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Año XII, 22 de febrero de 2020

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La incierta estrategia del Gobierno para generar una política de salario mínimo

Por una parte, las críticas de los trabajadores por ser excluidos, así como la ausencia de un sistema de negociación colectiva por actividad económica. Por otra, la instalación de una nueva comisión asesora, que debiera emitir un informe en octubre.

Fernando Seymour D.

  Domingo 4 de octubre 2015 8:12 hrs. 

El próximo 10 de octubre la Comisión Asesora Salarial del Mercado del Trabajo cumplirá un año desde que fuera constituida.

Una instancia que se creó para estudiar diversas materias de política salarial, especialmente lo relacionado con el salario mínimo y sus futuros incrementos, originalmente con catorce miembros, representantes del Gobierno, la CUT, gremios empresariales, expertos y académicos.

Si bien la Comisión ha proporcionado algunos informes parciales, octubre aparece como el plazo para presentar un documento de mayor alcance, que apunte a una política de salario mínimo.

Desde esa fecha, varios de quienes se reunieron para formalizarla ya no participan. La ministra del Trabajo ya no es Javiera Blanco. Tampoco el ministro de Hacienda es Alberto Arenas. Incluso el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, fue reemplazado.

Quien sí continúa presente en la Comisión, cada vez que sesiona en el Ministerio del Trabajo, es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Y es que fue precisamente de un acuerdo entre la multisindical y el Gobierno que surgió esta instancia, a propósito de las negociaciones por el reajuste del salario mínimo que se llevaron a cabo en 2014, cuando se determinó que a partir del 1 de julio aumentara a 225 mil pesos, este año a 241 mil y desde el 1 de enero de 2016 a 250 mil pesos.

Precisamente desde la CUT, su vicepresidente, Nolberto Díaz, reconoce que las relaciones con el Ministerio de Hacienda están bastante deterioradas, lo que implica que la Comisión ya no tenga mucho sentido para los dirigentes de la multisindical.

“Para hacer una política salarial de verdad, en favor de los trabajadores, lo primero que hay que hacer es no poner ministros de Hacienda que hayan sido funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que son más de lo mismo”.

En esa línea, asegura que “el Ministerio de Hacienda, desde que llegó Rodrigo Valdés, está operando contra sus propias políticas y no quiere avanzar en nada que tenga que ver con temas de derechos laborales. Entonces, lo primero que hay que hacer es no poner ministros como el señor Valdés, porque en estas materias seguramente podremos avanzar muy poco”.

Sin embargo, desde otra de las organizaciones sindicales no piensan lo mismo. Así lo plantea el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Óscar Olivos, quien critica que el Gobierno solo se relacione con lo que considera “su brazo sindical”.

“Solo los toman en cuenta a ellos, porque ahí está todo su sector político partidista y son los que le darán la venia a todas las cosas que el Gobierno quiera hacer”, lamenta el dirigente, agregando que “estas famosas comisiones que inventan solo son para justificarse frente a la opinión pública. Y la CUT, para tratar de justificar lo injustificable, donde lamentablemente los que sufren las consecuencias son los trabajadores”.

Por ello, considera que es importante recordar “cuando se hizo el famoso reajuste, donde la CUT estuvo de acuerdo, un reajuste miserable, y que antes de firmar ese reajuste miserable la CUT había planteado, en el discurso del 1 de mayo, que el salario mínimo debía de ser de 300 mil pesos. Eso demuestra que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen”.

En cuanto a la discusión para acordar políticas de salario mínimo, Olivos denuncia que “hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que el Gobierno nos considere. Hoy en Chile existen tres centrales sindicales, le guste o no al Gobierno. Y con todos los empresarios, no solamente con algunos de la CPC. Todos debieran participar en la mesa para que podamos tener una discusión amplia y donde realmente podamos tener un salario que sea digno”.

¿Una nueva política salarial?

“Debemos tener un instrumento que instale esta propuesta como una política permanente”. La inquietud es de la senadora PPD Adriana Muñoz, integrante de la Comisión de Trabajo, quien reconoce lo difícil que resulta avanzar en materia de salario mínimo. “Hay que establecer gradualidades como un elemento que podría incorporarse en la definición de una política salarial en el país”.

En cuanto al trabajo de la Comisión Asesora Salarial, manifiesta que el objetivo es que la discusión “no se reduzca a un tironeo entre el Gobierno, trabajadores, organizaciones y parlamentarios. Tengo mucha esperanza que de esa Comisión se pueda ir avanzando. Pero hay que dotarla de facultades y entregarle la decisión política de efectivamente llegar a establecer una política nacional respecto del tema salarial”.

Asimismo, se detiene en la compleja situación del sueldo ético. “Es una aspiración y una propuesta que debemos hacer realidad. Va variando de acuerdo a la realidad económica del país. Y hoy con 250 mil pesos, cuando hace cinco o seis años atrás decíamos que era un sueldo ético, mínimo, con el que podían vivir las personas, hoy aparece como muy poco y a lo mejor tenemos que avanzar a 300 mil pesos”.

Pero también hay quienes piensan que aquella Comisión no tiene mucho sentido. “Este tipo de comisiones son bastantes restringidas y generan diagnósticos que muchas veces tratan de aminorar el real impacto de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, particularmente respecto de los promedios”.

El planteamiento del economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, apunta a que muchos análisis se realizan obviando estas consideraciones para intentar configurar un escenario que no es el real.

De hecho, uno de los objetivos que se propuso la Comisión es garantizar que los ingresos de quienes reciben el salario mínimo les permitan superar la línea de pobreza. Según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), de 2013, un hogar con cuatro integrantes es pobre si su ingreso es menor a 360 mil pesos o 90 mil pesos por persona.

En consecuencia, para Durán la política del sueldo mínimo debería reformularse totalmente y volver al origen.

“Tenemos un sueldo mínimo que internacionalmente es catalogado como mini salario mínimo, porque es demasiado bajo, que incluso está muy distante del salario ético que en algún momento se planteó, que hoy sería cercano a los 340 mil pesos, si es que lo ajustamos solo por el IPC. Entonces, cuál es el sentido de tener un sueldo mínimo. ¿Satisfacer las necesidades básicas del trabajador y por eso se llama mínimo? ¿O ser un mecanismo que tira los salarios hacia la baja, para maximizar las tasas de ganancia?”, se cuestiona.

Su propuesta para una política de Estado permanente radica en que el salario mínimo debería apuntar a un sistema de negociación colectiva.
“Ese tipo de visión requiere, inevitablemente, que el sistema chileno tenga modelos sectoriales o por áreas de actividad económica, tal como sucede en Uruguay con los consejos de salarios, donde se fijan salarios mínimos para las trabajadoras de casa particular o para oficios más calificados. Es decir, que los trabajadores y empleadores fijen los salarios mínimos”.