La necesidad de que se diferencie los delitos de lesa humanidad, que los militares que cometieron estos delitos sean degradados y que se les quiten los beneficios al estar recluidos en un penal especial como Punta Peuco, son temas que nuevamente tomaron importancia, luego que se conociera que el jefe Operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, tenía una serie de documentos falsos en su celda.
Para la presidenta de la Agrupación Nacional de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, esto fue un hecho más que se suma a la larga lista de privilegios que mantienen los torturadores y asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad y que debe terminar con el cierre del Penal de Punta Peuco.
“Ellos cuentan con el apoyo del Ejército y de ahí parte el pacto de silencio, de ahí parte cuando el señor Oviedo, Comandante en Jefe del Ejército, no quiere entregar el listado de los CNI que tiene en contrata en la institución. Entonces yo creo que con estas señales, hoy día con lo que pasó con Álvaro Corbalán, es un basta, y de aquí el gobierno, la Presidenta (Michelle Bachelet), el Ministro de Defensa, no pueden guardar silencio ante este tan grave hecho y ocupar esa cárcel de alta seguridad en estos personajes”.
Pero el cerrar Punta Peuco no es un tema nuevo. El 22 de julio del año pasado la Cámara Baja aprobó un proyecto de acuerdo que tuvo 53 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, para exigirle al ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, el cierre del penal, sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta sobre esta iniciativa.
En este marco, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar (PS), aseguró que es necesario “apresurar” esta idea y terminar con Punta Peuco porque es una manifestación más de la desigualdad que existe en el país.
“Yo creo que hay que apurar y terminar con los privilegios y con situaciones que son absolutamente desiguales, que no se condicen con el espíritu de un país democrático que busca igualdad en todo sentido, incluso, en el cumplimiento de sanciones y la igualdad no sólo tiene que ver con las oportunidades y con el aspecto positivo y la dimensión del desarrollo de una sociedad sino también cuando la justicia impone sanciones, tiene que ser en primer lugar proporcionales y en segundo lugar en igualdad de condiciones, cualquier sea el origen y la procedencia del sujeto”.
El parlamentario integrante de la comisión de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez (PC), se sumó a la solicitud para que se cierre Punta Peuco.
“Yo no creo que estos criminales deban tener un régimen especial, como el que tiene hasta el día de hoy y, por algo existen recintos donde te asegurar que ellos no vayan a fugarse como eventualmente podría estar pretendiendo hacer (Álvaro) Corbalán. Creo que hay que tomar todas las medidas de resguardo para qué hoy vemos que muchos presos se fugan, que estos vayan a hacer lo mismo. En consecuencia, yo le pido al gobierno que cierre este Penal Punta Peuco y que habilite estas cárceles de máxima seguridad donde tendrían que estar recluidos estos ex uniformados”.
Este medio consultó al Ministerio de Justicia que conduce Javiera Blanco sobre el proyecto de acuerdo enviado hace casi un años por la Cámara Baja, pero al cierre de esta edición no existe una respuesta sobre el resultado de la iniciativa. Además, se consultó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la respuesta fue que esta iniciativa sólo corresponde a la cartera de Justicia y que a la actualidad no existen novedades sobre el posible cierre del penal Punta Peuco.
La necesidad de que se diferencie los delitos de lesa humanidad, que los militares que cometieron estos delitos sean degradados y que se les quiten los beneficios al estar recluidos en un penal especial como Punta Peuco, son temas que nuevamente tomaron importancia, luego que se conociera que el jefe Operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, tenía una serie de documentos falsos en su celda.
Para la presidenta de la Agrupación Nacional de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, esto fue un hecho más que se suma a la larga lista de privilegios que mantienen los torturadores y asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad y que debe terminar con el cierre del Penal de Punta Peuco.
“Ellos cuentan con el apoyo del Ejército y de ahí parte el pacto de silencio, de ahí parte cuando el señor Oviedo, Comandante en Jefe del Ejército, no quiere entregar el listado de los CNI que tiene en contrata en la institución. Entonces yo creo que con estas señales, hoy día con lo que pasó con Álvaro Corbalán, es un basta, y de aquí el gobierno, la Presidenta (Michelle Bachelet), el Ministro de Defensa, no pueden guardar silencio ante este tan grave hecho y ocupar esa cárcel de alta seguridad en estos personajes”.
Pero el cerrar Punta Peuco no es un tema nuevo. El 22 de julio del año pasado la Cámara Baja aprobó un proyecto de acuerdo que tuvo 53 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, para exigirle al ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, el cierre del penal, sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta sobre esta iniciativa.
En este marco, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar (PS), aseguró que es necesario “apresurar” esta idea y terminar con Punta Peuco porque es una manifestación más de la desigualdad que existe en el país.
“Yo creo que hay que apurar y terminar con los privilegios y con situaciones que son absolutamente desiguales, que no se condicen con el espíritu de un país democrático que busca igualdad en todo sentido, incluso, en el cumplimiento de sanciones y la igualdad no sólo tiene que ver con las oportunidades y con el aspecto positivo y la dimensión del desarrollo de una sociedad sino también cuando la justicia impone sanciones, tiene que ser en primer lugar proporcionales y en segundo lugar en igualdad de condiciones, cualquier sea el origen y la procedencia del sujeto”.
El parlamentario integrante de la comisión de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez (PC), se sumó a la solicitud para que se cierre Punta Peuco.
“Yo no creo que estos criminales deban tener un régimen especial, como el que tiene hasta el día de hoy y, por algo existen recintos donde te asegurar que ellos no vayan a fugarse como eventualmente podría estar pretendiendo hacer (Álvaro) Corbalán. Creo que hay que tomar todas las medidas de resguardo para qué hoy vemos que muchos presos se fugan, que estos vayan a hacer lo mismo. En consecuencia, yo le pido al gobierno que cierre este Penal Punta Peuco y que habilite estas cárceles de máxima seguridad donde tendrían que estar recluidos estos ex uniformados”.
Este medio consultó al Ministerio de Justicia que conduce Javiera Blanco sobre el proyecto de acuerdo enviado hace casi un años por la Cámara Baja, pero al cierre de esta edición no existe una respuesta sobre el resultado de la iniciativa. Además, se consultó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la respuesta fue que esta iniciativa sólo corresponde a la cartera de Justicia y que a la actualidad no existen novedades sobre el posible cierre del penal Punta Peuco.
La necesidad de que se diferencie los delitos de lesa humanidad, que los militares que cometieron estos delitos sean degradados y que se les quiten los beneficios al estar recluidos en un penal especial como Punta Peuco, son temas que nuevamente tomaron importancia, luego que se conociera que el jefe Operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, tenía una serie de documentos falsos en su celda.
Para la presidenta de la Agrupación Nacional de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, esto fue un hecho más que se suma a la larga lista de privilegios que mantienen los torturadores y asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad y que debe terminar con el cierre del Penal de Punta Peuco.
“Ellos cuentan con el apoyo del Ejército y de ahí parte el pacto de silencio, de ahí parte cuando el señor Oviedo, Comandante en Jefe del Ejército, no quiere entregar el listado de los CNI que tiene en contrata en la institución. Entonces yo creo que con estas señales, hoy día con lo que pasó con Álvaro Corbalán, es un basta, y de aquí el gobierno, la Presidenta (Michelle Bachelet), el Ministro de Defensa, no pueden guardar silencio ante este tan grave hecho y ocupar esa cárcel de alta seguridad en estos personajes”.
Pero el cerrar Punta Peuco no es un tema nuevo. El 22 de julio del año pasado la Cámara Baja aprobó un proyecto de acuerdo que tuvo 53 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, para exigirle al ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, el cierre del penal, sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta sobre esta iniciativa.
En este marco, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar (PS), aseguró que es necesario “apresurar” esta idea y terminar con Punta Peuco porque es una manifestación más de la desigualdad que existe en el país.
“Yo creo que hay que apurar y terminar con los privilegios y con situaciones que son absolutamente desiguales, que no se condicen con el espíritu de un país democrático que busca igualdad en todo sentido, incluso, en el cumplimiento de sanciones y la igualdad no sólo tiene que ver con las oportunidades y con el aspecto positivo y la dimensión del desarrollo de una sociedad sino también cuando la justicia impone sanciones, tiene que ser en primer lugar proporcionales y en segundo lugar en igualdad de condiciones, cualquier sea el origen y la procedencia del sujeto”.
El parlamentario integrante de la comisión de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez (PC), se sumó a la solicitud para que se cierre Punta Peuco.
“Yo no creo que estos criminales deban tener un régimen especial, como el que tiene hasta el día de hoy y, por algo existen recintos donde te asegurar que ellos no vayan a fugarse como eventualmente podría estar pretendiendo hacer (Álvaro) Corbalán. Creo que hay que tomar todas las medidas de resguardo para qué hoy vemos que muchos presos se fugan, que estos vayan a hacer lo mismo. En consecuencia, yo le pido al gobierno que cierre este Penal Punta Peuco y que habilite estas cárceles de máxima seguridad donde tendrían que estar recluidos estos ex uniformados”.
Este medio consultó al Ministerio de Justicia que conduce Javiera Blanco sobre el proyecto de acuerdo enviado hace casi un años por la Cámara Baja, pero al cierre de esta edición no existe una respuesta sobre el resultado de la iniciativa. Además, se consultó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la respuesta fue que esta iniciativa sólo corresponde a la cartera de Justicia y que a la actualidad no existen novedades sobre el posible cierre del penal Punta Peuco.
