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Año XIV, 18 de enero de 2022

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Caso Martelli pone a prueba conducción política del Gobierno

Ad portas de la declaración que el ex operador político de la Concertación, Giorgio Martelli realizará en la Fiscalía, analistas políticos critican la estrategia que el Ejecutivo ha adoptado frente a las filtraciones sobre este caso, y emplazan a la Presidenta Bachelet a enfrentarlas de manera directa para terminar con estos conflictos.

Gonzalo Castillo

  Miércoles 27 de mayo 2015 0:25 hrs. 
consejo de gabinete


Se espera que este miércoles, el ex operador político y recaudador de fondos de las campañas presidenciales de la Concertación, Giorgio Martelli preste declaración en el Ministerio Público en el marco de la investigación por la emisión boletas ideológicamente falsas a SQM Salar, y por haber recibidos pagos desde la misma minera no metálica; Celulosa Arauco; Copec, entre otros, por un monto de $480 millones

Además, se investigan los pagos hechos por la empresa de Martelli, Asesorías y Negocios SpA, a una serie de personas entre 2012 y 2013 que luego pasaron a ser altos funcionarios de Gobierno, entre otros al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, así como Héctor Cucumides, Flavio Candia y Robinson Pérez, todos cercanos a Peñailillo y miembros del llamado G-90 del PPD, a quienes Martelli les pagó más de 300 millones de pesos, lo que abrió el debate en el mundo político sobre la posibilidad que estos dineros hayan servido para financiar la pre campaña de la Presidenta Bachelet.

Desde el Gobierno, en palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos negaron que se hayan realizado procedimientos para recaudar fondos antes del inicio oficial de la campaña de Michelle Bachelet en marzo de 2013: “Todo indica que en ese periodo aparentemente algunas personas, usando el nombre de la Presidenta de la República, establecieron fórmulas de recaudación”, indicó el jefe de Gabinete.

Mientras que el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz reforzó esta tesis al señalar que “la Presidenta Michelle Bachelet no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio de fondos para ninguna campaña. Ella tomó su decisión en marzo de 2013 y a partir de ese momento se inician los trabajos de organización del esfuerzo electoral. Lo que haya ocurrido antes no le corresponde ni al gobierno, ni a la Presidenta Bachelet explicarlo”.

Para Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP, en el caso que se demuestre que la empresa de Martelli tenía como objetivo la recaudación de fondos para la campaña de Michelle Bachelet, señaló que los más perjudicados serían justamente los cercanos al ex jefe de Gabinete, y es a él a quien el Gobierno podrá achacarle toda la responsabilidad sobre esta situación.

“Me da la impresión de que el círculo más estrecho de Peñailillo, particularmente la gente que estaba en La Moneda, podría salir más salpicada aún. ¿Cúal es la ventaja para el Gobierno y para la Nueva Mayoría?, que Peñailillo ya está fuera, por lo tanto el ataque o el endosarle la responsabilidad a él sale a costo cero”.

Misma impresión tiene el cientista político Tomás Duval, quien hace hincapié en que muchos de quienes recibieron pagos de Martelli, fueron miembros del comando presidencial de Bachelet, y luego pasaron a ocupar funciones en cargos de la Administración Pública, por lo que las eventuales declaraciones del ex operador podrían salpicar a más personas del Ejecutivo.

“Los listados son de personas que ocupan cargos ministeriales, ocuparon cargos de ministros, hasta asesores o jefes de gabinete que todavía continúan en el Estado, o directores de servicio en algunos casos. Por lo tanto uno puede decir que aquí esto va a explotar, claro, porque si es esa la magnitud y puede haber más, claramente apunta al ex comando presidencial. Ese es el centro de la preocupación. Muchos de los que trabajaron en el comando, están trabajando en el Ejecutivo, todavía”.

Por su parte, el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Chile, Carlos Huneeus criticó la estrategia que ha utilizado el Gobierno para hacer frente a estos problemas, misma que utilizara la Concertación, es decir el dejar que este tipo de conflictos fueran resueltos por operadores políticos que los desactivaban, pero sin enfrentarlos directamente.

“La Nueva Mayoría, que es heredera de la Concertación, subcontrató, por así decirlo, todos los manejos de crisis en algunos operadores que eran unos sabios, que tenían la capacidad de resolver los problemas. Una parte de esos problemas se metían debajo de la alfombra, y otros problemas no se arreglaban. Y así fuimos cayendo de tumbo en tumbo, entonces no hay una tradición de resolver los conflictos, de enfrentarlos, de asumirlos y de buscar soluciones. Se dejan estar y se van respondiendo a medida que va apareciendo cada uno de ellos, entonces eso le produce un daño feroz a la política y a los políticos. Feroz”.

Así como Huneeus, Morales y Duval coinciden en que la Nueva Mayoría debe ser capaz de enfrentar estas irregularidades, para lo cual es necesario que la Presidenta Bachelet imponga su liderazgo y dé un golpe de timón que signifique cortar de raíz estos conflictos.

“Esto se pudo haber finiquitado y cerrado desde un inicio de manera muy sencilla: diciendo la verdad. Hay un período de pre campaña. En esa pre campaña los candidatos arman equipos. Es falso lo que dice Quintana respecto de que los candidatos, una vez que declaran esas candidaturas, y que prácticamente la inscriben en el Servel, entonces luego de eso se arman los equipos. Eso nadie lo va a creer”, sostiene Mauricio Morales.

Por su parte, Tomás Duval señala que las revelaciones que día a día se van realizando, no ayudan a generar una imagen de conducción política clara en el Ejecutivo: “Todo es cosa de que van cayendo uno a uno, se van sabiendo de a poco, y creo que eso no ayuda. Y todos los días es una cosa distinta. Creo que no hay una línea de conducción, yo esperaba aquí una línea de conducción que todavía no se ha notado”.

Finalmente, para Carlos Huneeus los casos de irregularidades que han afectado a la clase política en general, seguirán incrementándose por lo que es necesario que Michelle Bachelet imponga los estándares de probidad necesarios que signifique eliminarlas.

“Hay demasiados casos, demasiados involucrados. El senador (Jorge) Pizarro, los de la UDI, el señor Marcelo Rozas que es un operador de Gutenberg Martínez, etc. Es mucha gente la que está involucrada, seguramente van a salir más adelante socialistas. Esto es una bola de nieve. Entonces aquí hay un punto en que la Presidenta tiene que tomar el sartén por el mango. La veo muy ajena a esta situación, y aquí la conducción la tiene que dar la Presidenta”.