Juan Pablo Cárdenas conversó con la economista, académica y miembro del directorio de Espacio Público, Andrea Repetto, sobre los episodios de corrupción y de la necesidad de fortalecer las fiscalizaciones al ámbito empresarial (escuchar audio). La académica, que también fue miembro del consejo asesor anticorrupción, más conocido como Comisión Engel, evaluó estas instancias de asesoría de manera positiva, por las propuestas que desde ahí se desprenden.

En medio de la crisis que vive el país, hay diferentes aspectos que han salido a la palestra. Uno de ellos, las deficiencias que se dan en el ámbito de la fiscalización de las relaciones entre las empresas y el rol del Estado en la revisión de dichos comportamientos.

En este sentido, la economista explicó que una de las conclusiones a las que se llegó en la Comisión Engel es que el Estado actúa débilmente en esta materia. Por ello, se hace fundamental dotar de mayores recursos y herramientas a las instituciones responsables de llevar adelante la tarea de fiscalizar, como la Superintendencia de Valores y Seguros, explicó.

Algunas de las señales que hablan de estas carencias son la imposibilidad que tienen instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la citada superintendencia para intercambiar o cruzar información. De estar permitido, se podrían llevar adelante investigaciones tales como la demanda contra Juan Bilbao por parte de la Securities and Exchange Commission (SEC) que se hizo en Estados Unidos. Para Andrea Repetto, no es que el Superintendente no se haya dado cuenta de la situación, el problema es que no cuenta con las herramientas necesarias para perseguir aquellas conductas que le parezcan investigables.

Sin embargo, fue clara en señalar que si “uno les quiere dar más herramientas, se necesita que se usen con mucha responsabilidad. Para asegurarse que esto se haga con total independencia, con autonomía, es necesario que las autoridades sean también independientes”. Por ello, la Comisión Engel también propone que estas nuevas capacidades aseguren el derecho a las personas, por ejemplo, a través de gobiernos colegiados, tal como pasa en el Banco Central.

Entonces, para el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras sería fundamental revisar el nombramiento de las autoridades, en el sentido que si es el Presidente quien lo elije, la aprobación del Senado pase por audiencias públicas que eviten los nombramientos políticos. También, sobre las remociones,  que exista un tercero (Corte Suprema), que vele por que se destituya a quien no hace su trabajo, para impedir que la salida de funcionarios de las instituciones fiscalizadoras dependa de otro tipo de razones.

Entre las controversias que arroja el dotar de mayores herramientas de fiscalización aparece la posibilidad de intervenir los correos electrónicos. En ese sentido, la profesora de la Universidad Adolfo Ibañez señaló que es necesario que dichas acciones cuenten con permisos, con juez que valide que, efectivamente, que hay información a corroborar. Igualando las posibilidades que hoy tiene el Ministerio Público.

Informantes

Andrea Repetto habló de los informantes. De la necesidad que se legitime la figura del delator que cuente con una protección especial. Si bien indicó que la medida no contó con apoyo unánime al interior de la Comisión Engel, rescató la importancia del “tercero que se entera de algo y quiere hacer una denuncia” por medio de instituciones como Contraloría. Además, recalcó que existen diferencias entre ese grupo y la figura de delación compensada o cooperación eficaz. Este último se entiende como un mecanismo que permitiría, por ejemplo, desarmar carteles colusivos, al ser este delator una persona que ha sido testigo fundamental del hecho que denuncia.

Una tercera forma sería la posibilidad de la autodenuncia. Es decir, cuando un participante de la acción quiere confesar el ilícito. Situaciones como éstas se han dado en el destape de casos como Penta y Caval. “Es necesario poder reducir las penas a quienes colaboran efectivamente con la información”, dijo, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y reducción de sanciones, principalmente porque “es necesario desbaratar los casos. Poder cobrar multas acorde a los daños y, eventualmente, que los ejecutivos pasen un rato en la cárcel, para que deje de suceder”, enfatizó.

Sanciones

En Chile, las sanciones para estos fraudes terminan siendo de carácter administrativo. En el que se calculan que las pérdidas por concepto de multas son menores a lo recaudado en la trampa.

Por ello, la economista reconoció que es necesario reestablecer las penas de cárcel y elevar los castigos económicos. “El problema de la multa en Chile es real. Las multas no son suficientemente altas para disuadir, tampoco guardar relación con el daño. Es muy malo que sea un buen negocio saltarse las reglas básicas de buen comportamiento en los mercados. Pero, tampoco, son multas que paguen las personas, las pagan las empresas. Lo que  se necesita es que la persona misma que hace el trabajo de coludirse, responda”.

Financiamiento a la política

Para la académica, es necesario reconocer que no solo falta una fiscalización fortalecida desde el Estado, sino también lo que pasa en los controles internos: “Las mismas empresas deberían tener mayor transparencia en sus decisiones de financiar la política, por ejemplo, o hacer donaciones. ¿Dono porque me gusta este proyecto o porque hay un senador?, ¿es una donación o una inversión para tener leyes más favorables a mi persona?”, recalcó haciendo énfasis en la transparencia.

Por eso, Andrea Repetto indicó que de forma mayoritaria, pero no unánime, la comisión Engel propone prohibir el financiamiento hacia los partidos políticos y todos estos mecanismos externos desde dónde se utilizan dineros como las fundaciones que dirigen las familias de los políticos.

En ese sentido, y para evitar situaciones tales el caso SQM, donde Julio Ponce Lerou ha entregado dineros a todos los sectores políticos, impedir que exista flujo de dinero entre el empresariado y la política.

Al final, y en medidas más cercanas a la ética y la formación empresarial, es necesario que en las bases curriculares se les enseñe normas de comportamiento. Por eso, la economista recalcó como fundamental que los colegios evalúen qué ciudadanos se están formando y se tomen las medidas para fortalecer este traspaso de valores.