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Año XI, 22 de agosto de 2019

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Pescadores han reunido más de 22 mil firmas para anular la Ley de Pesca

La Fiscalía Oriente comenzó la investigación para determinar posibles delitos de cohecho y financiamiento irregular a parlamentarios que participaron en la votación de la ley de pesca, más conocida como ley Longueira. Por su parte, los pescadores buscan los métodos y recolectan firmas para lograr anular la legislación.

Andrés Ojeda

  Miércoles 27 de mayo 2015 17:17 hrs. 
yopesco

La mira de la Fiscalía Oriente ahora se centra en los posibles episodios de cohecho que pudieron influir en la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Pesca, donde, hasta ahora, se sabe que existen dos ex parlamentarios investigados: la ex diputada Marta Isasi y el senador de la UDI Jaime Orpis.

Sin embargo, los pescadores creen que ellos dos no son los únicos que recibieron aportes de empresas que se vieron beneficiadas con la promulgación de esta legislación que  entrega a perpetuidad  los derechos de captura de los peces a 7 familias que forman los conglomerados Corpesca S.A, Orizon S.A y South Pacific Korp S.A

Por ello, el vocero nacional del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep) Hernán Machuca, cree necesario que la investigación de la Fiscalía indague la posible participación de otras compañías que pudieron financiar a parlamentarios en otras regiones del país.

Como antecedentes que deben sumarse a la causa, el dirigente de la pesca artesanal Hernán Machuca, considera relevante la participación que tuvieron como asesores del diputado UDI Jorge Ulloa, el gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) Luis Felipe Moncada y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca),  Héctor Bacigalupo, lo que vincularía a Ulloa como un posible receptor de financiamiento irregular de estas entidades.

Misma sensación tiene el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien sostiene que existirían varios parlamentarios de la región del Biobío involucrados en este caso.

“No me cabe la menor duda que al menos en la VIII Región mucho de eso existió, es decir, que hay parlamentarios involucrados en recibir algún tipo de financiamiento para campañas ya sea de aportes reservados que, por lo demás, está permitido. Lo que hay que investigar es sí con posterioridad, tal como ocurrió con Orpis e Isasi, habrían recibido otro tipo de estipendió a fin de que votaran favorablemente la Ley de Pesca. Son temas que tienen que ser investigados, yo creo que cada uno tiene que cumplir su rol”.

Gutiérrez, sostuvo que es necesario que la investigación avance y determine la responsabilidad penal del ex ministro de economía de la época y ex candidato de la Alianza Pablo Longueira. “La responsabilidad penal de Longueira es esencial investigarla y ver si asesores de él en el Ministerio de Economía habrían recibido algún tipo de financiamiento de parte de estas 7 familias. Yo creo que ahí sería vital investigar esas circunstancias porque ahí se comienza a desatar el nudo principal que es que un gobierno como el de Piñera se tuvo como objetivo privatizar la biomasa marina para entregársela a estas siete familias de industriales pesqueros, y quien estuvo a la cabeza de esta privatización fue Longueira”, dijo el diputado pidiendo que se anule la legislación.

En conversación con Patricio López en el Tema del Día, el diputado comentó que es momento de intentar plantear a la Nueva Mayoría anular la ley: “No es fácil, es una legislación ícono del dinero”, dijo.

Finalmente, los pescadores artesanales aseguraron que el proceso de recolección de 300 mil firmas para solicitarle a la presidenta Michelle Bachelet que derogue la Ley de Pesca está muy avanzado (más de 22 mil) y que este jueves y viernes se reunirán en Puerto Montt para definir las siguientes estrategias donde no descartan movilizaciones sobre esta materia, dando libertad a que cada región se manifieste de la forma que estime conveniente.

El objetivo es derogar la ley Longueira

Los pescadores artesanales buscan que la Ley Longueira o Ley de Pesca, sea derogada, para eso iniciaron un proceso de recolección de 300 mil firmas para ser presentadas a la presidenta Michelle Bachelet para evidenciar el descontento ciudadano por cómo se promulgo esta legislación que es calificada como la punta del iceberg de la relación de la política con el dinero.

Basado en la tesis de que existió cohecho y soborno por parte de empresas ligadas a la industria pesquera, como Corpesca, el abogado querellante en el proceso contra Marta Isasi, Cristián Cruz cree que es posible que esta legislación pueda ser derogada o anulada.

Cruz agrega que deben existir parlamentarios ligados a la Concertación implicados en posibles sobornos en la tramitación de la ley Longueira, debido al apoyo que tuvo esta ley en el Congreso. “No es descartable que aquí hayan parlamentarios y personeros de otros conglomerados, y con eso en lo personal estoy pensando en la Concertación, la verdad que sería difícil suponer a esta altura que una ley, como la Ley Longueira se aprobó sin la anuencia oscura de parlamentarios a la época de la Concertación, de algunos, no de todos”.

Uno de los argumentos que se estudian para lograr la derogación de la normativa se basa en la teoría del árbol viciado, es decir la comprobación de que una determinada legislación nació fruto de la concreción de un delito, que serían los posibles casos de sobornos a parlamentarios que está siendo investigado por la Fiscalía Oriente.