Difíciles han sido las últimas semanas para el senador Jaime Orpis. El gremialista ha estado en el centro de las críticas, producto del dinero que recibió por parte de empresas pesqueras para financiar sus deudas políticas.
Las declaraciones del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, dejaron en evidencia el pago que hacía la empresa al legislador. Ante la justicia que investiga a las empresas del sector y su relación con los parlamentarios de la Comisión de Pesca, el ejecutivo reveló que Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes se desempeñaban como asesores de Orpis, emitieron boletas a la pesquera por trabajos que no realizaron.
Además de esto, Mujica confirmó que la empresa ayudaba con 2 millones mensuales al representante de Arica y Parinacota.
Todos estos antecedente eran reclamados por los pescadores artesanales, quienes por estos días realizan una campaña de recolección de firmas para exigir que se derogue la Ley de Pesca, por haber sido votada en un Parlamento cooptado por las empresas del rubro.
En ese escenario, el silencio de Orpis era insostenible. Después de varios días alejado de los micrófonos, el UDI reconoció el pago de esos dineros: “Se generalizó una manera irregular de financiamiento, de la que lamentablemente no pudimos abstraernos”, dijo a El Mercurio.
También dijo que reconoce el haber solicitado este apoyo económico, pero que desmiente “categóricamente que ello haya influido en la manera en que ha votado y actuado en su vida parlamentaria”, agregó en defensa a las críticas que los pescadores han hecho por la aprobación de la Ley de Pesca que tan complicado tiene al sector.
¿Cuál es el problema de fondo?, se preguntó Orpis en su declaración: “Que la política y el servicio público necesitan financiamiento, y quienes no tenemos dinero personal para ello, debemos pedirlo para cubrir ese nivel de gasto”.
Difíciles han sido las últimas semanas para el senador Jaime Orpis. El gremialista ha estado en el centro de las críticas, producto del dinero que recibió por parte de empresas pesqueras para financiar sus deudas políticas.
Las declaraciones del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, dejaron en evidencia el pago que hacía la empresa al legislador. Ante la justicia que investiga a las empresas del sector y su relación con los parlamentarios de la Comisión de Pesca, el ejecutivo reveló que Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes se desempeñaban como asesores de Orpis, emitieron boletas a la pesquera por trabajos que no realizaron.
Además de esto, Mujica confirmó que la empresa ayudaba con 2 millones mensuales al representante de Arica y Parinacota.
Todos estos antecedente eran reclamados por los pescadores artesanales, quienes por estos días realizan una campaña de recolección de firmas para exigir que se derogue la Ley de Pesca, por haber sido votada en un Parlamento cooptado por las empresas del rubro.
En ese escenario, el silencio de Orpis era insostenible. Después de varios días alejado de los micrófonos, el UDI reconoció el pago de esos dineros: “Se generalizó una manera irregular de financiamiento, de la que lamentablemente no pudimos abstraernos”, dijo a El Mercurio.
También dijo que reconoce el haber solicitado este apoyo económico, pero que desmiente “categóricamente que ello haya influido en la manera en que ha votado y actuado en su vida parlamentaria”, agregó en defensa a las críticas que los pescadores han hecho por la aprobación de la Ley de Pesca que tan complicado tiene al sector.
¿Cuál es el problema de fondo?, se preguntó Orpis en su declaración: “Que la política y el servicio público necesitan financiamiento, y quienes no tenemos dinero personal para ello, debemos pedirlo para cubrir ese nivel de gasto”.
Difíciles han sido las últimas semanas para el senador Jaime Orpis. El gremialista ha estado en el centro de las críticas, producto del dinero que recibió por parte de empresas pesqueras para financiar sus deudas políticas.
Las declaraciones del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, dejaron en evidencia el pago que hacía la empresa al legislador. Ante la justicia que investiga a las empresas del sector y su relación con los parlamentarios de la Comisión de Pesca, el ejecutivo reveló que Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes se desempeñaban como asesores de Orpis, emitieron boletas a la pesquera por trabajos que no realizaron.
Además de esto, Mujica confirmó que la empresa ayudaba con 2 millones mensuales al representante de Arica y Parinacota.
Todos estos antecedente eran reclamados por los pescadores artesanales, quienes por estos días realizan una campaña de recolección de firmas para exigir que se derogue la Ley de Pesca, por haber sido votada en un Parlamento cooptado por las empresas del rubro.
En ese escenario, el silencio de Orpis era insostenible. Después de varios días alejado de los micrófonos, el UDI reconoció el pago de esos dineros: “Se generalizó una manera irregular de financiamiento, de la que lamentablemente no pudimos abstraernos”, dijo a El Mercurio.
También dijo que reconoce el haber solicitado este apoyo económico, pero que desmiente “categóricamente que ello haya influido en la manera en que ha votado y actuado en su vida parlamentaria”, agregó en defensa a las críticas que los pescadores han hecho por la aprobación de la Ley de Pesca que tan complicado tiene al sector.
¿Cuál es el problema de fondo?, se preguntó Orpis en su declaración: “Que la política y el servicio público necesitan financiamiento, y quienes no tenemos dinero personal para ello, debemos pedirlo para cubrir ese nivel de gasto”.
