Se ha sumado una nueva acción judicial para aclarar posibles aportes ilegales a parlamentarios. La Fundación Ciudadano inteligente interpuso una querella por el delito de cohecho contra Jaime Orpis.
El abogado de la Fundación, Mauricio Daza, manifestó que “existen claros indicios que el senador habría recibido aportes ilegales por parte de un grupo económico y en este contexto habría sido influenciado para presentar proyectos y votarlos en determinado sentido”.
“No solo buscamos levantar una bandera, queremos que estos hechos sean sancionados”, explicó el abogado quien además aseguró que la querella había sido acogida a trámite.
Hace más de una semana, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó la incautación de los computadores personales del legislador gremialista. En medio de la diligencia, Orpis habría sido internado en la Clínica Las Condes por un infarto.
Sergio Rodríguez, abogado del Senador, aseguró que el proceso “infringe el secreto profesional y la obligatoria reserva de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor”. Por esta razón, presentaron una declaración de nulidad que será revisada este lunes por el Tribunal.
Daza agregó que “no existen ámbitos de reserva absolutos sino que esta reserva se puede levantar si existen antecedentes plausibles y que sean necesarios para una indagatoria”.
El abogado aseguró que la investigación del Ministerio Público “no viene de la nada. Ya existen antecedentes que demuestran que el Senador no solo recibía un aporte periódico por parte de una pesquera del grupo Angelini, sino que también se enviaban minutas por parte de funcionarios al Senador, que se traducían en intervenciones e iniciativas legislativas”.
En una primera instancia, se autorizó acceder a su computador, CPU, notebook, pendrive o cualquier dispositivo utilizado en Valparaíso, Iquique y Santiago. Además, los respaldos y copias de correos electrónicos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
A juicio del abogado, la enfermedad de Orpis incluso podría estar siendo utilizada para una renuncia del parlamentario. Situación que permitiría a la UDI nombrar un reemplazante antes del “muy previsible desafuero”.
Ante la presentación de “Ciudadano Inteligente”, el vocero nacional del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep) Hernán Machuca, advirtió que esto “ratifica las demandas que han hecho alrededor de 7 organizaciones y 4 personas naturales”.
Recordemos que en el caso Corpesca se está pesquisando a Orpis por presunto cohecho, luego de haber recibido 235 millones de parte de la empresa, esto en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, misma situación en la que se encontraría la ex diputada gremialista, Marta Isasi.
El pasado 11 de junio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió asumir la investigación de la causa Corpesca, junto a todo su equipo de investigadores, incluyendo al fiscal Carlos Gajardo. El 21 de julio y a través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, Chahuán notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses.
“Para no entorpecer la investigación, nos parece que así van a trabajar más tranquilos. Quizás los 6 meses son bastante tiempo, pero hay que tener paciencia para determinar la culpabilidad de los involucrados”, concluyó Machuca.
Se ha sumado una nueva acción judicial para aclarar posibles aportes ilegales a parlamentarios. La Fundación Ciudadano inteligente interpuso una querella por el delito de cohecho contra Jaime Orpis.
El abogado de la Fundación, Mauricio Daza, manifestó que “existen claros indicios que el senador habría recibido aportes ilegales por parte de un grupo económico y en este contexto habría sido influenciado para presentar proyectos y votarlos en determinado sentido”.
“No solo buscamos levantar una bandera, queremos que estos hechos sean sancionados”, explicó el abogado quien además aseguró que la querella había sido acogida a trámite.
Hace más de una semana, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó la incautación de los computadores personales del legislador gremialista. En medio de la diligencia, Orpis habría sido internado en la Clínica Las Condes por un infarto.
Sergio Rodríguez, abogado del Senador, aseguró que el proceso “infringe el secreto profesional y la obligatoria reserva de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor”. Por esta razón, presentaron una declaración de nulidad que será revisada este lunes por el Tribunal.
Daza agregó que “no existen ámbitos de reserva absolutos sino que esta reserva se puede levantar si existen antecedentes plausibles y que sean necesarios para una indagatoria”.
El abogado aseguró que la investigación del Ministerio Público “no viene de la nada. Ya existen antecedentes que demuestran que el Senador no solo recibía un aporte periódico por parte de una pesquera del grupo Angelini, sino que también se enviaban minutas por parte de funcionarios al Senador, que se traducían en intervenciones e iniciativas legislativas”.
En una primera instancia, se autorizó acceder a su computador, CPU, notebook, pendrive o cualquier dispositivo utilizado en Valparaíso, Iquique y Santiago. Además, los respaldos y copias de correos electrónicos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
A juicio del abogado, la enfermedad de Orpis incluso podría estar siendo utilizada para una renuncia del parlamentario. Situación que permitiría a la UDI nombrar un reemplazante antes del “muy previsible desafuero”.
Ante la presentación de “Ciudadano Inteligente”, el vocero nacional del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep) Hernán Machuca, advirtió que esto “ratifica las demandas que han hecho alrededor de 7 organizaciones y 4 personas naturales”.
Recordemos que en el caso Corpesca se está pesquisando a Orpis por presunto cohecho, luego de haber recibido 235 millones de parte de la empresa, esto en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, misma situación en la que se encontraría la ex diputada gremialista, Marta Isasi.
El pasado 11 de junio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió asumir la investigación de la causa Corpesca, junto a todo su equipo de investigadores, incluyendo al fiscal Carlos Gajardo. El 21 de julio y a través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, Chahuán notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses.
“Para no entorpecer la investigación, nos parece que así van a trabajar más tranquilos. Quizás los 6 meses son bastante tiempo, pero hay que tener paciencia para determinar la culpabilidad de los involucrados”, concluyó Machuca.
Se ha sumado una nueva acción judicial para aclarar posibles aportes ilegales a parlamentarios. La Fundación Ciudadano inteligente interpuso una querella por el delito de cohecho contra Jaime Orpis.
El abogado de la Fundación, Mauricio Daza, manifestó que “existen claros indicios que el senador habría recibido aportes ilegales por parte de un grupo económico y en este contexto habría sido influenciado para presentar proyectos y votarlos en determinado sentido”.
“No solo buscamos levantar una bandera, queremos que estos hechos sean sancionados”, explicó el abogado quien además aseguró que la querella había sido acogida a trámite.
Hace más de una semana, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó la incautación de los computadores personales del legislador gremialista. En medio de la diligencia, Orpis habría sido internado en la Clínica Las Condes por un infarto.
Sergio Rodríguez, abogado del Senador, aseguró que el proceso “infringe el secreto profesional y la obligatoria reserva de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor”. Por esta razón, presentaron una declaración de nulidad que será revisada este lunes por el Tribunal.
Daza agregó que “no existen ámbitos de reserva absolutos sino que esta reserva se puede levantar si existen antecedentes plausibles y que sean necesarios para una indagatoria”.
El abogado aseguró que la investigación del Ministerio Público “no viene de la nada. Ya existen antecedentes que demuestran que el Senador no solo recibía un aporte periódico por parte de una pesquera del grupo Angelini, sino que también se enviaban minutas por parte de funcionarios al Senador, que se traducían en intervenciones e iniciativas legislativas”.
En una primera instancia, se autorizó acceder a su computador, CPU, notebook, pendrive o cualquier dispositivo utilizado en Valparaíso, Iquique y Santiago. Además, los respaldos y copias de correos electrónicos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
A juicio del abogado, la enfermedad de Orpis incluso podría estar siendo utilizada para una renuncia del parlamentario. Situación que permitiría a la UDI nombrar un reemplazante antes del “muy previsible desafuero”.
Ante la presentación de “Ciudadano Inteligente”, el vocero nacional del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep) Hernán Machuca, advirtió que esto “ratifica las demandas que han hecho alrededor de 7 organizaciones y 4 personas naturales”.
Recordemos que en el caso Corpesca se está pesquisando a Orpis por presunto cohecho, luego de haber recibido 235 millones de parte de la empresa, esto en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, misma situación en la que se encontraría la ex diputada gremialista, Marta Isasi.
El pasado 11 de junio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió asumir la investigación de la causa Corpesca, junto a todo su equipo de investigadores, incluyendo al fiscal Carlos Gajardo. El 21 de julio y a través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, Chahuán notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses.
“Para no entorpecer la investigación, nos parece que así van a trabajar más tranquilos. Quizás los 6 meses son bastante tiempo, pero hay que tener paciencia para determinar la culpabilidad de los involucrados”, concluyó Machuca.
