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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Nueva condena contra la DINA incluye reparación para la familia de las víctimas

Carlos Arias

  Viernes 29 de mayo 2015 15:27 hrs. 
"Mamo" Contreras

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Este jueves tuvieron lugar en la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos relativos a la sentencia que el ministro en visita Leopoldo Llanos dictó contra Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los agentes encargados de desaparecer al enemigo interno.

La sentencia condena a presidio perpetuo a Manuel Contreras y establece entre 10 y 20 años tras las rejas para el mando operativo del aparato represor de la dictadura de Pinochet, por el secuestro calificado de 19 detenidos que pasaron por Villa Grimaldi y el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

Para el abogado Nelson Caucoto lo relevante de la sentencia dictada por Llanos es que acoge “en toda su magnitud el concepto de justicia, porque esclarece los hechos, aplica la sanción penal y también otorga reparación”. “Junto con establecer los hechos de la causa, se aplican sanciones altas, pero al mismo tiempo también se está fijando reparación para la familia de las víctimas. El tema de la reparación ha sido bastante discutido puesto que no siempre se ha reconocido que la gente tenga derecho a ser reparada por el daño ocasionado”

Por su parte, la abogada Magdalena Garcés expresó que “se trata de una sentencia importante porque aplica penas a los principales oficiales a cargo de la labor represiva de la DINA, tanto en Villa Grimaldi, como en otros recintos de detención”.

La jurista dijo que “es una sentencia que si bien no abarca todos los funcionarios y agentes que pudieron tener responsabilidad en los secuestros, si por lo menos establece las principales responsabilidades de los oficiales y mandos que ejercían funciones operativas, que son responsables de los secuestros”.

Asimismo, cabe consignar que el ministro Leopoldo Llanos acogió las demandas civiles interpuestas  en contra del Fisco y determinó indemnizaciones por concepto de daño moral que fluctúan entre 50 y 150 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

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