Corte Suprema ordena al Estado indemnizar a ex prisioneros de Isla Dawson
El Estado deberá pagar una indemnización total de más de 4 mil 500 millones de pesos a un grupo de ex prisioneros de la dictadura que estuvieron en el centro de detención de Isla Dawson.
Martes 15 de septiembre 2015 13:03 hrs.
La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de cuatro mil quinientos millones de pesos a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país, confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar ciento cincuenta millones de pesos a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes.
La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes.
“En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”, sostiene el fallo.
Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de cuatro mil quinientos millones de pesos a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país, confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar ciento cincuenta millones de pesos a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes.
La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes.
“En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”, sostiene el fallo.
Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de cuatro mil quinientos millones de pesos a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país, confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar ciento cincuenta millones de pesos a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes.
La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes.
“En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”, sostiene el fallo.
Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
