En medio de la polémica generada por la información que reveló un millonario fraude en el Ejército amparado en la Ley Reservada del Cobre y las constantes críticas al dinero que las Fuerzas Armadas reciben bajo esta ley, los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo y Giorgio Jackson presentaron un proyecto que busca modificar la iniciativa aprobada en 1958, y modificada en 1973 y 1985 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto de acuerdo propuesto por los parlamentarios busca dejar de dotar a las Fuerzas Armadas del diez por ciento obtenido de las exportaciones de Codelco para financiar de manera permanente la educación y salud pública.
El punto central de la modificación es la redistribución de los recursos del país. Por ello, la diputada PC por La Florida indicó que es necesario usar los dineros en “cosas más urgentes”.
En tanto, su correligionaria Karol Cariola explicó que el proyecto propone dividir en tres los recursos obtenidos por esta vía. Permitiendo así que carteras como Educación y Salud puedan contar con más dinero. Así, las Fuerzas Armadas contarían con un tercio de estos ingresos y lo restante ayudaría a aplacar importantes deudas como la que el Estado tiene en materia de Salud pública.
“Cuando se habla de que hay una crisis de salud grande, profunda, compleja como la que hay en Chile, creemos que es una situación de urgencia, que no resiste mayor análisis y que tampoco se puede seguir esperando tomar los recursos que tenemos a disposición del país para cubrir las necesidades de la ciudadanía”, agregó la parlamentaria.
Si bien el problema principal es la gran cantidad de dinero que se destina a la compra de armas, a esta situación la secunda la escasa fiscalización que tiene el uso de los recursos en las Fuerzas Armadas. Situación que permiten casos como el recientemente conocido fraude en el Ejército.
Para Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, es importante el avance que se propone para alcanzar la redistribución de los dineros. Sin embargo, igual de necesario es velar porque se mantenga la Ley, para evitar que la cuprífera estatal sea privatizada.
A su juicio, quienes piden derogar la medida son “voces interesadas, sometidas a las grandes transnacionales del cobre que siempre han querido hacer desaparecer este diez por ciento de las ventas a las Fuerzas Armadas, porque eso permite la privatización de Codelco. Mientras exista el diez por ciento Codelco no puede ser privatizado desde un punto de vista económico, porque nadie va a querer comprar una empresa que está obligada por ley a entregar el diez por ciento de sus ventas al Estado”, independiente de su uso, explicó el experto.
En cifras, la Ley Reservada del Cobre corresponde a cuatro mil quinientos millones de dólares al año, aproximadamente, una cantidad ingente de recursos que hasta ahora quedan al libre albedrío de los militares, quienes según se ha comprobado, han hecho incorrecto uso de estos dineros a través de facturas, dineros y timbres falsos.
En medio de la polémica generada por la información que reveló un millonario fraude en el Ejército amparado en la Ley Reservada del Cobre y las constantes críticas al dinero que las Fuerzas Armadas reciben bajo esta ley, los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo y Giorgio Jackson presentaron un proyecto que busca modificar la iniciativa aprobada en 1958, y modificada en 1973 y 1985 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto de acuerdo propuesto por los parlamentarios busca dejar de dotar a las Fuerzas Armadas del diez por ciento obtenido de las exportaciones de Codelco para financiar de manera permanente la educación y salud pública.
El punto central de la modificación es la redistribución de los recursos del país. Por ello, la diputada PC por La Florida indicó que es necesario usar los dineros en “cosas más urgentes”.
En tanto, su correligionaria Karol Cariola explicó que el proyecto propone dividir en tres los recursos obtenidos por esta vía. Permitiendo así que carteras como Educación y Salud puedan contar con más dinero. Así, las Fuerzas Armadas contarían con un tercio de estos ingresos y lo restante ayudaría a aplacar importantes deudas como la que el Estado tiene en materia de Salud pública.
“Cuando se habla de que hay una crisis de salud grande, profunda, compleja como la que hay en Chile, creemos que es una situación de urgencia, que no resiste mayor análisis y que tampoco se puede seguir esperando tomar los recursos que tenemos a disposición del país para cubrir las necesidades de la ciudadanía”, agregó la parlamentaria.
Si bien el problema principal es la gran cantidad de dinero que se destina a la compra de armas, a esta situación la secunda la escasa fiscalización que tiene el uso de los recursos en las Fuerzas Armadas. Situación que permiten casos como el recientemente conocido fraude en el Ejército.
Para Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, es importante el avance que se propone para alcanzar la redistribución de los dineros. Sin embargo, igual de necesario es velar porque se mantenga la Ley, para evitar que la cuprífera estatal sea privatizada.
A su juicio, quienes piden derogar la medida son “voces interesadas, sometidas a las grandes transnacionales del cobre que siempre han querido hacer desaparecer este diez por ciento de las ventas a las Fuerzas Armadas, porque eso permite la privatización de Codelco. Mientras exista el diez por ciento Codelco no puede ser privatizado desde un punto de vista económico, porque nadie va a querer comprar una empresa que está obligada por ley a entregar el diez por ciento de sus ventas al Estado”, independiente de su uso, explicó el experto.
En cifras, la Ley Reservada del Cobre corresponde a cuatro mil quinientos millones de dólares al año, aproximadamente, una cantidad ingente de recursos que hasta ahora quedan al libre albedrío de los militares, quienes según se ha comprobado, han hecho incorrecto uso de estos dineros a través de facturas, dineros y timbres falsos.
En medio de la polémica generada por la información que reveló un millonario fraude en el Ejército amparado en la Ley Reservada del Cobre y las constantes críticas al dinero que las Fuerzas Armadas reciben bajo esta ley, los diputados Karol Cariola, Camila Vallejo y Giorgio Jackson presentaron un proyecto que busca modificar la iniciativa aprobada en 1958, y modificada en 1973 y 1985 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto de acuerdo propuesto por los parlamentarios busca dejar de dotar a las Fuerzas Armadas del diez por ciento obtenido de las exportaciones de Codelco para financiar de manera permanente la educación y salud pública.
El punto central de la modificación es la redistribución de los recursos del país. Por ello, la diputada PC por La Florida indicó que es necesario usar los dineros en “cosas más urgentes”.
En tanto, su correligionaria Karol Cariola explicó que el proyecto propone dividir en tres los recursos obtenidos por esta vía. Permitiendo así que carteras como Educación y Salud puedan contar con más dinero. Así, las Fuerzas Armadas contarían con un tercio de estos ingresos y lo restante ayudaría a aplacar importantes deudas como la que el Estado tiene en materia de Salud pública.
“Cuando se habla de que hay una crisis de salud grande, profunda, compleja como la que hay en Chile, creemos que es una situación de urgencia, que no resiste mayor análisis y que tampoco se puede seguir esperando tomar los recursos que tenemos a disposición del país para cubrir las necesidades de la ciudadanía”, agregó la parlamentaria.
Si bien el problema principal es la gran cantidad de dinero que se destina a la compra de armas, a esta situación la secunda la escasa fiscalización que tiene el uso de los recursos en las Fuerzas Armadas. Situación que permiten casos como el recientemente conocido fraude en el Ejército.
Para Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, es importante el avance que se propone para alcanzar la redistribución de los dineros. Sin embargo, igual de necesario es velar porque se mantenga la Ley, para evitar que la cuprífera estatal sea privatizada.
A su juicio, quienes piden derogar la medida son “voces interesadas, sometidas a las grandes transnacionales del cobre que siempre han querido hacer desaparecer este diez por ciento de las ventas a las Fuerzas Armadas, porque eso permite la privatización de Codelco. Mientras exista el diez por ciento Codelco no puede ser privatizado desde un punto de vista económico, porque nadie va a querer comprar una empresa que está obligada por ley a entregar el diez por ciento de sus ventas al Estado”, independiente de su uso, explicó el experto.
En cifras, la Ley Reservada del Cobre corresponde a cuatro mil quinientos millones de dólares al año, aproximadamente, una cantidad ingente de recursos que hasta ahora quedan al libre albedrío de los militares, quienes según se ha comprobado, han hecho incorrecto uso de estos dineros a través de facturas, dineros y timbres falsos.
