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El fiscal de Pinochet: documentos que confirman la relación entre Torres Silva y el Dictador

El ex fiscal militar enfrenta un complejo escenario luego de involucrarse en el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. El viernes se entregó a la policía, tal vez para no seguir el camino del general Hernán Ramírez Rurange, condenado en la misma causa y que sólo horas antes se había suicidado.

Raúl Martínez

  Viernes 14 de agosto 2015 14:40 hrs. 
torres SIlva


“Fernando Torres Silva no interrogaba”, recuerda un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez detenido en Carrizal Bajo luego del descubrimiento del ingreso de armamento a Chile. Claudio Molina afirma que las veces que estuvo en la oficina del fiscal ad hoc en calle Zenteno, sus actuarios eran quienes hacían las preguntas. Mientras, el oficial se paseaba detrás del detenido intentando amedrentar con su paso cansino y su respiración pesada.

Torres Silva había asumido el caso de la internación de armas luego del atentado contra Augusto Pinochet y el asalto de la panadería Lautaro, momento en que la dictadura decidió otorgarle el título de fiscal ad hoc para que investigara esas causas.

Sin embargo, los militantes del FPMR detenidos por el caso Carrizal, decidieron no declarar ante Torres Silva y entregaron una proclama donde detallaron públicamente los motivos que motivaron el ingreso del arsenal al país.

“Nosotros denunciamos que desde ese momento no íbamos a hacer ninguna declaración ante la fiscalía, porque no le otorgábamos ninguna autoridad ética, política, jurídica y moral para juzgarnos. Esa declaración tuvo mucha repercusión. Salió por México y de ahí para todos lados y luego rebotó en Chile, que era la idea. El tipo nos mandó a los cinco que estábamos detenidos, a declarar a la fiscalía. Nosotros habíamos acordado que no íbamos a declarar nada. Entonces los tipos nos llamaban con toda una parafernalia de militares y escoltas armados para sacarnos de la Penitenciaría, y nosotros nos poníamos de pie con las manos atrás, mirándoles la cara. Nos preguntaban de todo y nosotros no respondíamos nada”, explica Molina.

El ex dirigente del FPMR agrega que luego de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, Torres Silva ordenó que fueran ubicados en las galerías de los reos rematados de la ex Penitenciaría de Santiago. Pero los presos comunes respetaban y terminaron protegiendo a los prisioneros políticos. Entonces se aplicaron castigos como la incomunicación, todo gatillado por el acto de rebeldía de no declarar.

“Nos dejaban en una celda de castigo, aislado en la Penitenciaría, por cinco días. Pasado los cinco días te volvían a llamar y te hacían las mismas preguntas… y esa opereta se volvía a repetir, hasta que al final le ganamos por cansancio. Durante un mes y medio estuvimos en esa especie de protesta y nos tuvo incomunicados. No te permitían ingresar ni una cuchara, había que comer con la mano, además la comida del penal que es asquerosa”, puntualiza.

Claudio Molina agrega que había de parte de la fiscalía acoso a los familiares, quienes, como en su caso, también terminaron saliendo del país.

Molina se fugó de la ex Cárcel Pública de Santiago en enero de 1990. Sólo después de ese hecho, Torres Silva lo condenó a cadena perpetua.

De empleado civil a general de justicia

En diciembre de 1969, Juan Fernando Torres Silva ingresó con grado 8 al Ejército. En diversas oportunidades recibe el reconocimiento del propio Augusto Pinochet.

En su hoja de vida que lo calificó entre el 1 de julio de 1980 hasta el 30 junio de 1981, se lee: “Con ocasión del estudio del anteproyecto de la Constitución, análisis del informe del Consejo del Estado y redacción definitiva del texto de la nueva Constitución Política de la República por parte de la Secretaría de Legislación de la H. Junta de Gobierno, el calificado, en su calidad de integrante de dicho organismo desempeñó un papel destacado por su eficiencia y preparación profesional, mereciendo por tal motivo el expreso reconocimiento y felicitación de S.E. el Presidente de la República”. Firma el documento el coronel Jorge Zincke con fecha del 26 de agosto de 1980.

Torres Silva siempre fue cercano a Pinochet. Según se desprende de su hoja de vida y calificaciones a las que tuvo acceso Radio Universidad de Chile, el fiscal fue felicitado en varias ocasiones por el propio dictador, entre ellas una a raíz de la misión desarrollada en Argentina entre el 22 y el 27 de marzo de 1983. Ese mismo año, el 10 de diciembre, asumía la presidencia del país el abogado Raúl Alfonsín, poniendo fin a la dictadura en esa nación.

Por eso el abogado especialista en causas de derechos humanos, Cristián Cruz, no descarta que se tratara de una visita en el marco de los enlaces de la Operación Cóndor en las postrimerías de la dictadura trasandina. “Es del todo probable. Recordemos que hay víctimas de los años ’80 que están catalogadas como ‘Operación Cóndor’, principalmente militantes del MIR chileno, que son detenidos en Argentina, hechos desaparecer y que se les ve a finales de la dictadura argentina en recintos clandestinos de detención en Buenos Aires, por lo tanto ahí hay información relevante. Los ejércitos siguieron colaborando. Prueba de ello es lo sucedido con Eugenio Berríos que recordemos, traspasa las fronteras y ciertamente con el conocimiento de los servicios de inteligencia uruguayos, sin lugar a dudas que los servicios de inteligencia de argentina estaban al tanto, quizás no de los detalles, pero sí que por su territorio pasa una misión de inteligencia chilena y eso lo detectaron”.

De hecho, Torres Silva realizó cursos de inteligencia y el 13 de mayo de 1974 recibió el título de “Especialista en Inteligencia Militar” y luego los impartía. Así se lee en el documento de calificación del periodo agosto 1974 – julio 1975, donde se señala que ocupó los puestos de fiscal militar y “Profesor del Curso ESP-OL. 7c. ‘Especialista en Inteligencia’ (Avanzado)”.

En su labor de asesoría legal de la dictadura, Torres Silva formó parte del grupo de auditores de la Junta de Gobierno y también en la redacción de cuerpos legales que aún son materia de debate en la actualidad.

En su hoja de vida, el 28 de junio de 1979 el coronel Zincke suscribe que al fiscal “le correspondió integrar una comisión dispuesta por S.E el Presidente de la República para la redacción de la Ley del Deporte y asesorar en las leyes laborales en el comité de la H. Junta de Gobierno”. En esta oportunidad el propio Pinochet ordena se estipule por escrito sus felicitaciones por el trabajo desarrollado.

En sus calificaciones de 1987-1988 se puede leer los cargos que ocupó como fiscal ad hoc: Auditor de la comandancia en jefe del Ejército; Representante del Ejército ante la Secretaría Legislativa de la Honorable Junta de Gobierno; Integrante permanente del Comité de Auditoría de Justicia Militar; Fiscal ad hoc causa internación ilegal de armas; Atentado a S.E. el Presidente de la República; Proceso homicidio carabinero Vásquez Tobar; Secuestro Teniente Coronel Carlos Carreño; Ministro Integrante Ilustrísima Corte Marcial.

En esas funciones, el 22 de junio de 1988 el juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago informa de su desempeño, destacando su conducta. “Por su infatigable acción en contra del terrorismo y por los profundos conocimientos que tiene sobre el FMR y el MIR, fue víctima de un atentado en contra de su vida por parte de una de estas organizaciones”, hecho ocurrido el 27 de mayo de ese año.

Además, ya en 1986 se subraya que su acción “hasta el momento permiten neutralizar y/o inmovilizar como detenidos a numerosos presuntos inculpados, que además militan en organización o partidos de reconocida oposición al Gobierno Militar, las efectúa en forma extraordinariamente hábil, y con un gran tino”. Ese mismo año se cometieron numerosas detenciones y también el asesinato de un grupo de integrantes del FPMR, conocido como “Operación Albania”, hecho que fue presentado por la dictadura como un enfrentamiento, lo que quedó desechado años después por la investigación judicial del ministro Hugo Dolmestch, quien determinó que se trató de crímenes cometidos por agentes de la CNI.

Cristián Cruz sostiene que la “judicatura militar fue un verdadero soporte, que dio cobertura, que sirvió para encubrir e incluso perpetrar crímenes durante la dictadura de Pinochet, asegurando impunidad para los agentes, lo que también se traspasó en el tiempo. Recordemos que la auditoría general del Ejército ya en democracia, es la que determina cual es el curso de acción que van a seguir los agentes, o sea, lo que van a decir, las mentiras que van a señalar en las causas de derechos humanos. Ciertamente que hubo operaciones de encubrimiento, pactos del mando para que los inferiores mintieran e impidieran verdad y justicia en estos casos”, rol en el que Torres Silva tuvo un papel relevante y que aún hoy es motivo de debate en Chile.

Revisar los documentos. (Para ampliar, pinchar sobre ellos) 

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