La declaración de los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas en el llamado “Caso Quemados” pareció confirmar la presencia de pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas en cuando a las violaciones a los Derechos Humanos registrados en la dictadura.
Sin embargo, el ex magistrado Alejandro Solís, en conversación con Radio Universidad de Chile cuestionó la existencia de pactos y afirmó que a su juicio se remiten simplemente al “delito de encubrimiento”.
En ese sentido, el director de Ceibo Ediciones y autor del libro La Cofradía Blindada, Daúno Tótoro, afirmó que hay que poner fin a los eufemismos.
“En este país donde el eufemismo se ha impuesto como discurso político hablamos ahora de pactos de silencio, pero el primer pacto de silencio en este país en los últimos 40 años es lo que conocemos como transición, ese es un pacto de silencio, una negociación entre la dictadura y las colaciones democráticas que reemplazarían a esta en el poder. Un pacto que se fundó sobre leyes secretas, compromisos de inalterabilidad del camino elegido y que se mantiene hasta el día de hoy”, afirmó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a las “trabas” que persisten en nuestro país y que permiten que siga presente la impunidad. Para la dirigenta se ha observado una nula voluntad de los gobiernos de la Concertación de avanzar de forma efectiva en la materia, y afirmó que la actual administración sólo trata el tema de forma mediática.
“Todo es comunicacional. En el programa de La Nueva Mayoría de Derechos Humanos lo primero que se iba a ser, habiendo mayoría, era anular el Decreto de Ley de Amnistía y hasta aún no se ha hecho. Cuando se unió el señor Burgos en defensa, nos presentó al equipo jurídico que pondría en marcha el proyecto de ley de degradación de los militares, lo que después cambió”, afirmó la dirigenta.
La dirigenta coincidió con que la razón central del atraso y los impedimentos a la hora de investigar está en los acuerdos realizados en la transición, principalmente en el secreto acordado por cincuenta años a los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en los informes Rettig y Valech II.
Sobre esto se refirió también el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal. “La política de estos 22 o 23 años de transición ha esperado eso, que nos muramos todos. Por eso es que son 50 años en silencio. Se supone que en esos 50 años ya no va a quedar nadie para que hable de este tema”, sostuvo.
Las organizaciones añadieron que a esto se suma el que, en la práctica, las Fuerzas Armadas “no están subordinadas al Gobierno”, lo que se observa cuando la Justicia ordena entregar información, como los nombres de los ex integrantes de la CNI traspasados al Ejército y éstas simplemente hacen caso omiso de la orden de los tribunales.
Además, hicieron un llamado a que septiembre no se cristalice como “el mes de los Derechos Humanos” ya que únicamente con un trabajo constante se logrará hacer frente al secreto institucional.
La declaración de los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas en el llamado “Caso Quemados” pareció confirmar la presencia de pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas en cuando a las violaciones a los Derechos Humanos registrados en la dictadura.
Sin embargo, el ex magistrado Alejandro Solís, en conversación con Radio Universidad de Chile cuestionó la existencia de pactos y afirmó que a su juicio se remiten simplemente al “delito de encubrimiento”.
En ese sentido, el director de Ceibo Ediciones y autor del libro La Cofradía Blindada, Daúno Tótoro, afirmó que hay que poner fin a los eufemismos.
“En este país donde el eufemismo se ha impuesto como discurso político hablamos ahora de pactos de silencio, pero el primer pacto de silencio en este país en los últimos 40 años es lo que conocemos como transición, ese es un pacto de silencio, una negociación entre la dictadura y las colaciones democráticas que reemplazarían a esta en el poder. Un pacto que se fundó sobre leyes secretas, compromisos de inalterabilidad del camino elegido y que se mantiene hasta el día de hoy”, afirmó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a las “trabas” que persisten en nuestro país y que permiten que siga presente la impunidad. Para la dirigenta se ha observado una nula voluntad de los gobiernos de la Concertación de avanzar de forma efectiva en la materia, y afirmó que la actual administración sólo trata el tema de forma mediática.
“Todo es comunicacional. En el programa de La Nueva Mayoría de Derechos Humanos lo primero que se iba a ser, habiendo mayoría, era anular el Decreto de Ley de Amnistía y hasta aún no se ha hecho. Cuando se unió el señor Burgos en defensa, nos presentó al equipo jurídico que pondría en marcha el proyecto de ley de degradación de los militares, lo que después cambió”, afirmó la dirigenta.
La dirigenta coincidió con que la razón central del atraso y los impedimentos a la hora de investigar está en los acuerdos realizados en la transición, principalmente en el secreto acordado por cincuenta años a los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en los informes Rettig y Valech II.
Sobre esto se refirió también el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal. “La política de estos 22 o 23 años de transición ha esperado eso, que nos muramos todos. Por eso es que son 50 años en silencio. Se supone que en esos 50 años ya no va a quedar nadie para que hable de este tema”, sostuvo.
Las organizaciones añadieron que a esto se suma el que, en la práctica, las Fuerzas Armadas “no están subordinadas al Gobierno”, lo que se observa cuando la Justicia ordena entregar información, como los nombres de los ex integrantes de la CNI traspasados al Ejército y éstas simplemente hacen caso omiso de la orden de los tribunales.
Además, hicieron un llamado a que septiembre no se cristalice como “el mes de los Derechos Humanos” ya que únicamente con un trabajo constante se logrará hacer frente al secreto institucional.
La declaración de los ex conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas en el llamado “Caso Quemados” pareció confirmar la presencia de pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas en cuando a las violaciones a los Derechos Humanos registrados en la dictadura.
Sin embargo, el ex magistrado Alejandro Solís, en conversación con Radio Universidad de Chile cuestionó la existencia de pactos y afirmó que a su juicio se remiten simplemente al “delito de encubrimiento”.
En ese sentido, el director de Ceibo Ediciones y autor del libro La Cofradía Blindada, Daúno Tótoro, afirmó que hay que poner fin a los eufemismos.
“En este país donde el eufemismo se ha impuesto como discurso político hablamos ahora de pactos de silencio, pero el primer pacto de silencio en este país en los últimos 40 años es lo que conocemos como transición, ese es un pacto de silencio, una negociación entre la dictadura y las colaciones democráticas que reemplazarían a esta en el poder. Un pacto que se fundó sobre leyes secretas, compromisos de inalterabilidad del camino elegido y que se mantiene hasta el día de hoy”, afirmó.
Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, se refirió a las “trabas” que persisten en nuestro país y que permiten que siga presente la impunidad. Para la dirigenta se ha observado una nula voluntad de los gobiernos de la Concertación de avanzar de forma efectiva en la materia, y afirmó que la actual administración sólo trata el tema de forma mediática.
“Todo es comunicacional. En el programa de La Nueva Mayoría de Derechos Humanos lo primero que se iba a ser, habiendo mayoría, era anular el Decreto de Ley de Amnistía y hasta aún no se ha hecho. Cuando se unió el señor Burgos en defensa, nos presentó al equipo jurídico que pondría en marcha el proyecto de ley de degradación de los militares, lo que después cambió”, afirmó la dirigenta.
La dirigenta coincidió con que la razón central del atraso y los impedimentos a la hora de investigar está en los acuerdos realizados en la transición, principalmente en el secreto acordado por cincuenta años a los antecedentes recolectados por la Comisión Valech y la confidencialidad que recae en los informes Rettig y Valech II.
Sobre esto se refirió también el coordinador del Comando Unitario de ex Presos Políticos y Familiares, Miguel Retamal. “La política de estos 22 o 23 años de transición ha esperado eso, que nos muramos todos. Por eso es que son 50 años en silencio. Se supone que en esos 50 años ya no va a quedar nadie para que hable de este tema”, sostuvo.
Las organizaciones añadieron que a esto se suma el que, en la práctica, las Fuerzas Armadas “no están subordinadas al Gobierno”, lo que se observa cuando la Justicia ordena entregar información, como los nombres de los ex integrantes de la CNI traspasados al Ejército y éstas simplemente hacen caso omiso de la orden de los tribunales.
Además, hicieron un llamado a que septiembre no se cristalice como “el mes de los Derechos Humanos” ya que únicamente con un trabajo constante se logrará hacer frente al secreto institucional.
