vista en este reportaje.
Sábado 25 de abril 2015 9:12 hrs.
Lea acá la nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro.
Fue una espera larga, muy larga. La nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) era uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet y comenzó a materializarse en agosto del año pasado, con las mesas de trabajo que convocó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a las que acudieron cientos de personas.
El documento final había sido aprobado en los primeros días de 2015, pero recién este jueves se conocieron oficialmente las 90 medidas que contienen sus más de 40 páginas, proyectadas entre 2015 y 2020.
Las acciones están divididas en cinco dimensiones: la lectura (que abarca el Plan Nacional de Lectura), la creación, el patrimonio bibliográfico, la industria e internacionalización y el marco jurídico e institucional. Para concretarlas, se invertirán 16 mil millones de pesos solo en 2015 y se pretende que actúen coordinadamente instituciones como los ministerios de Educación y Desarrollo Social, el CNCA, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Corfo, ProChile, el Consejo Nacional de la Infancia y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), entre otras.
“En principio, hay una evaluación positiva”, dice el presidente de la Cámara del Libro, Julio Sau, en coincidencia con otros sectores. Editores, libreros, académicos, concuerdan en que la PNLL era necesaria y aprueban varios de sus aspectos: que haya sido elaborada con una consulta, que incorpore a los pueblos originarios, que haga ciertos énfasis en regiones y que promueva el desarrollo de los soportes digitales, por ejemplo.
Sin embargo, también han surgido reparos. Por ejemplo, Bernardo Subercaseaux, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile, advierte que “es una política ambiciosa que tiene varios aspectos positivos, pero tiene una posibilidad de realización muy difícil”.
Según el especialista, la presencia de varias instituciones es una dificultad: “Hay un problema grave en la ejecución. Aparecen como responsables una cantidad enorme de instituciones, pero son instituciones que tienen otras lógicas, otras tareas, que están metidas en reformas muy importantes, por lo tanto, esto va a ser secundario. Creo que debería tomarlo una agencia liviana, independiente, con poder político, mandatada por el CNCA y vinculada al Consejo del Libro, pero independiente. Estoy seguro que una pequeña unidad con poder político puede hacer mucho, pero empoderada políticamente”, afirma.
La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro, Regina Rodríguez, responde que esa institución ya asumió el liderazgo en la elaboración de la política y asegura que puede hacerlo también en su implementación: “Hay un convenio de colaboración entre las instituciones que está firmado. Hay una parte ejecutiva que se reúne regularmente, el directorio del Plan de Lectura se reúne regularmente, todos los consejeros del Consejo del Libro han estado detrás de esto y se reúnen cada mes. Luego, hay un compromiso público de todas las autoridades”, señala.
Julio Sau concuerda en que el Consejo asumió la conducción en las mesas de discusión, pero puntualiza que “es distinta la implementación, porque tienen que participar otros ministerios y organismos, que es un problema que tiene cualquier política pública. Se corre ese riesgo, sobre todo en la coordinación entre Educación y el Consejo de la Cultura”.
La explicación de las autoridades no convence a Bernardo Subercaseaux, quien se manifiesta “en total desacuerdo”. El académico recuerda que ya en las conversaciones previas se vio que “los distintos organismos tienen diferencias, como tiene Carabineros con Investigaciones. El Consejo del Libro es colegiado, están representados los distintos sectores. Ojalá funcionara, pero tengo mis dudas y creo que la política de 2006, en gran medida, no funcionó por esto”.
El escritorio de Hacienda
La reducción o eliminación del IVA al libro fue una de las propuestas que surgió en las conversaciones de 2014, pero no fue considerada por el Gobierno. Luego de presentar el documento, la ministra Claudia Barattini apuntó que “el precio no es el elemento principal”, algo que lamentan distintos sectores: “Es una demanda largamente sentida por lo que significa. Entender que el libro no es una mercancía cualquiera se refleja en acciones concretas, como por ejemplo, que no puede tener el mismo IVA que un par de jeans o una salchicha. Es un tema por el que vamos a seguir presionando”, dice Marisol Vera, presidenta de Editores de Chile y directora de Cuarto Propio.
Para el coordinador de la campaña Libros Sin IVA, Marco Antonio Coloma, “el problema de fondo es que nuestra institucionalidad cultural no tiene la fuerza (o tal vez la valentía) para dar la pelea donde esta cuestión siempre se ha detenido: el escritorio del ministro de Hacienda”.
En lugar de eso, la PNLL propone otras acciones en el ámbito tributario, como “impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librería y ferias dedicadas exclusivamente al comercio del libro”.
¿Es efectiva esa idea? Según Berta Concha, fundadora de la librería Prosa & Política y Liberalia Ediciones, “para una librería pequeña, la patente puede ser un peso, pero para las grandes cadenas, no. Hay muchas formas de solventarlo y diluir el peso de la patente. Creo que es un paliativo, pero no va a lo central del asunto”.
Marco Antonio Coloma, en tanto, subraya que “cuando el Gobierno propone eso, está diciendo que los impuestos son importantes y que afectan a la cadena del libro y, por lo tanto, al consumidor final. Sin embargo, tiene una incidencia tan marginal en la estructura de costos, que eximir a las librerías de esta obligación no va a tener ningún impacto”.
Asimismo, el documento propone que Hacienda informe “las condiciones y beneficios” que la actual Reforma Tributaria ofrece a los distintos sectores, algo que para el representante de Libros Sin IVA “parece un chiste”.
“El ministerio tiene la obligación de explicarle a todo el país cómo funciona esa Reforma y los empresarios de cualquier rubro tienen la obligación de enterarse. Es una tontera plantear esto como medida de una nueva política”, indica.
Aunque Bernardo Subercaseaux y Berta Concha advierten que la rebaja del IVA no es el problema sustancial, todos concuerdan en que sería una medida positiva. Así, la sensación es que será una discusión que quedará en el aire: “El argumento extraoficial que se barajó, del que nos enteramos, fue que se está intentando recaudar la mayor cantidad de fondos para la Reforma Educacional y las otras reformas, entonces no era el momento para rebajar el IVA. Eso refleja una falta de comprensión de lo que significa el IVA o el precio fijo, por ejemplo. Es contradictorio”, explica Marisol Vera.
¿Cómo implementar la Política?
Otra duda que ha surgido es cuánta diferencia hay entre la nueva PNLL y la establecida entre 2006 y 2010, que “no contó con una evaluación que permitiera sistematizar información, dimensionar sus efectos y rendir cuenta integral de todo lo realizado a la fecha”, según se consigna en el mismo documento.
De acuerdo a Marisol Vera, la nueva propuesta “es más comprensiva, pero no es un paso fundamentalmente distinto a la anterior. Lo que va a marcar una diferencia es la voluntad de implementarla. Está clarísimo, por ejemplo, el rol del ministerio de Educación en cuanto al fomento lector, pero el tema es cómo se implementa. Eso es lo que va a marcar la diferencia”.
“Es más completa, con medidas concretas, pero ambas comparten que son el diseño de una política y falta ver la implementación. En 2006 también estuvimos contentos, pero hay que mantener una mirada atenta al cumplimiento de distintas medidas. Eso está por verse”, concuerda Julio Sau.
La ausencia de una evaluación adecuada se reconoce como una debilidad de la política anterior, pero el nuevo documento no parece resolver ese problema. Según el mismo presidente de la Cámara del Libro, es urgente establecer un sistema de medición: “Si no, esto puede quedar muy laxo. Hay que medir anualmente el avance”, recalca.
Regina Rodríguez, sin embargo, lo ve de otro modo: “Por primera vez, la ministra Claudia Barattini habló de cifras, lo que significa visibilizar lo que cada institución está comprometiendo. Esto no está resuelto de aquí a cinco años, las vicisitudes de la historia son numerosas, pero el compromiso de las instituciones es enorme”, señala.
Los números a los que alude la representante del Consejo del Libro son ambiciosos. Cuando presentó la PNLL, la ministra señaló que el objetivo es incrementar en un diez por ciento la lectura de libros.
En el mismo documento, en todo caso, se propone modificar la Ley del Libro para implementar un sistema de evaluación y seguimiento que disponga de estudios y estadísticas de forma permanente.
Todo lo anterior busca, finalmente, que los libros y la lectura comiencen a ser parte del paisaje cotidiano de los chilenos. O, en palabras de la librera Berta Concha, que dejen de ser imperceptibles: “Los programas de libros son escasísimos. El libro no está en manos de los políticos, no está en manos de nadie. En las telenovelas no aparecen ni estantes con libros. En Chile, el libro es invisible”.
Lea acá la nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro.
Fue una espera larga, muy larga. La nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) era uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet y comenzó a materializarse en agosto del año pasado, con las mesas de trabajo que convocó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a las que acudieron cientos de personas.
El documento final había sido aprobado en los primeros días de 2015, pero recién este jueves se conocieron oficialmente las 90 medidas que contienen sus más de 40 páginas, proyectadas entre 2015 y 2020.
Las acciones están divididas en cinco dimensiones: la lectura (que abarca el Plan Nacional de Lectura), la creación, el patrimonio bibliográfico, la industria e internacionalización y el marco jurídico e institucional. Para concretarlas, se invertirán 16 mil millones de pesos solo en 2015 y se pretende que actúen coordinadamente instituciones como los ministerios de Educación y Desarrollo Social, el CNCA, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Corfo, ProChile, el Consejo Nacional de la Infancia y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), entre otras.
“En principio, hay una evaluación positiva”, dice el presidente de la Cámara del Libro, Julio Sau, en coincidencia con otros sectores. Editores, libreros, académicos, concuerdan en que la PNLL era necesaria y aprueban varios de sus aspectos: que haya sido elaborada con una consulta, que incorpore a los pueblos originarios, que haga ciertos énfasis en regiones y que promueva el desarrollo de los soportes digitales, por ejemplo.
Sin embargo, también han surgido reparos. Por ejemplo, Bernardo Subercaseaux, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile, advierte que “es una política ambiciosa que tiene varios aspectos positivos, pero tiene una posibilidad de realización muy difícil”.
Según el especialista, la presencia de varias instituciones es una dificultad: “Hay un problema grave en la ejecución. Aparecen como responsables una cantidad enorme de instituciones, pero son instituciones que tienen otras lógicas, otras tareas, que están metidas en reformas muy importantes, por lo tanto, esto va a ser secundario. Creo que debería tomarlo una agencia liviana, independiente, con poder político, mandatada por el CNCA y vinculada al Consejo del Libro, pero independiente. Estoy seguro que una pequeña unidad con poder político puede hacer mucho, pero empoderada políticamente”, afirma.
La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro, Regina Rodríguez, responde que esa institución ya asumió el liderazgo en la elaboración de la política y asegura que puede hacerlo también en su implementación: “Hay un convenio de colaboración entre las instituciones que está firmado. Hay una parte ejecutiva que se reúne regularmente, el directorio del Plan de Lectura se reúne regularmente, todos los consejeros del Consejo del Libro han estado detrás de esto y se reúnen cada mes. Luego, hay un compromiso público de todas las autoridades”, señala.
Julio Sau concuerda en que el Consejo asumió la conducción en las mesas de discusión, pero puntualiza que “es distinta la implementación, porque tienen que participar otros ministerios y organismos, que es un problema que tiene cualquier política pública. Se corre ese riesgo, sobre todo en la coordinación entre Educación y el Consejo de la Cultura”.
La explicación de las autoridades no convence a Bernardo Subercaseaux, quien se manifiesta “en total desacuerdo”. El académico recuerda que ya en las conversaciones previas se vio que “los distintos organismos tienen diferencias, como tiene Carabineros con Investigaciones. El Consejo del Libro es colegiado, están representados los distintos sectores. Ojalá funcionara, pero tengo mis dudas y creo que la política de 2006, en gran medida, no funcionó por esto”.
El escritorio de Hacienda
La reducción o eliminación del IVA al libro fue una de las propuestas que surgió en las conversaciones de 2014, pero no fue considerada por el Gobierno. Luego de presentar el documento, la ministra Claudia Barattini apuntó que “el precio no es el elemento principal”, algo que lamentan distintos sectores: “Es una demanda largamente sentida por lo que significa. Entender que el libro no es una mercancía cualquiera se refleja en acciones concretas, como por ejemplo, que no puede tener el mismo IVA que un par de jeans o una salchicha. Es un tema por el que vamos a seguir presionando”, dice Marisol Vera, presidenta de Editores de Chile y directora de Cuarto Propio.
Para el coordinador de la campaña Libros Sin IVA, Marco Antonio Coloma, “el problema de fondo es que nuestra institucionalidad cultural no tiene la fuerza (o tal vez la valentía) para dar la pelea donde esta cuestión siempre se ha detenido: el escritorio del ministro de Hacienda”.
En lugar de eso, la PNLL propone otras acciones en el ámbito tributario, como “impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librería y ferias dedicadas exclusivamente al comercio del libro”.
¿Es efectiva esa idea? Según Berta Concha, fundadora de la librería Prosa & Política y Liberalia Ediciones, “para una librería pequeña, la patente puede ser un peso, pero para las grandes cadenas, no. Hay muchas formas de solventarlo y diluir el peso de la patente. Creo que es un paliativo, pero no va a lo central del asunto”.
Marco Antonio Coloma, en tanto, subraya que “cuando el Gobierno propone eso, está diciendo que los impuestos son importantes y que afectan a la cadena del libro y, por lo tanto, al consumidor final. Sin embargo, tiene una incidencia tan marginal en la estructura de costos, que eximir a las librerías de esta obligación no va a tener ningún impacto”.
Asimismo, el documento propone que Hacienda informe “las condiciones y beneficios” que la actual Reforma Tributaria ofrece a los distintos sectores, algo que para el representante de Libros Sin IVA “parece un chiste”.
“El ministerio tiene la obligación de explicarle a todo el país cómo funciona esa Reforma y los empresarios de cualquier rubro tienen la obligación de enterarse. Es una tontera plantear esto como medida de una nueva política”, indica.
Aunque Bernardo Subercaseaux y Berta Concha advierten que la rebaja del IVA no es el problema sustancial, todos concuerdan en que sería una medida positiva. Así, la sensación es que será una discusión que quedará en el aire: “El argumento extraoficial que se barajó, del que nos enteramos, fue que se está intentando recaudar la mayor cantidad de fondos para la Reforma Educacional y las otras reformas, entonces no era el momento para rebajar el IVA. Eso refleja una falta de comprensión de lo que significa el IVA o el precio fijo, por ejemplo. Es contradictorio”, explica Marisol Vera.
¿Cómo implementar la Política?
Otra duda que ha surgido es cuánta diferencia hay entre la nueva PNLL y la establecida entre 2006 y 2010, que “no contó con una evaluación que permitiera sistematizar información, dimensionar sus efectos y rendir cuenta integral de todo lo realizado a la fecha”, según se consigna en el mismo documento.
De acuerdo a Marisol Vera, la nueva propuesta “es más comprensiva, pero no es un paso fundamentalmente distinto a la anterior. Lo que va a marcar una diferencia es la voluntad de implementarla. Está clarísimo, por ejemplo, el rol del ministerio de Educación en cuanto al fomento lector, pero el tema es cómo se implementa. Eso es lo que va a marcar la diferencia”.
“Es más completa, con medidas concretas, pero ambas comparten que son el diseño de una política y falta ver la implementación. En 2006 también estuvimos contentos, pero hay que mantener una mirada atenta al cumplimiento de distintas medidas. Eso está por verse”, concuerda Julio Sau.
La ausencia de una evaluación adecuada se reconoce como una debilidad de la política anterior, pero el nuevo documento no parece resolver ese problema. Según el mismo presidente de la Cámara del Libro, es urgente establecer un sistema de medición: “Si no, esto puede quedar muy laxo. Hay que medir anualmente el avance”, recalca.
Regina Rodríguez, sin embargo, lo ve de otro modo: “Por primera vez, la ministra Claudia Barattini habló de cifras, lo que significa visibilizar lo que cada institución está comprometiendo. Esto no está resuelto de aquí a cinco años, las vicisitudes de la historia son numerosas, pero el compromiso de las instituciones es enorme”, señala.
Los números a los que alude la representante del Consejo del Libro son ambiciosos. Cuando presentó la PNLL, la ministra señaló que el objetivo es incrementar en un diez por ciento la lectura de libros.
En el mismo documento, en todo caso, se propone modificar la Ley del Libro para implementar un sistema de evaluación y seguimiento que disponga de estudios y estadísticas de forma permanente.
Todo lo anterior busca, finalmente, que los libros y la lectura comiencen a ser parte del paisaje cotidiano de los chilenos. O, en palabras de la librera Berta Concha, que dejen de ser imperceptibles: “Los programas de libros son escasísimos. El libro no está en manos de los políticos, no está en manos de nadie. En las telenovelas no aparecen ni estantes con libros. En Chile, el libro es invisible”.
Lea acá la nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro.
Fue una espera larga, muy larga. La nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) era uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet y comenzó a materializarse en agosto del año pasado, con las mesas de trabajo que convocó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a las que acudieron cientos de personas.
El documento final había sido aprobado en los primeros días de 2015, pero recién este jueves se conocieron oficialmente las 90 medidas que contienen sus más de 40 páginas, proyectadas entre 2015 y 2020.
Las acciones están divididas en cinco dimensiones: la lectura (que abarca el Plan Nacional de Lectura), la creación, el patrimonio bibliográfico, la industria e internacionalización y el marco jurídico e institucional. Para concretarlas, se invertirán 16 mil millones de pesos solo en 2015 y se pretende que actúen coordinadamente instituciones como los ministerios de Educación y Desarrollo Social, el CNCA, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Corfo, ProChile, el Consejo Nacional de la Infancia y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), entre otras.
“En principio, hay una evaluación positiva”, dice el presidente de la Cámara del Libro, Julio Sau, en coincidencia con otros sectores. Editores, libreros, académicos, concuerdan en que la PNLL era necesaria y aprueban varios de sus aspectos: que haya sido elaborada con una consulta, que incorpore a los pueblos originarios, que haga ciertos énfasis en regiones y que promueva el desarrollo de los soportes digitales, por ejemplo.
Sin embargo, también han surgido reparos. Por ejemplo, Bernardo Subercaseaux, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile, advierte que “es una política ambiciosa que tiene varios aspectos positivos, pero tiene una posibilidad de realización muy difícil”.
Según el especialista, la presencia de varias instituciones es una dificultad: “Hay un problema grave en la ejecución. Aparecen como responsables una cantidad enorme de instituciones, pero son instituciones que tienen otras lógicas, otras tareas, que están metidas en reformas muy importantes, por lo tanto, esto va a ser secundario. Creo que debería tomarlo una agencia liviana, independiente, con poder político, mandatada por el CNCA y vinculada al Consejo del Libro, pero independiente. Estoy seguro que una pequeña unidad con poder político puede hacer mucho, pero empoderada políticamente”, afirma.
La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro, Regina Rodríguez, responde que esa institución ya asumió el liderazgo en la elaboración de la política y asegura que puede hacerlo también en su implementación: “Hay un convenio de colaboración entre las instituciones que está firmado. Hay una parte ejecutiva que se reúne regularmente, el directorio del Plan de Lectura se reúne regularmente, todos los consejeros del Consejo del Libro han estado detrás de esto y se reúnen cada mes. Luego, hay un compromiso público de todas las autoridades”, señala.
Julio Sau concuerda en que el Consejo asumió la conducción en las mesas de discusión, pero puntualiza que “es distinta la implementación, porque tienen que participar otros ministerios y organismos, que es un problema que tiene cualquier política pública. Se corre ese riesgo, sobre todo en la coordinación entre Educación y el Consejo de la Cultura”.
La explicación de las autoridades no convence a Bernardo Subercaseaux, quien se manifiesta “en total desacuerdo”. El académico recuerda que ya en las conversaciones previas se vio que “los distintos organismos tienen diferencias, como tiene Carabineros con Investigaciones. El Consejo del Libro es colegiado, están representados los distintos sectores. Ojalá funcionara, pero tengo mis dudas y creo que la política de 2006, en gran medida, no funcionó por esto”.
El escritorio de Hacienda
La reducción o eliminación del IVA al libro fue una de las propuestas que surgió en las conversaciones de 2014, pero no fue considerada por el Gobierno. Luego de presentar el documento, la ministra Claudia Barattini apuntó que “el precio no es el elemento principal”, algo que lamentan distintos sectores: “Es una demanda largamente sentida por lo que significa. Entender que el libro no es una mercancía cualquiera se refleja en acciones concretas, como por ejemplo, que no puede tener el mismo IVA que un par de jeans o una salchicha. Es un tema por el que vamos a seguir presionando”, dice Marisol Vera, presidenta de Editores de Chile y directora de Cuarto Propio.
Para el coordinador de la campaña Libros Sin IVA, Marco Antonio Coloma, “el problema de fondo es que nuestra institucionalidad cultural no tiene la fuerza (o tal vez la valentía) para dar la pelea donde esta cuestión siempre se ha detenido: el escritorio del ministro de Hacienda”.
En lugar de eso, la PNLL propone otras acciones en el ámbito tributario, como “impulsar un debate a nivel de municipios sobre la exención de patentes a librería y ferias dedicadas exclusivamente al comercio del libro”.
¿Es efectiva esa idea? Según Berta Concha, fundadora de la librería Prosa & Política y Liberalia Ediciones, “para una librería pequeña, la patente puede ser un peso, pero para las grandes cadenas, no. Hay muchas formas de solventarlo y diluir el peso de la patente. Creo que es un paliativo, pero no va a lo central del asunto”.
Marco Antonio Coloma, en tanto, subraya que “cuando el Gobierno propone eso, está diciendo que los impuestos son importantes y que afectan a la cadena del libro y, por lo tanto, al consumidor final. Sin embargo, tiene una incidencia tan marginal en la estructura de costos, que eximir a las librerías de esta obligación no va a tener ningún impacto”.
Asimismo, el documento propone que Hacienda informe “las condiciones y beneficios” que la actual Reforma Tributaria ofrece a los distintos sectores, algo que para el representante de Libros Sin IVA “parece un chiste”.
“El ministerio tiene la obligación de explicarle a todo el país cómo funciona esa Reforma y los empresarios de cualquier rubro tienen la obligación de enterarse. Es una tontera plantear esto como medida de una nueva política”, indica.
Aunque Bernardo Subercaseaux y Berta Concha advierten que la rebaja del IVA no es el problema sustancial, todos concuerdan en que sería una medida positiva. Así, la sensación es que será una discusión que quedará en el aire: “El argumento extraoficial que se barajó, del que nos enteramos, fue que se está intentando recaudar la mayor cantidad de fondos para la Reforma Educacional y las otras reformas, entonces no era el momento para rebajar el IVA. Eso refleja una falta de comprensión de lo que significa el IVA o el precio fijo, por ejemplo. Es contradictorio”, explica Marisol Vera.
¿Cómo implementar la Política?
Otra duda que ha surgido es cuánta diferencia hay entre la nueva PNLL y la establecida entre 2006 y 2010, que “no contó con una evaluación que permitiera sistematizar información, dimensionar sus efectos y rendir cuenta integral de todo lo realizado a la fecha”, según se consigna en el mismo documento.
De acuerdo a Marisol Vera, la nueva propuesta “es más comprensiva, pero no es un paso fundamentalmente distinto a la anterior. Lo que va a marcar una diferencia es la voluntad de implementarla. Está clarísimo, por ejemplo, el rol del ministerio de Educación en cuanto al fomento lector, pero el tema es cómo se implementa. Eso es lo que va a marcar la diferencia”.
“Es más completa, con medidas concretas, pero ambas comparten que son el diseño de una política y falta ver la implementación. En 2006 también estuvimos contentos, pero hay que mantener una mirada atenta al cumplimiento de distintas medidas. Eso está por verse”, concuerda Julio Sau.
La ausencia de una evaluación adecuada se reconoce como una debilidad de la política anterior, pero el nuevo documento no parece resolver ese problema. Según el mismo presidente de la Cámara del Libro, es urgente establecer un sistema de medición: “Si no, esto puede quedar muy laxo. Hay que medir anualmente el avance”, recalca.
Regina Rodríguez, sin embargo, lo ve de otro modo: “Por primera vez, la ministra Claudia Barattini habló de cifras, lo que significa visibilizar lo que cada institución está comprometiendo. Esto no está resuelto de aquí a cinco años, las vicisitudes de la historia son numerosas, pero el compromiso de las instituciones es enorme”, señala.
Los números a los que alude la representante del Consejo del Libro son ambiciosos. Cuando presentó la PNLL, la ministra señaló que el objetivo es incrementar en un diez por ciento la lectura de libros.
En el mismo documento, en todo caso, se propone modificar la Ley del Libro para implementar un sistema de evaluación y seguimiento que disponga de estudios y estadísticas de forma permanente.
Todo lo anterior busca, finalmente, que los libros y la lectura comiencen a ser parte del paisaje cotidiano de los chilenos. O, en palabras de la librera Berta Concha, que dejen de ser imperceptibles: “Los programas de libros son escasísimos. El libro no está en manos de los políticos, no está en manos de nadie. En las telenovelas no aparecen ni estantes con libros. En Chile, el libro es invisible”.
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