A días de la elección presidencial del próximo 6 de septiembre, Guatemala vive un golpe brutal a la legitimidad del poder político: la Corte Suprema ha autorizado un juicio político al presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una organización destinada a defraudar al Fisco – La Línea- acompañado por su ex viceprsidenta, Roxana Baldetti. Ahora, la solicitud debe ser votada por un Congreso que también está atravesado por acusaciones de un mal uso de los recursos públicos, mientras un juez ha enviado a prisión a Roxana Baldetti por el desfalco en el sistema nacional de aduanas que ha dado lugar a la crisis.
Hay algo aún peor: la Contraloría de Guatemala, que representa los intereses generales del Estado, le ha pedido la renuncia al Presidente.
En paralelo, se realiza durante este jueves 27 de agosto una movilización inédita para pedir la renuncia del Presidente. Estudiantes, campesinos, empresarios, académicos, trabajadores y médicos, entre otros, se manifiestan a favor del llamado #Paro27A, desplazándose en todo el territorio con un nivel de transversalidad y convocatoria que la ha convertido en la mayor protesta de la historia del país. Es decidora la posición de la Patronal para comprobar cuán solo se ha quedado el Gobierno: la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), decidió no sumarse al paro pero apoyar el fondo de las manifestaciones, mientras en la capital guatemalteca muchos establecimientos comerciales y restaurantes estaban cerrados.
Los guatemaltecos movilizados han logrado para el éxito de sus propósitos romper el cerco comunicacional, puesto que en Centroamérica la escena mediática está atenazada por los mismos problemas que afectan al conjunto de los países y que la ponen como un instrumento, más que como contraparte, de la impunidad. Así, como en otras movilizaciones de este tiempo, los jóvenes universitarios que iniciaron las protestas (y que representan a la clase media del país) recurrieron a las redes sociales para organizarse y alcanzar la notoriedad.
Luego de que la disidencia se volviera generalizada, a algunos les resulta sospechosa tanta transversalidad, especialmente por la reconocida cercanía de la patronal Cacif a Estados Unidos. En un contexto donde China ha arremetido fuertemente en Centroamérica, proponiéndose incluso construir un canal interoceánico en Nicaragua que le compita al Canal de Panamá, esta toma de partido es leída doblemente como una quitada de piso de Washington a Otto Pérez Molina y como un intento por incidir en el evidente vacío de poder que vive el país, sobreponiéndose a los sectores que se han movilizado para que en el país haya transformaciones institucionales y sociales de carácter estructural.
Así, en una situación que se explica por sí sola, la cadena de comida rápida McDonald´s ha cerrado este jueves en apoyo a las protestas contra el Gobierno.
Nos encontramos entonces con un presidente abandonado. Es señal inequívoca de la desintegración del Gobierno que en los últimos días hayan renunciado cuatro ministros y dos secretarios de Estado: Cynthia del Águila (ministra de Educación) Sergio de la Torre (ministro de Economía), Sebastián Marcucci, ministro de Agricultura, Luis Monterroso (ministro de Salud), Juan Carlos Paiz (comisionado para la Competitividad) y Adela Camacho de Torrebiarte (y la comisionada para la reforma policial).
Los problemas de Guatemala, en todo caso, deben verse en perspectiva regional. Junto a Honduras y El Salvador constituye el llamado triángulo norte de Centroamérica, países que comparten destinos y problemas. Se trata de naciones con índices de pobreza de las peores del continente, condiciones de violencia de los peores del mundo, golpeados por la corrupción, el narcotráfico y por una falta de futuro tal que ha dado lugar a uno de los grandes dramas de nuestro tiempo: la fuga de niños y adolescentes a Estados Unidos, con un destino incierto que no pocas veces es la muerte. Estas dramáticas circunstancias han acumulado el hastío que sirvió de abono para las protestas mientras, al lado, en Honduras (el mismo país donde fue derrocado el presidente Manuel Zelaya en 2009 y donde su esposa, Xiomara Castro, acusó fraude en las elecciones presidenciales de 2013) el presidente Juan Osvaldo Hernández es también objeto de masivas movilizaciones al implicársele en un caso de corrupción por 200 millones de dólares.
La crisis ha abierto una gran pregunta ¿debe caer Otto Pérez Molina ahora o es mejor esperar el resultado de la elección y el cambio de mando programado para el próximo mes de enero? Internacionalmente no hay coincidencia sobre el punto: mientras la oficina de Naciones Unidas para la corrupción en Guatemala estima que la justicia debe actuar ya y sin consideraciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, prefiere una normalidad en el proceso de sucesión presidencial. Nos encontramos así en una paradoja: cada día que pasa Otto Pérez Molina está más debilitado y más solo, pero a la vez más cerca de la elección presidencial que podría desviar la atención e instalar de facto un proceso de transición sin renuncia. Lo que viene, en todo caso, podría no ser mejor para los guatemaltecos: el candidato favorito en las encuestas y líder de la oposición, Manuel Baldizón, ha sido vinculado con el Narcotráfico.
A días de la elección presidencial del próximo 6 de septiembre, Guatemala vive un golpe brutal a la legitimidad del poder político: la Corte Suprema ha autorizado un juicio político al presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una organización destinada a defraudar al Fisco – La Línea- acompañado por su ex viceprsidenta, Roxana Baldetti. Ahora, la solicitud debe ser votada por un Congreso que también está atravesado por acusaciones de un mal uso de los recursos públicos, mientras un juez ha enviado a prisión a Roxana Baldetti por el desfalco en el sistema nacional de aduanas que ha dado lugar a la crisis.
Hay algo aún peor: la Contraloría de Guatemala, que representa los intereses generales del Estado, le ha pedido la renuncia al Presidente.
En paralelo, se realiza durante este jueves 27 de agosto una movilización inédita para pedir la renuncia del Presidente. Estudiantes, campesinos, empresarios, académicos, trabajadores y médicos, entre otros, se manifiestan a favor del llamado #Paro27A, desplazándose en todo el territorio con un nivel de transversalidad y convocatoria que la ha convertido en la mayor protesta de la historia del país. Es decidora la posición de la Patronal para comprobar cuán solo se ha quedado el Gobierno: la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), decidió no sumarse al paro pero apoyar el fondo de las manifestaciones, mientras en la capital guatemalteca muchos establecimientos comerciales y restaurantes estaban cerrados.
Los guatemaltecos movilizados han logrado para el éxito de sus propósitos romper el cerco comunicacional, puesto que en Centroamérica la escena mediática está atenazada por los mismos problemas que afectan al conjunto de los países y que la ponen como un instrumento, más que como contraparte, de la impunidad. Así, como en otras movilizaciones de este tiempo, los jóvenes universitarios que iniciaron las protestas (y que representan a la clase media del país) recurrieron a las redes sociales para organizarse y alcanzar la notoriedad.
Luego de que la disidencia se volviera generalizada, a algunos les resulta sospechosa tanta transversalidad, especialmente por la reconocida cercanía de la patronal Cacif a Estados Unidos. En un contexto donde China ha arremetido fuertemente en Centroamérica, proponiéndose incluso construir un canal interoceánico en Nicaragua que le compita al Canal de Panamá, esta toma de partido es leída doblemente como una quitada de piso de Washington a Otto Pérez Molina y como un intento por incidir en el evidente vacío de poder que vive el país, sobreponiéndose a los sectores que se han movilizado para que en el país haya transformaciones institucionales y sociales de carácter estructural.
Así, en una situación que se explica por sí sola, la cadena de comida rápida McDonald´s ha cerrado este jueves en apoyo a las protestas contra el Gobierno.
Nos encontramos entonces con un presidente abandonado. Es señal inequívoca de la desintegración del Gobierno que en los últimos días hayan renunciado cuatro ministros y dos secretarios de Estado: Cynthia del Águila (ministra de Educación) Sergio de la Torre (ministro de Economía), Sebastián Marcucci, ministro de Agricultura, Luis Monterroso (ministro de Salud), Juan Carlos Paiz (comisionado para la Competitividad) y Adela Camacho de Torrebiarte (y la comisionada para la reforma policial).
Los problemas de Guatemala, en todo caso, deben verse en perspectiva regional. Junto a Honduras y El Salvador constituye el llamado triángulo norte de Centroamérica, países que comparten destinos y problemas. Se trata de naciones con índices de pobreza de las peores del continente, condiciones de violencia de los peores del mundo, golpeados por la corrupción, el narcotráfico y por una falta de futuro tal que ha dado lugar a uno de los grandes dramas de nuestro tiempo: la fuga de niños y adolescentes a Estados Unidos, con un destino incierto que no pocas veces es la muerte. Estas dramáticas circunstancias han acumulado el hastío que sirvió de abono para las protestas mientras, al lado, en Honduras (el mismo país donde fue derrocado el presidente Manuel Zelaya en 2009 y donde su esposa, Xiomara Castro, acusó fraude en las elecciones presidenciales de 2013) el presidente Juan Osvaldo Hernández es también objeto de masivas movilizaciones al implicársele en un caso de corrupción por 200 millones de dólares.
La crisis ha abierto una gran pregunta ¿debe caer Otto Pérez Molina ahora o es mejor esperar el resultado de la elección y el cambio de mando programado para el próximo mes de enero? Internacionalmente no hay coincidencia sobre el punto: mientras la oficina de Naciones Unidas para la corrupción en Guatemala estima que la justicia debe actuar ya y sin consideraciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, prefiere una normalidad en el proceso de sucesión presidencial. Nos encontramos así en una paradoja: cada día que pasa Otto Pérez Molina está más debilitado y más solo, pero a la vez más cerca de la elección presidencial que podría desviar la atención e instalar de facto un proceso de transición sin renuncia. Lo que viene, en todo caso, podría no ser mejor para los guatemaltecos: el candidato favorito en las encuestas y líder de la oposición, Manuel Baldizón, ha sido vinculado con el Narcotráfico.
A días de la elección presidencial del próximo 6 de septiembre, Guatemala vive un golpe brutal a la legitimidad del poder político: la Corte Suprema ha autorizado un juicio político al presidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una organización destinada a defraudar al Fisco – La Línea- acompañado por su ex viceprsidenta, Roxana Baldetti. Ahora, la solicitud debe ser votada por un Congreso que también está atravesado por acusaciones de un mal uso de los recursos públicos, mientras un juez ha enviado a prisión a Roxana Baldetti por el desfalco en el sistema nacional de aduanas que ha dado lugar a la crisis.
Hay algo aún peor: la Contraloría de Guatemala, que representa los intereses generales del Estado, le ha pedido la renuncia al Presidente.
En paralelo, se realiza durante este jueves 27 de agosto una movilización inédita para pedir la renuncia del Presidente. Estudiantes, campesinos, empresarios, académicos, trabajadores y médicos, entre otros, se manifiestan a favor del llamado #Paro27A, desplazándose en todo el territorio con un nivel de transversalidad y convocatoria que la ha convertido en la mayor protesta de la historia del país. Es decidora la posición de la Patronal para comprobar cuán solo se ha quedado el Gobierno: la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), decidió no sumarse al paro pero apoyar el fondo de las manifestaciones, mientras en la capital guatemalteca muchos establecimientos comerciales y restaurantes estaban cerrados.
Los guatemaltecos movilizados han logrado para el éxito de sus propósitos romper el cerco comunicacional, puesto que en Centroamérica la escena mediática está atenazada por los mismos problemas que afectan al conjunto de los países y que la ponen como un instrumento, más que como contraparte, de la impunidad. Así, como en otras movilizaciones de este tiempo, los jóvenes universitarios que iniciaron las protestas (y que representan a la clase media del país) recurrieron a las redes sociales para organizarse y alcanzar la notoriedad.
Luego de que la disidencia se volviera generalizada, a algunos les resulta sospechosa tanta transversalidad, especialmente por la reconocida cercanía de la patronal Cacif a Estados Unidos. En un contexto donde China ha arremetido fuertemente en Centroamérica, proponiéndose incluso construir un canal interoceánico en Nicaragua que le compita al Canal de Panamá, esta toma de partido es leída doblemente como una quitada de piso de Washington a Otto Pérez Molina y como un intento por incidir en el evidente vacío de poder que vive el país, sobreponiéndose a los sectores que se han movilizado para que en el país haya transformaciones institucionales y sociales de carácter estructural.
Así, en una situación que se explica por sí sola, la cadena de comida rápida McDonald´s ha cerrado este jueves en apoyo a las protestas contra el Gobierno.
Nos encontramos entonces con un presidente abandonado. Es señal inequívoca de la desintegración del Gobierno que en los últimos días hayan renunciado cuatro ministros y dos secretarios de Estado: Cynthia del Águila (ministra de Educación) Sergio de la Torre (ministro de Economía), Sebastián Marcucci, ministro de Agricultura, Luis Monterroso (ministro de Salud), Juan Carlos Paiz (comisionado para la Competitividad) y Adela Camacho de Torrebiarte (y la comisionada para la reforma policial).
Los problemas de Guatemala, en todo caso, deben verse en perspectiva regional. Junto a Honduras y El Salvador constituye el llamado triángulo norte de Centroamérica, países que comparten destinos y problemas. Se trata de naciones con índices de pobreza de las peores del continente, condiciones de violencia de los peores del mundo, golpeados por la corrupción, el narcotráfico y por una falta de futuro tal que ha dado lugar a uno de los grandes dramas de nuestro tiempo: la fuga de niños y adolescentes a Estados Unidos, con un destino incierto que no pocas veces es la muerte. Estas dramáticas circunstancias han acumulado el hastío que sirvió de abono para las protestas mientras, al lado, en Honduras (el mismo país donde fue derrocado el presidente Manuel Zelaya en 2009 y donde su esposa, Xiomara Castro, acusó fraude en las elecciones presidenciales de 2013) el presidente Juan Osvaldo Hernández es también objeto de masivas movilizaciones al implicársele en un caso de corrupción por 200 millones de dólares.
La crisis ha abierto una gran pregunta ¿debe caer Otto Pérez Molina ahora o es mejor esperar el resultado de la elección y el cambio de mando programado para el próximo mes de enero? Internacionalmente no hay coincidencia sobre el punto: mientras la oficina de Naciones Unidas para la corrupción en Guatemala estima que la justicia debe actuar ya y sin consideraciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, prefiere una normalidad en el proceso de sucesión presidencial. Nos encontramos así en una paradoja: cada día que pasa Otto Pérez Molina está más debilitado y más solo, pero a la vez más cerca de la elección presidencial que podría desviar la atención e instalar de facto un proceso de transición sin renuncia. Lo que viene, en todo caso, podría no ser mejor para los guatemaltecos: el candidato favorito en las encuestas y líder de la oposición, Manuel Baldizón, ha sido vinculado con el Narcotráfico.
