Trabajo compromete esfuerzos para lograr mesa de diálogo entre trabajadores y Codelco
El Gobierno se comprometió a hacer gestiones para instalar una mesa de diálogo entre Codelco, empresas contratistas y sus trabajadores. Esto después que el fallecimiento del trabajador subcontratista, Nelson Quichillao, generara diversas reacciones de las autoridades, gremios y actores relacionados. Lo que se suma a la tensa situación que se vive por la discusión del Acuerdo Marco 2015.
Lunes 27 de julio 2015 19:38 hrs.
Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) se reunieron con el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Lautaro Carmona (PC) y la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
Luego de la cita, el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, repudió la criminalización de las protestas laborales, en el marco del disparo que terminó con la muerte de Nelson Quichillao, trabajador subcontratista que resultó muerto tras un confuso enfrentamiento policial.
En ese sentido, el dirigente gremial habló de los compromisos asumidos por la ministra Ximena Rincón, entre ellos, el trabajar para establecer una mesa de diálogo con la empresa: “El Gobierno tiene la responsabilidad de resolver los conflictos laborales de una empresa del Estado y exigirles que instalen una mesa de negociación, independiente de las responsabilidades penales y políticas que desencadena el conflicto laboral al terminar con el asesinato de un trabajador”.
Respecto de la muerte de Quichillao, Ahumada indicó que, en conjunto con la familia y el alcalde de Diego de Almagro, iniciarán acciones legales en contra de los responsables.
Además, criticó que se intente bajar el perfil al suceso, cuando a su juicio, hubo planificación, mando y ejecución “a lo comando” contra un grupo de trabajadores que se estaba manifestando.
La principal polémica se originó a raíz del parte policial dado a conocer por el intendente de Atacama, en el que se asegura que “el personal policial fue atacado con maquinaria pesada y dos cargadores frontales que habrían sido sustraídos a la empresa CODELCO por parte de los trabajadores”.
En efecto, según la versión de Carabineros, el posible atropello de un policía, “motivó la acción de tres efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus armas de fuego para detener el avance de la maquinaria pesada; luego de hacer varios llamados a deponer la acción”.
El policía responsable de la muerte del trabajador está identificado, pero no ha sido revelada su identidad. En medio de estas diligencias, legisladores socialistas y comunistas pidieron la revisión de los protocolos de carabineros.
Nuevas voces se suman al paro
Trabajadores de la División Andina se sumaron al paro que los empleados comenzaron la semana pasada y la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, manifestó su apoyo al gremio y llamó a unirse a todos los sectores en demanda que Codelco no se cierre al diálogo.
Desde la empresa, el Vicepresidente de Productividad y Costos, José Robles, expuso que no comparten que se den demandas adicionales a lo actualmente pactado y negociado en el Acuerdo Marco, cuando también está en juego la sustentabilidad del negocio en El Salvador, dijo.
“Los manifestantes quieren expresar una demanda adicional a lo que ya está vigente en una forma que no corresponde. En este ámbito, la fuerza pública está intentando reestablecer el orden de El Salvador”, explicó asegurando que no les corresponde hablar en un tema que ya se encuentra en la justicia, pero que están disponibles para entregar a Fiscalía toda la información necesaria, así como para prestar ayuda a la familia de la víctima.
Robles insistió que Codelco no puede ni debe negociar con los trabajadores puesto que es materia que le compete a las empresas contratistas, y aun no siendo así, la Compañía tampoco dispondría de recursos para ello.
El representante de Codelco añadió que los trabajadores están incumpliendo su compromiso de no realizar manifestaciones violentas según lo convenido en el Acuerdo Marco.
Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) se reunieron con el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Lautaro Carmona (PC) y la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
Luego de la cita, el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, repudió la criminalización de las protestas laborales, en el marco del disparo que terminó con la muerte de Nelson Quichillao, trabajador subcontratista que resultó muerto tras un confuso enfrentamiento policial.
En ese sentido, el dirigente gremial habló de los compromisos asumidos por la ministra Ximena Rincón, entre ellos, el trabajar para establecer una mesa de diálogo con la empresa: “El Gobierno tiene la responsabilidad de resolver los conflictos laborales de una empresa del Estado y exigirles que instalen una mesa de negociación, independiente de las responsabilidades penales y políticas que desencadena el conflicto laboral al terminar con el asesinato de un trabajador”.
Respecto de la muerte de Quichillao, Ahumada indicó que, en conjunto con la familia y el alcalde de Diego de Almagro, iniciarán acciones legales en contra de los responsables.
Además, criticó que se intente bajar el perfil al suceso, cuando a su juicio, hubo planificación, mando y ejecución “a lo comando” contra un grupo de trabajadores que se estaba manifestando.
La principal polémica se originó a raíz del parte policial dado a conocer por el intendente de Atacama, en el que se asegura que “el personal policial fue atacado con maquinaria pesada y dos cargadores frontales que habrían sido sustraídos a la empresa CODELCO por parte de los trabajadores”.
En efecto, según la versión de Carabineros, el posible atropello de un policía, “motivó la acción de tres efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus armas de fuego para detener el avance de la maquinaria pesada; luego de hacer varios llamados a deponer la acción”.
El policía responsable de la muerte del trabajador está identificado, pero no ha sido revelada su identidad. En medio de estas diligencias, legisladores socialistas y comunistas pidieron la revisión de los protocolos de carabineros.
Nuevas voces se suman al paro
Trabajadores de la División Andina se sumaron al paro que los empleados comenzaron la semana pasada y la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, manifestó su apoyo al gremio y llamó a unirse a todos los sectores en demanda que Codelco no se cierre al diálogo.
Desde la empresa, el Vicepresidente de Productividad y Costos, José Robles, expuso que no comparten que se den demandas adicionales a lo actualmente pactado y negociado en el Acuerdo Marco, cuando también está en juego la sustentabilidad del negocio en El Salvador, dijo.
“Los manifestantes quieren expresar una demanda adicional a lo que ya está vigente en una forma que no corresponde. En este ámbito, la fuerza pública está intentando reestablecer el orden de El Salvador”, explicó asegurando que no les corresponde hablar en un tema que ya se encuentra en la justicia, pero que están disponibles para entregar a Fiscalía toda la información necesaria, así como para prestar ayuda a la familia de la víctima.
Robles insistió que Codelco no puede ni debe negociar con los trabajadores puesto que es materia que le compete a las empresas contratistas, y aun no siendo así, la Compañía tampoco dispondría de recursos para ello.
El representante de Codelco añadió que los trabajadores están incumpliendo su compromiso de no realizar manifestaciones violentas según lo convenido en el Acuerdo Marco.
Los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) se reunieron con el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Lautaro Carmona (PC) y la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón.
Luego de la cita, el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, repudió la criminalización de las protestas laborales, en el marco del disparo que terminó con la muerte de Nelson Quichillao, trabajador subcontratista que resultó muerto tras un confuso enfrentamiento policial.
En ese sentido, el dirigente gremial habló de los compromisos asumidos por la ministra Ximena Rincón, entre ellos, el trabajar para establecer una mesa de diálogo con la empresa: “El Gobierno tiene la responsabilidad de resolver los conflictos laborales de una empresa del Estado y exigirles que instalen una mesa de negociación, independiente de las responsabilidades penales y políticas que desencadena el conflicto laboral al terminar con el asesinato de un trabajador”.
Respecto de la muerte de Quichillao, Ahumada indicó que, en conjunto con la familia y el alcalde de Diego de Almagro, iniciarán acciones legales en contra de los responsables.
Además, criticó que se intente bajar el perfil al suceso, cuando a su juicio, hubo planificación, mando y ejecución “a lo comando” contra un grupo de trabajadores que se estaba manifestando.
La principal polémica se originó a raíz del parte policial dado a conocer por el intendente de Atacama, en el que se asegura que “el personal policial fue atacado con maquinaria pesada y dos cargadores frontales que habrían sido sustraídos a la empresa CODELCO por parte de los trabajadores”.
En efecto, según la versión de Carabineros, el posible atropello de un policía, “motivó la acción de tres efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus armas de fuego para detener el avance de la maquinaria pesada; luego de hacer varios llamados a deponer la acción”.
El policía responsable de la muerte del trabajador está identificado, pero no ha sido revelada su identidad. En medio de estas diligencias, legisladores socialistas y comunistas pidieron la revisión de los protocolos de carabineros.
Nuevas voces se suman al paro
Trabajadores de la División Andina se sumaron al paro que los empleados comenzaron la semana pasada y la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, manifestó su apoyo al gremio y llamó a unirse a todos los sectores en demanda que Codelco no se cierre al diálogo.
Desde la empresa, el Vicepresidente de Productividad y Costos, José Robles, expuso que no comparten que se den demandas adicionales a lo actualmente pactado y negociado en el Acuerdo Marco, cuando también está en juego la sustentabilidad del negocio en El Salvador, dijo.
“Los manifestantes quieren expresar una demanda adicional a lo que ya está vigente en una forma que no corresponde. En este ámbito, la fuerza pública está intentando reestablecer el orden de El Salvador”, explicó asegurando que no les corresponde hablar en un tema que ya se encuentra en la justicia, pero que están disponibles para entregar a Fiscalía toda la información necesaria, así como para prestar ayuda a la familia de la víctima.
Robles insistió que Codelco no puede ni debe negociar con los trabajadores puesto que es materia que le compete a las empresas contratistas, y aun no siendo así, la Compañía tampoco dispondría de recursos para ello.
El representante de Codelco añadió que los trabajadores están incumpliendo su compromiso de no realizar manifestaciones violentas según lo convenido en el Acuerdo Marco.
