Los escándalos de la política han tenido un impacto severo en las encuestas, en el repudio  ciudadano a dirigentes y partidos, además de consolidar la desconfianza en las instituciones del Estado. Pero antes que asomaran las situaciones que hoy investigan los fiscales, ya el país se había desencantado con una transición que no condujo más que a una posdictadura, puesto que después de veinticinco años se mantiene la Constitución de Pinochet, el modelo económico neoliberal responsable de las enormes desigualdades, así como la impunidad respecto de los despropósitos de la Dictadura. Como bien se demuestra en que todavía no tenemos ningún civil condenado por la conspiración de 1973, la apropiación de las empresas de todos los chilenos y en la instigación, encubrimiento y defensa de los crímenes cometidos contra los Derechos Humanos.

Es justo reconocer que los militares fueron nada más que el brazo armado de los empresarios, medios de comunicación y políticos de ultraderecha. Como también los  grandes favorecidos por este largo tiempo de interdicción ciudadana,  al grado que en la actualidad han incrementado su fortuna y continúan ejerciendo el soborno para que gobernantes, parlamentarios y otros funcionarios públicos les sean pródigos a sus intereses. Tanto ha sido su poder e influjo, que figuras importantes del más duro radicalismo político del pasado hoy se encuentran en plena connivencia con los sectores más refractarios a los cambios. Ex ministros de Allende, militantes del MIR, del Partido Socialista, del Mapu y otras expresiones convertidos hoy en empresarios, columnistas y lobistas de las grandes compañías nacionales y extranjeras. Con un Partido Comunista, además, que todavía vacila entre sus convicciones históricas y su complacencia en el poder.

En la falta de credibilidad de todos estos personajes, en su impunidad y en la forma que hoy torpedean el programa de reformas prometidas por Michelle Bachelet, así como en la ineficacia de los tribunales y de las instancias fiscales fiscalizadoras,  es que estamos , en una verdadera crisis institucional, más que política. Si ya en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios casi un sesenta por ciento de los electores se abstuvo de sufragar, es evidente que es posible que este porcentaje se eleve mucho más ante la ausencia de liderazgos nuevos y decentes. Por lo mismo es que algunos quieren reestablecer el voto obligatorio para evitar el bochorno que se avecina.

Sin embargo, lo que mejor demuestra la clase política actual es su incapacidad de reaccionar adecuadamente frente al malestar y la apatía general. Haciendo gala de su pobre vocación democrática, incluso hay quienes se oponen de nuevo a la posibilidad de que una asamblea constituyente se ocupe de erigir una nueva Carta Fundamental, mientras que otros siguen contestes con la idea de prolongar la institucionalidad legada por la Dictadura. En un grado extremo de cinismo, otros reconocen no importarle la participación electoral del pueblo, seguros que los mejores resultados para su perpetuación en los cargos públicos pueden obtenerse con una discreta concurrencia a las urnas.

En este cuadro, entonces, es que no debemos sorprendernos tanto que dos ex presidentes como Piñera y Lagos ya estén en plena acción para imponer sus candidaturas presidenciales cuando apenas llevamos un año y medio de la actual administración. Se trata de dos personas a las cuales  interesan más los resultados electorales más que una adecuada profundización democrática. Como que ambos se resistieron a cambiar el sistema electoral binominal y fueron partidarios de hacer voluntario el sufragio. Finalmente, en sus ideas ya no se descubren diferencias notables entre uno y otro, como que ambos son los que cuentan ya con el agreement  de las cúpulas empresariales, mediáticas y políticas para su cometido.

Aun así se trate de los dos expresidentes más cuestionados por la falta de probidad de sus gobiernos, por la forma en que se favorecieron sus colaboradores y, aunque en su fortuna personal mantienen una evidente distancia, sin duda ambos son los políticos con mejores oportunidades de lograr una “caja electoral” contundente.  Cuestión que es muy importante y decisiva en un país con casi un cuarenta por ciento de analfabetismo funcional y en que más de un 15 por ciento de los universitarios no entiende lo que lee.

En este sentido, por cierto que no es halagüeño nuestro porvenir, aunque es también evidente que ambos autoproclamados son objeto, también, del desprecio popular, lo que ciertamente podría abrir la posibilidad de otra alternativa. Siempre, por supuesto, que ésta surja del amplio mundo social que no forma parte de los partidos políticos, entelequias que lo único que demuestran en la actualidad es su deseo de mantenerse en las ubres de La Moneda, de las dietas parlamentarias y de las prebendas municipales. Lo que explica, por lo demás, la inconsistencia que demuestran en apoyar las reformas que los chilenos demandan y que parecen cada vez más amenazadas por una nueva conjura político, empresarial y militar.

De todas maneras Piñera, Lagos (o ambos bajo una común alianza) asoman  como el recurso extremo de todos los protagonistas de esta espuria posdictadura, una vez que la esperanza del retorno de Michelle Bachelet ha sido desahuciada hasta por quienes la proclamaron y vitorearon hasta hace muy poco, y, desde luego por ellos mismos.

En el desmoronamiento de las confianzas, en la falta de pudor de quienes se están autoproclamando es posible que avancemos, esta vez,  hacia una saludable crisis política e institucional que convenza a los chilenos de que la vía electoral moldeada por la Constitución actual y las leyes autoritarias que nos rigen deben llevarnos, luego de un cuarto de siglo de frustraciones a descubrir otro camino en la movilización del pueblo, la legitimidad de su protesta y su propia representación.