En agosto las dirigentes del Colegio de Matronas y de Enfermeras se reunirán con la ministra Carmen Castillo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La cita convocada por el presidente de la instancia parlamentaria, Juan Luis Castro (PS), busca destrabar los conflictos originados a partir del dictamen de la Contraloría que deroga la Norma 21, quitándole exclusividad a las matronas y matrones en unidades de obstetricia, ginecología y neonatología.
El texto deroga la norma del Ministerio de Salud que cede en forma exclusiva a matrones y matronas la responsabilidad administrativa de las unidades de obstetricia, ginecología y neonatal de los hospitales, dejando la puerta abierta para el ingreso de otros profesionales como las enfermeras.
Para Castro lo fundamental es evitar que existan disputas profesionales en un ámbito en el se puede funcionar en simultáneo. Para eso, los diputados solicitaron un informe jurídico sobre el cual buscan que el Ministerio de Salud interprete la normativa, dando instrucciones en virtud del dictamen emanado desde la Contraloría.
Para Paulina Núñez (RN) es necesario que el Ministerio avale la posición de las matronas en el sentido de revertir el polémico dictamen. “Creo que en esta oportunidad la Contraloría se equivocó y así como en otras oportunidades ha entregado dictámenes distintos, que enmiende el recién emitido”.
Otra de las contrarias al dictamen es Karol Cariola (PC). La diputada
ingresó hace dos semanas un proyecto de ley en el que solicita el reemplazo del artículo 117 del Código Sanitario, para que se reconozcan los servicios profesionales de Matronería.
Entre los argumentos esgrimidos, la obstetra de profesión selaló que “tanto las mallas curriculares de la formación académica como la propia experiencia comprueban que hay un porcentaje importante de matronas que se dedican especialmente a la neonatología y no solo al cuidado del neonato fisiológico sino también patológico. En ese sentido, es lamentable que esto se haya relativizado de alguna manera por la Contraloría”.
Karol Cariola indicó que es necesario distinguir las competencias de cada profesión para lo cual propuso que las enfermeras presenten una iniciativa acorde a sus requerimientos.
Sin embargo, las enfermeras no están de acuerdo con lo propuesto. Desde el Colegio del gremio, su presidenta Paola Pontoni acusó hostigamientos laborales, cierre de concursos públicos y de centros de práctica profesional, dejando estos espacios solo destinados a la matronería.
Por ello llaman a acatar el dictamen 21 de Contraloría, toda vez que fueron ellas las que “formaron las unidades de neonatología a nivel nacional” y no creen justo el que la responsabilidad administrativa recaiga únicamente en los matrones y matronas.
En agosto las dirigentes del Colegio de Matronas y de Enfermeras se reunirán con la ministra Carmen Castillo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La cita convocada por el presidente de la instancia parlamentaria, Juan Luis Castro (PS), busca destrabar los conflictos originados a partir del dictamen de la Contraloría que deroga la Norma 21, quitándole exclusividad a las matronas y matrones en unidades de obstetricia, ginecología y neonatología.
El texto deroga la norma del Ministerio de Salud que cede en forma exclusiva a matrones y matronas la responsabilidad administrativa de las unidades de obstetricia, ginecología y neonatal de los hospitales, dejando la puerta abierta para el ingreso de otros profesionales como las enfermeras.
Para Castro lo fundamental es evitar que existan disputas profesionales en un ámbito en el se puede funcionar en simultáneo. Para eso, los diputados solicitaron un informe jurídico sobre el cual buscan que el Ministerio de Salud interprete la normativa, dando instrucciones en virtud del dictamen emanado desde la Contraloría.
Para Paulina Núñez (RN) es necesario que el Ministerio avale la posición de las matronas en el sentido de revertir el polémico dictamen. “Creo que en esta oportunidad la Contraloría se equivocó y así como en otras oportunidades ha entregado dictámenes distintos, que enmiende el recién emitido”.
Otra de las contrarias al dictamen es Karol Cariola (PC). La diputada
ingresó hace dos semanas un proyecto de ley en el que solicita el reemplazo del artículo 117 del Código Sanitario, para que se reconozcan los servicios profesionales de Matronería.
Entre los argumentos esgrimidos, la obstetra de profesión selaló que “tanto las mallas curriculares de la formación académica como la propia experiencia comprueban que hay un porcentaje importante de matronas que se dedican especialmente a la neonatología y no solo al cuidado del neonato fisiológico sino también patológico. En ese sentido, es lamentable que esto se haya relativizado de alguna manera por la Contraloría”.
Karol Cariola indicó que es necesario distinguir las competencias de cada profesión para lo cual propuso que las enfermeras presenten una iniciativa acorde a sus requerimientos.
Sin embargo, las enfermeras no están de acuerdo con lo propuesto. Desde el Colegio del gremio, su presidenta Paola Pontoni acusó hostigamientos laborales, cierre de concursos públicos y de centros de práctica profesional, dejando estos espacios solo destinados a la matronería.
Por ello llaman a acatar el dictamen 21 de Contraloría, toda vez que fueron ellas las que “formaron las unidades de neonatología a nivel nacional” y no creen justo el que la responsabilidad administrativa recaiga únicamente en los matrones y matronas.
En agosto las dirigentes del Colegio de Matronas y de Enfermeras se reunirán con la ministra Carmen Castillo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La cita convocada por el presidente de la instancia parlamentaria, Juan Luis Castro (PS), busca destrabar los conflictos originados a partir del dictamen de la Contraloría que deroga la Norma 21, quitándole exclusividad a las matronas y matrones en unidades de obstetricia, ginecología y neonatología.
El texto deroga la norma del Ministerio de Salud que cede en forma exclusiva a matrones y matronas la responsabilidad administrativa de las unidades de obstetricia, ginecología y neonatal de los hospitales, dejando la puerta abierta para el ingreso de otros profesionales como las enfermeras.
Para Castro lo fundamental es evitar que existan disputas profesionales en un ámbito en el se puede funcionar en simultáneo. Para eso, los diputados solicitaron un informe jurídico sobre el cual buscan que el Ministerio de Salud interprete la normativa, dando instrucciones en virtud del dictamen emanado desde la Contraloría.
Para Paulina Núñez (RN) es necesario que el Ministerio avale la posición de las matronas en el sentido de revertir el polémico dictamen. “Creo que en esta oportunidad la Contraloría se equivocó y así como en otras oportunidades ha entregado dictámenes distintos, que enmiende el recién emitido”.
Otra de las contrarias al dictamen es Karol Cariola (PC). La diputada
ingresó hace dos semanas un proyecto de ley en el que solicita el reemplazo del artículo 117 del Código Sanitario, para que se reconozcan los servicios profesionales de Matronería.
Entre los argumentos esgrimidos, la obstetra de profesión selaló que “tanto las mallas curriculares de la formación académica como la propia experiencia comprueban que hay un porcentaje importante de matronas que se dedican especialmente a la neonatología y no solo al cuidado del neonato fisiológico sino también patológico. En ese sentido, es lamentable que esto se haya relativizado de alguna manera por la Contraloría”.
Karol Cariola indicó que es necesario distinguir las competencias de cada profesión para lo cual propuso que las enfermeras presenten una iniciativa acorde a sus requerimientos.
Sin embargo, las enfermeras no están de acuerdo con lo propuesto. Desde el Colegio del gremio, su presidenta Paola Pontoni acusó hostigamientos laborales, cierre de concursos públicos y de centros de práctica profesional, dejando estos espacios solo destinados a la matronería.
Por ello llaman a acatar el dictamen 21 de Contraloría, toda vez que fueron ellas las que “formaron las unidades de neonatología a nivel nacional” y no creen justo el que la responsabilidad administrativa recaiga únicamente en los matrones y matronas.
