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Año XII, 20 de octubre de 2020

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Comunidad de Petorca denuncia al Estado por violar el derecho de agua

El movimiento social por la recuperación del agua de la provincia de Petorca inició una nueva ofensiva legal contra el Estado de Chile. Los ciudadanos buscan exigir que las autoridades cumplan con el derecho fundamental de poder acceder al recurso.

Diario Uchile

  Viernes 30 de octubre 2015 12:59 hrs. 
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El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima) junto a la Defensoría Popular, anunciaron que presentarán acciones legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación del derecho al recurso hídrico.

En conversación con programa Semáforo, el dirigente Rodrigo Mundaca explicó que decidieron iniciar la demanda en respuesta al nulo acercamiento con el Gobierno, a quien le exigen establecer acciones para contrarrestar la escasez hídrica de la zona.

Según demandan desde la comunidad, el problema es el resguardo de las autoridades a la producción de grandes agricultores y mineras, quienes utilizan irracionalmente el agua del que carecen los pobladores, incluso para el consumo.

La molestia es generalizada, toda vez que han recurrido a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, al Congreso y al Gobierno, pero nadie entrega respuestas.

Mundaca detalló que durante la administración de Sebastián Piñera se ofrecieron respuestas “cosméticas”, mientras que Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría no apuntan a los problemas estructurales.

El dirigente explicó que el proyecto del actual gobierno no deroga el artículo de la Constitución que consagra la propiedad privada del agua y, por otra parte, reemplaza el concepto de derecho de aprovechamiento por concesión, pero solo para el 10 por ciento del agua que falta por entregar, sin tocar los derechos que ya están otorgados.

Según denuncian los habitantes movilizados de Petorca, el problema de agua, genera importantes consecuencias sociales, como la migración y despoblamiento. A eso se suma el problema socioambiental de una zona considerada como epicentro de la violación al derecho fundamental del recurso hídrico, donde políticos y empresarios han actuado en conjunto para su beneficio.