Guatemala: Manifestantes exigen reformas políticas para enfrentar corrupción
Distintos actores en Guatemala están exigiendo reformas políticas urgentes para enfrentar los casos de corrupción que están siendo investigados en ese país. Durante los últimos meses se han observado detenciones de ex autoridades, renuncias, debates en el Congreso y masivas manifestaciones ciudadanas.
Diana Porras
Domingo 19 de julio 2015 15:30 hrs.
Compartir en
“RenunciaYA a la corrupción”, “Nos robaron mil millones al año en el caso de La Línea” y “¡Fuera delincuentes!” son algunos de los mensajes que se escuchan en las numerosas movilizaciones que recorren las calles de Guatemala.
Una larga lista de antecedentes abrió la última puerta al malestar ciudadano. En abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informó sobre la desarticulación de una red criminal de defraudación aduanera integrada por funcionarios de gobierno y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En este escenario, están con orden de búsqueda y captura el ex secretario privado de Roxanna Baldetti, Juan Carlos Monzón, y el empresario Luis Mendizábal. Roxanna Baldetti deja la vicepresidencia días después de que se conociera este caso denominado “La Línea”.
El licenciado Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, aseguró a Radio Universidad de Chile que se vive un momento complicado porque tambalea la institucionalidad.
“Sí, sentimos que el Congreso está muy presionado y por eso vendrán cambios. Probablemente, no toda la dimensión o alcances que se están planteando pero no puede dejar de aprobar alguna de las leyes importantes como la electoral o de partidos políticos”, manifestó el investigador.
El diputado opositor Amílcar Pop denunció al presidente Otto Pérez Molina por un escándalo de corrupción en el Seguro Social. A principios de junio, la Corte Suprema de Guatemala falló a favor de investigar al mandatario por presunta corrupción y el Congreso revisará si retira la inmunidad a Pérez.
Mientras la fiscal general solicitó el retiro de la inmunidad contra cuatro diputados opositores de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) y un alcalde. Entre los delitos, se citan enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad, asociación ilícita y fraude.
Hurtado comentó que gracias a la coyuntura y la presión social se ha generado una idea de que los antejuicios deben conocerse de manera pronta para tener certeza si una persona, funcionario o candidato debe ser sometido a un proceso judicial.
“Hay que aplaudir además al Tribunal Supremo Electoral y al registro de ciudadanos que por primera vez están aplicando una norma constitucional en la cual para optar, hablando incluso de ser inscritos a candidato de elección popular, se debe cumplir con criterios de idoneidad, capacidad y honradez”, destacó.
Reacción ciudadana
Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), explicó que se encuentran en una protesta permanente en las afueras del Congreso para exigir “que aprueben una serie de reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos. No queremos que los mismos corruptos lleguen a gobernar luego de las elecciones en septiembre”.
El dirigente agregó que estos cambios deben ser la puerta de entrada para la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente, ése es el planteamiento de la Asamblea Nacional y Popular.
Advirtió que uno de los últimos detenidos fue el yerno del presidente y recordó que Pérez “es un ex militar que ha sido también señalado como violador de derechos humanos en el tiempo de la guerra en Guatemala”.
Ante las manifestaciones que se convocan cada semana, Barrientos comentó que “hay dos elementos que confluyen. Por un lado, los pueblos originarios vienen movilizándose desde hace muchos años luchando por el respeto de una serie de derechos. Y lo novedoso ahora es que una ciudadanía que generalmente fue apática y poco participativa, de sectores medios y urbana, reaccionó ante los últimos hechos porque fue la gota que colmó el vaso. Por eso salieron a las calles”.
Presidente: “cumpliré mi mandato”
“Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo”, declaró Pérez Molina. Aseguró que la solución a la crisis institucional que vive el país “no es cambiar a una persona…si no se hacen cambios de fondo el sistema puede colapsar”.
Respecto del futuro de su yerno (Gustavo Martínez) quién fue acusado formalmente de tráfico de influencias y asociaciones ilícitas, manifestó que “no quisiera hablar de esas cosas porque son las instancias (judiciales) las que tendrán que decir qué es lo que le van a imputar”.
“RenunciaYA a la corrupción”, “Nos robaron mil millones al año en el caso de La Línea” y “¡Fuera delincuentes!” son algunos de los mensajes que se escuchan en las numerosas movilizaciones que recorren las calles de Guatemala.
Una larga lista de antecedentes abrió la última puerta al malestar ciudadano. En abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informó sobre la desarticulación de una red criminal de defraudación aduanera integrada por funcionarios de gobierno y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En este escenario, están con orden de búsqueda y captura el ex secretario privado de Roxanna Baldetti, Juan Carlos Monzón, y el empresario Luis Mendizábal. Roxanna Baldetti deja la vicepresidencia días después de que se conociera este caso denominado “La Línea”.
El licenciado Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, aseguró a Radio Universidad de Chile que se vive un momento complicado porque tambalea la institucionalidad.
“Sí, sentimos que el Congreso está muy presionado y por eso vendrán cambios. Probablemente, no toda la dimensión o alcances que se están planteando pero no puede dejar de aprobar alguna de las leyes importantes como la electoral o de partidos políticos”, manifestó el investigador.
El diputado opositor Amílcar Pop denunció al presidente Otto Pérez Molina por un escándalo de corrupción en el Seguro Social. A principios de junio, la Corte Suprema de Guatemala falló a favor de investigar al mandatario por presunta corrupción y el Congreso revisará si retira la inmunidad a Pérez.
Mientras la fiscal general solicitó el retiro de la inmunidad contra cuatro diputados opositores de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) y un alcalde. Entre los delitos, se citan enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad, asociación ilícita y fraude.
Hurtado comentó que gracias a la coyuntura y la presión social se ha generado una idea de que los antejuicios deben conocerse de manera pronta para tener certeza si una persona, funcionario o candidato debe ser sometido a un proceso judicial.
“Hay que aplaudir además al Tribunal Supremo Electoral y al registro de ciudadanos que por primera vez están aplicando una norma constitucional en la cual para optar, hablando incluso de ser inscritos a candidato de elección popular, se debe cumplir con criterios de idoneidad, capacidad y honradez”, destacó.
Reacción ciudadana
Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), explicó que se encuentran en una protesta permanente en las afueras del Congreso para exigir “que aprueben una serie de reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos. No queremos que los mismos corruptos lleguen a gobernar luego de las elecciones en septiembre”.
El dirigente agregó que estos cambios deben ser la puerta de entrada para la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente, ése es el planteamiento de la Asamblea Nacional y Popular.
Advirtió que uno de los últimos detenidos fue el yerno del presidente y recordó que Pérez “es un ex militar que ha sido también señalado como violador de derechos humanos en el tiempo de la guerra en Guatemala”.
Ante las manifestaciones que se convocan cada semana, Barrientos comentó que “hay dos elementos que confluyen. Por un lado, los pueblos originarios vienen movilizándose desde hace muchos años luchando por el respeto de una serie de derechos. Y lo novedoso ahora es que una ciudadanía que generalmente fue apática y poco participativa, de sectores medios y urbana, reaccionó ante los últimos hechos porque fue la gota que colmó el vaso. Por eso salieron a las calles”.
Presidente: “cumpliré mi mandato”
“Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo”, declaró Pérez Molina. Aseguró que la solución a la crisis institucional que vive el país “no es cambiar a una persona…si no se hacen cambios de fondo el sistema puede colapsar”.
Respecto del futuro de su yerno (Gustavo Martínez) quién fue acusado formalmente de tráfico de influencias y asociaciones ilícitas, manifestó que “no quisiera hablar de esas cosas porque son las instancias (judiciales) las que tendrán que decir qué es lo que le van a imputar”.
“RenunciaYA a la corrupción”, “Nos robaron mil millones al año en el caso de La Línea” y “¡Fuera delincuentes!” son algunos de los mensajes que se escuchan en las numerosas movilizaciones que recorren las calles de Guatemala.
Una larga lista de antecedentes abrió la última puerta al malestar ciudadano. En abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informó sobre la desarticulación de una red criminal de defraudación aduanera integrada por funcionarios de gobierno y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En este escenario, están con orden de búsqueda y captura el ex secretario privado de Roxanna Baldetti, Juan Carlos Monzón, y el empresario Luis Mendizábal. Roxanna Baldetti deja la vicepresidencia días después de que se conociera este caso denominado “La Línea”.
El licenciado Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, aseguró a Radio Universidad de Chile que se vive un momento complicado porque tambalea la institucionalidad.
“Sí, sentimos que el Congreso está muy presionado y por eso vendrán cambios. Probablemente, no toda la dimensión o alcances que se están planteando pero no puede dejar de aprobar alguna de las leyes importantes como la electoral o de partidos políticos”, manifestó el investigador.
El diputado opositor Amílcar Pop denunció al presidente Otto Pérez Molina por un escándalo de corrupción en el Seguro Social. A principios de junio, la Corte Suprema de Guatemala falló a favor de investigar al mandatario por presunta corrupción y el Congreso revisará si retira la inmunidad a Pérez.
Mientras la fiscal general solicitó el retiro de la inmunidad contra cuatro diputados opositores de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) y un alcalde. Entre los delitos, se citan enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad, asociación ilícita y fraude.
Hurtado comentó que gracias a la coyuntura y la presión social se ha generado una idea de que los antejuicios deben conocerse de manera pronta para tener certeza si una persona, funcionario o candidato debe ser sometido a un proceso judicial.
“Hay que aplaudir además al Tribunal Supremo Electoral y al registro de ciudadanos que por primera vez están aplicando una norma constitucional en la cual para optar, hablando incluso de ser inscritos a candidato de elección popular, se debe cumplir con criterios de idoneidad, capacidad y honradez”, destacó.
Reacción ciudadana
Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), explicó que se encuentran en una protesta permanente en las afueras del Congreso para exigir “que aprueben una serie de reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos. No queremos que los mismos corruptos lleguen a gobernar luego de las elecciones en septiembre”.
El dirigente agregó que estos cambios deben ser la puerta de entrada para la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente, ése es el planteamiento de la Asamblea Nacional y Popular.
Advirtió que uno de los últimos detenidos fue el yerno del presidente y recordó que Pérez “es un ex militar que ha sido también señalado como violador de derechos humanos en el tiempo de la guerra en Guatemala”.
Ante las manifestaciones que se convocan cada semana, Barrientos comentó que “hay dos elementos que confluyen. Por un lado, los pueblos originarios vienen movilizándose desde hace muchos años luchando por el respeto de una serie de derechos. Y lo novedoso ahora es que una ciudadanía que generalmente fue apática y poco participativa, de sectores medios y urbana, reaccionó ante los últimos hechos porque fue la gota que colmó el vaso. Por eso salieron a las calles”.
Presidente: “cumpliré mi mandato”
“Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo”, declaró Pérez Molina. Aseguró que la solución a la crisis institucional que vive el país “no es cambiar a una persona…si no se hacen cambios de fondo el sistema puede colapsar”.
Respecto del futuro de su yerno (Gustavo Martínez) quién fue acusado formalmente de tráfico de influencias y asociaciones ilícitas, manifestó que “no quisiera hablar de esas cosas porque son las instancias (judiciales) las que tendrán que decir qué es lo que le van a imputar”.
Carlos Barrientos, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC), explicó que se encuentran en una protesta permanente en las afueras del Congreso para exigir “que aprueben una serie de reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos. No queremos que los mismos corruptos lleguen a gobernar luego de las elecciones en septiembre”.
