Familiares de las víctimas de San Rosendo y Laja asesinadas por una patrulla de Carabineros una semana después del golpe de Estado de 1973, se reunieron con la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem.
Durante el encuentro plantearon a la magistrada sus críticas por el actuar que tuvo como secretaria y jueza subrogante a quien se le entregó un parte policial donde se daba cuenta del hallazgo de una inhumación ilegal de cuerpos, los que posteriormente estuvieron desaparecidos durante 16 años.
Según relató Emilio Araneda, vocero de los familiares, la ministra se mostró abierta al reclamo del grupo, al tiempo que reconoció tener bastante información que aportar en la causa que instruye el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
“Que no haya hablado nada en el transcurso de estos 42 años, nos parece grave. Porque puede ser en un minuto en el contexto en que se desarrollan los hechos históricos. Pero con el tiempo, ella pudo haber avanzado y no permitir que nuestros familiares estuvieran en calidad de detenidos desaparecidos durante 16 años”, comentó Araneda.
En este caso hay 13 funcionarios en retiro de Carabineros procesados y en libertad bajo fianza, aunque los familiares de las víctimas también apuntan a los responsables civiles de estos hechos.
Entre ellos se cuenta al entonces gerente de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y hoy vicepresidente del Diario Financiero, Roberto Izquierdo Menéndez, como comentó el vocero de los familiares.
“El reconoce haber sido informado por un subalterno de la presencia de los muertos en el fundo de los que era gerente en Forestal Mininco. Materialmente o policialmente el caso está resuelto, dado que los autores materiales están procesados y nosotros hemos seguido con mucha fuerza la arista de la participación de civiles en esta masacre”, sostuvo el representante.
En total fueron 19 trabajadores militantes del MIR y el Partido Socialista asesinados, todos trabajadores de la planta de Laja de la CMPC y de Ferrocarriles del Estado de la localidad de San Rosendo.
Emilio Araneda comentó finalmente que esperan que en las próximas semanas declare ante el ministro que investiga el caso la titular de la Corte Suprema Rosa Egnem y avanzar en esta causa donde aún esperan se castigue a los responsables.
Familiares de las víctimas de San Rosendo y Laja asesinadas por una patrulla de Carabineros una semana después del golpe de Estado de 1973, se reunieron con la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem.
Durante el encuentro plantearon a la magistrada sus críticas por el actuar que tuvo como secretaria y jueza subrogante a quien se le entregó un parte policial donde se daba cuenta del hallazgo de una inhumación ilegal de cuerpos, los que posteriormente estuvieron desaparecidos durante 16 años.
Según relató Emilio Araneda, vocero de los familiares, la ministra se mostró abierta al reclamo del grupo, al tiempo que reconoció tener bastante información que aportar en la causa que instruye el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
“Que no haya hablado nada en el transcurso de estos 42 años, nos parece grave. Porque puede ser en un minuto en el contexto en que se desarrollan los hechos históricos. Pero con el tiempo, ella pudo haber avanzado y no permitir que nuestros familiares estuvieran en calidad de detenidos desaparecidos durante 16 años”, comentó Araneda.
En este caso hay 13 funcionarios en retiro de Carabineros procesados y en libertad bajo fianza, aunque los familiares de las víctimas también apuntan a los responsables civiles de estos hechos.
Entre ellos se cuenta al entonces gerente de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y hoy vicepresidente del Diario Financiero, Roberto Izquierdo Menéndez, como comentó el vocero de los familiares.
“El reconoce haber sido informado por un subalterno de la presencia de los muertos en el fundo de los que era gerente en Forestal Mininco. Materialmente o policialmente el caso está resuelto, dado que los autores materiales están procesados y nosotros hemos seguido con mucha fuerza la arista de la participación de civiles en esta masacre”, sostuvo el representante.
En total fueron 19 trabajadores militantes del MIR y el Partido Socialista asesinados, todos trabajadores de la planta de Laja de la CMPC y de Ferrocarriles del Estado de la localidad de San Rosendo.
Emilio Araneda comentó finalmente que esperan que en las próximas semanas declare ante el ministro que investiga el caso la titular de la Corte Suprema Rosa Egnem y avanzar en esta causa donde aún esperan se castigue a los responsables.
Familiares de las víctimas de San Rosendo y Laja asesinadas por una patrulla de Carabineros una semana después del golpe de Estado de 1973, se reunieron con la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem.
Durante el encuentro plantearon a la magistrada sus críticas por el actuar que tuvo como secretaria y jueza subrogante a quien se le entregó un parte policial donde se daba cuenta del hallazgo de una inhumación ilegal de cuerpos, los que posteriormente estuvieron desaparecidos durante 16 años.
Según relató Emilio Araneda, vocero de los familiares, la ministra se mostró abierta al reclamo del grupo, al tiempo que reconoció tener bastante información que aportar en la causa que instruye el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.
“Que no haya hablado nada en el transcurso de estos 42 años, nos parece grave. Porque puede ser en un minuto en el contexto en que se desarrollan los hechos históricos. Pero con el tiempo, ella pudo haber avanzado y no permitir que nuestros familiares estuvieran en calidad de detenidos desaparecidos durante 16 años”, comentó Araneda.
En este caso hay 13 funcionarios en retiro de Carabineros procesados y en libertad bajo fianza, aunque los familiares de las víctimas también apuntan a los responsables civiles de estos hechos.
Entre ellos se cuenta al entonces gerente de la planta Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y hoy vicepresidente del Diario Financiero, Roberto Izquierdo Menéndez, como comentó el vocero de los familiares.
“El reconoce haber sido informado por un subalterno de la presencia de los muertos en el fundo de los que era gerente en Forestal Mininco. Materialmente o policialmente el caso está resuelto, dado que los autores materiales están procesados y nosotros hemos seguido con mucha fuerza la arista de la participación de civiles en esta masacre”, sostuvo el representante.
En total fueron 19 trabajadores militantes del MIR y el Partido Socialista asesinados, todos trabajadores de la planta de Laja de la CMPC y de Ferrocarriles del Estado de la localidad de San Rosendo.
Emilio Araneda comentó finalmente que esperan que en las próximas semanas declare ante el ministro que investiga el caso la titular de la Corte Suprema Rosa Egnem y avanzar en esta causa donde aún esperan se castigue a los responsables.
