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Año XI, 15 de octubre de 2019

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Consejo Nacional de la Infancia compromete presentar ley de protección integral en agosto

Chile carece de una ley integral que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. La situación, que genera críticas internacionales, sería solucionado en agosto, cuando el Consejo liderado por Estela Ortíz presente el documento que, entre otras cosas, incluirá la figura de un defensor de la infancia.

Paula Campos

  Miércoles 20 de mayo 2015 17:31 hrs. 
primera infancia

La situación de la infancia es un tema pendiente en el país. Chile está en deuda con sus niños, niñas y adolescentes, parece ser el diagnóstico común de todos quienes trabajan en el área, principalmente porque junto a Panamá, son los únicos países en el continente, carentes de una legislación de protección integral a su condición de niños.

Por ello, y como parte de los compromisos de gobierno de Michelle Bachelet, se creó el Consejo Nacional de la Infancia con el mandato expreso de generar una Ley de Garantía Universal de los Derechos de la Niñez. A cargo de la labor, se puso a Estela Ortiz, educadora de párvulo y amiga personal de la Mandataria.

Los meses han pasado desde el establecimiento de la institución, tanto que todo hacía presagiar que uno de los anuncios de este 21 de mayo iba a ser la anhelada ley. Sin embargo, la Secretaria Ejecutiva confirmó que eso no pasará hasta agosto, momento en que será presentado el documento en el Parlamento.

Uno de los adelantos informador por Ortiz tiene que ver con la creación del cargo de defensor de la infancia, una magistratura unipersonal de persuasión, cuyo fin es poder enfrentar y velar por las reales necesidades de esta población.

Para Unicef es claro, Chile necesita una ley para, por ejemplo, ser capaz de medir qué inversión está haciendo en infancia para monitorear e identificar dónde están los problemas que afectan a los niños. Esto, porque el país carece de información precisa de la caracterización precisa de los niños que son objeto de medida de protección por parte de los tribunales de familia; además de los que son objeto de una medida o procedimiento penal.

La ausencia de estas políticas dificulta el pleno cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por este motivo, Chile ha sido criticado internacionalmente. Por ejemplo, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Marta Santos País, quien afirmó en una visita a Chile que “en este momento es muy importante garantizar que en una ley se podría reconocer que cada niño tiene derecho a reconocimiento de una persona con protección por la ley, una persona que tiene derecho a su identidad, a un nombre, relaciones familiares, a la nacionalidad; un niños que tiene derecho a una educación de calidad, a un sistema de salud que pueda prevenir situaciones importantes y que también pueda proteger contra malos tratos”, pensamiento al que también adhiere Unicef.

Nicolás Espejo, consultor del Área de Protección Legal de Unicef Chile, insiste en que Chile posee los dineros y la institucionalidad pública capaces de establecer el mejor sistema de protección integral de los derechos de la infancia en América Latina y el Caribe. En su opinión, el problema es que la infancia se ve como la necesidad de hacerse cargo de “cierto tipo de niños”, pero en ausencia de una preocupación por el total de la población.

Otra de las dificultades, según explica Espejo, es que el Estado debe redefinir su relación con los niños, incluyéndolos en debates como nueva Constitución y cómo deberían ser incluidos en ella. Además, entre las debilidades del sistema nacional estaría la segregación y calidad de la educación, la oferta en salud mental, la tasa de embarazo adolescente y la falta de especialización del sistema de justicia.

Desde la red de Infancia y Juventud en Chile, comparten los preceptos de la necesidad de establecer la normativa. Nury Gajardo, miembro del equipo de La Caleta, calificó de “incomprensible” la situación que se da en el país. Principalmente porque la deuda de Chile con los niños y niñas impide que éstos sean tratados como verdaderos sujetos de derecho, tal como lo señala la Convención, remitiéndolos a objetos de atención puntual únicamente cuando representan un problema para la sociedad.