Colombia: Reforma constitucional queda en deuda con la ciudadanía
Colombia está impulsando una reforma a la Constitución, la llamada "Reforma de Equilibro de Poderes", una de las más amplias desde que la actual Carta Fundamental fuera aprobada en Asamblea Nacional Constituyente en 1991. En este contexto, surgen dudas respecto de los alcances del proyecto y cómo podría vincularse con el diálogo de paz que se desarrolla entre el Gobierno y los grupos guerrilleros en Cuba.
Martes 16 de junio 2015 10:43 hrs.
Este miércoles tres senadores y tres representantes de la Cámara conciliarán los textos ya aprobados por el Congreso Colombiano para proponer un documento final, que han llamado “Reforma de Equilibro de Poderes”, un ajuste institucional que busca generar un balance entre los distintos poderes del Estado.
En el proyecto se elimina la reelección presidencial y se prohíbe el retorno al cargo de algunos funcionarios, como los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el fiscal general, entre otros. También se define el rol del Senado en torno a la autoridad presidencial y se da mayor autonomía al Poder Judicial en término de nombramientos y definiciones.
Además, hay dos reformas que han alcanzado una alta popularidad entre la ciudadanía. Una de ellas da “muerte política” a quienes hayan sido condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o que tengan nexos con la guerrilla. Así, el partido que tenga a uno de sus miembros con procesos judiciales activos, no podrá reemplazarlo en el Congreso. La otra es que se termina con la “puerta giratoria”, con lo que los servidores públicos no podrán postular a personas o contratar a quienes tengan parentesco hasta de cuarto grado.
Estos se vienen a sumar a una serie de ajustes que se han ido haciendo a la Carta Fundamental de 1991, acordada por el pueblo colombiano vía Asamblea Nacional Constituyente, como indicó el analista internacional Guillermo Holzmann, quien recordó que esta Carta Magna surgió en un escenario político distinto, en pleno conflicto con las FARC, y finalmente logró convocar un apoyo mayoritario. Sin embargo, afirmó que “conforme pasan los años y se va consolidando la globalización y también la opción de Colombia pro-globalización, ésta va requiriendo nuevos cambios”.
Algunos sectores han dicho que ésta es “la mayor reforma” desde el 91, pero la opción cuesta también con poderosos detractores, quienes señalan que Juan Manuel Santos había anunciado tres puntos como columna vertebral de la reforma: la eliminación de la reelección, el fin al modelo de listas abiertas en las elecciones para corporaciones públicas y la creación de un Senado regional, ya que 14 de los 32 departamentos no tienen representación. Los dos últimos objetivos no fueron cumplidos, por lo que, afirman que “se quedó en los anuncios”.
Lo cierto es que la propuesta se centra en el poder político y no tiene un efecto directo en la sociedad colombiana, con lo que es insuficiente en asuntos como revertir los niveles de pobreza del país, la necesidad de una mayor distribución de la tierra (como exige la guerrilla), o los avances en materia de Derechos Humanos, entre otros.
Así, los cambios vienen a sumarse a un escenario mayor, que está muy relacionado con los resultados de las negociaciones de paz con las FARC, donde se abren asuntos estructurales como la posesión de la tierra, asignación de viviendas, el acceso de víctimas y victimarios a la Justicia, o elementos cómo las condiciones en que van a quedar los partidos y cómo será la participación política de los hombres y mujeres que dejan las armas.
Hollaman Morris, ex gerente de Canal Capital, defensor de Derechos Humanos y actual candidato al Consejo de la Ciudad de Bogotá afirmó que “se necesitan cambios estructurales de fondo”, ya que con la asamblea del 91 se dieron pasos, pero hay temas pendientes, por ejemplo, la tenencia de la tierra en Colombia, la necesidad del banco agrario, la necesidad de poner impuestos a las tierras y grabar grandes latifundios en territorio colombiano, entre otros temas.
En tanto, sigue la pugna de la guerrilla y el Ejército colombiano, el que este fin de semana dio muerte al cabecilla “Marquitos”, miembro de la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En ese contexto es que según Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, Cuba, este miércoles, de forma paralela a la elaboración del texto constitucional, se retoma el ciclo de los diálogos de paz, donde se establecerían los protocolos para la entrega de los menores de 15 años que retiene la guerra.
.
Así este lunes, el presidente Santos volvió a pedir que se aceleren las negociaciones para lograr un alto el fuego “bilateral y definitivo”, llamado que recibió también el respaldo del Papa Francisco.
En esa instancia, la de la negociación, las FARC han afirmado que se alzaron en armas para cambiar estructuralmente Colombia, y que no las depondrán si las transformaciones institucionales no son consideradas.
Este miércoles tres senadores y tres representantes de la Cámara conciliarán los textos ya aprobados por el Congreso Colombiano para proponer un documento final, que han llamado “Reforma de Equilibro de Poderes”, un ajuste institucional que busca generar un balance entre los distintos poderes del Estado.
En el proyecto se elimina la reelección presidencial y se prohíbe el retorno al cargo de algunos funcionarios, como los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el fiscal general, entre otros. También se define el rol del Senado en torno a la autoridad presidencial y se da mayor autonomía al Poder Judicial en término de nombramientos y definiciones.
Además, hay dos reformas que han alcanzado una alta popularidad entre la ciudadanía. Una de ellas da “muerte política” a quienes hayan sido condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o que tengan nexos con la guerrilla. Así, el partido que tenga a uno de sus miembros con procesos judiciales activos, no podrá reemplazarlo en el Congreso. La otra es que se termina con la “puerta giratoria”, con lo que los servidores públicos no podrán postular a personas o contratar a quienes tengan parentesco hasta de cuarto grado.
Estos se vienen a sumar a una serie de ajustes que se han ido haciendo a la Carta Fundamental de 1991, acordada por el pueblo colombiano vía Asamblea Nacional Constituyente, como indicó el analista internacional Guillermo Holzmann, quien recordó que esta Carta Magna surgió en un escenario político distinto, en pleno conflicto con las FARC, y finalmente logró convocar un apoyo mayoritario. Sin embargo, afirmó que “conforme pasan los años y se va consolidando la globalización y también la opción de Colombia pro-globalización, ésta va requiriendo nuevos cambios”.
Algunos sectores han dicho que ésta es “la mayor reforma” desde el 91, pero la opción cuesta también con poderosos detractores, quienes señalan que Juan Manuel Santos había anunciado tres puntos como columna vertebral de la reforma: la eliminación de la reelección, el fin al modelo de listas abiertas en las elecciones para corporaciones públicas y la creación de un Senado regional, ya que 14 de los 32 departamentos no tienen representación. Los dos últimos objetivos no fueron cumplidos, por lo que, afirman que “se quedó en los anuncios”.
Lo cierto es que la propuesta se centra en el poder político y no tiene un efecto directo en la sociedad colombiana, con lo que es insuficiente en asuntos como revertir los niveles de pobreza del país, la necesidad de una mayor distribución de la tierra (como exige la guerrilla), o los avances en materia de Derechos Humanos, entre otros.
Así, los cambios vienen a sumarse a un escenario mayor, que está muy relacionado con los resultados de las negociaciones de paz con las FARC, donde se abren asuntos estructurales como la posesión de la tierra, asignación de viviendas, el acceso de víctimas y victimarios a la Justicia, o elementos cómo las condiciones en que van a quedar los partidos y cómo será la participación política de los hombres y mujeres que dejan las armas.
Hollaman Morris, ex gerente de Canal Capital, defensor de Derechos Humanos y actual candidato al Consejo de la Ciudad de Bogotá afirmó que “se necesitan cambios estructurales de fondo”, ya que con la asamblea del 91 se dieron pasos, pero hay temas pendientes, por ejemplo, la tenencia de la tierra en Colombia, la necesidad del banco agrario, la necesidad de poner impuestos a las tierras y grabar grandes latifundios en territorio colombiano, entre otros temas.
En tanto, sigue la pugna de la guerrilla y el Ejército colombiano, el que este fin de semana dio muerte al cabecilla “Marquitos”, miembro de la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En ese contexto es que según Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, Cuba, este miércoles, de forma paralela a la elaboración del texto constitucional, se retoma el ciclo de los diálogos de paz, donde se establecerían los protocolos para la entrega de los menores de 15 años que retiene la guerra.
.
Así este lunes, el presidente Santos volvió a pedir que se aceleren las negociaciones para lograr un alto el fuego “bilateral y definitivo”, llamado que recibió también el respaldo del Papa Francisco.
En esa instancia, la de la negociación, las FARC han afirmado que se alzaron en armas para cambiar estructuralmente Colombia, y que no las depondrán si las transformaciones institucionales no son consideradas.
Este miércoles tres senadores y tres representantes de la Cámara conciliarán los textos ya aprobados por el Congreso Colombiano para proponer un documento final, que han llamado “Reforma de Equilibro de Poderes”, un ajuste institucional que busca generar un balance entre los distintos poderes del Estado.
En el proyecto se elimina la reelección presidencial y se prohíbe el retorno al cargo de algunos funcionarios, como los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el fiscal general, entre otros. También se define el rol del Senado en torno a la autoridad presidencial y se da mayor autonomía al Poder Judicial en término de nombramientos y definiciones.
Además, hay dos reformas que han alcanzado una alta popularidad entre la ciudadanía. Una de ellas da “muerte política” a quienes hayan sido condenados por narcotráfico, delitos de lesa humanidad o que tengan nexos con la guerrilla. Así, el partido que tenga a uno de sus miembros con procesos judiciales activos, no podrá reemplazarlo en el Congreso. La otra es que se termina con la “puerta giratoria”, con lo que los servidores públicos no podrán postular a personas o contratar a quienes tengan parentesco hasta de cuarto grado.
Estos se vienen a sumar a una serie de ajustes que se han ido haciendo a la Carta Fundamental de 1991, acordada por el pueblo colombiano vía Asamblea Nacional Constituyente, como indicó el analista internacional Guillermo Holzmann, quien recordó que esta Carta Magna surgió en un escenario político distinto, en pleno conflicto con las FARC, y finalmente logró convocar un apoyo mayoritario. Sin embargo, afirmó que “conforme pasan los años y se va consolidando la globalización y también la opción de Colombia pro-globalización, ésta va requiriendo nuevos cambios”.
Algunos sectores han dicho que ésta es “la mayor reforma” desde el 91, pero la opción cuesta también con poderosos detractores, quienes señalan que Juan Manuel Santos había anunciado tres puntos como columna vertebral de la reforma: la eliminación de la reelección, el fin al modelo de listas abiertas en las elecciones para corporaciones públicas y la creación de un Senado regional, ya que 14 de los 32 departamentos no tienen representación. Los dos últimos objetivos no fueron cumplidos, por lo que, afirman que “se quedó en los anuncios”.
Lo cierto es que la propuesta se centra en el poder político y no tiene un efecto directo en la sociedad colombiana, con lo que es insuficiente en asuntos como revertir los niveles de pobreza del país, la necesidad de una mayor distribución de la tierra (como exige la guerrilla), o los avances en materia de Derechos Humanos, entre otros.
Así, los cambios vienen a sumarse a un escenario mayor, que está muy relacionado con los resultados de las negociaciones de paz con las FARC, donde se abren asuntos estructurales como la posesión de la tierra, asignación de viviendas, el acceso de víctimas y victimarios a la Justicia, o elementos cómo las condiciones en que van a quedar los partidos y cómo será la participación política de los hombres y mujeres que dejan las armas.
Hollaman Morris, ex gerente de Canal Capital, defensor de Derechos Humanos y actual candidato al Consejo de la Ciudad de Bogotá afirmó que “se necesitan cambios estructurales de fondo”, ya que con la asamblea del 91 se dieron pasos, pero hay temas pendientes, por ejemplo, la tenencia de la tierra en Colombia, la necesidad del banco agrario, la necesidad de poner impuestos a las tierras y grabar grandes latifundios en territorio colombiano, entre otros temas.
En tanto, sigue la pugna de la guerrilla y el Ejército colombiano, el que este fin de semana dio muerte al cabecilla “Marquitos”, miembro de la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En ese contexto es que según Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana, Cuba, este miércoles, de forma paralela a la elaboración del texto constitucional, se retoma el ciclo de los diálogos de paz, donde se establecerían los protocolos para la entrega de los menores de 15 años que retiene la guerra.
.
Así este lunes, el presidente Santos volvió a pedir que se aceleren las negociaciones para lograr un alto el fuego “bilateral y definitivo”, llamado que recibió también el respaldo del Papa Francisco.
En esa instancia, la de la negociación, las FARC han afirmado que se alzaron en armas para cambiar estructuralmente Colombia, y que no las depondrán si las transformaciones institucionales no son consideradas.
Síguenos en 
