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Año XVI, 29 de marzo de 2024


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Gobierno compromete una política nacional de desarrollo urbano

La implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene varios desafíos. En esta primera etapa, el Consejo Nacional sobre el tema entregó una propuesta de reforma en materia de suelos que busca garantizar integración social. En un asunto sensible para Michelle Bachelet por el caso Caval, la mandataria adelantó que espera anunciar los pasos a seguir “a más tardar, el 21 de mayo”.

Diana Porras

  Sábado 9 de mayo 2015 19:47 hrs. 
Desarrollo urbanístico

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Considerando la sugerencia de la Comisión Engel y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de no dar espacios para la especulación inmobiliaria, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró “que no quieren que esas inversiones, en lugar de beneficiar al conjunto de habitantes que utilizan esos territorios, se conviertan en recursos para lucro de algunas pocas personas”.

Para avanzar en resolver la desigualdad urbana y la segregación social, el informe del Consejo incluye algunas propuestas de prioridades en la implementación. Entre ellas, nueva institucionalidad de gestión con la creación de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano, definición y financiamiento prioritario de Planes de Regeneración, además del envío de una Ley Marco sobre suelo e integración. También se consideró el perfeccionamiento de la Ley de Aportes al espacio público y reglamentación de incentivos urbanísticos de integración.

En medio del desayuno anual de los empresarios de la construcción organizado por la Cámara Chilena, la mandataria valoró el lema escogido para este año: “Ciudad somos todos”.

“Ustedes conocen las profundas diferencias que conviven en nuestro país, saben mejor que nadie que no es lo mismo construir en Padre Las Casas, que en Arica o en la capital. Y no me refiero solamente a las diferencias geográficas, climáticas o topográficas, si no a la disponibilidad de suelo, a los costos de materiales, y también a las normativas y requisitos de construcción que se presentan en las distintas zonas”.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas aseguró que es necesario contar “con un plan integral y permanentemente actualizado de infraestructura estratégica, a concretarse en plazos definidos, independiente de los vaivenes de la política y de sus urgencias”.

Por su parte el arquitecto y urbanista, Julio Hurtado advirtió que “no se ha dicho nada qué pasa en los municipios. Ahí, eso es carne de cañón porque es donde se resuelve el plano regulador. Quizás cuantos casos Caval hay en todo el país, porque el Estado se ha restado en intervenir en esto”.

“También se hizo con el Presidente Piñera. Yo diría que hay muy buenas intenciones, pero si no resolvemos el problema político fundamental, creo que es puro ruido de pajaritos, pese a que hay gente muy capaz y que han trabajado muy seriamente, y que además tienen pasión por la ciudad. En Santiago, datos menores, pero hay inmuebles que han sido declarado monumento nacional o de interés patrimonial, y sin embargo las empresas constructoras pueden demolerlos”.

Hurtado comentó otros desafíos del sector, comparando la situación de la regulación sobre el uso de suelos con la reciente Reforma Educacional, no obstante aclaró que los intereses en juego que existen en este ámbito son mucho más poderosos que los de la educación.

“Que no estamos todos de acuerdo. Que es muy difícil porque hiere muchos negocios quitar el tema de la ciudad y el desarrollo territorial del mercado, puede ser. Se acaba de hacer un esfuerzo en la educación pública, la educación que recibe fondos del Estado, se quita como fines de lucro. Los intereses económicos en la educación eran poderosos, estos son mil veces más poderosos”.

El 4 de marzo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial la nueva Política Nacional y en el mismo Ddecreto que la aprueba, se instruyó la creación de este Consejo que trabajará de manera indefinida. La instancia propone también la creación de un “sistema integral de suelos públicos urbanos” y establecer “metodologías específicas para los procesos de participación ciudadana en el ámbito urbano”.

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