“Nadie se espanta cuando a altos ejecutivos se les pagan indemnizaciones a todo evento por su retiro, y parece que, cuando les toca a los trabajadores, es motivo de escándalo”.
Con esas palabras la Ministra del Trabajo respaldó al saliente presidente del directorio de Banco del Estado, Guillermo Larraín, cuestionado duramente por autorizar el gasto 58 mil millones de pesos en un bono de término de conflicto como cierre de un proceso de negociación colectiva.
Esto ocurre, además, luego que el directorio de la entidad estableciera que la responsabilidad sobre la negociación colectiva es del comité ejecutivo.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, defendió el pago del bono, asegurando que esto debería convertirse en una política general.
“El término de un conflicto laboral siempre está asociado a una remuneración económica complementaria, por lo tanto, no debería llevarnos a complejizar una situación que -a mí me parece- forma parte de un derecho de los trabajadores. Lo que no debería haber es discriminación, que para algunos sí y para otros no, tiene que ser coherente para todos”.
El lunes, desde la Democracia Cristiana, partido donde milita Larraín (quien además participó de la elaboración del programa de la Nueva Mayoría), aseguraron que no aceptarían que se le responsabilice por una decisión que no tomó solo.
El respaldo se dio en todo el oficialismo, así lo expresó el presidente del MAS, Alejandro Navarro: “Al banco le ha ido bien, ha tenido buenas utilidades, y cuando al Banco del Estado le va bien, es también bueno que le vaya bien a los trabajadores. Se ha hecho una injusticia con Guillermo Larraín, ha sido el pato de la boda de una mala señal que ha querido dar el ministro (Rodrigo Valdés), respecto de la austeridad. Los alto ejecutivos cuando son indemnizados, nadie se fija en la austeridad, se les paga; aquí desde los cajeros a todos los trabajadores van a recibir un bono de término de conflicto, pero esto le ha costado el puesto a un gerente general que tiene sensibilidad social”.
El presidente de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, aseguró que se pudo apreciar una reacción irascible de parte del empresariado, sólo para desacreditar un proceso de negociación colectiva acumulado por el cual los trabajadores acceden a participar de menos del 15 por ciento de las utilidades del banco.
En ese sentido, destacó que Banco del Estado es el único sindicato nacional que tiene un 98 por ciento de trabajadores afiliados y, por lo tanto, tendría un “mayor poderío para negociar colectivamente”.
Mesina defendió que es una característica que debiera ser transversalizada, por eso apoyarlos es “una de las formas de corregir la profunda desigualdad que hay en este país en tema de distribución del ingreso, y que se ha acrecentado brutalmente después de la dictadura por los gobiernos de la Concertación y la derecha”.
Mesina vinculó el tema con la discusión de la Reforma Laboral, ya que se trata de un sindicato que agrupa casi a la totalidad de la fuerza laboral de la empresa, por lo que la polémica que ronda al tema sería una estructura elucubrada para desacreditar la posibilidad que los trabajadores enfrenten la negociación con los empleadores en igualdad de condiciones.
“Nadie se espanta cuando a altos ejecutivos se les pagan indemnizaciones a todo evento por su retiro, y parece que, cuando les toca a los trabajadores, es motivo de escándalo”.
Con esas palabras la Ministra del Trabajo respaldó al saliente presidente del directorio de Banco del Estado, Guillermo Larraín, cuestionado duramente por autorizar el gasto 58 mil millones de pesos en un bono de término de conflicto como cierre de un proceso de negociación colectiva.
Esto ocurre, además, luego que el directorio de la entidad estableciera que la responsabilidad sobre la negociación colectiva es del comité ejecutivo.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, defendió el pago del bono, asegurando que esto debería convertirse en una política general.
“El término de un conflicto laboral siempre está asociado a una remuneración económica complementaria, por lo tanto, no debería llevarnos a complejizar una situación que -a mí me parece- forma parte de un derecho de los trabajadores. Lo que no debería haber es discriminación, que para algunos sí y para otros no, tiene que ser coherente para todos”.
El lunes, desde la Democracia Cristiana, partido donde milita Larraín (quien además participó de la elaboración del programa de la Nueva Mayoría), aseguraron que no aceptarían que se le responsabilice por una decisión que no tomó solo.
El respaldo se dio en todo el oficialismo, así lo expresó el presidente del MAS, Alejandro Navarro: “Al banco le ha ido bien, ha tenido buenas utilidades, y cuando al Banco del Estado le va bien, es también bueno que le vaya bien a los trabajadores. Se ha hecho una injusticia con Guillermo Larraín, ha sido el pato de la boda de una mala señal que ha querido dar el ministro (Rodrigo Valdés), respecto de la austeridad. Los alto ejecutivos cuando son indemnizados, nadie se fija en la austeridad, se les paga; aquí desde los cajeros a todos los trabajadores van a recibir un bono de término de conflicto, pero esto le ha costado el puesto a un gerente general que tiene sensibilidad social”.
El presidente de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, aseguró que se pudo apreciar una reacción irascible de parte del empresariado, sólo para desacreditar un proceso de negociación colectiva acumulado por el cual los trabajadores acceden a participar de menos del 15 por ciento de las utilidades del banco.
En ese sentido, destacó que Banco del Estado es el único sindicato nacional que tiene un 98 por ciento de trabajadores afiliados y, por lo tanto, tendría un “mayor poderío para negociar colectivamente”.
Mesina defendió que es una característica que debiera ser transversalizada, por eso apoyarlos es “una de las formas de corregir la profunda desigualdad que hay en este país en tema de distribución del ingreso, y que se ha acrecentado brutalmente después de la dictadura por los gobiernos de la Concertación y la derecha”.
Mesina vinculó el tema con la discusión de la Reforma Laboral, ya que se trata de un sindicato que agrupa casi a la totalidad de la fuerza laboral de la empresa, por lo que la polémica que ronda al tema sería una estructura elucubrada para desacreditar la posibilidad que los trabajadores enfrenten la negociación con los empleadores en igualdad de condiciones.
“Nadie se espanta cuando a altos ejecutivos se les pagan indemnizaciones a todo evento por su retiro, y parece que, cuando les toca a los trabajadores, es motivo de escándalo”.
Con esas palabras la Ministra del Trabajo respaldó al saliente presidente del directorio de Banco del Estado, Guillermo Larraín, cuestionado duramente por autorizar el gasto 58 mil millones de pesos en un bono de término de conflicto como cierre de un proceso de negociación colectiva.
Esto ocurre, además, luego que el directorio de la entidad estableciera que la responsabilidad sobre la negociación colectiva es del comité ejecutivo.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, defendió el pago del bono, asegurando que esto debería convertirse en una política general.
“El término de un conflicto laboral siempre está asociado a una remuneración económica complementaria, por lo tanto, no debería llevarnos a complejizar una situación que -a mí me parece- forma parte de un derecho de los trabajadores. Lo que no debería haber es discriminación, que para algunos sí y para otros no, tiene que ser coherente para todos”.
El lunes, desde la Democracia Cristiana, partido donde milita Larraín (quien además participó de la elaboración del programa de la Nueva Mayoría), aseguraron que no aceptarían que se le responsabilice por una decisión que no tomó solo.
El respaldo se dio en todo el oficialismo, así lo expresó el presidente del MAS, Alejandro Navarro: “Al banco le ha ido bien, ha tenido buenas utilidades, y cuando al Banco del Estado le va bien, es también bueno que le vaya bien a los trabajadores. Se ha hecho una injusticia con Guillermo Larraín, ha sido el pato de la boda de una mala señal que ha querido dar el ministro (Rodrigo Valdés), respecto de la austeridad. Los alto ejecutivos cuando son indemnizados, nadie se fija en la austeridad, se les paga; aquí desde los cajeros a todos los trabajadores van a recibir un bono de término de conflicto, pero esto le ha costado el puesto a un gerente general que tiene sensibilidad social”.
El presidente de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, aseguró que se pudo apreciar una reacción irascible de parte del empresariado, sólo para desacreditar un proceso de negociación colectiva acumulado por el cual los trabajadores acceden a participar de menos del 15 por ciento de las utilidades del banco.
En ese sentido, destacó que Banco del Estado es el único sindicato nacional que tiene un 98 por ciento de trabajadores afiliados y, por lo tanto, tendría un “mayor poderío para negociar colectivamente”.
Mesina defendió que es una característica que debiera ser transversalizada, por eso apoyarlos es “una de las formas de corregir la profunda desigualdad que hay en este país en tema de distribución del ingreso, y que se ha acrecentado brutalmente después de la dictadura por los gobiernos de la Concertación y la derecha”.
Mesina vinculó el tema con la discusión de la Reforma Laboral, ya que se trata de un sindicato que agrupa casi a la totalidad de la fuerza laboral de la empresa, por lo que la polémica que ronda al tema sería una estructura elucubrada para desacreditar la posibilidad que los trabajadores enfrenten la negociación con los empleadores en igualdad de condiciones.
