Con alambres y piedras arreglan algunos choferes del Transantiago los sillones donde van a pasar largas horas del día conduciendo sin llegar a una garita donde poder descansar un par de minutos o para, por lo menos, ir al baño.
Son algunas de las precarias condiciones que los choferes de la empresa Express denuncian y que demandan sean cambiadas por la compañía que aseguran recibe millonarios recursos de parte del Estado para sus operaciones.
Pero, a pesar de los problemas de los trabajadores y la nula respuesta de las autoridades que sostienen que se trata de un asunto entre privados, el propio Gobierno empujó una querella contra 12 choferes que el viernes protestaron en las vías del Metro de Santiago para llamar la atención sobre sus demandas.
La querella donde se pide aplicar la Ley de Seguridad del Estado es rechazada por los dirigentes, quienes piden soluciones y no represión.
Así lo explicó la presidenta de uno de los sindicatos en huelga, Gabriela Alegría, quien dice que sus compañeros “no son delincuentes, no son como los del caso Penta que roban millonadas. Son trabajadores comunes y corrientes. El Estado ha puesto muchos peros. Tenemos más que claro que aquí el Estado está confabulado con la empresa, porque esta empresa se ha enriquecido de una forma y cuando llegamos a negociar nos dicen que están en números rojos, que están mal, que la empresa no va bien”.
La dirigenta sindical agregó que la empresa se ausenta incluso de las reuniones con los representantes de la Dirección del Trabajo, dilatando así una solución con el objetivo de llegar al mes de septiembre para obligar a que se apliquen los mismos convenios que propone bonos para mejorar los salarios, los que la representante asegura que son inalcanzables.
Gabriela Alegría insistió en que Express recibe significativos recursos estatales, mientras ellos perciben precarios salarios.
“Nosotros no exigimos grandes millonadas, sino que lo único que le exigimos a la empresa es un sueldo digno y que respete la normativa legal vigente, a lo cual la empresa se negó rotundamente. Ellos dijeron que si sentaban a las otras operadoras del Transantiago a firmar las normativas legales, ellos lo iban a hacer, pero ellos llevan más de 10 años funcionando y jamás han cumplido con las normativas. Es por eso que hasta el día de hoy ellos tenían convenios, nunca han hecho una negociación colectiva reglada”, subraya la representante.
La querella del Gobierno por Ley de Seguridad del Estado fue rechazada por el abogado de los trabajadores acusados en la denuncia, Rodrigo Román, quien sostiene que esto es además una señal para otros movimientos sociales.
“Esa decisión política más bien parece una bravuconada o una fanfarronería de parte del poder que, en el fondo lo que hace es agudizar la criminalización de la disidencia y de la protesta social”, comentó Román.
El abogado agregó que “la utilización de la Ley de Seguridad del Estado en contra de los movimientos sociales es un hecho inédito, al menos en las últimas décadas. Es el primer caso en que se ocupa en contra de un movimiento social en lucha. Y claro, se corta el hilo por lo más delgado porque esta vez son los trabajadores”.
Hasta el miércoles tiene el Gobierno para apelar a la resolución del tribunal que revisó la querella contra los 12 trabajadores del Transantiago acusados por atentar contra la seguridad del Estado, ya que en el Ejecutivo esperaban que los funcionarios quedaran en prisión preventiva, como afirmaron las propias autoridades de La Moneda.
La medida es excesiva, agregó el abogado de los trabajadores, mientras los operarios aseguraron que mantendrán sus movilizaciones.
Con alambres y piedras arreglan algunos choferes del Transantiago los sillones donde van a pasar largas horas del día conduciendo sin llegar a una garita donde poder descansar un par de minutos o para, por lo menos, ir al baño.
Son algunas de las precarias condiciones que los choferes de la empresa Express denuncian y que demandan sean cambiadas por la compañía que aseguran recibe millonarios recursos de parte del Estado para sus operaciones.
Pero, a pesar de los problemas de los trabajadores y la nula respuesta de las autoridades que sostienen que se trata de un asunto entre privados, el propio Gobierno empujó una querella contra 12 choferes que el viernes protestaron en las vías del Metro de Santiago para llamar la atención sobre sus demandas.
La querella donde se pide aplicar la Ley de Seguridad del Estado es rechazada por los dirigentes, quienes piden soluciones y no represión.
Así lo explicó la presidenta de uno de los sindicatos en huelga, Gabriela Alegría, quien dice que sus compañeros “no son delincuentes, no son como los del caso Penta que roban millonadas. Son trabajadores comunes y corrientes. El Estado ha puesto muchos peros. Tenemos más que claro que aquí el Estado está confabulado con la empresa, porque esta empresa se ha enriquecido de una forma y cuando llegamos a negociar nos dicen que están en números rojos, que están mal, que la empresa no va bien”.
La dirigenta sindical agregó que la empresa se ausenta incluso de las reuniones con los representantes de la Dirección del Trabajo, dilatando así una solución con el objetivo de llegar al mes de septiembre para obligar a que se apliquen los mismos convenios que propone bonos para mejorar los salarios, los que la representante asegura que son inalcanzables.
Gabriela Alegría insistió en que Express recibe significativos recursos estatales, mientras ellos perciben precarios salarios.
“Nosotros no exigimos grandes millonadas, sino que lo único que le exigimos a la empresa es un sueldo digno y que respete la normativa legal vigente, a lo cual la empresa se negó rotundamente. Ellos dijeron que si sentaban a las otras operadoras del Transantiago a firmar las normativas legales, ellos lo iban a hacer, pero ellos llevan más de 10 años funcionando y jamás han cumplido con las normativas. Es por eso que hasta el día de hoy ellos tenían convenios, nunca han hecho una negociación colectiva reglada”, subraya la representante.
La querella del Gobierno por Ley de Seguridad del Estado fue rechazada por el abogado de los trabajadores acusados en la denuncia, Rodrigo Román, quien sostiene que esto es además una señal para otros movimientos sociales.
“Esa decisión política más bien parece una bravuconada o una fanfarronería de parte del poder que, en el fondo lo que hace es agudizar la criminalización de la disidencia y de la protesta social”, comentó Román.
El abogado agregó que “la utilización de la Ley de Seguridad del Estado en contra de los movimientos sociales es un hecho inédito, al menos en las últimas décadas. Es el primer caso en que se ocupa en contra de un movimiento social en lucha. Y claro, se corta el hilo por lo más delgado porque esta vez son los trabajadores”.
Hasta el miércoles tiene el Gobierno para apelar a la resolución del tribunal que revisó la querella contra los 12 trabajadores del Transantiago acusados por atentar contra la seguridad del Estado, ya que en el Ejecutivo esperaban que los funcionarios quedaran en prisión preventiva, como afirmaron las propias autoridades de La Moneda.
La medida es excesiva, agregó el abogado de los trabajadores, mientras los operarios aseguraron que mantendrán sus movilizaciones.
Con alambres y piedras arreglan algunos choferes del Transantiago los sillones donde van a pasar largas horas del día conduciendo sin llegar a una garita donde poder descansar un par de minutos o para, por lo menos, ir al baño.
Son algunas de las precarias condiciones que los choferes de la empresa Express denuncian y que demandan sean cambiadas por la compañía que aseguran recibe millonarios recursos de parte del Estado para sus operaciones.
Pero, a pesar de los problemas de los trabajadores y la nula respuesta de las autoridades que sostienen que se trata de un asunto entre privados, el propio Gobierno empujó una querella contra 12 choferes que el viernes protestaron en las vías del Metro de Santiago para llamar la atención sobre sus demandas.
La querella donde se pide aplicar la Ley de Seguridad del Estado es rechazada por los dirigentes, quienes piden soluciones y no represión.
Así lo explicó la presidenta de uno de los sindicatos en huelga, Gabriela Alegría, quien dice que sus compañeros “no son delincuentes, no son como los del caso Penta que roban millonadas. Son trabajadores comunes y corrientes. El Estado ha puesto muchos peros. Tenemos más que claro que aquí el Estado está confabulado con la empresa, porque esta empresa se ha enriquecido de una forma y cuando llegamos a negociar nos dicen que están en números rojos, que están mal, que la empresa no va bien”.
La dirigenta sindical agregó que la empresa se ausenta incluso de las reuniones con los representantes de la Dirección del Trabajo, dilatando así una solución con el objetivo de llegar al mes de septiembre para obligar a que se apliquen los mismos convenios que propone bonos para mejorar los salarios, los que la representante asegura que son inalcanzables.
Gabriela Alegría insistió en que Express recibe significativos recursos estatales, mientras ellos perciben precarios salarios.
“Nosotros no exigimos grandes millonadas, sino que lo único que le exigimos a la empresa es un sueldo digno y que respete la normativa legal vigente, a lo cual la empresa se negó rotundamente. Ellos dijeron que si sentaban a las otras operadoras del Transantiago a firmar las normativas legales, ellos lo iban a hacer, pero ellos llevan más de 10 años funcionando y jamás han cumplido con las normativas. Es por eso que hasta el día de hoy ellos tenían convenios, nunca han hecho una negociación colectiva reglada”, subraya la representante.
La querella del Gobierno por Ley de Seguridad del Estado fue rechazada por el abogado de los trabajadores acusados en la denuncia, Rodrigo Román, quien sostiene que esto es además una señal para otros movimientos sociales.
“Esa decisión política más bien parece una bravuconada o una fanfarronería de parte del poder que, en el fondo lo que hace es agudizar la criminalización de la disidencia y de la protesta social”, comentó Román.
El abogado agregó que “la utilización de la Ley de Seguridad del Estado en contra de los movimientos sociales es un hecho inédito, al menos en las últimas décadas. Es el primer caso en que se ocupa en contra de un movimiento social en lucha. Y claro, se corta el hilo por lo más delgado porque esta vez son los trabajadores”.
Hasta el miércoles tiene el Gobierno para apelar a la resolución del tribunal que revisó la querella contra los 12 trabajadores del Transantiago acusados por atentar contra la seguridad del Estado, ya que en el Ejecutivo esperaban que los funcionarios quedaran en prisión preventiva, como afirmaron las propias autoridades de La Moneda.
La medida es excesiva, agregó el abogado de los trabajadores, mientras los operarios aseguraron que mantendrán sus movilizaciones.
