Como un intento por manipular la demanda por un cambio a la Constitución Política del Estado, calificó el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente, Matías Sagredo, los últimos anuncios del Gobierno respecto al proceso anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
En una entrevista, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que los debates se harán a nivel provincial, con monitores elegidos por concurso público y la discusión se hará sin temas establecidos, para que sea la gente la que imagine la constitución que quiere.
Sin embargo, para Sagredo el Gobierno intenta “encerrar” la demanda por el cambio a la constitución de la dictadura para no hacer cambios profundos al sistema.
“El proceso constituyente comenzó hace casi ya una década cuando las organizaciones sociales y los movimientos populares comenzamos a levantar esta lucha, esta demanda. Y desde ahí el Gobierno se ha visto forzado a pronunciarse al respecto y llegar a este punto actual, que es un punto histórico en donde no pueden guardar silencio. Por lo tanto, lo única alternativa que les queda es usar todos sus recursos fácticos, económicos y politiqueros para apropiarse de esta demanda, tergiversarla y encausarla a la dirección que ellos les convenga para quedar bien con los monopolios económicos nacionales e transnacionales”, precisó Sagredo.
El dirigente sostuvo que personajes como Ricardo Lagos en medio de este proceso de cambio constitucional buscan alejar a la gente de la participación, al colocarlo como el único capaz de generar cambios de fondo, cuando en realidad las modificaciones hechas durante su Gobierno en 2005 son cuestionadas incluso por algunos que fueron ministros en su administración.
Sagredo insistió en que el proceso constituyente “significa 17 millones de personas como protagonistas del proceso y no sólo como opinadores, que es lo que las autoridades no entienden”, puntualizó.
“En este caso, lo único que tenemos es una trampa disfrazada de proceso constituyente, en donde se le pretende entregar todo el poder soberano del pueblo de decidir su destino y su proceso constituyente en manos del Congreso Nacional. Eso es una aberración desde el punto de vista político, jurídico y social porque ni siquiera la constitución de Pinochet le entrega al Parlamento la facultad exclusiva de decidir el destino constituyente de nuestra nación”, explicó.
Al mismo tiempo, el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente rechazó las palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, quien dijo que este no era el momento para convocar a un cambio de la carta fundamental, lo que demuestra el temor del empresariado a perder sus privilegios.
Sagredo opinó al respecto que “es lógico que cuando un proceso constituyente restablece el equilibrio entre los derechos ciudadano, de la naturaleza con el desarrollo económico, los grandes monopolios nacionales y transnacionales pierdan sus privilegios. Eso es lo natural, lo lógico y lo más sano. Ellos le temen a eso y por eso quieren retrasar el proceso constituyente”.
Para el representante, de continuar este camino se va a generar una crisis aún más profunda del sistema al que está sometida la gente que reclama desde hace largas décadas por un cambio constitucional de fondo por uno que realmente represente a la ciudadanía y no a un pequeño grupo que busca proteger sus privilegios.
Como un intento por manipular la demanda por un cambio a la Constitución Política del Estado, calificó el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente, Matías Sagredo, los últimos anuncios del Gobierno respecto al proceso anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
En una entrevista, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que los debates se harán a nivel provincial, con monitores elegidos por concurso público y la discusión se hará sin temas establecidos, para que sea la gente la que imagine la constitución que quiere.
Sin embargo, para Sagredo el Gobierno intenta “encerrar” la demanda por el cambio a la constitución de la dictadura para no hacer cambios profundos al sistema.
“El proceso constituyente comenzó hace casi ya una década cuando las organizaciones sociales y los movimientos populares comenzamos a levantar esta lucha, esta demanda. Y desde ahí el Gobierno se ha visto forzado a pronunciarse al respecto y llegar a este punto actual, que es un punto histórico en donde no pueden guardar silencio. Por lo tanto, lo única alternativa que les queda es usar todos sus recursos fácticos, económicos y politiqueros para apropiarse de esta demanda, tergiversarla y encausarla a la dirección que ellos les convenga para quedar bien con los monopolios económicos nacionales e transnacionales”, precisó Sagredo.
El dirigente sostuvo que personajes como Ricardo Lagos en medio de este proceso de cambio constitucional buscan alejar a la gente de la participación, al colocarlo como el único capaz de generar cambios de fondo, cuando en realidad las modificaciones hechas durante su Gobierno en 2005 son cuestionadas incluso por algunos que fueron ministros en su administración.
Sagredo insistió en que el proceso constituyente “significa 17 millones de personas como protagonistas del proceso y no sólo como opinadores, que es lo que las autoridades no entienden”, puntualizó.
“En este caso, lo único que tenemos es una trampa disfrazada de proceso constituyente, en donde se le pretende entregar todo el poder soberano del pueblo de decidir su destino y su proceso constituyente en manos del Congreso Nacional. Eso es una aberración desde el punto de vista político, jurídico y social porque ni siquiera la constitución de Pinochet le entrega al Parlamento la facultad exclusiva de decidir el destino constituyente de nuestra nación”, explicó.
Al mismo tiempo, el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente rechazó las palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, quien dijo que este no era el momento para convocar a un cambio de la carta fundamental, lo que demuestra el temor del empresariado a perder sus privilegios.
Sagredo opinó al respecto que “es lógico que cuando un proceso constituyente restablece el equilibrio entre los derechos ciudadano, de la naturaleza con el desarrollo económico, los grandes monopolios nacionales y transnacionales pierdan sus privilegios. Eso es lo natural, lo lógico y lo más sano. Ellos le temen a eso y por eso quieren retrasar el proceso constituyente”.
Para el representante, de continuar este camino se va a generar una crisis aún más profunda del sistema al que está sometida la gente que reclama desde hace largas décadas por un cambio constitucional de fondo por uno que realmente represente a la ciudadanía y no a un pequeño grupo que busca proteger sus privilegios.
Como un intento por manipular la demanda por un cambio a la Constitución Política del Estado, calificó el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente, Matías Sagredo, los últimos anuncios del Gobierno respecto al proceso anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
En una entrevista, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que los debates se harán a nivel provincial, con monitores elegidos por concurso público y la discusión se hará sin temas establecidos, para que sea la gente la que imagine la constitución que quiere.
Sin embargo, para Sagredo el Gobierno intenta “encerrar” la demanda por el cambio a la constitución de la dictadura para no hacer cambios profundos al sistema.
“El proceso constituyente comenzó hace casi ya una década cuando las organizaciones sociales y los movimientos populares comenzamos a levantar esta lucha, esta demanda. Y desde ahí el Gobierno se ha visto forzado a pronunciarse al respecto y llegar a este punto actual, que es un punto histórico en donde no pueden guardar silencio. Por lo tanto, lo única alternativa que les queda es usar todos sus recursos fácticos, económicos y politiqueros para apropiarse de esta demanda, tergiversarla y encausarla a la dirección que ellos les convenga para quedar bien con los monopolios económicos nacionales e transnacionales”, precisó Sagredo.
El dirigente sostuvo que personajes como Ricardo Lagos en medio de este proceso de cambio constitucional buscan alejar a la gente de la participación, al colocarlo como el único capaz de generar cambios de fondo, cuando en realidad las modificaciones hechas durante su Gobierno en 2005 son cuestionadas incluso por algunos que fueron ministros en su administración.
Sagredo insistió en que el proceso constituyente “significa 17 millones de personas como protagonistas del proceso y no sólo como opinadores, que es lo que las autoridades no entienden”, puntualizó.
“En este caso, lo único que tenemos es una trampa disfrazada de proceso constituyente, en donde se le pretende entregar todo el poder soberano del pueblo de decidir su destino y su proceso constituyente en manos del Congreso Nacional. Eso es una aberración desde el punto de vista político, jurídico y social porque ni siquiera la constitución de Pinochet le entrega al Parlamento la facultad exclusiva de decidir el destino constituyente de nuestra nación”, explicó.
Al mismo tiempo, el dirigente del Movimiento por la Asamblea Constituyente rechazó las palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, quien dijo que este no era el momento para convocar a un cambio de la carta fundamental, lo que demuestra el temor del empresariado a perder sus privilegios.
Sagredo opinó al respecto que “es lógico que cuando un proceso constituyente restablece el equilibrio entre los derechos ciudadano, de la naturaleza con el desarrollo económico, los grandes monopolios nacionales y transnacionales pierdan sus privilegios. Eso es lo natural, lo lógico y lo más sano. Ellos le temen a eso y por eso quieren retrasar el proceso constituyente”.
Para el representante, de continuar este camino se va a generar una crisis aún más profunda del sistema al que está sometida la gente que reclama desde hace largas décadas por un cambio constitucional de fondo por uno que realmente represente a la ciudadanía y no a un pequeño grupo que busca proteger sus privilegios.
