Derecho de propiedad: el temor del empresariado frente a una nueva Constitución
Agrupaciones como la CPC y la Sofofa han criticado duramente la posibilidad de que se modifiquen las actuales condiciones que por tantos años las han beneficiado. Mientras que las exigencias de distintos sectores apuntan precisamente a regulación y legitimación social.
Domingo 25 de octubre 2015 17:22 hrs.
Jueves 8 de octubre. Aniversario del Centro de Estudios Públicos (CEP). Presencia en masa del gran empresariado chileno. Todos felices con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet. Risas y abrazos entre los empresarios y el Gobierno.
Miércoles 21. Cena anual de la Industria, organizada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Caras largas y mucha molestia entre los empresarios. Esta vez Michelle Bachelet no participa. Su decisión de rechazar la invitación es un duro golpe para el gran empresariado. La Mandataria prioriza un viaje a la Región de Aysén.
¿Una demostración de fuerzas por parte del Ejecutivo? “Lamentamos que la Presidenta de la República, de forma inédita, no esté con nosotros esta noche”, manifestó en su discurso el presidente de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock.
Pero entre ambas celebraciones hubo otra que también reunió a ambas partes. Fue el martes 20, cuando el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, llegó hasta La Moneda, invitado por la Mandataria. ¿El objetivo? Socializar el proceso constituyente anunciado la semana pasada.
“En el escenario económico actual el planteamiento de la nueva Constitución sin duda que genera incertidumbre”, criticó Salas a la salida de la reunión.
Y es que los cuestionamientos del gran empresariado ya no solo apuntan al proyecto de Reforma Laboral. También al proceso constituyente.
De hecho, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, ha reiterado su molestia con el anuncio por considerarlo inquietante y carente de contenidos, así como por los perjuicios que genera en el ámbito de las inversiones. Incluso, ha puesto en duda la participación del sector privado en ese debate.
¿A qué apuntan, entonces, esas preocupaciones? ¿Hay algún tema en particular que tanto inquieta al gran empresariado?
Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se trata de un proceso que “no debiese ser una amenaza para nadie”. De hecho, Von Mühlenbrock ha reconocido que “la Presidenta y el ministro de Hacienda han asegurado que se garantizará y se respetará el derecho a la propiedad”.
Concepto clave: el derecho de propiedad
Para muchos genera sorpresa el que los empresarios pretendan asegurar algo así. También, y más sorprendente aún, que el Gobierno lo pueda garantizar. Las palabras del abogado José Luis Ugarte buscan aclarar que se trata “simplemente de la muestra del interés de un grupo, como habrá otros intereses de grupos particulares que intentarán salvar alguna parte en la nueva Constitución”.
Por ello, explica que desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna relevancia, más que el interés de cualquier otro grupo. “El derecho de propiedad en Chile debe ser sometido al mismo tratamiento de todos los derechos que se consideran fundamentales. No es superior ni más relevante que el resto de los derechos”.
En consecuencia, plantea que en ningún caso le corresponde al Gobierno, por no tener las competencias para ello, garantizar a nadie en particular que un derecho estará por sobre otro.
“La Constitución de 1980 ha garantizado una suerte de sobreprotección del derecho de propiedad, de manera que los empresarios entienden que sus beneficios y privilegios particulares están ‘garantizados’ por la propiedad. Ésta debe ser mirada como un medio relevante para toda la ciudadanía y no solo para un sector dominante”, explica el abogado.
Un tema que la Constitución de 1980, reformada por Ricardo Lagos en 2005, consagra en su artículo 24°: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
Definitivamente, no son pocos los que destacan la relevancia de la discusión sobre propiedad cuando se plantea la necesidad de una nueva Constitución.
“Habría que redefinir el concepto de propiedad, la que debería tener una función social, más que algo netamente privatista, como lo concibe hoy la actual Constitución”, propone el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución.
“Si vamos a empezar con una visión sesgada, no tiene ningún sentido comenzar esta discusión constitucional”, agrega el parlamentario, manifestando su molestia por las quejas y exigencias que surgen desde la CPC y la Sofofa.
“Me parece una muy mala señal de los empresarios que, cuando queremos discutir una nueva Constitución, se empiece a rayar la cancha. Justamente la idea de una nueva Constitución es poder discutir todos los temas”, concluye.
Los resguardos del gran empresariado
El propio Araya acusa que “lo que uno ve detrás de esta demanda que han hecho los empresarios al Gobierno, de no tocar el derecho de propiedad, es que buscan consolidar un modelo económico que ha sido altamente perjudicial para la gran mayoría de los chilenos, pero que obviamente ha favorecido a los empresarios”.
Idea similar que plantean desde la Fundación Sol. “Cuando se trata de cambios estructurales, el empresariado ve ciertos riesgos, en cuanto a perder los privilegios de acumulación que les ha dado la Constitución en Chile”, explica el economista Gonzalo Durán.
Y es que los privilegios que gozan los empresarios en sectores de explotación de recursos naturales -agrega-, dados por la dictadura y asegurados en la Constitución, no tienen ninguna legitimidad social.
En ese contexto, anticipa que “ellos pueden ver amenazadas sus enormes tasas de ganancias, que han logrado durante los últimos veinte años en Chile, tal como sucede en la minería”.
En cuanto a esta actividad, detalla que “podemos ver empresas multinacionales que dominan el sector. Una de ellas, minera Escondida, que en los últimos diez años ha tenido rentabilidades sobre el patrimonio cercano al 90 por ciento. Se trata de un indicador de ganancia que es único a nivel de Chile y también único a nivel mundial. Y eso lo comparten también varios sectores oligopólicos”.
Mismos privilegios, asegura, que se replican en el sector pesquero y en el forestal. “Existen garantías para los empresarios forestales para invertir y explotar a un costo mínimo”.
Protección de los recursos naturales
El citado artículo 24° de la Constitución también considera que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Se trata de uno de los derechos a la propiedad que hace mucho tiempo busca modificarse, aunque todavía sin éxito.
El ex ministro Sergio Bitar recuerda que durante el anterior Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional que establece que el agua es un bien nacional de uso público. “Eso es clave y no está, porque todavía no lo podemos lograr”.
Él mismo explica que “existen derechos de agua otorgados por un porcentaje muy alto, superior a lo que realmente existe”. Esto, a propósito del proyecto que busca modificar el Código de Agua.
Sin embargo, desde la SNA, su presidente, Patricio Crespo, no duda en aferrarse a la defensa de la actual Constitución y de lo que considera el peligro de atentar contra el derecho de propiedad.
Particularmente apunta a los intentos de “extender a los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes las mismas limitaciones que a las futuras concesiones, pese a que la Constitución establece que es un derecho inmutable”.
“Los derechos de propiedad del agua son equivalentes a los derechos de propiedad de la tierra. Ambos son esenciales para el desarrollo de la agricultura”, expresa el empresario.
La respuesta de Bitar apunta directamente al gran empresariado. “Ha habido un exceso de celo y temor de un sector del empresariado. Tenemos que dialogar. El diálogo es un capital de la política chilena. Pero hay otros que creen que todavía pueden chantajear”.
Pero sus argumentos también consideran una autocrítica. “Veo un sector de derecha muy intransigente, que tiene que ceder a lo que es la aspiración popular. Y veo una Nueva Mayoría que a veces también se deja influenciar demasiado por grupos que lo quieren todo en un día”.
El debate que se viene
Pensando en la discusión que se viene para los próximos años, el abogado Ugarte advierte que no solo existe la propiedad privada. También la propiedad pública. “Es uno de los debates relevantes que se debe discutir, a propósito de la nueva Constitución”.
“Los bienes naturales deben ser protegidos, porque son bienes que no pueden ser apropiados por personas individuales. Son bienes que deben ser garantizados en términos comunitarios”, aclara el jurista.
“Muchos tenemos críticas respecto de cómo se concibe el derecho de propiedad en la actual Constitución, que obviamente ha favorecido a un sector minoritario del país en perjuicio de la gran mayoría de los chilenos”, critica el senador Araya.
Algo que complementa Gonzalo Durán. “El poder de los empresarios en el sentido de actuar en bloque y negociar como si fueran ramas de actividades económicas, es algo que ellos mismos han criticado y descartado en el tema de la Reforma Laboral”.
Y agrega: “Cuando se trata de sus intereses, por supuesto que actúan en manada y defendiendo los intereses de las distintas ramas económicas. Sería muy acotado y bastante estrecho de parte de las autoridades que empiecen a vetar contenidos o a dejar fuera ciertas discusiones”.
Jueves 8 de octubre. Aniversario del Centro de Estudios Públicos (CEP). Presencia en masa del gran empresariado chileno. Todos felices con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet. Risas y abrazos entre los empresarios y el Gobierno.
Miércoles 21. Cena anual de la Industria, organizada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Caras largas y mucha molestia entre los empresarios. Esta vez Michelle Bachelet no participa. Su decisión de rechazar la invitación es un duro golpe para el gran empresariado. La Mandataria prioriza un viaje a la Región de Aysén.
¿Una demostración de fuerzas por parte del Ejecutivo? “Lamentamos que la Presidenta de la República, de forma inédita, no esté con nosotros esta noche”, manifestó en su discurso el presidente de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock.
Pero entre ambas celebraciones hubo otra que también reunió a ambas partes. Fue el martes 20, cuando el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, llegó hasta La Moneda, invitado por la Mandataria. ¿El objetivo? Socializar el proceso constituyente anunciado la semana pasada.
“En el escenario económico actual el planteamiento de la nueva Constitución sin duda que genera incertidumbre”, criticó Salas a la salida de la reunión.
Y es que los cuestionamientos del gran empresariado ya no solo apuntan al proyecto de Reforma Laboral. También al proceso constituyente.
De hecho, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, ha reiterado su molestia con el anuncio por considerarlo inquietante y carente de contenidos, así como por los perjuicios que genera en el ámbito de las inversiones. Incluso, ha puesto en duda la participación del sector privado en ese debate.
¿A qué apuntan, entonces, esas preocupaciones? ¿Hay algún tema en particular que tanto inquieta al gran empresariado?
Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se trata de un proceso que “no debiese ser una amenaza para nadie”. De hecho, Von Mühlenbrock ha reconocido que “la Presidenta y el ministro de Hacienda han asegurado que se garantizará y se respetará el derecho a la propiedad”.
Concepto clave: el derecho de propiedad
Para muchos genera sorpresa el que los empresarios pretendan asegurar algo así. También, y más sorprendente aún, que el Gobierno lo pueda garantizar. Las palabras del abogado José Luis Ugarte buscan aclarar que se trata “simplemente de la muestra del interés de un grupo, como habrá otros intereses de grupos particulares que intentarán salvar alguna parte en la nueva Constitución”.
Por ello, explica que desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna relevancia, más que el interés de cualquier otro grupo. “El derecho de propiedad en Chile debe ser sometido al mismo tratamiento de todos los derechos que se consideran fundamentales. No es superior ni más relevante que el resto de los derechos”.
En consecuencia, plantea que en ningún caso le corresponde al Gobierno, por no tener las competencias para ello, garantizar a nadie en particular que un derecho estará por sobre otro.
“La Constitución de 1980 ha garantizado una suerte de sobreprotección del derecho de propiedad, de manera que los empresarios entienden que sus beneficios y privilegios particulares están ‘garantizados’ por la propiedad. Ésta debe ser mirada como un medio relevante para toda la ciudadanía y no solo para un sector dominante”, explica el abogado.
Un tema que la Constitución de 1980, reformada por Ricardo Lagos en 2005, consagra en su artículo 24°: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
Definitivamente, no son pocos los que destacan la relevancia de la discusión sobre propiedad cuando se plantea la necesidad de una nueva Constitución.
“Habría que redefinir el concepto de propiedad, la que debería tener una función social, más que algo netamente privatista, como lo concibe hoy la actual Constitución”, propone el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución.
“Si vamos a empezar con una visión sesgada, no tiene ningún sentido comenzar esta discusión constitucional”, agrega el parlamentario, manifestando su molestia por las quejas y exigencias que surgen desde la CPC y la Sofofa.
“Me parece una muy mala señal de los empresarios que, cuando queremos discutir una nueva Constitución, se empiece a rayar la cancha. Justamente la idea de una nueva Constitución es poder discutir todos los temas”, concluye.
Los resguardos del gran empresariado
El propio Araya acusa que “lo que uno ve detrás de esta demanda que han hecho los empresarios al Gobierno, de no tocar el derecho de propiedad, es que buscan consolidar un modelo económico que ha sido altamente perjudicial para la gran mayoría de los chilenos, pero que obviamente ha favorecido a los empresarios”.
Idea similar que plantean desde la Fundación Sol. “Cuando se trata de cambios estructurales, el empresariado ve ciertos riesgos, en cuanto a perder los privilegios de acumulación que les ha dado la Constitución en Chile”, explica el economista Gonzalo Durán.
Y es que los privilegios que gozan los empresarios en sectores de explotación de recursos naturales -agrega-, dados por la dictadura y asegurados en la Constitución, no tienen ninguna legitimidad social.
En ese contexto, anticipa que “ellos pueden ver amenazadas sus enormes tasas de ganancias, que han logrado durante los últimos veinte años en Chile, tal como sucede en la minería”.
En cuanto a esta actividad, detalla que “podemos ver empresas multinacionales que dominan el sector. Una de ellas, minera Escondida, que en los últimos diez años ha tenido rentabilidades sobre el patrimonio cercano al 90 por ciento. Se trata de un indicador de ganancia que es único a nivel de Chile y también único a nivel mundial. Y eso lo comparten también varios sectores oligopólicos”.
Mismos privilegios, asegura, que se replican en el sector pesquero y en el forestal. “Existen garantías para los empresarios forestales para invertir y explotar a un costo mínimo”.
Protección de los recursos naturales
El citado artículo 24° de la Constitución también considera que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Se trata de uno de los derechos a la propiedad que hace mucho tiempo busca modificarse, aunque todavía sin éxito.
El ex ministro Sergio Bitar recuerda que durante el anterior Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional que establece que el agua es un bien nacional de uso público. “Eso es clave y no está, porque todavía no lo podemos lograr”.
Él mismo explica que “existen derechos de agua otorgados por un porcentaje muy alto, superior a lo que realmente existe”. Esto, a propósito del proyecto que busca modificar el Código de Agua.
Sin embargo, desde la SNA, su presidente, Patricio Crespo, no duda en aferrarse a la defensa de la actual Constitución y de lo que considera el peligro de atentar contra el derecho de propiedad.
Particularmente apunta a los intentos de “extender a los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes las mismas limitaciones que a las futuras concesiones, pese a que la Constitución establece que es un derecho inmutable”.
“Los derechos de propiedad del agua son equivalentes a los derechos de propiedad de la tierra. Ambos son esenciales para el desarrollo de la agricultura”, expresa el empresario.
La respuesta de Bitar apunta directamente al gran empresariado. “Ha habido un exceso de celo y temor de un sector del empresariado. Tenemos que dialogar. El diálogo es un capital de la política chilena. Pero hay otros que creen que todavía pueden chantajear”.
Pero sus argumentos también consideran una autocrítica. “Veo un sector de derecha muy intransigente, que tiene que ceder a lo que es la aspiración popular. Y veo una Nueva Mayoría que a veces también se deja influenciar demasiado por grupos que lo quieren todo en un día”.
El debate que se viene
Pensando en la discusión que se viene para los próximos años, el abogado Ugarte advierte que no solo existe la propiedad privada. También la propiedad pública. “Es uno de los debates relevantes que se debe discutir, a propósito de la nueva Constitución”.
“Los bienes naturales deben ser protegidos, porque son bienes que no pueden ser apropiados por personas individuales. Son bienes que deben ser garantizados en términos comunitarios”, aclara el jurista.
“Muchos tenemos críticas respecto de cómo se concibe el derecho de propiedad en la actual Constitución, que obviamente ha favorecido a un sector minoritario del país en perjuicio de la gran mayoría de los chilenos”, critica el senador Araya.
Algo que complementa Gonzalo Durán. “El poder de los empresarios en el sentido de actuar en bloque y negociar como si fueran ramas de actividades económicas, es algo que ellos mismos han criticado y descartado en el tema de la Reforma Laboral”.
Y agrega: “Cuando se trata de sus intereses, por supuesto que actúan en manada y defendiendo los intereses de las distintas ramas económicas. Sería muy acotado y bastante estrecho de parte de las autoridades que empiecen a vetar contenidos o a dejar fuera ciertas discusiones”.
Jueves 8 de octubre. Aniversario del Centro de Estudios Públicos (CEP). Presencia en masa del gran empresariado chileno. Todos felices con la participación de la Presidenta Michelle Bachelet. Risas y abrazos entre los empresarios y el Gobierno.
Miércoles 21. Cena anual de la Industria, organizada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Caras largas y mucha molestia entre los empresarios. Esta vez Michelle Bachelet no participa. Su decisión de rechazar la invitación es un duro golpe para el gran empresariado. La Mandataria prioriza un viaje a la Región de Aysén.
¿Una demostración de fuerzas por parte del Ejecutivo? “Lamentamos que la Presidenta de la República, de forma inédita, no esté con nosotros esta noche”, manifestó en su discurso el presidente de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock.
Pero entre ambas celebraciones hubo otra que también reunió a ambas partes. Fue el martes 20, cuando el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, llegó hasta La Moneda, invitado por la Mandataria. ¿El objetivo? Socializar el proceso constituyente anunciado la semana pasada.
“En el escenario económico actual el planteamiento de la nueva Constitución sin duda que genera incertidumbre”, criticó Salas a la salida de la reunión.
Y es que los cuestionamientos del gran empresariado ya no solo apuntan al proyecto de Reforma Laboral. También al proceso constituyente.
De hecho, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, ha reiterado su molestia con el anuncio por considerarlo inquietante y carente de contenidos, así como por los perjuicios que genera en el ámbito de las inversiones. Incluso, ha puesto en duda la participación del sector privado en ese debate.
¿A qué apuntan, entonces, esas preocupaciones? ¿Hay algún tema en particular que tanto inquieta al gran empresariado?
Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se trata de un proceso que “no debiese ser una amenaza para nadie”. De hecho, Von Mühlenbrock ha reconocido que “la Presidenta y el ministro de Hacienda han asegurado que se garantizará y se respetará el derecho a la propiedad”.
Concepto clave: el derecho de propiedad
Para muchos genera sorpresa el que los empresarios pretendan asegurar algo así. También, y más sorprendente aún, que el Gobierno lo pueda garantizar. Las palabras del abogado José Luis Ugarte buscan aclarar que se trata “simplemente de la muestra del interés de un grupo, como habrá otros intereses de grupos particulares que intentarán salvar alguna parte en la nueva Constitución”.
Por ello, explica que desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna relevancia, más que el interés de cualquier otro grupo. “El derecho de propiedad en Chile debe ser sometido al mismo tratamiento de todos los derechos que se consideran fundamentales. No es superior ni más relevante que el resto de los derechos”.
En consecuencia, plantea que en ningún caso le corresponde al Gobierno, por no tener las competencias para ello, garantizar a nadie en particular que un derecho estará por sobre otro.
“La Constitución de 1980 ha garantizado una suerte de sobreprotección del derecho de propiedad, de manera que los empresarios entienden que sus beneficios y privilegios particulares están ‘garantizados’ por la propiedad. Ésta debe ser mirada como un medio relevante para toda la ciudadanía y no solo para un sector dominante”, explica el abogado.
Un tema que la Constitución de 1980, reformada por Ricardo Lagos en 2005, consagra en su artículo 24°: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
Definitivamente, no son pocos los que destacan la relevancia de la discusión sobre propiedad cuando se plantea la necesidad de una nueva Constitución.
“Habría que redefinir el concepto de propiedad, la que debería tener una función social, más que algo netamente privatista, como lo concibe hoy la actual Constitución”, propone el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución.
“Si vamos a empezar con una visión sesgada, no tiene ningún sentido comenzar esta discusión constitucional”, agrega el parlamentario, manifestando su molestia por las quejas y exigencias que surgen desde la CPC y la Sofofa.
“Me parece una muy mala señal de los empresarios que, cuando queremos discutir una nueva Constitución, se empiece a rayar la cancha. Justamente la idea de una nueva Constitución es poder discutir todos los temas”, concluye.
Los resguardos del gran empresariado
El propio Araya acusa que “lo que uno ve detrás de esta demanda que han hecho los empresarios al Gobierno, de no tocar el derecho de propiedad, es que buscan consolidar un modelo económico que ha sido altamente perjudicial para la gran mayoría de los chilenos, pero que obviamente ha favorecido a los empresarios”.
Idea similar que plantean desde la Fundación Sol. “Cuando se trata de cambios estructurales, el empresariado ve ciertos riesgos, en cuanto a perder los privilegios de acumulación que les ha dado la Constitución en Chile”, explica el economista Gonzalo Durán.
Y es que los privilegios que gozan los empresarios en sectores de explotación de recursos naturales -agrega-, dados por la dictadura y asegurados en la Constitución, no tienen ninguna legitimidad social.
En ese contexto, anticipa que “ellos pueden ver amenazadas sus enormes tasas de ganancias, que han logrado durante los últimos veinte años en Chile, tal como sucede en la minería”.
En cuanto a esta actividad, detalla que “podemos ver empresas multinacionales que dominan el sector. Una de ellas, minera Escondida, que en los últimos diez años ha tenido rentabilidades sobre el patrimonio cercano al 90 por ciento. Se trata de un indicador de ganancia que es único a nivel de Chile y también único a nivel mundial. Y eso lo comparten también varios sectores oligopólicos”.
Mismos privilegios, asegura, que se replican en el sector pesquero y en el forestal. “Existen garantías para los empresarios forestales para invertir y explotar a un costo mínimo”.
Protección de los recursos naturales
El citado artículo 24° de la Constitución también considera que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Se trata de uno de los derechos a la propiedad que hace mucho tiempo busca modificarse, aunque todavía sin éxito.
El ex ministro Sergio Bitar recuerda que durante el anterior Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional que establece que el agua es un bien nacional de uso público. “Eso es clave y no está, porque todavía no lo podemos lograr”.
Él mismo explica que “existen derechos de agua otorgados por un porcentaje muy alto, superior a lo que realmente existe”. Esto, a propósito del proyecto que busca modificar el Código de Agua.
Sin embargo, desde la SNA, su presidente, Patricio Crespo, no duda en aferrarse a la defensa de la actual Constitución y de lo que considera el peligro de atentar contra el derecho de propiedad.
Particularmente apunta a los intentos de “extender a los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes las mismas limitaciones que a las futuras concesiones, pese a que la Constitución establece que es un derecho inmutable”.
“Los derechos de propiedad del agua son equivalentes a los derechos de propiedad de la tierra. Ambos son esenciales para el desarrollo de la agricultura”, expresa el empresario.
La respuesta de Bitar apunta directamente al gran empresariado. “Ha habido un exceso de celo y temor de un sector del empresariado. Tenemos que dialogar. El diálogo es un capital de la política chilena. Pero hay otros que creen que todavía pueden chantajear”.
Pero sus argumentos también consideran una autocrítica. “Veo un sector de derecha muy intransigente, que tiene que ceder a lo que es la aspiración popular. Y veo una Nueva Mayoría que a veces también se deja influenciar demasiado por grupos que lo quieren todo en un día”.
El debate que se viene
Pensando en la discusión que se viene para los próximos años, el abogado Ugarte advierte que no solo existe la propiedad privada. También la propiedad pública. “Es uno de los debates relevantes que se debe discutir, a propósito de la nueva Constitución”.
“Los bienes naturales deben ser protegidos, porque son bienes que no pueden ser apropiados por personas individuales. Son bienes que deben ser garantizados en términos comunitarios”, aclara el jurista.
“Muchos tenemos críticas respecto de cómo se concibe el derecho de propiedad en la actual Constitución, que obviamente ha favorecido a un sector minoritario del país en perjuicio de la gran mayoría de los chilenos”, critica el senador Araya.
Algo que complementa Gonzalo Durán. “El poder de los empresarios en el sentido de actuar en bloque y negociar como si fueran ramas de actividades económicas, es algo que ellos mismos han criticado y descartado en el tema de la Reforma Laboral”.
Y agrega: “Cuando se trata de sus intereses, por supuesto que actúan en manada y defendiendo los intereses de las distintas ramas económicas. Sería muy acotado y bastante estrecho de parte de las autoridades que empiecen a vetar contenidos o a dejar fuera ciertas discusiones”.
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