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Año XIV, 4 de octubre de 2022

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Colusión del papel higiénico enfrenta posturas sobre penas de cárcel para los infractores

El nuevo caso de colusión denunciado por la FNE abre el debate sobre las penas que pagan las empresas involucradas. Hay quienes plantean la necesidad de subir las multas para que sean acordes a los daños causados, mientras otros piden reponer las sanciones de cárcel para los culpables.

Paula Campos

  Jueves 29 de octubre 2015 10:57 hrs. 
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Inmediatas han sido las reacciones al nuevo cartel de colusión empresarial denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el que se acusa a CMPC Tissue S.A. (conocida como la Papelera, controlada por la familia Matte) y SCA Chile S.A. (Pisa), por fijar precios de venta y asignarse cuotas de mercado en relación con la comercialización de productos de papel tissue (servilletas, papel higiénico, pañuelos desechables, etc.), ilícito cometido entre 2000 y 2011.

Las primeras críticas apuntan a la imposibilidad de que estos empresarios, entre los que se encontraría el ministro de Deporte de Sebastián Piñera, Gabriel Ruíz-Tagle, paguen con cárcel los delitos investigados, toda vez que durante el gobierno de Ricardo Lagos se modificó la legislación, sancionando solo con penas tributarias a los infractores, así lo expresó el senador de RN José Manuel Ossandón. “Es una vergüenza para nuestro país, espero que la justicia haga su trabajo”.

En conversación con el programa Semáforo, el parlamentario emplazó a toda la clase política a condenar estos hechos, mensaje enviado principalmente a Chile Vamos, su conglomerado político.

La Presidenta Michelle Bachelet también se refirió al tema. En conferencia de prensa, la Mandataria criticó la situación asegurando que como ejecutivo impulsarán el proyecto de ley que busca elevar multas e incluir sanciones de cárcel para quienes cometan los ilícitos.

Desde el gobierno también cuestionaron la colusión, el jefe del gabinete, Jorge Burgos calificó de “reprochable” la acción de las papeleras: “De comprobarse los hechos, obviamente que son reprochables de comienzo a fin y da cuenta de la necesidad que en todos los sectores de nuestra sociedad evitemos cualquier tipo de acción de esta naturaleza, de colusión, de mezcla del dinero con la política, etc”.

Respecto de la figura de delación compensada, en la que es la propia empresa la que se acusa y propone multa, el Ministro del Interior dijo que “esa es una opción legal que en su momento, año 2000, se optó. Hay distintas opiniones, hay personas que dicen que debiera volverse a las sanciones penales y creo que está en discusión”.

En su defensa a la norma impulsada por Ricardo Lagos, agregó que: “Yo simplemente creo que desde que se creó esta norma, que permite actos intrusivos, que se premia la autoinculpación, como ocurre en muchas partes del mundo, ha tenido buenos resultados”.

Desde la cartera de Economía, Luis Felipe Céspedes apuntó a que la llamada “colusión del confort” afecta, principalmente, al sector más vulnerable de la población: “Los antecedentes que la Fiscalía puso en conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hablan de una planificación muy pensada respecto a cómo poder coludirse”, sancionó el Ministro.

En la conversación sostenida con la prensa, la autoridad recordó el proyecto que el Ejecutivo envió al Parlamento con el fin de endurecer las multas para estos delitos: “Las multas máximas en nuestro sistema están en torno a 22 millones de dólares, cuando los beneficios que obtienen quienes se coluden pueden llegar a muchas veces ese número, por lo que hemos dicho que las multas tienen que ser proporcionales al beneficio económico de aquellos que se han coludido o el 30 por ciento de las ventas en el caso que no pueda ser determinado lo anterior y también penas de cárcel”, insistiendo en defender la figura de la delación compensada, como la mejor solución para este tipo de casos.

En tanto, desde Amplitud, condenaron el hecho. El secretario general Pedro Browne dijo que es una situación “absolutamente impresentable”.

A juicio de Browne, es necesario “actuar con mucha fuerza y avanzar en una legislación que no solamente multe a las empresas y los obligue a compensar a los usuarios. Aquí tiene que haber sanciones mas fuertes para los ejecutivos y directores de las empresas, que no  pueden hacer los desentendidos respecto de lo que estaba sucediendo”.

“Evidentemente –continuó el parlamentario- esto deja al descubierto que no podemos seguir suponiendo que el mercado se autoregule. Tenemos que tener mecanismos efectivos que permitan detectar y sancionar oportunamente este tipo de prácticas para erradicarlas de este país”.

En defensa de los consumidores, el director de Sernac, Ernesto Muñoz, contó que estaban estudiando los antecedentes, con el fin de poder ayudar a los consumidores y, eventualmente, poder exigir demandas compensatorias para los clientes afectados.

Por su parte, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), llamó a investigar el rol de los directores de las empresas, argumentando que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la planta ejecutiva: “Si el directorio no supo que sus ejecutivos estaban haciendo una práctica anticompetitiva y de colusión, quiere decir que el directorio no está entendiendo cómo está funcionando su empresa”.

Respecto de la posibilidad de compensar a los afectados, advirtió la dificultad, principalmente, porque en estos casos de interés difuso, “es difícil identificar a cada consumidor afectado y tampoco tienen cómo acreditarlo”, pese a ello, mencionó que existen mecanismos para establecer compensaciones en tribunales.

La acusación

“Las empresas Requeridas han infringido lo dispuesto en el artículo 3° (…) al celebrar y ejecutar acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y de fijar precios de venta de sus productos tissue, (…) desde el año 2000 hasta, a lo menos, diciembre del año 2011, afectando el mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suaves o tissue en el canal de venta masivo”, señala la FNE en su requerimiento.

En la acusación, se establece que “a mediados del año 2000, don Gabriel Ruiz-Tagle Correa, entonces dueño de PISA y don Jorge Morel Bulicic, el gerente general de CMPC a la época, se reunieron en más de una oportunidad en el restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo. En esas reuniones acordaron subir los precios, poniendo término a la guerra de precios existente”, continúa el escrito, individualizando al ex subsecretario de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera como uno de los ideólogos de esta colusión.

Ambas empresas representan el 90 por ciento del mercado de papeles tissue, aproximadamente, y sus ventas anuales suman alrededor de 400 millones de dólares. Las marcas en esta categoría de ambas empresas son Confort, Elite Nova, entre otros, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA.

La investigación comenzó en diciembre del año pasado, cuando ambas empresas acudieron a la FNE a solicitar el beneficio de la delación compensada, aportando antecedentes y datos que permitieron dar a conocer la magnitud de la colusión y operación de este cartel.

La FNE aceptó ambas solicitudes, por lo que ofició al TDLC la exención de la multa para CMPC, quien fuera la primera empresa en autodenunciarse, en marzo de 2015, no obstante aplicó una multa a SCA de 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivale a 15,5 millones de dólares, por el hecho de haber llegado en segundo lugar a solicitar el beneficio, el 7 de octubre pasado.

El 25 de septiembre pasado, la FNE allanó las oficinas de SCA, procedimiento del cual pudo recabar antecedentes considerados valiosos para la causa. Asimismo, el organismo persecutor pudo constatar una serie de actos que apuntaron al ocultamiento de las maniobras que verificaban el comportamiento de cartel de las empresas aludidas, como es el caso de los ejecutivos que preferían utilizar material impreso y cuentas de e-mail personales, a utilizar medios de comunicación digitales o cuentas de correo institucional.

También la FNE acreditó el uso de celulares de prepago para efectuar las comunicaciones entre ambas empresas, así como el deshacerse de computadores por parte de una de las compañías.

Finalmente, la FNE calificó este acuerdo entre la CMPC y SCA como uno de los mayores casos de colusión detectados en el país, y que su gravedad radica tanto en la masividad del mercado como en la extensión en el tiempo, así como la casi nula posibilidad de sustitución de estos productos.

El Ministerio de Hacienda, a través del subsecretario Alejandro Micco, explicó que lo importante

 

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