Caso Penta: Fiscalía solicitaría arresto domiciliario total para Novoa y Cardemil
La estrategia apunta a impedir las apelaciones de los defensores. En tanto, abogados querellantes enfatizan en que más que medidas cautelares ejemplares, ellos buscan condenas acordes a los delitos.
Domingo 5 de julio 2015 18:00 hrs.
A las nueve de la mañana de este lunes se reunirían las audiencias de formalización en el caso Penta. A esa hora, deben llegar al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Jovino Novoa (UDI) y Alberto Cardemil (RN), momento en el que se definirán las medidas cautelares mientras se sigue la investigación.
Los políticos imputados por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas y posteriormente utilizadas para el financiamiento de campañas, habían solicitado, por diferentes motivos, el retraso del proceso, quedando fijado para este 6 de julio.
En el caso de Cardemil, su defensa alegó no conocer por completo la carpeta investigativa. En tanto, Novoa sufrió una descompensación en su estado de salud, por lo que debió ser internado, interrumpiendo la audiencia del 22 de junio.
Según se prevé, la estrategia elegida por el Ministerio Público que comanda Sabas Chahúan, sería pedir arresto domiciliario total para los imputados. Esto, considerando que las medidas de presión preventiva con las que se sancionó a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavin, quienes apelaron y consiguieron reducción en sus castigos.
Por ello, la fiscalía, modificó su estrategia y comenzó a solicitar la segunda pena más grave del Código Penal, el arresto domiciliario total. Así los explica el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
“Lo que se ha solicitado por parte del Ministerio Público y que nosotros hemos apoyado, es el arresto domiciliario total y, además, de una arraigo nacional para el imputado Novoa. Desde esa perspectiva, nosotros esperamos que el Tribunal de Garantía pueda valorar los antecedentes que ya se expusieron respecto de esta persona y obviamente, se decrete esta medida cautelar, que además es similar a cautelares que hoy están vigentes respecto de otros imputados que han tenido una participación punible en hechos constitutivos de delito que son de una gravedad equivalente. Me estoy refiriendo al caso de Pablo Wagner, de Carlos Délano y de Carlos Lavín”.
Para Daza, la solicitud de estas medidas cautelares no es el principal objetivo que busca la parte querellante del caso, sino que el juicio se traduzca en el establecimiento de condenas duras:
“Hay que tener presente que el objetivo principal de nosotros no es obtener una medida cautelar de intensidad durante el periodo de la investigación. Lo que nosotros buscamos es tener condenas ejemplares una vez finalizado el juicio. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de aportar a esta investigación con la finalidad de poder lograr este objetivo”, concluyó el abogado de Ciudadano Inteligente.
Una de las posibilidades que se barajan, es que la justicia obre de manera similar a la resolución de Pablo Zalaquett, por la similitud de las acusaciones.
Según estima el abogado defensor del ex ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, Felipe Moraga, “el tribunal, si quiere ser consecuente, si se quiere, debiese resolver en el sentido que ha dispuesto la corte en un caso análogo, sin perjuicio de que cada caso se analiza con los criterios que se tengan para la persona específica”, indicó.
Si “la situación de Cardemil y el señor Novoa no dista mucho de lo que pasa con el señor Zalaquett, entonces qué sentido tiene dar una cautelar de arresto total para que luego las defensas apelen y la Corte, nuevamente, revoque esta situación y deje con una firma mensual y con arraigo nacional a estas personas”, concluyó Moraga.
Desde los imputados, la defensa de Novoa ya prepara su arremetida. En la exposición, los abogados del histórico líder de la UDI desvirtuarían los cargos de la formalización con el fin de que no se decrete arresto domiciliario total. La estrategia apuntaría a atacar el fondo de la acción interpuesta por el SII, al dar a conocer los pagos que desacreditarían la evasión tributaria de la que se lo acusa, acreditando el pago de impuestos por más de 15 millones.
En la investigación, se acusa al ex senador por su rol de “financista” de la UDI, además, por presuntamente haber recibido 85 millones para ayudar a políticos como la senadora Ena Von Baer.
A las nueve de la mañana de este lunes se reunirían las audiencias de formalización en el caso Penta. A esa hora, deben llegar al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Jovino Novoa (UDI) y Alberto Cardemil (RN), momento en el que se definirán las medidas cautelares mientras se sigue la investigación.
Los políticos imputados por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas y posteriormente utilizadas para el financiamiento de campañas, habían solicitado, por diferentes motivos, el retraso del proceso, quedando fijado para este 6 de julio.
En el caso de Cardemil, su defensa alegó no conocer por completo la carpeta investigativa. En tanto, Novoa sufrió una descompensación en su estado de salud, por lo que debió ser internado, interrumpiendo la audiencia del 22 de junio.
Según se prevé, la estrategia elegida por el Ministerio Público que comanda Sabas Chahúan, sería pedir arresto domiciliario total para los imputados. Esto, considerando que las medidas de presión preventiva con las que se sancionó a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavin, quienes apelaron y consiguieron reducción en sus castigos.
Por ello, la fiscalía, modificó su estrategia y comenzó a solicitar la segunda pena más grave del Código Penal, el arresto domiciliario total. Así los explica el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
“Lo que se ha solicitado por parte del Ministerio Público y que nosotros hemos apoyado, es el arresto domiciliario total y, además, de una arraigo nacional para el imputado Novoa. Desde esa perspectiva, nosotros esperamos que el Tribunal de Garantía pueda valorar los antecedentes que ya se expusieron respecto de esta persona y obviamente, se decrete esta medida cautelar, que además es similar a cautelares que hoy están vigentes respecto de otros imputados que han tenido una participación punible en hechos constitutivos de delito que son de una gravedad equivalente. Me estoy refiriendo al caso de Pablo Wagner, de Carlos Délano y de Carlos Lavín”.
Para Daza, la solicitud de estas medidas cautelares no es el principal objetivo que busca la parte querellante del caso, sino que el juicio se traduzca en el establecimiento de condenas duras:
“Hay que tener presente que el objetivo principal de nosotros no es obtener una medida cautelar de intensidad durante el periodo de la investigación. Lo que nosotros buscamos es tener condenas ejemplares una vez finalizado el juicio. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de aportar a esta investigación con la finalidad de poder lograr este objetivo”, concluyó el abogado de Ciudadano Inteligente.
Una de las posibilidades que se barajan, es que la justicia obre de manera similar a la resolución de Pablo Zalaquett, por la similitud de las acusaciones.
Según estima el abogado defensor del ex ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, Felipe Moraga, “el tribunal, si quiere ser consecuente, si se quiere, debiese resolver en el sentido que ha dispuesto la corte en un caso análogo, sin perjuicio de que cada caso se analiza con los criterios que se tengan para la persona específica”, indicó.
Si “la situación de Cardemil y el señor Novoa no dista mucho de lo que pasa con el señor Zalaquett, entonces qué sentido tiene dar una cautelar de arresto total para que luego las defensas apelen y la Corte, nuevamente, revoque esta situación y deje con una firma mensual y con arraigo nacional a estas personas”, concluyó Moraga.
Desde los imputados, la defensa de Novoa ya prepara su arremetida. En la exposición, los abogados del histórico líder de la UDI desvirtuarían los cargos de la formalización con el fin de que no se decrete arresto domiciliario total. La estrategia apuntaría a atacar el fondo de la acción interpuesta por el SII, al dar a conocer los pagos que desacreditarían la evasión tributaria de la que se lo acusa, acreditando el pago de impuestos por más de 15 millones.
En la investigación, se acusa al ex senador por su rol de “financista” de la UDI, además, por presuntamente haber recibido 85 millones para ayudar a políticos como la senadora Ena Von Baer.
A las nueve de la mañana de este lunes se reunirían las audiencias de formalización en el caso Penta. A esa hora, deben llegar al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Jovino Novoa (UDI) y Alberto Cardemil (RN), momento en el que se definirán las medidas cautelares mientras se sigue la investigación.
Los políticos imputados por la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas y posteriormente utilizadas para el financiamiento de campañas, habían solicitado, por diferentes motivos, el retraso del proceso, quedando fijado para este 6 de julio.
En el caso de Cardemil, su defensa alegó no conocer por completo la carpeta investigativa. En tanto, Novoa sufrió una descompensación en su estado de salud, por lo que debió ser internado, interrumpiendo la audiencia del 22 de junio.
Según se prevé, la estrategia elegida por el Ministerio Público que comanda Sabas Chahúan, sería pedir arresto domiciliario total para los imputados. Esto, considerando que las medidas de presión preventiva con las que se sancionó a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavin, quienes apelaron y consiguieron reducción en sus castigos.
Por ello, la fiscalía, modificó su estrategia y comenzó a solicitar la segunda pena más grave del Código Penal, el arresto domiciliario total. Así los explica el abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
“Lo que se ha solicitado por parte del Ministerio Público y que nosotros hemos apoyado, es el arresto domiciliario total y, además, de una arraigo nacional para el imputado Novoa. Desde esa perspectiva, nosotros esperamos que el Tribunal de Garantía pueda valorar los antecedentes que ya se expusieron respecto de esta persona y obviamente, se decrete esta medida cautelar, que además es similar a cautelares que hoy están vigentes respecto de otros imputados que han tenido una participación punible en hechos constitutivos de delito que son de una gravedad equivalente. Me estoy refiriendo al caso de Pablo Wagner, de Carlos Délano y de Carlos Lavín”.
Para Daza, la solicitud de estas medidas cautelares no es el principal objetivo que busca la parte querellante del caso, sino que el juicio se traduzca en el establecimiento de condenas duras:
“Hay que tener presente que el objetivo principal de nosotros no es obtener una medida cautelar de intensidad durante el periodo de la investigación. Lo que nosotros buscamos es tener condenas ejemplares una vez finalizado el juicio. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de aportar a esta investigación con la finalidad de poder lograr este objetivo”, concluyó el abogado de Ciudadano Inteligente.
Una de las posibilidades que se barajan, es que la justicia obre de manera similar a la resolución de Pablo Zalaquett, por la similitud de las acusaciones.
Según estima el abogado defensor del ex ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, Felipe Moraga, “el tribunal, si quiere ser consecuente, si se quiere, debiese resolver en el sentido que ha dispuesto la corte en un caso análogo, sin perjuicio de que cada caso se analiza con los criterios que se tengan para la persona específica”, indicó.
Si “la situación de Cardemil y el señor Novoa no dista mucho de lo que pasa con el señor Zalaquett, entonces qué sentido tiene dar una cautelar de arresto total para que luego las defensas apelen y la Corte, nuevamente, revoque esta situación y deje con una firma mensual y con arraigo nacional a estas personas”, concluyó Moraga.
Desde los imputados, la defensa de Novoa ya prepara su arremetida. En la exposición, los abogados del histórico líder de la UDI desvirtuarían los cargos de la formalización con el fin de que no se decrete arresto domiciliario total. La estrategia apuntaría a atacar el fondo de la acción interpuesta por el SII, al dar a conocer los pagos que desacreditarían la evasión tributaria de la que se lo acusa, acreditando el pago de impuestos por más de 15 millones.
En la investigación, se acusa al ex senador por su rol de “financista” de la UDI, además, por presuntamente haber recibido 85 millones para ayudar a políticos como la senadora Ena Von Baer.
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