Para este jueves está programada la entrega de la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios públicos. El documento redactado en conjunto por los 14 sectores que componen la mesa del sector público, solicitará al Ministerio de Hacienda un reajuste salarial que oscilaría entre un 8 y 9 por ciento.
Esta cifra estaría en relación al IPC de este año, que se proyecta cercano al 5 por ciento. Además estaría orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido durante este periodo y también el descontado durante la dictadura, periodo en el cual los sueldos se congelaron.
Dirigentes de la Mesa negociadora del sector público, acusaron al gobierno estar dilatando la negociación, debido al clima de conflicto suscitado por las movilizaciones del registro civil y el paro nacional convocado por la ANEF para este miércoles.
Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, CONFUSAM, desestimó que el país pase por un periodo económico delicado y reivindicó la legitimidad del reajuste.
“Pese a lo que ha señalado el gobierno, el país está creciendo. Dentro del contexto latinoamericano Chile no es la economía que está en peor estado. Va a crecer a una tasa cercana al dos por ciento
Estos elementos nos hacen proyectar un reajuste por encima del seis por ciento, a lo que habría que agregar claramente la lógica de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la dictadura en que los sueldos se congelaron”, explicó Maturana.
Por su parte, el Secretario General de la ANEF, Jorge Consales, declaró que el gobierno se comporta como “cualquier patrón común, espera que seamos los más productivos posibles y que le salgamos baratos, pagarnos lo menos posible”.
En la misma línea Consales agregó que “nuestra labor es decirle al gobierno que se deje de lloriquear, aquí no hay crisis, estamos con un crecimiento un poco menor, pero igual se puede entregar un reajuste que sea un poco más digno. Los problemas económicos no tienen por qué pagarlos los trabajadores y nuestras peticiones son bastante responsables en ese sentido”.
El documento que será entregado por los funcionarios públicos, incluye además de reajustes salariales, una serie de componentes sociales relacionados con calidad de vida.
Igualdad de oportunidades, temas de género vinculadas a la protección de la familia y los niños, “y otras demandas que tienen que ver con los trabajadores y estudiantes, no nos vamos a quedar solamente en lo económico”, puntualizó Maturana.
Las conversaciones con el ejecutivo, se proyectan para la segunda semana de noviembre, considerando que por mandato legal, la resolución que cierra el proceso de reajustes no puede exceder el 30 del próximo mes.
Los funcionarios, esperan que la discusión sobre el reajuste y otros beneficios sociales sea discutida con el ejecutivo durante la segunda semana de noviembre. Lo que les otorgaría un margen de tiempo, antes de que venza el plazo establecido para estos efectos, fijado para el 30 del próximo mes.
Para este jueves está programada la entrega de la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios públicos. El documento redactado en conjunto por los 14 sectores que componen la mesa del sector público, solicitará al Ministerio de Hacienda un reajuste salarial que oscilaría entre un 8 y 9 por ciento.
Esta cifra estaría en relación al IPC de este año, que se proyecta cercano al 5 por ciento. Además estaría orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido durante este periodo y también el descontado durante la dictadura, periodo en el cual los sueldos se congelaron.
Dirigentes de la Mesa negociadora del sector público, acusaron al gobierno estar dilatando la negociación, debido al clima de conflicto suscitado por las movilizaciones del registro civil y el paro nacional convocado por la ANEF para este miércoles.
Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, CONFUSAM, desestimó que el país pase por un periodo económico delicado y reivindicó la legitimidad del reajuste.
“Pese a lo que ha señalado el gobierno, el país está creciendo. Dentro del contexto latinoamericano Chile no es la economía que está en peor estado. Va a crecer a una tasa cercana al dos por ciento
Estos elementos nos hacen proyectar un reajuste por encima del seis por ciento, a lo que habría que agregar claramente la lógica de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la dictadura en que los sueldos se congelaron”, explicó Maturana.
Por su parte, el Secretario General de la ANEF, Jorge Consales, declaró que el gobierno se comporta como “cualquier patrón común, espera que seamos los más productivos posibles y que le salgamos baratos, pagarnos lo menos posible”.
En la misma línea Consales agregó que “nuestra labor es decirle al gobierno que se deje de lloriquear, aquí no hay crisis, estamos con un crecimiento un poco menor, pero igual se puede entregar un reajuste que sea un poco más digno. Los problemas económicos no tienen por qué pagarlos los trabajadores y nuestras peticiones son bastante responsables en ese sentido”.
El documento que será entregado por los funcionarios públicos, incluye además de reajustes salariales, una serie de componentes sociales relacionados con calidad de vida.
Igualdad de oportunidades, temas de género vinculadas a la protección de la familia y los niños, “y otras demandas que tienen que ver con los trabajadores y estudiantes, no nos vamos a quedar solamente en lo económico”, puntualizó Maturana.
Las conversaciones con el ejecutivo, se proyectan para la segunda semana de noviembre, considerando que por mandato legal, la resolución que cierra el proceso de reajustes no puede exceder el 30 del próximo mes.
Los funcionarios, esperan que la discusión sobre el reajuste y otros beneficios sociales sea discutida con el ejecutivo durante la segunda semana de noviembre. Lo que les otorgaría un margen de tiempo, antes de que venza el plazo establecido para estos efectos, fijado para el 30 del próximo mes.
Para este jueves está programada la entrega de la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios públicos. El documento redactado en conjunto por los 14 sectores que componen la mesa del sector público, solicitará al Ministerio de Hacienda un reajuste salarial que oscilaría entre un 8 y 9 por ciento.
Esta cifra estaría en relación al IPC de este año, que se proyecta cercano al 5 por ciento. Además estaría orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido durante este periodo y también el descontado durante la dictadura, periodo en el cual los sueldos se congelaron.
Dirigentes de la Mesa negociadora del sector público, acusaron al gobierno estar dilatando la negociación, debido al clima de conflicto suscitado por las movilizaciones del registro civil y el paro nacional convocado por la ANEF para este miércoles.
Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, CONFUSAM, desestimó que el país pase por un periodo económico delicado y reivindicó la legitimidad del reajuste.
“Pese a lo que ha señalado el gobierno, el país está creciendo. Dentro del contexto latinoamericano Chile no es la economía que está en peor estado. Va a crecer a una tasa cercana al dos por ciento
Estos elementos nos hacen proyectar un reajuste por encima del seis por ciento, a lo que habría que agregar claramente la lógica de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la dictadura en que los sueldos se congelaron”, explicó Maturana.
Por su parte, el Secretario General de la ANEF, Jorge Consales, declaró que el gobierno se comporta como “cualquier patrón común, espera que seamos los más productivos posibles y que le salgamos baratos, pagarnos lo menos posible”.
En la misma línea Consales agregó que “nuestra labor es decirle al gobierno que se deje de lloriquear, aquí no hay crisis, estamos con un crecimiento un poco menor, pero igual se puede entregar un reajuste que sea un poco más digno. Los problemas económicos no tienen por qué pagarlos los trabajadores y nuestras peticiones son bastante responsables en ese sentido”.
El documento que será entregado por los funcionarios públicos, incluye además de reajustes salariales, una serie de componentes sociales relacionados con calidad de vida.
Igualdad de oportunidades, temas de género vinculadas a la protección de la familia y los niños, “y otras demandas que tienen que ver con los trabajadores y estudiantes, no nos vamos a quedar solamente en lo económico”, puntualizó Maturana.
Las conversaciones con el ejecutivo, se proyectan para la segunda semana de noviembre, considerando que por mandato legal, la resolución que cierra el proceso de reajustes no puede exceder el 30 del próximo mes.
Los funcionarios, esperan que la discusión sobre el reajuste y otros beneficios sociales sea discutida con el ejecutivo durante la segunda semana de noviembre. Lo que les otorgaría un margen de tiempo, antes de que venza el plazo establecido para estos efectos, fijado para el 30 del próximo mes.
