Durante las últimos días la Facultad de Filosofía y Humanidades apareció con mensajes como “no usen los baños” o “estamos con caca”. ¿El motivo? Los estudiantes votaron a favor de un paro por la eventual contaminación cruzada del agua de los baños. Los hechos parecían demostrar una eventual mezcla de aguas servidas con las cañerías del agua potable.
Ante esto, las autoridades de la Facultad solicitaron un informe bacteriológico al Dictuc de la Universidad Católica. Sin embargo, en el período en que duró la investigación, Decanato se negó a suspender inmediatamente las clases. Así, los estudiantes rechazaron usar los baños de Filosofía, caminando más de cien metros para ir a uno seguro. El día 12 de mayo Decanato publicó a través de la página web institucional los resultados de las pruebas, que concluyeron que “el agua potable muestra ausencia de coliformes totales”. Las sospechas, entonces, fueron originadas producto de la emanación de olores de pozos sépticos cercanos al inmueble*.
*La caída de Artes
En la sede Alfonso Letelier Llona de la Facultad de Artes, también conocida como Artes Centro, alberga a las carreras vinculadas a la música y la danza. El día 21 de abril cayó un ascensor por ocho pisos, desde el siete al primer subterráneo, con doce personas en su interior. El elevador descendió a una velocidad superior a la normal en todo el trayecto con las puertas abiertas, activándose los frenos de emergencia en el piso -1. Si bien no hubo fallecidos, ni heridos graves, una funcionaria y una estudiante quedaron con un mes de licencia y reposo producto de lesiones de mediana consideración. Un día antes, ese mismo ascensor tuvo un desperfecto en el tercer subterráneo, dejando a varias personas atrapadas en su interior. Las autoridades responsabilizan a la empresa externa Ascensores Schindler, encargada de la mantención.
También la comunidad pasa por una crisis económica grave, con una deuda que no ha permitido, por ejemplo, el pago al día de sueldos de sus funcionarios, ni la renovación del equipamiento, donde la mayoría data de los años ochenta.
Esto no es lo único que afecta a la Facultad. Hasta el año 2013, estudiantes del ciclo básico –etapa previa al pregrado en el caso de muchas de las carreras artísticas de la Universidad de Chile– no eran reconocidos como alumnos y no tenían derecho a beneficios básicos como pase escolar, TUI o protección del Semda, entre otros. Sin embargo, el problema llegó a solución en junio de ese año, luego que el Senado Universitario modificara la normativa universitaria y los reconociera como tales tras movilizaciones estudiantiles.
JGM y Antumapu: sobrepoblar para sobrevivir
En la Facultad de Ciencias Sociales actualmente existen 35 becas de alimentación para todos los estudiantes. Sin embargo, este beneficio no se actualiza desde 1998, año en que la matrícula representaba apenas un tercio de la que hay en este 2015. Si bien se llegó a un acuerdo respecto del aumento de estas becas, incrementándolas a 50, la cantidad sigue siendo baja para más de 2000 estudiantes, de los cuales 226 deberían ser beneficiarios.
En relación con la cantidad de vacantes, ha aumentado al doble en los últimos dos años. Esto, aprovechando la habilitación de los aularios en el campus, pero saturándolos en desmedro de otras facultades como Filosofía, Ciencias o el ICEI. Obtener más recursos y lograr autofinancianciamiento serían los fines. Esto ha hecho que, en los casos más extremos, algunas clases y ayudantías se hayan realizado en los pasillos de la Facso. Todo mientras esperan que termine la ampliación, que en sus planes originales está pensada sólo para posgrado, también bajo una lógica de invertir en más espacio para tener más estudiantes y más recursos frescos.
El Instituto de la Comunicación e Imagen tiene a su cargo las carreras de Periodismo y de Cine y Televisión. Para su funcionamiento, necesitan de implementos tecnológicos de última generación y en una cantidad razonable a los estudiantes matriculados. Sin embargo, estos no son renovados con la velocidad que necesitan, trabajando los estudiantes actualmente con un equipamiento obsoleto para sus necesidades. Según las autoridades, porque no hay los recursos suficientes.
Las demandas en el ICEI no quedan ahí. Las becas de fotocopias existen gracias a la gentileza de los propietarios del local, que la entregan a título personal, sin que estuviere solicitado en el contrato de concesión o que el mismo Instituto las costeara. A lo anterior suma otra petición histórica: dejar de ser considerados un Instituto de segundo grado y pasar a ser Facultad, dada la relevancia, importancia y autonomía de sus disciplinas.
En la comuna de La Pintana están emplazadas las carreras de Veterinaria, Agronomía, Ing. Forestal e Ing. en Recursos Renovables. Estas carreras, agrupadas en el “Campus Sur”, tienen en carpeta el proyecto de vender por la vía de la expropiación al Minvu parte de los terrenos de la zona poniente de sus predios, utilizado como campos de experimentación y de plantaciones, para construir viviendas. Desde la visión de las autoridades, el mecanismo serviría para tener dinero y así levantar nuevos edificios para la docencia, aumentando los espacios y las matrículas y contando así con más recursos que permitan que el campus siga en pie. Situación análoga a la que ocurre en Facso.
SEMDA: no hay salud
En Antumapu, como en JGM, Beauchef y Salud hay sedes del Servicio Médico y Dental de la Universidad, Semda. El centro de salud estudiantil fue creado en la década del ’30 en todo Chile –cuando la Universidad de Chile era efectivamente de Chile– con la finalidad de proteger la salud de los estudiantes de forma ambulatoria y preventiva. Actualmente sus edificios están en condiciones precarias, como así también su funcionamiento, al nivel que gradualmente han disminuido la cantidad de médicos generales y especialistas, además de las consultas dentales y procedimientos odontológicos.
El problema en el Semda obedece a que la nueva Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios –VAEC, ex Dirección de Bienestar Estudiantil– está pasando por una grave situación financiera originada de malas gestiones administrativas. Así, al mes de abril la deuda alcanza los 1300 millones de pesos, además de los 6 mil millones que ya arrastra desde que era la DBE en 2013. Esto pone en duda proyectos tan sensibles como el mismo Semda –que ya notificó a todos los trabajadores a contrata que su vínculo terminaría este 30 de abril, al no renovárseles su continuidad, siendo estos el 80 por ciento de los trabajadores del servicio–, además de las actividades deportivas a través de la Dirección de Deportes y Actividad Física, los hogares universitarios, el financiamiento de la FECH, la entrega de las becas PAE, entre otros.
La extensión de la Chile en los medios, ¿en qué está?
Otra de las organizaciones que no lo pasa bien es la Radio Universidad de Chile. Sintonizable en la 102.5 de la frecuencia modulada en el Gran Santiago, con una señal a través de internet en el sitio www.radio.uchile.cl y con 34 años de historia, la radio de la U depende del avisaje para financiarse. Desde el cambio del sistema de financiamiento, subsiste de sus auspiciadores y los programas pagados para poder entregarle el sueldo a todos sus profesionales, técnicos y auxiliares.
Hasta 1997, la radio recibía financiamiento directo de los Servicios Centrales. En ese año, el Rector Jaime Lavados inició un plan para enajenar bienes, principalmente medios de comunicación, con la finalidad captar recursos frescos y saldar la deuda originada en la dictadura de Pinochet tras la separación de la Universidad de Chile, que absorbió los pasivos de todas las sedes regionales luego de la reforma del ’81. Lo logró con Chilevisión en 1995, vendido a capitales venezolanos, pero gracias a movilizaciones estudiantiles y la ocupación de las dependencias por la Federación de Estudiantes, la radio pudo seguir en poder de la Universidad, pero sin recursos, por lo que pasó a ser su responsabilidad principal autofinanciarse.
Al día de hoy, la subsistencia del medio vía avisaje y espacios pagados ha derivado en una parrilla programática sin relación con una línea editorial clara. Programas que entregan dinero por estar ahí (como “Tiempo de Tomas” de Tomás Hirsch (PH), “Cambio de Swich” de Marco Enríquez-Ominami (PRO), “La Hora Mayor: Sin Censura” de Nelson Ávila (PR), “La Entrevista…” de Camila Vallejo (PC), “Full Outdoor”, etc), espacios de cultura limitados y franjas universitarias cada vez más pequeñas, como el programa de la FECH, que sólo tiene una hora al aire semanalmente, cuando hasta el 2010 tenía una franja de lunes a viernes. Caso a imitar es el de Radio Usach, que tiene financiamiento directo y permanente, no dependiendo en ningún momento de la publicidad, elemento que condiciona directamente los contenidos del medio, ya sea en su cantidad y/o proveniencia.
En la televisión, la Universidad de Chile fue una de las pioneras. Junto con la UCV, UC y TVN, cuatro eran las instituciones que emitían en el país hasta inicios de los años noventa. Fue en esta época donde ingresaron los privados a este medio, lo que combinado con la crisis económica por la que pasaba la Casa de Bello, hizo que en 1993 iniciara el proceso de enajenación del canal RTU a capitales venezolanos –Venevisión C.A.–, por un monto total de 7 mil millones de pesos.
En la venta, la U le entregó las instalaciones del Inés Matte Urrejola, las marcas y la empresa televisiva en su integridad. Sin embargo, los derechos de la señal 11 fueron entregados sólo a modo de usufructo por un período de 25 años, contados desde la ejecución del contrato, en el año 1995. Este usufructo además es renovable automáticamente, salvo que la Universidad pida su término cinco años antes que termine y sólo si hay incumplimiento grave desde Chilevisión.
Respecto de los dineros que la Chile recibió producto de la venta de RTU durante el gobierno de Lavados, el informe de Contraloría nº 69 del 13 de agosto de 2010 concluyó que “no fue posible determinar el registro y destino otorgado a tales recursos, por cuanto los balances y sus notas explicativas no contenían toda la información y discriminación básica y necesaria que permitieran identificar o interpretar dichas operaciones”. Además, en el documento el órgano señala que hay graves diferencias contables entre lo que se debió pagar y lo pagado.
Actualmente la U tiene en sus planes recuperar la señal de televisión y está analizando dos opciones. La primera es pedir una nueva señal, aunque sólo digital, a la Subtel, en el marco de la nueva Ley de Televisión Digital. La segunda opción, terminar con el usufructo y utilizar la señal 11, asumiendo el costo que significaría tener un canal con presencia nacional. Esto está en discusión en el Senado, pero no fue posible acceder al detalle de las actas, puesto que las sesiones fueron declaradas secretas para “no entorpecer la negociación”, según señalaron fuentes del organismo.
Desde Azul Azul al Manuel de Salas: un paso adelante y dos para atrás
El Club Universitario de Deportes de Chile fue fundado en 1927, tras la unificación de varios equipos de fútbol de ese entonces. Hasta los años ’80, la institución funcionó bajo el alero de la Casa de Bello, con más épocas de gloria que de fracaso. Sin embargo, en medio de la reforma universitaria, la dictadura de Augusto Pinochet obligó a las instituciones de educación superior a que ninguno de sus funcionarios podía ganar un sueldo mayor al de su Rector.
Esto fue en directo perjuicio del equipo de fútbol, por lo que la Corfuch debió separarse de la Universidad, conservando ésta el derecho de uso de imágenes, marcas y nombre. Como consecuencia a largo plazo, el club entró en quiebra en los años 2000 y, bajo el amparo de la nueva legislación sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, Azul Azul S.A. tomó la administración por 45 años desde el 2007.
Para que esto fuera aceptado, la Universidad de Chile le impuso como condición para seguir utilizando su nombre, la “U”, el chuncho y otros emblemas, tener dos miembros en el directorio, designados por el Rector, y un monto equivalente apenas al 1,05 por ciento de los ingresos o el 4 por ciento de las utilidades netas, el que fuere mayor. En 2014, de acuerdo a los balances de última Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul S.A., la Chile recibió por este concepto 156 millones de pesos.
En la comuna de Ñuñoa está emplazado el Liceo Experimental Manuel de Salas, que desde 2002 está en manos de la Universidad de Chile en virtud de la ley 19980. En sus inicios –1942– el colegio estuvo en manos de la Casa de Bello, pero tras la reforma universitaria del ’81 pasó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE, ex Pedagógico), lo que fue revertido a inicios del 2000. Pese a que éste es el único liceo fiscal del país en la actualidad, opera como un colegio particular pagado, cobrando una matrícula que alcanza los 150 mil pesos mensuales y un arancel de 2,1 millones anuales.
La dictadura de Pizzi
La comunidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo está en abierta disputa con la actual Decana Marcela Pizzi. En su afán de la defensa del patrimonio, ha manifestado abiertamente su oposición a proyectos como el edificio nuevo de la FAU en la esquina de Portugal con Marcoleta, que pretende ser un espacio de extensión a la comunidad, actuando como centro cultural, o la ampliación de la actual infraestructura de la carrera de Diseño –proyecto “Usina”–.
Así mismo, bullada fue en la FAU la discusión con un estudiante de Geografía, quien solicitó salas para una actividad de un colectivo político a nivel de la U, lo que fue dilatado por un “cambio en el procedimiento”. El hecho derivó en un llamado a la madre del alumno –según el estudiante– criticándolo por pedir salas para estos fines, que escapan del meramente estudiantil. Esto último fue desmentido por las autoridades mediante un comunicado que señala que el llamado ocurrió porque necesitaban ubicar el contacto directo del alumno. Días después, la funcionaria encargada de la reserva de espacios renunció, levantando la duda de presiones para que ella asumiera la responsabilidad política de los hechos.
Sin embargo, más allá de los trascendidos, el conflicto persiste por las dificultades para la utilización de los espacios destinados a actividades extraprogramáticas, ya sean de carácter político, cultural o comunitario, debido a la excesiva burocracia impuesta por la actual administración. A esto se suma que, desde abril de este año, la reja que une a la Facultad con Economía fue nuevamente cerrada, contraviniendo el acuerdo de su antecesor en el cargo con las autoridades de la FEN y las movilizaciones de estudiantes de ambos espacios.
También dentro de Arquitectura y Urbanismo destaca la situación que vive Diseño. Dentro del “plan de innovación curricular” de la Facultad, ésta ha sido la única carrera que aún no ha llegado a acuerdo para fijar su nueva malla, complicando aún más la posibilidad que ésta sea aplicada en 2016, año en que deben reacreditarse como Escuela. Si no hay un consenso pronto respecto a la malla, si no incorporan académicos de tiempo completo –actualmente el 90 por ciento no trabaja más de 22 horas– y si no dan inicio las labores de construcción del proyecto “Usina”, Diseño no alcanzaría más de 2 años de acreditación ante el CNA.
La carrera sin sede
Hasta el día de hoy, hay una carrera que no cuenta con una sede estable y definitiva: Administración Pública. Dependiente del Instituto de Asuntos Públicos, la comunidad de esta carrera no tiene un edificio definitivo donde funcionar. Tras el terremoto del 2010, el Palacio Matte –ubicado frente al Liceo Uno en Compañía con Amunátegui– quedó inutilizable y los estudiantes debieron esperar semanas para conseguir sede, ya que, ante el requerimiento del INAP de utilizar temporalmente salas, la FEN requirió el pago de una suma de dinero por el arriendo de sus aulas. La propuesta con Economía fue rechazada y, ya en abril, el Instituto funcionó en el inmueble que del Instituto Profesional Los Lagos en el barrio República. En 2012, permanecieron en otro edificio en avenida Brasil. Desde 2014 y hasta hoy, funcionan en el espacio ubicado en Moneda con San Martín, el que no ha estado exento de problemas: inundaciones con aguas servidas en pisos subterráneos, plaga de ratones, la ausencia de espacios para casinos o bibliotecas amplias y la existencia de pilares en medio de las aulas.
El problema a largo plazo ha sido evidenciado por los estudiantes de forma permanente, siendo este año el más intenso en cuanto a movilizaciones. De hecho, la última semana de abril los alumnos tomaron la Casa Central y la Torre 15 para exigir el cumplimiento del proyecto de edificio para el INAP, que albergaría también al Instituto de Estudios Internacionales y el Centro de Extensión Artística en la antigua sede de la Facultad de Química en Vicuña Mackenna.
Si bien existieron presiones de parte de la comisión “Vicuña 20” con el fin de no demoler el edificio, como lo sugirió la Decana de la FAU, Marcela Pizzi, para evitar el daño patrimonial que esta construcción significaría, el Rector cedió y dio paso a los trámites para iniciar el proceso de construcción, esto es, el pago del permiso de edificación en la Municipalidad de Providencia.
Doce años como decano
La Facultad de Derecho no está apartada de situaciones anómalas. Además de la expulsión de 31 estudiantes por criterios académicos, aún cuando tenían instancias de apelación, y su posterior reintegración luego de movilizaciones de sus estudiantes, los problemas abundan.
Recién el pasado 24 de abril terminó el largo proceso de renovación del cargo de Decano. Roberto Nahum, que estaba en el cargo desde el 2002, accionó ante la justicia electoral para repostularse a un quinto período, lo que fue denegado. Las votaciones finalmente se celebraron en abril, donde los académicos determinaron la elección de Dávor Hárasic como la máxima autoridad, en medio de su participación como abogado defensor de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el Caso Penta.
También fue de conocimiento público el mecanismo para obtener recursos para la Escuela a través de la Fundación Facultad de Derecho, que funciona como empresa privada para pagar a académicos y financiar actividades, levantando sospechas en torno a la designación de los dineros y la forma en que eran traspasados recursos desde la U a la fundación.
Otra de las dudas giran en torno a la concesión del casino del edificio de Pío Nono por la desregulación de las tarifas de los almuerzos y la calidad de estos, no siendo escasas las situaciones donde aparecieron insectos como cucarachas o baratas en la cocina. En lo académico, a los estudiantes no les está permitido solicitar una recorrección de sus evaluaciones en algunos departamentos por el sólo capricho de los profesores o sus funcionarios, aún cuando el reglamento de la Facultad lo permite. En cuanto a la biblioteca, ésta fue construida en los años noventa en base a una comunidad muy inferior a la actual, lo que produce que no dé abasto en fechas previas a evaluaciones comunes.
El deporte en Derecho está limitado al espacio del gimnasio arrendado por la Facultad, al punto que estudiantes que pretendían armar la selección de balonmano tuvieron que recurrir a la FEN a pedir la multicancha. Economía les respondió, al igual que en el caso de INAP, con un presupuesto de arriendo. Si no es por la voluntad de la coordinación de deportes del campus JGM, no podrían entrenar.
El negocio de la FEN
Una de las unidades académicas que ha sido contantemente mencionada es la Facultad de Economía y Negocios. Creada en la primera mitad del siglo XX por Pedro Aguirre Cerda como su primer Decano, actualmente alberga las carreras de Ingeniería Comercial, Auditoría e Ingeniería en Información y Control de Gestión.
Sin contar la crítica a la orientación del conocimiento que imparte la FEN, ésta destaca por no estar exenta de la misma crisis financiera que otras unidades, pese a lo ostentosa que parece ser en cuanto a infraestructura. La facultad sobrevive gracias a las donaciones de egresados, muchos de ellos connotados empresarios. Así, la familia Luksic, aportó 400 millones para la construcción de la biblioteca que lleva el nombre de Andrónico, al igual que las empresas Corpbanca y Pricewaterhouse Coopers (PwC), que colaboraron económicamente para levantar los edificios y auditorios. Algo similar a lo sucede también en el edificio de Ingeniería Forestal en Antumapu, donde una de las zonas es el “Pabellón Arauco”, levantado con donaciones de la empresa maderera. Pese a lo ostentosa que es la Facultad en cuanto a infraestructura, hubo que reajustar becas internas al 50 por ciento para que no quedaran estudiantes sin beneficios debido a la falta de recursos.
La FEN ha institucionalizado como política de financiamiento, además de las donaciones, el arriendo de sus dependencias a otras Facultades que lo requieran y la promoción de sus programas de posgrado y educación contínua como si fueran una universidad distinta de la que pertenecen. “FEN, una universidad con proyección internacional”, reza uno de sus folletos publicitarios. Funciona como si fuera una organización distinta a la Chile: no utilizan las mismas plataformas de inscripción y registro académico que el resto de la U (U-Cursos, U-Campus y Sistema Guía), poseen conexiones a internet distintas a las que usan otras unidades (“WiFi FEN”), privando del acceso a todo aquél que no sea de la comunidad, hace su propia publicidad en el espacio público y resistió hasta último momento la apertura de la “reja de Berlín”, nombre con el que es conocido el cerco que divide a esta facultad de la FAU.
Beauchef 851: el hito de la inequidad
Uno de los casos que refleja la desigualdad dentro de la Universidad de Chile es el de Ingeniería. La FCFM representa el 20 por ciento de la matrícula de estudiantes de la U y, por ende, maneja una alta cantidad de recursos. A tal nivel es el poder económico que esta unidad tiene, que fue capaz de convencer al Senado Universitario de hipotecar su propio edificio para construir el proyecto “Beauchef Poniente”, también conocido en la actualidad como “Beauchef 851”.
El proyecto, ubicado justo frente a su actual edificio, le costó 750 mil unidades de fomento –más de 18 mil millones de pesos– y promete financiarse con los aranceles de pregrado y posgrado, uno de los más altos después del de Medicina y Odontología, alcanzando los 4.8 millones de pesos anuales, además de los ingresos que percibe por concepto de investigaciones y consultorías, a través de organizaciones como el Idiem.
No obstante aquello, el edificio, con poco más de dos meses de inaugurado, ya cuenta con fallas importantes en los baños de los pisos subterráneos, donde estos se inundaron con aguas servidas, generando la molestia en la comunidad beauchefiana. Además, la inauguración fue el mismo día y a la misma hora en que también era presentado a la comunidad de Antumapu su gimnasio, que apenas era la remodelación de un galpón en desuso y financiado con fondos del Mineduc. Sólo el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles asistió al evento.
El outsourcing en la Chile
El problema más grave dentro de la Universidad de Chile, donde Beauchef es quien que lidera, es el subcontrato. Recientemente trabajadores de aseo y auxiliares, que están contratados bajo esta modalidad, se organizaron para demandar mejoras en sus condiciones, lo que derivó en el despido de varios de ellos por abandono de deberes.
Este tipo de contrato, cuya figura fue creada durante la dictadura cívico-militar, fue concebida como una solución rápida para las empresas con el fin de satisfacer necesidades temporales y específicas, pero en la actualidad esta figura es utilizada para contratar mano de obra barata y desligar responsabilidades laborales, aún cuando la legislación del trabajo, desde mediados de la década del 2000, responsabiliza solidariamente –en igualdad de condiciones– a la empresa subcontratista y a la que contrata los servicios.
Así, las administraciones de los campus y facultades contratan empresas de aseo o guardias privados para que éstas sean responsables de mantener los edificios y vigilar los inmuebles las 24 horas y los 365 días del año. No obstante, de acuerdo a los antecedentes que aparecen en Mercado Público, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas adjudicó a la empresa Ingetech S.A. los servicios de implementación de guardias de seguridad en los diversos edificios de la FCFM por un monto de 484 millones de pesos por un plazo de dos años, lo que significa que pagan por cada trabajador 630 mil pesos mensuales, cuando éste percibe sólo 300 mil de esa suma.
Situación similar ocurre en otros espacios, como Química, que entrega por trabajador a la empresa subcontratista 589 mil pesos al mes, cuando estos reciben 290 mil cada treinta días; Veterinaria, que cancela a Prodest 810 mil pesos por guardia; o Artes, que paga 505 mil pesos mensuales a la empresa contratista por cada vigilante del Museo de Arte Contemporáneo, cuando estos reciben como salario 280 mil pesos.
La decana que gana más que el Presidente
El caso del Campus Norte o “Salud” queda reservado para el final. Compuesto por las Facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Odontología y Medicina, concentra los casos más graves en cuanto a deudas e irregularidades dentro de la Universidad de Chile.
En Química, al igual que la FAU, el actual decanato ha restringido la realización de actividades de carácter extraacadémico. Además, posee un casino –el “Ricoffee”– que sólo puede recibir a un máximo de 30 personas en su espacio, aún cuando la Facultad alberga a más de 2000 personas entre estudiantes, funcionarios y académicos.
Para solucionar este problema, junto con Odontología armaron una comisión para hacer el casino de ésta última el de ambos espacios, dada su estrecha distancia, pero la licitación fue declarada desierta, ya que la única oferta que llegó no cumplió con las bases, por lo que se está a la espera de un nuevo llamado, sin perjuicio de una adjudicación directa.
En Odontología existen, además, problemas en torno al altísimo valor de los aranceles, que rondan los seis millones de pesos anuales: el más caro de la Universidad de Chile. Pero eso no es lo único. También tienen que costear sus propios implementos para utilizarlos en las clases prácticas, que tienen precios altísimos dada su escasez.
Lo más preocupante, sin embargo, pasa con las prácticas clínicas, donde los estudiantes tienen que competir en captar clientes que se atiendan en la Clínica Odontológica de la Facultad y financiar ellos mismos los tratamientos, si el paciente quedare con deuda, ya que es una condicionante para que el estudiante pueda aprobar los ramos prácticos.
A ello se suma la falta de personal en el nuevo servicio de esterilización de la Clínica Odontológica, unidad encargada de higienizar los implementos que los estudiantes utilizan en sus procedimientos y que, por su implementación deficiente, ha ocasionado atrasos en el avance clínico de los estudiantes e inconvenientes para los pacientes. Además de esto, el inicio de las sesiones preclínicas se ha visto afectada por el atraso de más de un mes en la entrega de los laboratorios, restringiendo considerablemente los tiempos de los estudiantes para aprobar los mismos requisitos de aprobación que años anteriores.
En Medicina la crisis económica se ve mezclada con el autoritarismo y la austeridad. Por un lado, la agrupación Línea Aborto Libre realizó una charla en la Facultad con la finalidad de explicar cuál es la realidad de la interrupción del embarazo en Chile, cuáles son las demandas de acuerdo a la legislación y cómo, de acuerdo a las herramientas disponibles, es posible realizarse un aborto con pastillas.
Esto último generó la polémica, puesto que organizaciones contra la interrupción del embarazo, autodenominados pro-vida, amenazaron con denunciar a las autoridades respectivas la situación por utilizarse a la Universidad de Chile como un medio para cometer delito. Así, los estudiantes y organizadores actuaron bajo la suposición que ello no tendría mayor relevancia, hasta que fueron notificados que el decano Manuel Kukuljan actuaría de sumario contra los convocantes. Hasta el cierre de esta investigación, estas amenazas no han sido concretadas.
Por otro lado, además de la deuda del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que asciende a 44 mil millones de pesos y que aún no puede ser solucionada frente al rechazo del Senado Universitario de aceptar el leaseback de la propiedad, la Facultad de Medicina absorbió una deuda producto de la cancelación de las “Tecnoaulas”. Este proyecto pretendía sanear el déficit de aulas, lo que iba de la mano con la contratación de académicos, lo que se financiaría con el aumento de la matrícula de la carrera de Enfermería.
Sin embargo, por decisión política del decano Kukuljan, la construcción del inmueble fue detenida, destinando los fondos existentes a la mejora de la infraestructura ya existente y las condiciones de los campos clínicos, que han dejado en su mayoría de ser de exclusividad para la Chile, en tanto priman los criterios económicos y el beneficio que reporta para el recinto de salud la intervención de una u otra universidad o instituto profesional.
Este déficit generado por el suspendido proyecto creado bajo el decanato de Sepúlveda ha tenido que ser solucionado con un aumento general de la matrícula de pregrado y fuertes recortes presupuestarios. Entre los reajustes hubo despidos de funcionarios de la Facultad, pese a las gestiones de la actual administración, que solicitó recursos a Servicios Centrales para evitar desvincular a más trabajadores.
Ha sido motivo de críticas también la remuneración que perciben las autoridades de la Facultad, dentro del contexto de los despidos: el decano y sus cercanos ganan sueldos que superan el promedio de lo que reciben sus pares en el resto de la Universidad de Chile. El escándalo estalló en 2011, tras la implementación de la ley de transparencia en la Casa de Bello, cuando la opinión pública supo que la entonces decana Cecilia Sepúlveda llegó a ganar 10.5 millones de pesos mensuales, superando, en el mismo mes, el salario del Rector Víctor Pérez –8.7 millones de pesos– y del Presidente de la República –7.7 millones–. Actualmente el decano Kukuljan percibe una dieta de ocho millones de pesos, mientras que el Rector Ennio Vivaldi y la Presidenta de la República, diez millones.
*Rectificación del autor: – El artículo originalmente habló sobre el supuesto caso de contaminación cruzada de agua potable con aguas servidas en la Facultad de Filosofía y Humanidades. El informe del Dictuc de la Universidad Católica de Chile, publicado a la comunidad a través del sitio web de la facultad este martes 12 de abril, concluyó que no había presencia de coliformes fecales en el agua potable, quedando descartada la contaminación cruzada. – En la Facultad de Artes el problema con los estudiantes del “ciclo básico” fue solucionado en 2013 por el Senado Universitario. El autor reconoce el error al omitir este antecedente en la redacción del artículo. Además, en la bajada se hacía alusión a la caída “libre” del ascensor: éste descendió los ocho pisos a velocidad normal con las puertas abiertas, activándose los frenos de emergencia en el piso -1, lo que produjo la lesión de las afectadas. – En la Facultad de Medicina, fueron agregados al artículo el detalle de los hechos que rodearon a la cancelación del proyecto “Tecnoaulas”. |