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Año XIII, 14 de mayo de 2021

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Política:

De la Constitución de 1980 y la Crisis de la República Elitista  

El artículo presenta una revisión histórica de el vínculo de la Constitución de 1980 (Original) con el régimen autocrático y en el de la Constitución de 1980 (Reformada) con la República Elitista; y en cómo ambas, en una condición de crisis, se han enajenado el favor de la ciudadanía. Además analiza el por qué no basta con decir que “las instituciones funcionen”.

 Francisco Javier Estévez

  Martes 28 de abril 2015 10:52 hrs. 
constitución


Este artículo  se fundamenta en dos distinciones mayores.  Ambas son interpretaciones históricas:  la primera, es que deben entenderse como formas constitucionales distintas la Constitución de 1980 (Original) y la Constitución de 1980 (Reformada), y la segunda es considerar como períodos diferentes  la República Autocrática o Antirrepública o Dictadura (1973 – 1989) y la República Elitista (1990-   ). El análisis que sigue se focaliza en el vínculo  de la Constitución de 1980 (Original) con el régimen autocrático  y  en el vínculo de la Constitución de 1980 (Reformada) con la República Elitista;  en cómo ambas,  en una condición de crisis,   se han enajenado el favor de la ciudadanía, y de por qué ya  no basta con decir que “las instituciones funcionen”.

  1. Constitución de 1980:  la  Original   y la  Reformada                                                                      

Cuando ocurre el Golpe de Estado de 1973, la potestad  constituyente de la república democrática es detenida y secuestrada: detenida, porque el pueblo como nación, como lo mandaba la Carta Fundamental de 1925, ya no podrá  ejercerla a través de la consulta popular referida a sus reformas  ni delegar su ejercicio en las autoridades que aquella reconocía; y secuestrada, porque la Junta de Gobierno , de facto, por sí y ante sí, sin otra legalidad que la de un bando  arbitrario, comunica que desde el 11 de septiembre en adelante sus cuatro integrantes han asumido , además de la función legislativa y el gobierno del país,  el Poder Constituyente, cuyo ejercicio realizarían mediante la dictación de decretos leyes.

En septiembre de 1980, con menos de un mes  previo de convocatoria, los derechos políticos coartados y las libertades  cívicas  coaccionadas, al punto de que se les advirtió a los “participantes” que  no concurrieran a votar que serían penados con prisión, tiene lugar un denominado Plebiscito Nacional donde los chilenos mayores de 18 años estaban llamados a pronunciarse con un Sí  o  un No  sobre la Nueva Constitución Política de la República de Chile.1980. Las opciones se reducían a dos celdas posibles para la soberanía constituyente: en una, de ganar la afirmativa, durante ocho años la dictadura tendría que regularse por  leyes emitidas por la Junta de Gobierno para dar paso luego  a un Congreso autoritariamente controlado, y  en la otra, de imponerse la negativa, la dictadura se regiría indefinidamente por decretos leyes aprobados por la misma Junta de Gobierno.

La Constitución de 1980 (Original)   adolece de legitimidad democrática,  tanto de origen como de ejercicio. De origen, porque bajo la apariencia de un referéndum aprobatorio se defraudó en derecho la libre expresión del poder constituyente originario; y de ejercicio, porque instaurada ya la nueva forma constitucional de la dictadura, se mantuvo durante nueve años la disposición transitoria que le entregaba a la Junta de Gobierno el  poder constituyente derivado sujeto a una aprobación plebiscitaria posterior.

La idea de legitimar la dictadura a través de plebiscitos amañados se puso en práctica, la primera vez, con la Consulta de 1978, en la que los chilenos fueron convocados a marcar en una cédula si estaban a  favor o en contra de la siguiente afirmación: Frente a la agresión internacional en contra del Gobierno de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. Con mesas de votación integradas por funcionarios municipales  y un recuento de los votos hecho  a puertas cerradas, y en un marco de permanente  estado de excepción jurídica, esa consulta  no fue sino una faramalla de plebiscito.  Para  1988, y con el objetivo de prorrogar por ocho años, con el respaldo  del voto popular, el mandato presidencial del general Pinochet,  estaba previsto, en las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980,  un tercer referéndum. La obsesión autocrática de manipular  reiteradamente  el mecanismo plebiscitario, para justificar la  continuidad  de un régimen no democrático, esta vez vino a estrellarse contra la rebelión de la soberanía constituyente del pueblo, cuyo No  terminó por crear las condiciones de legitimidad alternativa  para una salida  pactada de los militares del poder político institucional.

La Constitución de 1980 se mantuvo,  aunque fue reformada en puntos esenciales, como la eliminación del artículo octavo, que proscribía a los partidos de la izquierda marxista, y el reconocimiento, en su artículo quinto, de que el ejercicio de la soberanía tiene como limitación el respeto  a los derechos  esenciales  de la persona y que ellos se encuentran consagrados internacionalmente.  Estas reformas de 1989 vinieron a derrumbar una parte importante de la arquitectura ideológica  en que se había sostenido el régimen dictatorial, pero la devolución del poder constituyente originario a su titular, el pueblo, fue ignorada por el texto  en comento, y el poder constituyente derivado, distribuido entre el Congreso, el Presidente y el Tribunal Constitucional,  continuó bajo el secuestro de los quórum superlativos de los tres quintos   y los dos tercios , en cada Cámara, para iniciativas de reforma constitucional, si bien se eliminó la ultra exigencia de reunir estas mayorías en dos Congresos sucesivos para  su aprobación parlamentaria.

Desde 1990 en adelante, el contexto político institucional y sociocultural en que  inscribe la Constitución de 1980  cambia completamente, toda vez que ella fue concebida para regular un estado autoritario, con una economía neoliberal y una moral conservadora. Esta coherencia  prístina entre la forma constitucional ochentista y el proyecto estratégico del súper control de la institucionalidad política por los órganos de la seguridad nacional, la economía de mercado con estado subsidiario, una cultura etnocentrista   y  la privatización del acceso a los derechos  sociales y ambientales  no podía sino resentirse , y caer en una tensión permanente de inadecuación, con las dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales  que se ponen en movimiento luego del retorno a la democracia.

Este desajuste se torna evidente en la institucionalidad del Estado post dictadura.  Hay dos elecciones presidenciales, y el Comandante en Jefe del Ejército sigue siendo el General Pinochet. Los cuerpos  militares todavía se  definen  como los “garantes de la institucionalidad”, y a través de sus jefes superiores -que son inamovibles-, estando reunidos como Consejo de Seguridad Nacional, pueden interpelar (“hacer presente”) a los poderes políticos del Estado si, según su opinión,  estos órganos públicos tuviesen un accionar que atente contra las bases de la institucionalidad. En  la Cámara Alta, junto a los senadores elegidos por sufragio universal, se sientan los designados, entre estos, un ex oficial de alto rango  por cada rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros,  y en  el Tribunal Constitucional dos de sus representantes son nominados  por el mismo consejo de seguridad anteriormente dicho.

En el año 2005, las reformas constitucionales impulsadas por el Presidente Lagos permitieron desactivar cada uno de estos mecanismos de supra control militar,  que hacían de la Constitución de 1980 un terreno minado para la política en tiempos de democracia.  Vistas en perspectiva, estas reformas, y las anteriores de 1989, así  como la que en 1999  introdujo la igualdad de mención para hombres y mujeres en el texto constitucional, tuvieron un valor indesmentible para el fortalecimiento del  Estado de Derecho en el país. En los  noventa y en la primera década del 2000, los actores de la  institucionalidad política del Estado lograron cambiar puntos clave de la Carta de 1980, que requerían incluso una mayoría de dos tercios  en cada Cámara. No hubo entonces un problema de quórum  que lo impidiese. ¿Por qué entonces no se cambió totalmente el  texto constitucional?

  1. La República Elitista : Constitución y Poder

Es el ‘stablishment’ de la  sociedad chilena, en general, y su ‘clase política’ en particular, la que mantuvo vigente la Constitución de 1980 por medio de una variante reformada de esta. El consenso alcanzó para una apertura constitucional importante pero limitada.  La ideología de la seguridad nacional y la injerencia directa de la ‘clase militar’ en los poderes políticos – dos baluartes del régimen autocrático- quedan fuera del  acuerdo de gobernabilidad que se impone  en el período posterior a la dictadura.

Empero, la nueva forma constitucional, la Constitución de 1980 (Reformada), conservó de la Constitución de 1980) aquella parte mayor de su  estructura regresiva y restrictiva:   la  omisión  de la  potestad constituyente originaria del pueblo;  la restricción de la ciudadanía solo al derecho de elegir y ser elegido; la ausencia de la participación ciudadana y el   control social en la gestión pública y gobierno político; el  sistema presidencialista exacerbado y  la duplicación legislativa del  bicameralismo;  la irresponsabilidad de la Administración en materia de transparencia y cuentas públicas; el Estado restringido como agente de emprendimientos empresariales propios y a la vez subsidiario de la desregulación del  mercado; la denegación de la autonomía de las regiones;  la desprotección de los derechos económicos y sociales   de la ciudadanía y la orfandad de su tutela judicial ; la municipalización ( y en consecuencia la segregación por nivel de ingreso)  del  acceso a las garantías del bien común,  como la educación, la salud y  la vivienda; el no reconocimiento explícito del derecho a huelga y la fragmentación del sindicalismo; el ocultamiento de los derechos de la diversidad y la falta de mecanismos de afirmación positiva para superar las exclusiones;   el racismo del silencio sobre los pueblos indígenas;  entre otros componentes estructurales de un modelo  constitucional refractario de la modernidad democrática y el  desarrollo inclusivo.

Esta Constitución de 1980 (Reformada) es la que ha imperado  en Chile durante  los últimos veinticinco años.  Desde luego ello ha sido en un cuadro de profundas tensiones, porque esa carta constitucional coarta el desenvolvimiento de la democracia y el desarrollo del país.  Las políticas sociales de los gobiernos progresistas,  así como las iniciativas de ley referidas a la protección de derechos que se aprobaron durante este  período, la ley indígena, la de medioambiente y la del consumidor,  y , entre otras  del mismo tenor, las leyes de transparencia, de participación ciudadana en la gestión pública y de no discriminación arbitraria, así como el fin, aunque tardío, del sistema binominal, pueden definirse como contraconstitucionales ( no anticonstitucionales ) en la medida de que van en sentido opuesto a   la  dirección doctrinaria de la Constitución vigente. En paralelo, los movimientos de protesta y la agitación de las redes sociales, en particular,   de los estudiantes  contra el lucro en la educación, el conflicto por los territorios indígenas y la movilización   de  comunidades  por  mega proyectos de ingeniería que amenazan su medio ambiente  se sitúan  en  un plano político de desobediencia civil ante la retardataria normativa de la Constitución actual.

A la inversa de estos cambios contraconstitucionales  efectivamente logrados y de los movimientos de tipo contestatario, que deben enfrentar sí o sí su disfuncionalidad con la Constitución de 1980 (Reformada), los fenómenos de elitización de poder han tenido el favor de su completa funcionalidad con el modelo constitucional que nos rige. El signo hegemónico (no el  único sino el dominante)  de este período democrático posdictatorial ha sido el elitismo.

La  elitización de la política se benefició por años del sistema binominal mayoritario y el voto obligatorio;  de  la reelección indefinida de los cargos parlamentarios;  de la repartición de puestos en la administración pública según el nepotismo de las tendencias  o  del  parentesco sin mérito;  de  la internas partidarias manejadas por los operadores; del acuerdo cupular entre los jefes de fracciones; del  caciquismo inveterado   de los alcaldes; de la burocratización de las cuotas de género; de la ausencia de primarias abiertas; del control oligárquico de la financiación partidaria; de la asfixia del debate doctrinario,  y  por cierto, del distanciamiento de las bases ciudadanas. A lo anterior  se agrega una imagen pública contaminada por los ingresos de los parlamentarios, que se perciben como muy altos; la desregulación del lobbying ; el costo sideral de las campañas; la liviandad de las comisiones investigadoras;  el irrespeto  que se muestran unos y otros en la sala de sesiones o  en los altercados mediáticos; los acuerdos de interés corporativo   que se ven como componendas, y, recientemente,  las denuncias sobre pagos irregulares provenientes de grandes empresas,  que no solo involucran  a unos cuantos diputados y senadores oficialistas y opositores sino también a funcionarios del propio Gobierno.

La elitización socioeconómica se manifiesta implacablemente en la desigualdad de ingresos. Las noticias del sector  muestran  un país que crece establemente, con altas inversiones de capital y un comercio exterior muy dinámico. Estos indicadores de éxito  nos permitieron  incorporarnos  a la OCDE, el organismo que reúne a las 34 economías de mercado más prósperas del mundo. Y sin embargo  tal éxito y prosperidad económicos no es para todos; es solo para una parte menor de la población del país. Así lo señaló la organización mencionada cuando en un informe panorámico revela que,  de los países miembros, el nuestro es uno de los cuatro con mayor porcentaje de pobreza y el que presenta  la más alta brecha de separación  entre ricos y pobres.  Según la revista Forbes, cuando el crecimiento económico es potenciado y consumido por la riqueza de la clase más alta de la sociedad se está ante un fenómeno de plutonomía. Al consultar el Reporte Mundial de Wealth-X (www.wealthx.com) se advierte que el club de las 500 personas de mayor fortuna en Chile acumula una riqueza equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de todo el país. La lógica de acumulación capitalista y consumismo de mercado compromete los valores del conjunto de la sociedad, aunque en el juego de la distribución del ingreso, los que ganan y los que pierden  hacen de la economía una cuestión social.

La elitización cultural  mantiene un vínculo directo con las jerarquías que resultan del poder económico. Las etiquetas  con que los estudios de mercado  caracterizan,  por su nivel de ingreso y gasto,  los   estratos sociales  sirven como indicadores de la  segregación por dinero y estatus  con que se fracciona  la sociedad chilena en el acceso al empleo, la educación, la salud, la vivienda y la previsión, así como en los circuitos perfectamente delimitados de los lugares donde la gente, según su pertenencia de clase, vive, va de compras, estudia, ejerce su profesión u oficio,  viaja de vacaciones, se recrea o entretiene, acude  a la iglesia, se atiende por problemas médicos, hace amistades  o busca pareja. Los estudios realizados en su momento por la Fundación Ideas  hicieron evidente la correspondencia  que existe entre elitización cultural y racismo. La etnia latinochilena, dominante en el país, niega su pertenencia étnica, al tiempo que desconoce, posterga o somete la diversidad étnica en Chile. El etnocentrismo racista ha construido un poder represivo sobre los derechos e identidad  de los pueblos indígenas;  aviva en el siglo veintiuno un  nacionalismo anticuado en las relaciones  con los países vecinos; maltrata con la xenofobia  a los migrantes latinoamericanos;  invisibiliza y desprotege  la cultura  afrodescendiente;  estigmatiza al pueblo rom,  y reproduce una discriminación pigmentocrática -según el color de la piel, los apellidos y lugar de residencia- en el acceso a las oportunidades sociales.

  1. De la crisis elitista y  para qué deben funcionar las  instituciones

La revelación de las prácticas incestuosas entre la alta política y la alta empresa ha terminado por desencantar a la ciudadanía. La elite política – de oposición o de gobierno- se derrumba en las encuestas de adhesión y sirve de menú para la fagocitosis de las redes; por primera vez, en este período, la idea de anticipar las elecciones parlamentarias es puesta en la mesa del debate. La elite empresarial contamina severamente su propio hábitat económico con el tráfico de influencias y el cohecho;  el fraude  tributario,  y la falsificación de  los informes  financieros destinados a sus accionistas, las bolsas de comercio y la superintendencia de los órganos de control público. La elite eclesiástica trastrocó el  antiguo prestigio obtenido en la  defensa de los derechos humanos por una   insufrible combinación  de  prédica de moralinas  y encubrimiento de los abusos sexuales  del clero.   La elite militar,  que se había beneficiado impúdicamente con  el negocio de la privatización de las empresas del Estado y el tráfico de armas, desprovista del poder político de otrora y enfrentada al juicio de los tribunales por crímenes de lesa humanidad, busca  reposicionarse en un rol profesional y de servicio a la comunidad ante los desastres naturales, aunque no deja de ser sintomático de la vocación elitista del alto mando la publicidad de ingreso a la Escuela Militar orientada al sector ABC1. La elite de los medios de prensa, que ha rehuido de   toda  autocrítica  por su desempeño comunicacional durante la dictadura, si bien conserva el monopolio de    los grandes diarios   ya no cuenta con  el monopolio de la influencia mediática, y ahora  tiene  que lidiar con la omnipresencia  de las redes sociales, la multiplicación de los periódicos digitales  y el despliegue de un  periodismo de  denuncia que se disputa la sintonía del dial  y el rating de la TV por  cada  golpe noticioso.

Con todo, no hay en el país una crisis de gobernabilidad, pero las  elites, temerosas de que esta pueda precipitarse  y que el desconcierto seguido del descontento  arrastre, con la fuerza arrebatadora de un alud, el sistema de privilegios, hacen a un lado sus contradicciones internas y  llaman a restablecer   las confianzas  del pueblo en su control dirigente y en el funcionamiento de las instituciones.

El tema no es “que las instituciones funcionen”; el asunto con qué  propósito deben hacerlo. En una dictadura las instituciones funcionan para reproducir la dictadura, y en una república elitista para mantener un orden de exclusiones. Si las elites hacen funcionar las instituciones para preservar el orden elitario la desconfianza ciudadana en cómo aquellas están funcionando  irá en aumento.

La instituciones deben funcionar para producir un orden republicano distinto, porque el modelo de hacer política, de hacer economía y   de hacer cultura, en definitiva, de hacer Estado y de hacer sociedad en coherencia con la Constitución de 1980 (Reformada) –este modelo  que prevalece  institucionalmente en Chile-    no se condice con  las transformaciones que nuestro país necesita para ir de una democracia elitista a una democracia participativa, de un crecimiento con desigualdad estructural a uno que sea equitativo y sustentable, de una jerarquía  de privilegios a un desarrollo inclusivo  con enfoque de derechos.

La superación institucional de la República Elitista y de la Constitución  en que  ella se sostiene debe orientar la voluntad transformadora de la ciudadanía puesta en movimiento.

 

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