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Año XI, 22 de septiembre de 2019

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Desafuero y persecución penal: el incierto futuro de los senadores Rossi y Orpis

Mientras el parlamentario de la UDI está cerca de ser desaforado, a lo que se suma una querella en su contra presentada por el Consejo de Defensa del Estado, el senador socialista, que mantiene su militancia congelada, sigue siendo investigado por su participación en los casos SQM y Corpesca.

Fernando Seymour D.

  Martes 27 de octubre 2015 20:44 hrs. 
Fulvio Rossi y Jaime Orpis

Fulvio Rossi y Jaime Orpis tienen algunas cosas en común. No solo son los senadores por las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. También comparten el hecho de que los dos están en la mira del Ministerio Público por irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. Incluso, ambos se encuentran con licencia médica.

Si bien el primero es investigado en el caso SQM, también ha sido vinculado al caso Corpesca. Misma instancia que tiene a Orpis muy cerca de ser desaforado, luego que este lunes la Corte de Apelaciones declarara admisible la solicitud de la Fiscalía Nacional.

A Rossi, cuya militancia socialista decidió suspender voluntariamente hasta que termine la investigación, se le arrogan presuntos delitos tributarios en el caso SQM, mientras que aparece como querellado por supuesto cohecho en el caso Corpesca.

El parlamentario de la UDI, en tanto, es investigado por los delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco. Esto, como parte de los aportes recibidos de manera irregular desde la empresa Corpesca, ligada al grupo Angelini.

De hecho, este martes el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.

El inminente desafuero

En cuanto a la defensa de Jaime Orpis, el abogado Sergio Rodríguez insiste en que los hechos que se le imputan no son efectivos. Además, que los que se le imputan en la petición de desafuero no son constitutivos de delito.

Asimismo, aclara que “existen trascendidos de que esa solicitud habría sido admitida a tramitación, pero que al mismo tiempo se le habría pedido a los intervinientes, específicamente al Ministerio Público, que dentro del plazo del traslado, que son cinco días, dé las razones por las que estima que la Corte de Apelaciones de Santiago es la llamada a conocer dicha petición de desafuero”.

También detalla que al menos cinco ministros del tribunal habrían declarado la incompetencia de la Corte de Santiago, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual podría demorar el proceso.

Según el abogado, una vez resuelto el tema de la competencia, recién en diciembre o enero podría resolverse la petición de desafuero del senador Orpis.

“Mientras no se le comunique por resolución firme o ejecutoriada su desafuero, él sigue siendo senador y puede ejercer todos sus derechos y cumplir con todas las obligaciones del cargo. Una vez que cese su licencia médica, tiene la obligación de concurrir a las sesiones del Senado y a las sesiones de las comisiones a las que pertenezca”, explica Rodríguez.

Desde la UDI mantienen su defensa cerrada hacia el parlamentario. “Las formalizaciones o las peticiones de desafuero no constituyen condenas, sino que son inicios de procesos judiciales o de procesos de investigación”, ha dicho el presidente gremialista, Hernán Larraín.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna medida distinta de la política que hemos seguido hasta ahora”, insiste el senador, agregando que “tenemos mucha confianza en Jaime Orpis, todo el mundo lo conoce y hay que dejarle tiempo a que se defienda”.

Sin embargo, las críticas siguen en aumento. “Los antecedentes que ha proporcionado el Ministerio Público son bastante contundentes y revisten la seriedad necesaria para acreditar la existencia de los ilícitos y de la eventual responsabilidad que le cabe en ellos al senador Orpis”.

Los cuestionamientos del diputado comunista Hugo Gutiérrez, representante de la Región de Tarapacá, apuntan a un inminente desafuero. “No me cabe dudas que a Orpis se le quitará su inmunidad parlamentaria. El fuero de Orpis va a ceder y tendré que sujetarse a la persecución penal del Ministerio Público”.

Pero también apunta a la situación de Fulvio Rossi. “El caso de SQM está mucho más avanzado. Sin duda que se le debería quitar su inmunidad parlamentaria para que sea perseguido. Y a medida que avance la investigación del caso Corpesca quedará demostrado que él respondió a los intereses de esa empresa”.

Precisamente sobre Rossi, el diputado asegura que “se ha desvanecido la insólita defensa que hizo respecto del caso Corpesca, cuando sostuvo que como el Servicio Electoral no había acreditado que él recibió dinero por aportes reservados de Corpesca, estaba fuera de cualquier tipo de reproches por coimas”.

Incluso, Gutiérrez se anticipa a no descartar que también la empresa Camanchaca, haya dado orientaciones al senador Rossi para que actuara en conformidad a los intereses de los industriales pesqueros, tal como habría ocurrido con Corpesca.

El complejo futuro de Rossi

En septiembre se conoció un correo electrónico que el senador Rossi envió al ex gerente de SQM Patricio Contesse, en el que le solicita aportes económicos para una serie de candidatos, de una lista que adjunta, en el contexto de la elecciones municipales de 2012.

Como consecuencia, el parlamentario congeló su militancia. Aunque ya en junio el mismo fue cuestionado ante el Tribunal Supremo del partido por un grupo de militantes de la Juventud Socialista, identificados con la corriente Movimiento de Izquierda Socialista, quienes exigieron su expulsión por la vinculación de asesores de éste con SQM. Sin embargo, el Tribunal desestimó el documento por “no contar con facultades legales”.

En el caso del oficio presentado por el diputado Luis Rocafull, uno de los mencionados en la lista de candidatos que Rossi envió a SQM, el Tribunal Supremo decidió nombrar un instructor para verificar quiénes, de las 32 personas incluidas en ese listado, son militantes del Partido Socialista y quiénes habrían sido beneficiados con dineros de la minera no metálica.

“Jamás he autorizado a nadie para dicha solicitud. Será este organismo el que determine las sanciones”, ha insistido Rocafull.

En representación de Rossi, su abogado Enrique Olivares acusó hace algunos días que “la Fiscalía lo que ha hecho es transformar estos juicios en una litigación por la prensa, de manera que si me empiezo a referir a cada antecedente que la Fiscalía filtra, vulnerando las prohibiciones que tiene respecto a la ley, voy a seguir el juego que quiere establecer el Ministerio Público”.

Asimismo, reconoce que en el caso Corpesca, Rossi ya declaró en calidad de querellado, mientras que en el caso SQM aún no han recibido ninguna citación formal para declarar.

Además, Rossi permanece con licencia médica, a pesar de asistir al Senado el día de la fallida votación de Enrique Rajevic como nuevo Contralor General de la República.

Desde el Partido Socialista insisten en que “aquellos militantes que aparezcan involucrados en casos irregulares que están siendo investigados por la Fiscalía, puedan voluntariamente concurrir a prestar declaraciones y aportar los antecedentes que permitan aclarar los hechos”. Así lo plantea uno de sus vicepresidentes, el diputado Manuel Monsalve.

“Nos parece particularmente grave lo que está ocurriendo con Corpesca, porque no solo estamos hablando de delitos tributarios, sino también de cohecho y fraude al Fisco. Además, de la intervención directa de intereses económicos en el proceso de tramitación legislativa de una ley que determina el uso de recursos naturales que son de los chilenos”, agrega el diputado.

El propio Monsalve advierte que “el senador Fulvio Rossi está siendo investigado y hasta ahora la Justicia no ha determinado que haya cometido un delito. Pero si eso llegara a ocurrir, creo que la política del Partido Socialista debe ser una sola. Quienes estén involucrados en delitos que pudieran haber afectado la probidad pública, no pueden ser candidatos a cargos de elección popular del Partido Socialista. En el caso del senador Fulvio Rossi eso está por verse”.

En lo inmediato, la Corte de Apelaciones debe fijar la fecha y el horario de la audiencia en la que tanto la Fiscalía Nacional como la defensa del senador Jaime Orpis entreguen sus argumentos respecto de la solicitud de desafuero.

Mientras tanto, una inquietud que plantea el diputado Hugo Gutiérrez: “El Servicio de Impuestos Internos es cómplice de los ilícitos que cometieron Orpis y Rossi. Digo cómplice porque saben que ellos emitieron o fueron facilitadores de boletas falsas. Y hasta el día de hoy no han presentado querellas contra ninguno de los dos. Eso me parece sorprendente y una vergüenza para este servicio”.