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Corte de La Haya define entre cuatro posibles escenarios

La definición se conocerá cerca de las 10 de la mañana de Chile. Sin embargo, más allá de la resolución, abogados y expertos reflexionan sobre la forma en que el país se relaciona con sus vecinos, abriendo puertas a caminos distintos al planteado desde la Cancillería.

Gonzalo Castillo

  Miércoles 23 de septiembre 2015 20:23 hrs. 
NETHERLANDS-SERBIA-ICJ


Siga acá el fallo en vivo

Este jueves, alrededor de las 10 de la mañana hora de Chile, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitirá el fallo con la declaración de su competencia para conocer el fondo de la demanda marítima de Bolivia a Chile, en la cual nuestro país presentó sus excepciones preliminares objetando la jurisdicción de la Corte.

Mientras que Bolivia alega que ellos no quieren poner en entredicho el Tratado de 1904, sino que Chile reconozca que ha habido negociaciones y “compromisos” de nuestro país para entregar una salida soberana al mar al país altiplánico, citando, entre otras, las negociaciones en 1950 durante la presidencia de Gabriel González Videla, en la cual se le ofreció un corredor al norte de Arica, con algunas compensaciones territoriales de parte de Bolivia.

Similar ofrecimiento realizó el dictador Augusto Pinochet a su homólogo boliviano Hugo Bánzer, en el llamado “Abrazo de Charaña” de 1975.

Chile funda su postura de pedir que la CIJ declare su incompetencia en que el fondo de la demanda boliviana ya estaría zanjado en el Tratado de 1904, y la competencia de la Corte se le entregó sólo para conocer de los casos posteriores a la firma del Pacto de Bogotá de 1948, citando su Artículo VI: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

Cabe recordar que cuando fue el cierre de los alegatos sobre esta situación, el juez japonés Hidashi Owada les solicitó a ambos países que respondieran qué entienden por “acceso soberano al mar, por no ser un término reconocido en el derecho consuetudinario internacional, señaló el jurista nipón.

Bolivia respondió que este no es un asunto que se tenga que exponer en la fase preliminar del litigio, sino que en el fondo de la demanda, Chile sostiene que lo que realmente busca la contraparte es obligar a nuestro país a entregar territorio, y no solamente a que se inicien negociaciones.

Son tres los posibles escenarios que se abrirían a partir de la decisión que comunique este jueves la CIJ, incluso algunos juristas hablan hasta de cuatro posibilidades:

  • Que la Corte se declare incompetente, acogiendo la objeción chilena, poniendo fin a esta controversia, ya que Bolivia no podría presentar una nueva demanda que se funde en estos hechos.
  • En caso que la Corte rechace la presentación chilena, la demanda sigue su curso, y la Corte conocería el fondo de la materia, similar a lo ocurrido en el litigio con Perú, en donde Bolivia presentaría su memoria, luego Chile la contramemoria, para finalizar con la réplica boliviana y la dúplica chilena. El plazo para finalizar este procedimiento no sería inferior a los tres años.
  • Una tercera posibilidad es que la Corte aplace la entrega de su veredicto, para darlo a conocer solamente luego de conocer del fondo de la demanda, momento en el cual el tribunal determinaría su competencia
  • El cuarto escenario dice relación con que la CIJ declare una competencia parcial, sólo para conocer de los sucesos posteriores a la firma del Pacto de Bogotá, con lo que sólo se daría pie a que se analicen las negociaciones y eventuales compromisos entre Chile y Bolivia desde 1948 en adelante.

Desde Bolivia, esperan con optimismo y serenidad el fallo de la Corte, tal como lo planteó el ex senador y actual viceministro de Justicia Indígena, René Martínez, sin embargo adelantó que tienen “respuesta a las tres posibles alternativas que el procedimiento permite en la Corte de La Haya”.

Por su parte, el profesor de derecho internacional de la Universidad de Chile, Sergio Cortés, Master en Derecho Internacional y Europeo Universidad Libre de Bruselas del estudio CPJ abogados, manifestó que es posible que la Corte se declare competente para ver este juicio, y hace énfasis en el aspecto comunicacional de la controversia, plano en el cual, para el jurista, Bolivia ha logrado imponer sus posturas por sobre las de Chile.

“Mi impresión es que la Corte va a declarar su competencia completa, creo que van a ver todo, porque este caso nunca me ha parecido tan claro a favor de Chile. Creo que Bolivia planteó un muy buen caso, y hay dos temas aquí que son críticas para nosotros mismos, que es el tema del excesivo juridicismo que tiene Chile, en general. Perú nos planteó un caso jurídico y nos ganó. Bolivia hoy está planteando un caso jurídico, con un factor a favor muy importante para Bolivia, que es una causa muy popular. Nadie sabe afuera los argumentos de Chile. Nos piden que les demos mar, porque tenemos mucho, ese tipo de cosas. Y los jueces no son ciegos ni sordos”.

En tanto, el historiador chileno Pedro Godoy, integrante del Comité de Reencuentro Chileno-Boliviano, sostuvo que la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido dogmática respecto de Bolivia, planteando la intangibilidad del tratado de 1904, en circunstancias que todo instrumento jurídico es perfectible, según su opinión, y agregó que desde el centro de estudios que dirige se invita a negociar con La Paz.

“Es un dogmatismo que no tiene relación con la diplomacia que es justamente lo contrario: es flexibilidad, es negociación. Tenemos el caso de Estados Unidos y Cuba, cómo después de 50 años han logrado encontrar puntos de acuerdo y el bloqueo está terminando. Entonces, por qué razón una guerra que fue hace ciento y tantos años, y que, por lo demás debe ser reestudiada en cuanto a sus orígenes, va a poner fin a las relaciones sobre esta materia tan importante, entre Palacio Quemado y La Moneda”.

Otro de los temas que se han planteado a partir de este proceso es el de la posibilidad de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, y así no tener que verse obligado a acudir a la Corte Internacional de Justicia cuando se susciten este tipo de controversias.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, José Rodríguez Elizondo, restó importancia a un hipotético retiro de Chile del Pacto de Bogotá, considerando la existencia de una serie de mecanismos de solución pacífica de controversias que se podrían utilizar, además de la Corte de La Haya.

“Los tratados son igual que las leyes son válidos en sí, per se, y cuando hay conflictos con un tratado existen muchos métodos de solución, por ejemplo la negociación, el arbitraje, la mediación, la investigación están todos enumerados en la Carta de Naciones Unidas, por lo tanto cerrarse a la existencia de un tribunal específico, que además no nos ha sido muy grato, no tiene mucho mérito”

Por su parte, el viceministro de Justicia Indígena de Bolivia, sostuvo que el criterio de su país “es que la demanda prosigue al margen de cualquier determinación de ser parte o no, o alejarse del Pacto de Bogotá porque no hay ningún marco legal que pueda detener o archivar esta demanda, y significaría una ruptura con todo lo que como Estado, habría admitido hasta hoy Chile siendo parte del Pacto de Bogotá”.

En tanto, el abogado Sergio Cortés señaló que un eventual retiro de nuestro país del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas sería un contrasentido, ya que se pasaría a llevar el principio de la intangibilidad de los tratados que se erige como uno de los pilares de la política exterior nacional: “Para Chile, retirarse del Pacto de Bogotá, es como pegarse un balazo en el pie, en el sentido de decir una cosa y hacer otra. En el fondo, le niega el carácter de intangibilidad de los tratados, porque retirándose de un tratado, ya significa que no es intangible”.

Este jueves se conocerá la decisión de la CIJ sobre su competencia para conocer este caso, y desde ya el agente chileno Felipe Bulnes, señaló que es “desaconsejable” que nuestro país se retire del proceso en caso de un fallo adverso.