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Parlamentarios piden aclarar vínculos de Presidente de Alta Dirección Pública con SQM

Los nexos de Julio Ponce Lerou no sólo se limitan a actores del mundo político. Si bien está en plena investigación, el trascendido vínculo contractual entre el presidente del Sistema de Alta Dirección Pública y reconocido socialista, Rodrigo Egaña con SQM incrementó la desconfianza en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Paula Correa

  Jueves 4 de junio 2015 0:14 hrs. 
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Se siguen conociendo aristas del caso SQM que golpean al Gobierno. Esta vez fue el turno del Presidente de la Alta Dirección Pública (ADP), Rodrigo Egaña quien reconoció haber gestionado asesorías a SQM por parte de la sociedad Sur Profesionales Consultores, una de las 24 empresas incorporadas en la denuncia que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la Fiscalía por boletas falsas.

Desde el Gobierno, rápidamente intentaron desvincularse del caso. El vocero, Marcelo Díaz, sostuvo que el funcionario de filiación socialista ya dio una declaración, y que “si hay algo que aclarar le corresponde a cada una de las personas hacerlo”. De hecho, Egaña reconoció que fue el puente entre la Consultora Sur y Soquimich, pero descartó una vinculación mayor con la minera no metálica.

Esta respuesta no dejó conforme a algunos parlamentarios que, sin conocer mayores detalles del caso, llamaron a aclarar la situación. El diputado del partido liberal, Vlado Mirosevic, integrante de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja indicó que le parece que Egaña debe dar una explicación más profunda, que se continúe con la investigación hasta el final, y en el caso de que esté comprometido con boletas ideológicamente falsas, debiera dar un paso al costado.

Según afirmó el diputado, debe darse esta señal ante la necesidad de no comprometer la promesa del Estado de asegurar a la ciudadanía una alta probidad y transparencia en la selección de sus direcciones. Esto, pese a que ya han emanado varias críticas al sistema, cuando se observa que muchos directores nombrados de forma “provisoria” se extienden más de lo debido en sus cargos y, muchas veces, son ratificados dejando desierto el concurso público.

Con esto se observa que los casos Penta-SQM no sólo alcanzan a la clase política, sino que también están calando en las jefaturas de toda índole, agravando el escenario de desconfianza cuando se proyectan elecciones para los años 2016 y 2017 en las que pena el fantasma del abstencionismo, más aún con voto voluntario.

Sobre esto se pronunció el ex presidente de la Izquierda Ciudadana, el diputado Segio Aguiló, para quien un escenario de baja participación “es un riesgo serio, porque generaría una falta de legitimidad brutal del sistema político”, pero indicó que hay tiempo suficiente “para hacer leyes que cambien radicalmente la situación”.

El parlamentario añadió que, de una desgracia como ésta, puede surgir algo positivo si trabajan conscientes y presionados, en el buen sentido de la palabra, por la ciudadanía y los medios de comunicación.

El diputado también realizó una autocrítica como sector al señalar que la centro-izquierda está en una crisis profunda debido al “despropósito ético gigantesco” que implica acudir al ex yerno de Augusto Pinochet para financiar su proyecto político.

Además, dijo, se excusan en la existencia de “vacíos legales” que no existen. “Es evidente que en la Ley Tributaria hay una distinción ente las boletas y facturas normales y las ideológicamente faltas”.

En ese sentido ambos parlamentarios afirmaron que “debe salir toda la verdad a la luz”, y seguirán trabajando en el Congreso Nacional para normar la situación.

Sin embargo, María Jaraquemada, investigadora de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa que dirige la Justicia, advirtió que las iniciativas que presentó la mandataria siguen siendo insuficientes para solucionar la crisis, ya que las propuestas del Consejo Anticorrupción eran bastante más de lo que, al final, se materializó en las iniciativas de ley.

La especialista indicó que deberían evaluarse las iniciativas que quedaron fuera de las regulaciones propuestas, e incluso que las medidas deberían extenderse a otros sistemas, como el de municipios, ya que urge contar con estructuras sólidas, reconocidas y validadas por la ciudadanía como transparentes.

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