Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estudian la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem.
Esto a raíz del encubrimiento que realizó la magistrada en su calidad de secretaria del tribunal de Yumbel cuando guardó en un cajón el parte que daba cuenta de la inhumación ilegal de varios cadáveres, los que correspondían a trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de la ciudad de Laja.
Todos eran militantes de partidos de la Unidad Popular y fueron asesinados una semana después del golpe de Estado de 1973, como comentó el diputado Hugo Gutiérrez.
“Nos parecen hechos graves los que nos han puesto en conocimiento de esta comisión. Nosotros hemos resuelto y yo así lo he planteado que hay que tener una conversación con el presidente de la Corte Suprema (Sergio Muñoz) y también eventualmente, acusar constitucionalmente a esta ministra Egnem”, precisó el legislador.
El abogado de los familiares de las víctimas de este hecho, Mauricio Araneda, quien además es hijo de uno de los ejecutados en este caso, apuntó al rol que jugó Rosa Egnem en el encubrimiento de este delito.
“Recibió a un par de Carabineros donde daban cuenta del hallazgo de 18 osamentas como producto de un delito, claramente de un delito. Le indicó el lugar donde esto había ocurrido, el estado en que se encontraban, las circunstancias en las cuales se habían producido esas muertes y la entonces secretaria ‘por temor a la jueza’ esconde en la caja fuerte del tribunal ese parte y por tanto nunca se investiga el delito que es una masacre de 18, 19 personas de San Rosendo”, indicó el querellante en este caso.
Araneda agregó que posteriormente Egnem “procede a borrar del libro de ingresos ese parte, es decir, lo altera y hay un peritaje que se estableció del año 1979, que establece que efectivamente se procedió a alterar ese documento. Es decir, hay muchas figuras” delictivas que apuntan al encubrimiento de la magistrada.
Los integrantes de la comisión de Derechos Humanos estudiarán en los próximos días la posibilidad de hacer la presentación en contra de la magistrada, quien fuera propuesta para integrar el máximo tribunal chileno en 2009 durante la pasada administración de la Presidenta Michelle Bachelet.