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Año XI, 14 de diciembre de 2019

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Evalúan urgencia a proyecto que degrada a militares implicados en crímenes de DD.HH.

Desde la DC pidieron al Gobierno que ponga urgencia al proyecto que sanciona la degradación de los militares que se vean implicados en crímenes contra los DD.HH. En este sentido, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, declaró que "uno quisiera que Manuel Contreras no muriera como general"

Paula Campos y Héctor Areyuna

  Jueves 30 de julio 2015 20:49 hrs. 
Golpe

Junto con los nuevos antecedentes dados a conocer en materia de Derechos Humanos  han surgido propuestas para avanzar en la materia. A la de liberación del secreto de la Comisión Valech, se suma la degradación de los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.

El caso de Manuel Contreras, ex director de la DINA, acrecienta la necesidad de debatir en torno a esta iniciativa. Así, lo han dejado ver representantes de diversas corrientes políticas. Por ejemplo, la bancada DC pidió que el Gobierno pusiera urgencia a la legislación que busca concretarlo y que duerme en el Parlamento desde 2010.

El objetivo es que funcione como una sanción accesoria que implicaría la privación del grado y derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares a todos quienes estén involucrados en casos de Derechos Humanos. Además, contempla el retiro absoluto de la institución junto con la incapacidad perpetua para servir en cualquiera de las ramas.

El Ministro Vocero de Gobierno dijo que están evaluando el poner urgencia a diferentes proyectos, evaluación técnica que se resolvería durante los próximos días, explicó Marcelo Díaz.

En la Alianza, el tema es un álgido debate. Más cuando el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) declarara que “suena violento” que Manuel Contreras muera como un general del Ejército.

“Manuel Contreras no debería morir como general. Es así. No le deseo la muerte a nadie, ni siquiera a Manuel Contreras, pero uno quisiera que no muriera como general”, dijo Hernán Larraín en una entrevista concedida este jueves.

Pero no todos piensan igual, para el diputado Ulloa (UDI) corresponde que Contreras reciba estos honores tras su muerte, pese a que sobre él recaen más de 500 años de condena por diversos delitos cometidos en Dictadura, donde tuvo un rol fundamental en la planificación, entrenamiento y ejecución de torturas.

En el caso del Ejército, pero a raíz del Cas Quemados, se confirmó que el personal a contrata vinculado con el crimen será desvinculado de la institución.

En el escueto comunicado publicado por la Institución, se lee que “de acuerdo al criterio de administración de personal que se viene aplicando desde el año 2009, con esta fecha se ha resuelto desvincular de la Institución al personal a contrata cuya resolución de sometimiento a proceso, en el día de hoy, se encuentra firme”.

Además, reiteraron su “compromiso de colaboración con la Justicia, en todo suelo que esté bajo su conocimiento y competencia”.

Posibilidad de levantar secreto en Informe Valech no genera consenso

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes vio con dificultad la posibilidad expresada por el Gobierno de analizar el fin del secreto que hay sobre el informe de la comisión Valech.

Ayer, el vocero del Ejecutivo, el ministro Marcelo Díaz, reconoció que hay voluntad de levantar dicha restricción que por ley durará 50 años, pero que esto se estudiaría caso a caso y, más aún, una vez constituida la subsecretaría de DD.HH que aún no se crea,

Ante eso, Lorena Fríes enfatizó la necesidad de explorar otras alternativas, pero por sobre todo, no seguir dilatando el proceso. Por eso insistió en medidas como el principio de oposición planteado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los llamados a esclarecer hasta la última causa de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se han incrementado en las últimas semanas ante la reapertura del Caso Quemados.

De hecho, Carmen Gloria Quintana se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet y dijo que ésta se comprometió a estudiar estos temas.

Mientras, la senadora Lily Pérez hizo un llamado al país a “enfrentar nuestros temores y miedos, y una de las formas más claras de enfrentarlo es a través de la verdad y la transparencia”.

La parlamentaria de Amplitud aseguró que debe levantarse el secreto sobre todas las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el país.

Por otra parte, la directora del Consejo para la Transparencia, en su calidad de ex ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que en esto hay que ser prudentes y, por eso, se inclina a mantener cierta reserva en la información.

La ex secretaria de Estado defendió que el Informe Valech fue hecho con una promesa de secreto: “Muchos entregaron información sabiendo de que su identidad y lo que pasó no iba a ser entregada y hay razones para ello”, concluyó.