Educación: expertos arremeten contra diseño del Mineduc

Desde el ámbito académico aseguran que el Gobierno busca diluir el proceso, pensando en las elecciones municipales del próximo año. Asimismo, critican las incoherencias sobre la posibilidad de un real cambio de paradigma o simplemente mejorar lo existente para mantenerlo. Entre el oficialismo reconocen las preocupaciones.

Desde el ámbito académico aseguran que el Gobierno busca diluir el proceso, pensando en las elecciones municipales del próximo año. Asimismo, critican las incoherencias sobre la posibilidad de un real cambio de paradigma o simplemente mejorar lo existente para mantenerlo. Entre el oficialismo reconocen las preocupaciones.

Durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet se hablaba de la gran Reforma Educacional. Sin embargo, durante su primer año de mandato comenzó a instalarse un fraccionamiento del proyecto. Luego, una constante modificación a su proceso cronológico.

Hoy las dudas y preocupaciones son múltiples. Por ejemplo, partiendo por la ausencia de una mirada estratégica en cuanto a una proyección clara y definida. También, por los múltiples cambios de criterio sobre la gratuidad para la educación superior.

Desde distintos ámbitos cuestionan que se ha instalado la lógica de que cuando no se pueden lograr acuerdos, se recurre al argumento de la autoridad. Por ello, reclaman por una participación más igualitaria.

“Estos expertos son los mismos que se repiten hace 25 años. ¿Qué ideas nuevas se le pueden ocurrir a Cristián Cox o a José Joaquín Brunner, que son las mismas personas que han implementado las políticas de reformas educacionales en el país, y sabemos y vemos donde estamos”.

Las críticas del académico Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, apuntan a la mala estrategia que ha existido desde el principio, considerando lo difícil que resulta cambiar solamente algunos aspectos del sistema educativo y no modificarlo de manera global.

“Pensaba que existía alguna especie de política o ciertos lineamientos hacia donde querían dirigir el sistema. Pero lo que vemos es que dentro del propio conglomerado de Gobierno hay una bolsa de gatos respecto de estos temas. No hay claridad sobre cómo entienden la educación, por todos los intereses involucrados de los actores políticos. Más bien, eslóganes vacíos”.

Incluso, su proyección trasciende a lo exclusivamente educacional. “Lo que el Gobierno está haciendo es diluir, pensando que el próximo año hay elecciones de alcaldes y concejales, y que si les fuera muy mal sería virtualmente el fin del Gobierno. Entonces también hay análisis y cálculos políticos que no son estratégicos, sino que tácticos. Y eso es algo que se extraña en el ámbito de la educación. La Presidenta Bachelet ni siquiera pudo sacar la gratuidad este año, que es una de las promesas que hizo en su discurso del 21 de mayo. Finalmente vemos que la agenda se comió las posibilidades de acciones políticas que tiene el Gobierno”.

Además, Sobarzo plantea que el escenario se complejiza aún más, si se considera que no es fácil alinear las fuerzas políticas cuando se trata de un Gobierno debilitado. “Es obvio que en este contexto existan más descolgados que dificulten poder concretar las políticas que está planteando el Ejecutivo”.

De hecho, entre el oficialismo efectivamente hay preocupación por el futuro del proceso legislativo. Así lo reconoce el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación. “Hay colegas que quisieran que los cambios fueran mucho más profundos, pero eso me parece que es falta de realismo, considerando lo que ha costado avanzar”.

Asimismo, reconoce que “es indeseable e inconveniente que se crucen las elecciones municipales con la discusión de un tema tan sensible como es la nueva educación pública. Ahora, manejar y controlar todas las variables es una apuesta. No sé si va a conseguirse. Es peligroso y riesgoso casarse con plazos o fechas en las actuales circunstancias. El escenario está cada día más complejo y difícil. No lo puedo garantizar”.

En esa misma línea se detiene en la ausencia de una institucionalidad para la educación pública. Esto, a propósito de que la Ministra Adriana Delpiano ha solicitado acelerar el paso, “con bastante optimismo dice ella, para que estos proyectos de ley puedan estar despachados lo antes posible”. Claramente que las elecciones municipales aparecen en el horizonte legislativo.

Pero las dudas y preocupaciones no sólo se remiten a aspectos de temporalidad. También en cuanto al enfoque e intencionalidad que hay detrás del proceso reformista.

Esto, a propósito de proyectos de ley que han experimentado transformaciones desde su concepción original. Discusiones, críticas, desavenencias y acuerdos que han terminado por fraccionar la llamada Reforma Educacional. En suma, un caótico cronograma que no termina por definirse.

Por ejemplo, el académico Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, por una parte critica que el proyecto de fortalecimiento de la educación pública debió ser lo primero, antes que la ley de inclusión, mientras que en cuanto a la gratuidad “lo más claro es que no hay nada claro”.

“Es complejo realizar una reforma que implica no sólo mejorar aspectos parciales, sino un cambio de modelo, un cambio de paradigma”, aclara.

¿Realmente existe una intención de generar un cambio de paradigma? ¿O quizás el deseo de consolidar un sistema educativo de mercado?

Para el académico, lo primero es no perder el objetivo inicial, pues se podría terminar fortaleciendo lo que supuestamente se quiere cambiar. “Porque de lo contrario se termina legislando para mejorar situaciones que no implican un cambio de paradigma, sino que pueden significar la consolidación de un sistema, en este caso, de mercado y privatizado que es justamente desde donde se quiere salir”, explica.

Es decir, una estrategia en los plazos y en las maneras de presentar los proyectos, donde regular de una mejor forma lo existente es simplemente quedarse dentro de una lógica que no implica un cambio de modelo.

En ese contexto, Águila asegura que dentro del Gobierno existe un espacio de confrontación entre sectores que están por una reforma más estructural y otros que apuntan a seguir en una lógica de mejoramiento “intramodelo”.

“No es una confrontación que esté completamente resuelta. También es importante la presión que se ejerce desde afuera, desde los movimientos sociales. Y también todas estas contradicciones e incoherencias que aparecen tienen que ver justamente con el grado de tensión que existe sobre si efectivamente estamos en presencia de un cambio de paradigma, y si efectivamente es eso lo que se intenta hacer, o simplemente se trata de mejorar lo existente y mantener un cierto statu quo”, analiza.

También desde la Comisión de Educación, el diputado PPD Rodrigo González si bien plantea su optimismo en que la Reforma Educacional pueda completarse, a pesar de las modificaciones en los proyectos o los cambios y aplazamientos que sigue experimentando el calendario del Gobierno, su preocupación radica en el resultado que se obtendrá.

“Lo que va a salir es un híbrido, una mezcla de ideas que corresponde a un concepto de educación alternativo al de mercado, y en otros aspectos se perpetúan formas de mercado o se profundizan. En verdad no saldrá una Reforma Educacional coherente”, lamenta.

Una última reflexión de Ernesto Águila radica en que lo primero es plantear una ley que establezca un ordenamiento institucional que legisle de manera separada sobre la educación técnica superior y las universidades. Luego, definir los temas de financiamiento y, en tercer lugar, abordar el tema de la gratuidad.

“La idea de fijar los criterios de gratuidad a partir de la Ley de Presupuestos no es una política seria. Lo serio es crear una ley de educación superior que tenga en su centro el fortalecimiento de la educación pública y que establezca mayores exigencias de regulación para la educación privada”, concluye.





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