Durante estos meses, el rebelde gobierno griego sacó brillante partido a su escaso margen de maniobra, si se considera el tamaño del país en relación a Alemania y su situación al borde de la bancarrota. Ofuscó al presidente de la Comunidad Europea, desafió a Angela Merkel, contrarrestó por primera vez el sentido común de los poderes europeos y le devolvió la dignidad a un pueblo que se sentía humillado. El resultado que permitió llegar a un acuerdo, sin embargo, ha supuesto enormes concesiones y una confirmación de la intransigencia de Europa frente al drama de este país.
De este modo, el gobierno de Grecia deberá someter el acuerdo con la Eurozona a una votación en el parlamento de su país en menos de 48 horas, con medidas referentes a las pensiones locales, el marcado laboral y un fondo de privatizaciones. Si el texto es ratificado, el llamado “rescate” se extenderá por tres años y alcanzará la cifra de 96 mil millones de dólares. Asimismo, deberá establecer un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros que se utilizará para devolver la deuda. Además, el acuerdo podría dar acceso a 35.000 millones de euros en inversiones por parte de la Comisión Europea. A cambio, Grecia tendrá que cumplir con una serie de exigencias que incluyen numerosas reformas relativas a las pensiones, el mercado laboral y otros.
En general, estas condiciones están fuera del programa que Syriza le había ofrecido a los griegos. Y para un sector importante de la opinión pública griega e internacional, este nuevo paquete de austeridad ha sido visto como una renuncia a la soberanía fiscal del país, como se ha visto en las redes sociales con la profusa difusión del hashtag “this is a coup” (“esto es un golpe de Estado”, en español).
Detrás de esta vinculación se constata que los principales líderes europeos nunca han querido a Syriza, cuestión que se ha vuelto evidente durante los meses en que esta coalición llegó para romper el consenso con que se ha gobernado el continente durante la crisis económica. Ante la intransigencia, muchos han sostenido que no se ha negociado con un acreedor, sino con la semilla de la disidencia. Les preocupa a aquellos líderes que un eventual éxito del gobierno griego catapulte al Podemos en España; les preocupa que otros países cuestionen la legitimidad de la deuda; y, antes que todo, les interesa que el gobierno de Tsipras caiga. Hacer lo posible para que esto último suceda es una forma, entonces, de golpe de Estado.
Los datos en ese sentido son concluyentes. Por ejemplo, entre abril y junio, un comité creado por la presidenta del parlamento griego compuesto de 30 expertos -15 griegos y 15 extranjeros- realizó una auditoría acerca de la sostenibilidad de la deuda pública griega, que alcanza el 180 por ciento del PIB nacional, es decir, ha aumentado desde el inicio del “rescate” en 2010, cuando era del 130 por ciento. El informe dio una recomendación lapidaria: no pagar más a la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comunidad Europea). Sin embargo, el gobierno de Tsipras ponderó como el mal mayor la salida del euro y subordinó sus posibilidades de negociación a que aquello no sucediera.
Triunfó Tsipras en lo político –al posicionar la dignidad de Grecia- y fracasó en lo económico –al no poder conseguir mejores condiciones para el “rescate”-. Para su contraparte, de todos modos, los costos también serán altos. La posición de Syriza sacó de sus casillas en varias oportunidades al gobierno alemán y, de paso, le hizo un rayón a la inmaculada imagen de Angela Merkel. Los gobiernos socialdemócratas del continente, como Francia o Italia, fueron fantasmas cuyos balbuceos apenas disimularon su sumisión a la derecha alemana, mientras la Unión Europea en su conjunto quedó manchada en su utopía fundacional de convertirse en una articulación política, con valores de integración compartida. Sin caer en el exceso de omitir los muy importantes avances que la institución logró en estas décadas, debe sin embargo decirse que la institucionalización de ese sueño se empañó con la crisis y se trizó ahora, cuando mostró su cara de mera organización económica neoliberal.
Se abrirá, ahora, para el gobierno griego, una compleja situación política interna, puesto que sus fuerzas de apoyo se han dividido entre quienes aceptan con resignación el acuerdo y quienes piensan que Tsipras ha aceptado pagar un precio demasiado alto. Personeros de Syriza han denunciado que el intervencionismo europeo debió haber sido rechazado para salvar el prestigio del gobierno ante el pueblo y no ser funcionales al propósito de hacer caer el Ejecutivo, aunque eso supusiera salir del Euro. Será el próximo gran desafío, puesto que el propio Tsipras reconoció hoy que se debería convocar a nuevas elecciones antes de fin de año.
Durante estos meses, el rebelde gobierno griego sacó brillante partido a su escaso margen de maniobra, si se considera el tamaño del país en relación a Alemania y su situación al borde de la bancarrota. Ofuscó al presidente de la Comunidad Europea, desafió a Angela Merkel, contrarrestó por primera vez el sentido común de los poderes europeos y le devolvió la dignidad a un pueblo que se sentía humillado. El resultado que permitió llegar a un acuerdo, sin embargo, ha supuesto enormes concesiones y una confirmación de la intransigencia de Europa frente al drama de este país.
De este modo, el gobierno de Grecia deberá someter el acuerdo con la Eurozona a una votación en el parlamento de su país en menos de 48 horas, con medidas referentes a las pensiones locales, el marcado laboral y un fondo de privatizaciones. Si el texto es ratificado, el llamado “rescate” se extenderá por tres años y alcanzará la cifra de 96 mil millones de dólares. Asimismo, deberá establecer un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros que se utilizará para devolver la deuda. Además, el acuerdo podría dar acceso a 35.000 millones de euros en inversiones por parte de la Comisión Europea. A cambio, Grecia tendrá que cumplir con una serie de exigencias que incluyen numerosas reformas relativas a las pensiones, el mercado laboral y otros.
En general, estas condiciones están fuera del programa que Syriza le había ofrecido a los griegos. Y para un sector importante de la opinión pública griega e internacional, este nuevo paquete de austeridad ha sido visto como una renuncia a la soberanía fiscal del país, como se ha visto en las redes sociales con la profusa difusión del hashtag “this is a coup” (“esto es un golpe de Estado”, en español).
Detrás de esta vinculación se constata que los principales líderes europeos nunca han querido a Syriza, cuestión que se ha vuelto evidente durante los meses en que esta coalición llegó para romper el consenso con que se ha gobernado el continente durante la crisis económica. Ante la intransigencia, muchos han sostenido que no se ha negociado con un acreedor, sino con la semilla de la disidencia. Les preocupa a aquellos líderes que un eventual éxito del gobierno griego catapulte al Podemos en España; les preocupa que otros países cuestionen la legitimidad de la deuda; y, antes que todo, les interesa que el gobierno de Tsipras caiga. Hacer lo posible para que esto último suceda es una forma, entonces, de golpe de Estado.
Los datos en ese sentido son concluyentes. Por ejemplo, entre abril y junio, un comité creado por la presidenta del parlamento griego compuesto de 30 expertos -15 griegos y 15 extranjeros- realizó una auditoría acerca de la sostenibilidad de la deuda pública griega, que alcanza el 180 por ciento del PIB nacional, es decir, ha aumentado desde el inicio del “rescate” en 2010, cuando era del 130 por ciento. El informe dio una recomendación lapidaria: no pagar más a la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comunidad Europea). Sin embargo, el gobierno de Tsipras ponderó como el mal mayor la salida del euro y subordinó sus posibilidades de negociación a que aquello no sucediera.
Triunfó Tsipras en lo político –al posicionar la dignidad de Grecia- y fracasó en lo económico –al no poder conseguir mejores condiciones para el “rescate”-. Para su contraparte, de todos modos, los costos también serán altos. La posición de Syriza sacó de sus casillas en varias oportunidades al gobierno alemán y, de paso, le hizo un rayón a la inmaculada imagen de Angela Merkel. Los gobiernos socialdemócratas del continente, como Francia o Italia, fueron fantasmas cuyos balbuceos apenas disimularon su sumisión a la derecha alemana, mientras la Unión Europea en su conjunto quedó manchada en su utopía fundacional de convertirse en una articulación política, con valores de integración compartida. Sin caer en el exceso de omitir los muy importantes avances que la institución logró en estas décadas, debe sin embargo decirse que la institucionalización de ese sueño se empañó con la crisis y se trizó ahora, cuando mostró su cara de mera organización económica neoliberal.
Se abrirá, ahora, para el gobierno griego, una compleja situación política interna, puesto que sus fuerzas de apoyo se han dividido entre quienes aceptan con resignación el acuerdo y quienes piensan que Tsipras ha aceptado pagar un precio demasiado alto. Personeros de Syriza han denunciado que el intervencionismo europeo debió haber sido rechazado para salvar el prestigio del gobierno ante el pueblo y no ser funcionales al propósito de hacer caer el Ejecutivo, aunque eso supusiera salir del Euro. Será el próximo gran desafío, puesto que el propio Tsipras reconoció hoy que se debería convocar a nuevas elecciones antes de fin de año.
Durante estos meses, el rebelde gobierno griego sacó brillante partido a su escaso margen de maniobra, si se considera el tamaño del país en relación a Alemania y su situación al borde de la bancarrota. Ofuscó al presidente de la Comunidad Europea, desafió a Angela Merkel, contrarrestó por primera vez el sentido común de los poderes europeos y le devolvió la dignidad a un pueblo que se sentía humillado. El resultado que permitió llegar a un acuerdo, sin embargo, ha supuesto enormes concesiones y una confirmación de la intransigencia de Europa frente al drama de este país.
De este modo, el gobierno de Grecia deberá someter el acuerdo con la Eurozona a una votación en el parlamento de su país en menos de 48 horas, con medidas referentes a las pensiones locales, el marcado laboral y un fondo de privatizaciones. Si el texto es ratificado, el llamado “rescate” se extenderá por tres años y alcanzará la cifra de 96 mil millones de dólares. Asimismo, deberá establecer un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros que se utilizará para devolver la deuda. Además, el acuerdo podría dar acceso a 35.000 millones de euros en inversiones por parte de la Comisión Europea. A cambio, Grecia tendrá que cumplir con una serie de exigencias que incluyen numerosas reformas relativas a las pensiones, el mercado laboral y otros.
En general, estas condiciones están fuera del programa que Syriza le había ofrecido a los griegos. Y para un sector importante de la opinión pública griega e internacional, este nuevo paquete de austeridad ha sido visto como una renuncia a la soberanía fiscal del país, como se ha visto en las redes sociales con la profusa difusión del hashtag “this is a coup” (“esto es un golpe de Estado”, en español).
Detrás de esta vinculación se constata que los principales líderes europeos nunca han querido a Syriza, cuestión que se ha vuelto evidente durante los meses en que esta coalición llegó para romper el consenso con que se ha gobernado el continente durante la crisis económica. Ante la intransigencia, muchos han sostenido que no se ha negociado con un acreedor, sino con la semilla de la disidencia. Les preocupa a aquellos líderes que un eventual éxito del gobierno griego catapulte al Podemos en España; les preocupa que otros países cuestionen la legitimidad de la deuda; y, antes que todo, les interesa que el gobierno de Tsipras caiga. Hacer lo posible para que esto último suceda es una forma, entonces, de golpe de Estado.
Los datos en ese sentido son concluyentes. Por ejemplo, entre abril y junio, un comité creado por la presidenta del parlamento griego compuesto de 30 expertos -15 griegos y 15 extranjeros- realizó una auditoría acerca de la sostenibilidad de la deuda pública griega, que alcanza el 180 por ciento del PIB nacional, es decir, ha aumentado desde el inicio del “rescate” en 2010, cuando era del 130 por ciento. El informe dio una recomendación lapidaria: no pagar más a la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comunidad Europea). Sin embargo, el gobierno de Tsipras ponderó como el mal mayor la salida del euro y subordinó sus posibilidades de negociación a que aquello no sucediera.
Triunfó Tsipras en lo político –al posicionar la dignidad de Grecia- y fracasó en lo económico –al no poder conseguir mejores condiciones para el “rescate”-. Para su contraparte, de todos modos, los costos también serán altos. La posición de Syriza sacó de sus casillas en varias oportunidades al gobierno alemán y, de paso, le hizo un rayón a la inmaculada imagen de Angela Merkel. Los gobiernos socialdemócratas del continente, como Francia o Italia, fueron fantasmas cuyos balbuceos apenas disimularon su sumisión a la derecha alemana, mientras la Unión Europea en su conjunto quedó manchada en su utopía fundacional de convertirse en una articulación política, con valores de integración compartida. Sin caer en el exceso de omitir los muy importantes avances que la institución logró en estas décadas, debe sin embargo decirse que la institucionalización de ese sueño se empañó con la crisis y se trizó ahora, cuando mostró su cara de mera organización económica neoliberal.
Se abrirá, ahora, para el gobierno griego, una compleja situación política interna, puesto que sus fuerzas de apoyo se han dividido entre quienes aceptan con resignación el acuerdo y quienes piensan que Tsipras ha aceptado pagar un precio demasiado alto. Personeros de Syriza han denunciado que el intervencionismo europeo debió haber sido rechazado para salvar el prestigio del gobierno ante el pueblo y no ser funcionales al propósito de hacer caer el Ejecutivo, aunque eso supusiera salir del Euro. Será el próximo gran desafío, puesto que el propio Tsipras reconoció hoy que se debería convocar a nuevas elecciones antes de fin de año.
