Esta semana continúa la discusión sobre el proceso de gratuidad, que se inicia en 2016 a través de Ley de Presupuesto.
En este marco, los distintos actores sociales involucrados han mostrado algunas de sus cartas en un debate que trasciende al contenido de la glosa presupuestaria, pues existe consenso en que las condiciones de la primera etapa sean fieles al espíritu que tendrá la legislación.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó que debe haber concordancia entre los criterios que establezca la glosa presupuestaria y el marco regulatorio que pretende introducirse como principal contenido de la Reforma a la Educación Pública que se discutirá para entrar en vigencia desde el 2017. “¿Cuál es el marco regulatorio que va a tener el sistema de Educación Superior? Porque una cosa es el pluralismo, que se ha destacado y compartimos plenamente, pero otra cosa es la desregulación absoluta”, dijo la secretaria de Estado.
Para el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, sería prudente desdramatizar el debate por el inicio de la gratuidad universitaria, agregando que “esto es simplemente el reemplazo de un beneficio por un derecho. Yo soy partidario de la gratuidad. Para nosotros, no es una opción, estamos convencidos que tenemos que ir para allá”.
Además, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, indicó que en ninguna parte del mundo se entiende que sea inconstitucional que el Estado aporte recursos directamente a sus universidades: “Es un problema que existe solamente en Chile, el hecho de que el Estado no tiene derecho a financiar a sus universidades si no financia simultáneamente al sistema privado, es una cosa que no se la cree nadie en el mundo, como argumento”, aseguró.
En cuanto a los Centros de Formación Técnica (CFT), Duoc UC es una de las siete instituciones que cumplen los requisitos para ingresar a la gratuidad en 2016. El rector Ricardo Paredes explicó que las condiciones actuales permiten su entrada a esta política pública, la que se concretará sólo si los cambios “no afectan ni la autonomía ni la sustentabilidad financiera”.
Por su parte, Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente de Vertebral, entidad que agrupa a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, criticó la implementación de la gratuidad, pues discrimina a buena parte de los estudiantes técnicos: “La mala noticia es la manera en que el Gobierno ha propuesto asignar esos recursos adicionales. En síntesis, nos parece que es una manera injusta, inequitativa, ineficiente, que no favorece la calidad, no favorece la eficiencia y no favorece la movilidad social en comparación a otro diseño alternativo que hubiera podido ocupar esos recursos y sí tener un mayor impacto”, declaró.
Victor Orellana, presidente de la Fundación Nodo 21, señaló que lo importante a la hora de evaluar los pasos a seguir en cuanto a la Reforma es fortalecer la matrícula de la Educación Pública: “Al joven hay que garantizarle derechos, es verdad, pero no con un cheque, no con un beneficio para ir al mercado. Tú le puedes garantizar ese derecho con un aumento calculado sistemático y racional de la matrícula pública, por eso nos extraña mucho que una de las condiciones del régimen de gratuidad sea impedir la matrícula en la educación pública”, indicó.
Las universidades que cumplen los requisitos tienen hasta el 22 de diciembre para adscribir a la gratuidad, plazo final para que quienes se han mostrado críticos a la primera etapa de la implementación de la Reforma Educacional, como la Universidad Católica, la Diego Portales y el Inacap, mantengan su postura o adhieran al proceso.