Los casos de Libia y Siria suelen suscitar comparaciones y paralelismos. En ambos países las revueltas populares iniciadas en 2011 en el marco de la llamada Primavera Árabe derivaron en una acelerada militarización de la contienda, caracterizada por una proliferación de actores armados con diversas agendas y unos elevados niveles de violencia que han tenido un gravísimo impacto en la población civil. Tanto el conflicto armado de Libia como el de Siria han tenido también importantes repercusiones a nivel regional, al convertirse en focos de inestabilidad y en epicentros de flujos de armas y combatientes en el norte de África y Oriente Próximo. En ambos contextos, y por múltiples razones, la búsqueda de una solución política al conflicto armado se ha mostrado ardua y esquiva. En la actualidad, sin embargo, en ambos casos existe la posibilidad de aprovechar una pequeña –¡mínima!– ventana de oportunidad para explorar vías de salida que, idealmente, conduzcan en el futuro a un esperado cambio de ciclo y a una reducción de las hostilidades.

En Libia, la ONU intenta desde hace meses favorecer un diálogo, tras el severo deterioro en la situación política y de seguridad en el país que a mediados de 2014 motivó la conformación de dos grandes polos de poder rivales, uno en torno a la Cámara de Representantes en Tobruk (este) –reconocido internacionalmente– y otro en torno al Congreso Nacional General (CNG) en la capital, Trípoli. El pasado 11 de julio, las gestiones diplomáticas lideradas por el enviado especial de la ONU para Libia, Bernardino León, desembocaron en la suscripción de un acuerdo marco que busca configurar un gobierno de consenso nacional. Pese a que el CNG decidió no dar su apoyo hasta que se tengan en cuenta sus propuestas –otra iniciativa de León fue rechazada en junio por las autoridades de Tobruk con un argumento similar–, el pacto suscrito en la localidad marroquí de Skhirat ha despertado algunas expectativas positivas. Como ha destacado International Crisis Group en un reciente informe, el acuerdo de Skhirat ratificó el clima favorable a un gobierno de consenso, fue aprobado con el apoyo de otros sectores que participan en la instancia de diálogo político (que no comulgan ni con los representantes de Trípoli ni con los de Tobruk) y recibió el respaldo de grupos municipales, de mujeres y de partidos políticos que han participado en el proceso de consultas. Al finalizar julio, León intentaba abordar uno de los principales retos –implicar a las autoridades de Trípoli– reuniéndose con dirigentes de la CNG en Argelia.

En el caso sirio, tras el fracaso de Kofi Annan y de Lakhdar Brahimi, el diplomático sueco-italiano Staffan de Mistura asumió la tarea facilitar una salida a la crisis (el “trabajo más difícil del mundo”, resumía The Guardian esta semana). Después de intentar sin éxito un “congelamiento” de la confrontación en Alepo en los primeros meses de 2015 –bajo el argumento de que un freeze en esta ciudad siria tendría un poder simbólico y podría ser replicado–, De Mistura optó por mantener una serie de consultas discretas y de bajo perfil con diferentes sectores sirios, evitando así que los contactos fueran catalogados como un “Ginebra 3”, tras dos formatos públicos y de alto nivel que no dieron frutos ni en 2012 ni en 2014. El pasado 29 de julio se planteó así una nueva aproximación al conflicto: profundizar la dinámica de consultas a través de la conformación de grupos temáticos que aborden temas clave, de seguridad, asuntos políticos y constitucionales, reconstrucción, etc. El objetivo, en palabras del secretario general de la ONU, es “operacionalizar” el Comunicado de Ginebra, documento adoptado en 2012 en la primera conferencia sobre la guerra en Siria –y respaldado entonces por el Consejo de Seguridad– que define la hoja de ruta para un proceso de transición en el país. De esta manera, la idea es que la población siria pueda estar más directamente implicada en una fórmula de solución cuyo tempo estará marcado, inevitablemente, por un acuerdo más amplio a nivel regional e internacional.

En este sentido, en el diagnóstico de ambos escenarios existe coincidencia en que la amenaza de ISIS ha intensificado la preocupación internacional y está siendo utilizado para subrayar la urgencia en la búsqueda soluciones políticas (tanto De Mistura como León han insistido en ello en sus mensajes al Consejo de Seguridad). Pese a que algunos indicios apuntan a que ISIS tendría más dificultades para implantarse en Libia –por la ausencia de una fractura sectaria en el país y el poderío de otras milicias–, el grupo armado estaría sacando provecho de los deseos de revancha de sectores pro-gaddafistas para avanzar posiciones y algunos ataques recientes de alto impacto, como los de Túnez –perpetrados por jóvenes que recibieron entrenamiento en Libia– han puesto en evidencia su potencial desestabilizador en todo el norte de África. En un escenario de crisis de migración y refugio en el Mediterráneo, la Unión Europea necesita más que nunca ver en Libia un socio estable y –ni que sea por criterios puramente egoístas–, podría verse compelida a apoyar con mayor decisión los esfuerzos para pavimentar una salida política. En Siria, las posibilidades de hacer confluir los intereses de los múltiples actores involucrados en una disputa tan regionalizada e internacionalizada son aún más complejas, si cabe. Pero el reciente acuerdo en torno al programa nuclear iraní –que aún debe sortear los procesos de ratificación en Irán y EEUU–, parece abrir nuevas expectativas sobre las opciones de que actores hasta ahora distantes puedan trabajar de manera conjunta en la búsqueda de una solución.

A la hora de sopesar los riesgos y obstáculos, sin embargo, la lista es larga. Muy larga. Entre otros factores, se cuentan las debilidades de los propios procesos de mediación y diálogo puestos en marcha –la dificultad para una negociación directa entre las principales partes contendientes ha sido uno de los problemas identificados en el caso libio; mientras que en el caso sirio una parte importante de los grupos armados convocados por De Mistura se marginaron en represalia por la decisión del diplomático de incluir a Irán en la ronda de consultas– y la deuda que tienen en términos de inclusividad –por ejemplo, una participación genuina y relevante de las mujeres. A esto se suma la persistencia de las diferencias en torno a temas clave. En Libia, respecto al papel que debe desempeñar el nuevo Consejo de Estado –donde se espera que el CNG juegue un rol determinante, ya que según el acuerdo de Skhirat la Cámara de Representantes sería reconocida como el cuerpo legislativo– o sobre qué actor asumiría el control sobre las fuerzas de seguridad. Y, en el caso de Siria, sobre el papel de Bashar al-Assad en cualquier opción de salida política. Adicionalmente, hay que considerar las dificultades para involucrar a los grupos armados en cualquier esfuerzo de negociación. La situación es extremadamente compleja en contextos altamente fragmentados y atomizados como los de Libia y Siria, que impiden aplicar los esquemas clásicos de negociación partiendo de la fórmula de un gobierno y una guerrilla, no sólo por la multiplicidad de actores armados no estatales existentes, sino también por la fragilidad del propio actor estatal (carente de un entramado institucional, por ejemplo, en el caso de Libia). En ambos casos también, las dinámicas del conflicto han propiciado una intrincada red de intereses criminales que pueden dificultar aún más los esfuerzos por poner fin a la violencia, dados los réditos de la economía de guerra. Así, se da por descontado que cualquier proceso se verá amenazado por saboteadores (“spoilers”) de diverso signo.

Otro factor nada menor es la falta de voluntad política demostrada hasta ahora por la comunidad internacional para involucrarse, seriamente, en la búsqueda de una solución pactada, pese a la magnitud de la tragedia y su impacto humanitario. En Libia apenas es posible hacer un diagnóstico acabado debido a que sólo se dispone de informaciones parciales, pero según ACNUR la violencia ha motivado que los desplazamientos forzados en el país se dupliquen pasando de 230.000 personas en septiembre a 434.000 en junio. En Siria el panorama es aún más desolador, con más de 220.000 víctimas mortales, cuatro millones de personas obligadas a huir del país, 7,6 millones de personas desplazadas internamente y más del 80 por ciento de la población viviendo en la pobreza (pese a este cuadro, hasta julio la respuesta al plan de emergencia de la ONU sólo había recibido un 27 por ciento de financiamiento). En este escenario, por tanto, no se puede desconocer que el margen para las expectativas es escaso. Sin embargo, al ser interpelado sobre las perspectivas de los esfuerzos para acabar con la guerra, De Mistura respondía: “Debemos ser optimistas”. Cualquier oportunidad, por mínima que sea, debería ser aprovechada. La alternativa es una impasibilidad crónica ante conflictos que están desgarrando la vida de millones de personas hace ya demasiado tiempo.

*La autora es investigadora de la Escola de Cultura de Pau (UAB).