El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó firma mensual y arraigo nacional contra seis ex ejecutivos del grupo Penta imputados en la arista “Forwards”.
Tales medidas cautelares se deben a que fueron formalizados el ex contralor del holding Rodrigo Muñoz; el asesor del área de Salud de Banmédica, Héctor Concha; y el ex subgerente de administración de Penta, Francisco Astorga, por delitos tributarios.
Al asesor de Penta, Jorge Molina, y al gerente general de Agrícola Los Mercedarios, Arturo Miquel se les atribuyó responsabilidad en el pago de bonos que se realizaron entre los años 2009 y 2014 y que no fueron incorporados en sus declaraciones de impuestos.
Además, el fiscal Carlos Gajardo reformalizó a Manuel Antonio Tocornal, uno de los primeros indagados formalmente en el caso.
De acuerdo a Gajardo, estos ejecutivos se habrían enriquecido mediante contratos declarados como bonos, los que fueron facturados a través de documentos de terceros.
“Se formalizó delitos contra seis personas por facilitación de facturas y boletas ideológicamente falsas, en una arista que tiene que ver con el pago de bonos mediante un sistema que permitía evadir impuestos. Técnicamente está descrito en el artículo 97, número 4, inciso final, que sanciona la facilitación de facturas o boletas ideológicamente falsas”.
Además, el fiscal señaló que aún falta establecer si se pedirá la ampliación del plazo de la investigación, toda vez que la carpeta investigativa debe cerrarse a comienzos de octubre.
“Son decisiones que tiene que tomar el Fiscal Nacional, efectivamente el plazo de investigación se amplió por noventa días a partir del 7 julio, así que el 9 de octubre finaliza ese plazo. Habrá que ver en su momento la decisión que se toma”.
Al retirarse del Centro de Justicia, el abogado de Rodrigo Muñoz, Juan Carlos Leva, afirmó que entiende que el Ministerio Público no cuenta con todos los antecedentes, por lo que le hará llegar información para demostrar su representado no tiene participación en los hechos.