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Software espía comprado por Chile genera revuelo por dudas sobre su real utilización

Chile, al igual que otros gobiernos, compraron un software espía a la empresa italiana Hacking Team. Si bien, solo la PDI tendría acceso al programa que ya fue vulnerado, se siembran dudas respecto del real objetivo de su adquisición.

Carlos Arias

  Sábado 18 de julio 2015 13:37 hrs. 
FILE - In this file photo taken Sunday, Jan.

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Una factura por servicios entre la Policía de Investigaciones y Hacking Team, una de las empresas de seguridad digital más importantes del mundo y que provee software espía a gobiernos, policías y agencias de inteligencia, permitió develar la compra por parte de Investigaciones del Sistema de Control Remoto Galileo, en una suma cercana a los tres millones de dólares.

La información se hizo pública gracias a que la compañía italiana sufrió un ataque informático que filtró más de 500 Giga Bites de datos confidenciales, facturas y detalles de una controvertida cartera de clientes entre los que se cuenta a varios regímenes opresivos como Sudán, Etiopía y Arabia Saudita, además de nuestra Policía de Investigaciones.

Según una investigación de Privacidad Internacional, Remote Control System, Galileo es capaz de eludir el cifrado del software de comunicación y registrar llamadas de Skype, correo electrónico, mensajería instantánea, el historial de navegación web y los archivos y fotos del dispositivo, aun si han sido eliminados. Registra cada tecla y botón que ha sido oprimido. Además, puede tomar control de los micrófonos y cámaras del aparato, usándolos para ver y oír a su víctima, y utilizar el sistema GPS para monitorear su ubicación.

Felipe Paredes, jefe de investigación y desarrollo en P&P Chile cuenta que las consecuencias de la filtración son graves, principalmente para la empresa italiana, porque “entre la información revelada están los códigos fuente de los programas que producen, lo que implica que uno podría recodificar todo el software y convertirlo en inservible”.

Además, para Paredes, en términos de mercado “es pésimo para una empresa de seguridad informática que sus servidores hayan sido vulnerados, porque mal que mal lo que venden es la promesa de resguardar apropiadamente información”.

Pablo Viollier, de la ONG Derechos Digitales, indicó que “este tipo de tecnología es tan invasiva, que su adquisición y uso debe sujetarse a los más altos parámetros establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Además, Cristian Cruz, abogado de Derechos Humanos, señaló que la compra parece sospechosa, toda vez que abre la posibilidad de que se espíe a cualquier ciudadano, y que “a lo menos, para dar mayores garantías, debería estar en manos del Ministerio Público que puede garantizar que solo se va usar para investigaciones judicializadas y no para investigaciones políticas”.

“Estas compras efectuadas entre gallos y medianoche demuestran que además técnicamente son ineficaces, porque si la idea era resguardarse de los ataques informáticos y perseguir la delincuencia, bueno, ya quedó claro que el software no es impenetrable, por lo que la decisión político-técnica de comprar este software fue un error y por ende alguien tiene que responder”, emplazó.

El diputado René Saffirio (DC) indicó que este software, que permite una intromisión masiva y no solo de las comunicaciones, no tiene ninguna justificación para que esté en manos de la Policía de Investigaciones, porque “ellos solo pueden actuar con estas medidas intrusivas en el evento de que el tribunal los autorice a intervenís las comunicaciones”.

“Hay aquí con el uso de este tipo de tecnologías una suerte de intromisión en materias que podrían no ser parte de la investigación o de las autorizaciones establecidas por la justicia, cuya utilización ignoramos cuál va a ser por parte de la Policía de Investigaciones”.

Finalmente, cabe consignar que la Policía de Investigaciones indicó a través de un comunicado de prensa que el software fue adquirido en el marco de un proyecto de modernización del área tecnológica de la PDI, con el objetivo de “incrementar sus capacidades operativas en la investigación del crimen organizado”.

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