A sus 59 años Juan Barros Madrid no está tranquilo. Desde que fuera nombrado por el Vaticano como Obispo de la Diócesis de Osorno, en enero pasado, las críticas y cuestionamientos en su contra no han cesado. Y no solo desde el ámbito laico. También desde el propio clero.
Obispo castrense entre 2004 y 2015, donde incluso fue investido como general de brigada del Ejército, es uno de los tantos discípulos de Fernando Karadima. De hecho, integrante de su círculo más cercano. Por lo mismo, no ha dejado de ser sindicado como uno de los tantos religiosos involucrados en casos de abusos sexuales encubiertos.
La resistencia mayoritaria de varios sectores de la ciudadanía la ha vivido desde que asumió su cargo el 21 de marzo. “Le reprochamos su vinculación con Karadima, que consta en expediente de la justicia penal, y también la insostenibilidad de su permanencia dentro de la Diócesis”, explica Juan Carlos Claret, vocero de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno.
En conversación con el Diario Electrónico de la Universidad de Chile, asegura que se vienen manifestando hace nueve meses, desde que se enteraron de su nombramiento como obispo de esa ciudad.
De hecho, el reciente Te Deum del 18 de septiembre fue muy diferente al de años anteriores. A la baja asistencia se sumaron protestas contra el obispo. “Fue una expresión más de la lógica que ha imperado desde que Juan Barros asumió”.
Según explica Claret, en la ceremonia solo participaron seis de los 35 sacerdotes de la Diócesis local. “En Osorno, si alguien lo está pasando mal, son los sacerdotes. Han sufrido hostigamiento y persecución por parte del Obispo, algo muy similar a la extorsión”, revela con preocupación.
Asimismo, asegura que “cuando se habla de las cercanías de Juan Barros con Fernando Karadima, vemos que se están repitiendo patrones, no de abuso sexual, pero sí respecto de abusos de autoridad y de poder. Y un contexto violento es el preámbulo de abusos aún mayores. De ahí nuestra precaución”.
En cuanto al ámbito civil, el nivel de participación de las autoridades en el Te Deum también fue bajo: solo tres de quince invitados. “El rechazo al obispo Juan Barros no es solamente de la comunidad católica. Es un problema ciudadano que ha trascendido las fronteras de la Iglesia. Y cuando los templos se vacían, es síntoma de algo mayor”.
Divisiones, persecuciones y amenazas
Desde el 21 de marzo, cuando asumió como obispo, no hay dudas de que se ha generado una división entre los laicos de Osorno. “Por una parte, lo designa el Papa, pero por otra está documentada su participación en ilícitos, a través del encubrimiento. Entonces, los fieles no le reconocen su legitimidad”, aclara el vocero de la Organización de Laicos y Laicas de esa ciudad.
De hecho, desafía a que si bien el religioso puede gobernar por decreto, en ningún caso tiene la autoridad para imponer su voluntad sobre la ciudadanía.
“Tal como lo ha hecho con el clero, ha intentado imponer su voluntad e intervenido comunidades completas o parroquias con las Fuerzas Armadas. Tenemos un obispo que tiene miedo de mostrarse ante la comunidad y se esconde detrás de las Fuerzas Especiales de Carabineros”.
Y agrega: “La situación de desconfianza hacia el laicado es bastante intensa. Lo que vimos en el Te Deum es una demostración más de lo que han sido sus actitudes en los últimos seis meses, desde que asumió”.
Acusa que el obispo no participa en múltiples actividades protocolares y de carácter ciudadano. “En la lógica de la Unión Sacerdotal, donde se formó Juan Barros, existe una lógica de poder donde lo religioso se impone sobre lo público”.
De hecho, denuncia que el cuestionado obispo constantemente visita los domicilios particulares de los sacerdotes con el objetivo de que le obedezcan sus órdenes. Sin embargo, aquéllos no le reconocen su autoridad, lo que genera un complejo conflicto canónico. Por ello –asegura– no pierde oportunidad para imponerse por la fuerza.
Pero no es el único problema. “El obispo les miente y genera conflictos entre ellos. Por eso, hasta hoy, ha declinado reunirse con el clero como colegialidad. Y todas las reuniones a las que lo han citado los sacerdotes han fracasado, pues no llega, porque tiene miedo de encararlos”.
A eso se suman las peticiones de Barros para que los sacerdotes se vayan de Osorno, así como las amenazas de acusarlos incluso al Papa Francisco.
Precisamente, según Claret, el Pontífice está informado de todo, pero desde una sola visión. “Las personas que le deben lealtad parecen no ser muy leales, porque le entregan solo una parte de la información. Entonces el Papa se equivoca, emitiendo juicios incorrectos con la información escueta que le entrega el Nuncio Apostólico”.
Se trata de monseñor Ivo Scapolo, a quien incluso el clero de la Diócesis de Osorno, liderado por el sacerdote Peter Kliegel, ha enviado cartas pidiendo explicaciones respecto del nombramiento del obispo Barros, al mismo tiempo que exigiendo su renuncia.
El propio Claret confirma que han emplazado públicamente a Scapolo para que responda por qué, finalmente, se ha negado a enviar al Vaticano las cartas entregadas por el clero y por los laicos. “Tenemos un Nuncio que no solamente ha actuado de manera inoperante respecto de la situación de Barros, sino que además ha faltado a su deber, lo que consideramos una causal para que cese en sus funciones”.
La renuncia que generaría la debacle
Desde la Organización de Laicos y Laicas de Osorno reconocen que cada vez que han conversado con el obispo Barros se han dado cuenta que su permanencia también está siendo perjudicial para él. “Ha bajado 30 kilos, está canoso y se le ve deprimido, porque vemos que las condiciones en las que está tampoco son buenas para él”.
Pero su permanencia no sólo depende del propio Barros. También de las presiones que está recibiendo de otros obispos. ¿Por qué, entonces, existe una cerrada defensa dentro de la Conferencia Episcopal para que se mantenga en su puesto?
La conclusión de Claret y los demás integrantes de la organización es decidora. “Si el obispo Barros renuncia se genera un precedente para que inmediatamente renuncien cinco obispos a la Conferencia Episcopal. Obispos que están involucrados en otros casos, paralelos al de Karadima, como los de los sacerdotes Diego Ossa o Rimsky Rojas”.
Por ello denuncia que “cuando la jerarquía de la Iglesia mantiene un privilegio y eso corre riesgos, claramente los privilegiados no querrán dejarlo. Y eso es lo que tenemos hoy. Precisamente contra eso estamos luchando, contra un poder revestido de religión”.
Pero sus dardos no solo apuntan a los cuestionados cardenales Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago, y Francisco Javier Errázuriz, su antecesor. También contra los arzobispos de La Serena, René Rebolledo, y de Puerto Montt, Cristián Caro.
En el caso de Rebolledo, ex obispo de Osorno, las críticas son tajantes. “Ha tenido actitudes bastantes deshonestas hacia nosotros, los laicos, sus ex laicos, así como a su ex clero”. Lo mismo para Caro, también vinculado a la ciudad. “Ambos han incitado a Barros a mantenerse, a pesar de su sufrimiento. Y la forma en que han hecho prevalecer su voluntad sobre él es casi criminal”, revela Claret.
A ellos agrega la situación del sacerdote Diego Ossa, instalado en la comuna de Lo Prado, en Santiago, quien fue formado por Fernando Karadima e integrante de su círculo más cercano. “En Santiago hay 50 sacerdotes que potencialmente podrían repetir los mismos patrones de abusos de poder y de autoridad que vemos hoy en Juan Barros”.
Y tampoco se queda ahí. “En ese sentido, la Iglesia tiene una deuda con esos sacerdotes. Si es así, también tendrían que dar explicaciones el obispo de Arica, Moisés Atisha, y los obispos auxiliares de Santiago Fernando Ramos y Galo Fernández”.
Si bien dentro de la Conferencia Episcopal existen obispos que se oponen a Juan Barros, a quien incluso le han pedido su renuncia, como el obispo de Aysén, Luigi Infanti, una o dos voces entre 30 pareciera que no son suficientes para ser escuchadas. “Por eso la importancia de que los obispos sinceren sus posiciones”, exige Juan Carlos Claret.
Como vocero de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno, su inquietud es al menos preocupante. “Da la sensación que el caso Karadima no es una historia, sino que un hecho que sigue latente en la Conferencia Episcopal. Que los obispos no son ecuánimes y que para ser obispo se requiere hacer pactos de silencio y una defensa corporativa”.
“Y mientras los obispos se preocupan de mantener su imagen, la pregunta es ¿quién se preocupa de la verdadera Iglesia, que es la que no tiene poder y que está en la calle? Al parecer esa Iglesia a nadie le importa”, concluye.